RICARD VINYES
Ocurrió a media tarde de un día laborable, cuando un paseo me llevó junto a la iglesia de la Purísima Concepción, ubicada en el encuentro de las calles de Aragó y Roger de Llúria del ensanche de mi ciudad. Crucé la entrada para ver de nuevo su hermoso claustro gótico, dos galerías superpuestas de arcos sostenidos en finas columnas rodeando un jardín cuidado y quieto con acceso a la iglesia, de donde procedía una voz. Entré, y en la penumbra fresca del templo oí a un sacerdote que relataba al público los detalles de la persecución de católicos durante la Guerra Civil. Daba nombres, y contaba martirios. Me senté, y escuché una afirmación importante: “Es muy grave que se quiera silenciar lo que nos sucedió, y sólo podamos hablar de lo que pasó en un bando”. Prosiguió el relato y de tanto en tanto regresaba a la misma frase. La anoté, por eso puedo escribirla hoy.
Crecí a 500 metros de aquella iglesia y nada de lo que oía era nuevo para mí. Pasé la niñez y la adolescencia escuchando relatos vecinales sobre sacerdotes escondidos o diezmados, franquistas fugitivos y reuniones clandestinas de la quinta columna. Supe –como tantos niños de mi barrio y escuela–, los destrozos ocasionados en aquella iglesia, en las Salesas y en tantas otras. Heredé las historias de persecución, checas, violaciones domiciliarias y asesinatos bajo el orden republicano porque estaban presentes en la calle, púlpitos, librerías o cines, de manera ostentosa, con honor y gratificación. Cualquiera, en los años sesenta, conoció los desmanes republicanos hasta el empacho. Sentado en aquel templo escuchaba cómo se construye la invención de un silencio que el tiempo y el interés convierten en lugar común.
Es una lástima que no existan todavía hoy investigaciones solventes sobre la represión republicana. Los libros publicados en la dictadura no sirven, porque carecen del rigor mínimo. Los que están apareciendo en los últimos cinco o seis años resultan decepcionantes: sus autores se limitan a reproducir la Causa General sin ningún tipo de contraste ni aparato crítico. Tan sólo un libro publicado en la lejana fecha de 1961 –con varias reimpresiones, la última en 2000–, y firmado por monseñor Antonio Montero Moreno, constituye una obra sólida y rigurosa.
Pero ese es sólo un aspecto del problema. El otro procede de tratar los déficits ciertos de las garantías constitucionales y derechos civiles republicanos con una perspectiva anacrónica y ahistórica al establecer una llamativa exigencia de perfección constitucional y democrática a la Segunda República, prescindiendo de la realidad de las otras democracias occidentales. Se obvia que las guerras, la Primera o la Segunda mundiales, y sin duda las derivadas de los procesos de descolonización, siempre han modificado y convulsionado las prácticas constitucionales de las democracias consolidadas, expresando sus fallos en la vulneración de derechos. Gran Bretaña, Bélgica, EEUU, Francia… limitaron los derechos constitucionales y modificaron sus procedimientos judiciales, y muchos ciudadanos fueron encarcelados en nombre de la guerra. Si los quebrantos constitucionales de la República no se comparan con las prácticas de las otras democracias en situación de guerra, no sólo el anacronismo resulta evidente, también su idealización y consiguiente manipulación. Así, se prescinde o minimiza que desde mediados de 1937, el Gobierno de la República y el de Catalunya –donde se albergaba el primero– incrementaron el proceso de corrección de los fallos derivados de un Estado en guerra que necesitaba defenderse, como cualquier otro Estado democrático, de las agresiones del fascismo y la reacción conservadora, española o extranjera. Y debía hacerlo, también, utilizando sus servicios de inteligencia y corrigiendo sus excesos. Unas correcciones efectuadas en pleno proceso de degradación democrática derivada del mal signo de la guerra, de la consiguiente inestabilidad política y de la creciente falta de recursos y alimentos. Tanto el Gobierno de la República como el de Catalunya coincidían en el reto de restaurar la autoridad política y los derechos civiles que la dinámica de la guerra habían deteriorado. Un camino que Negrín había iniciado con determinación, y que conllevaba la restauración de la libertad religiosa, puesto que su ausencia era considerada como un defecto ético y político, por lo que ambos gobiernos promovieron un proceso gradual del restablecimiento del culto.
Fue en el primero de julio de 1937 cuando todos los obispos –excepto dos– firmaron la epístola que declaraba el golpe de Estado y la guerra teológicamente justificadas, y reclamaba la aniquilación de la República y sus defensores. Esa actitud de la Iglesia aconsejaba a los dirigentes republicanos tener prudencia en el proceso de normalización del culto. Además, la jerarquía católica siempre se opuso a la normalización religiosa, convencida de que la situación de ilegalidad tensaba la situación creando un martirologio que consolidaba la desafección a la República. Ese es el motivo por el cual el vicario capitular de Barcelona, monseñor Torrents, máxima autoridad eclesiástica de la ciudad, se opuso siempre al restablecimiento de la normalidad religiosa amenazando con retirar la licencia a aquellos sacerdotes que aceptasen celebrar actos públicos de culto católico, por lo que cabe preguntarse el grado de responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en la persecución de sus propios creyentes. Algo que sí está en silencio.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustración de Enric Jardí
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Tras la presentación del escrito de defensa del magistrado Baltasar Garzón, y la reciente actividad en nuestros altos tribunales, propondría un alto para reflexionar sobre algunas de las cosas que se han escuchado en todo este tiempo. Sea, al menos, para tratar de conjurar la vieja máxima de Goebbels sobre la verdad y las mentiras.
Probablemente una de las más extendidas correspondería a que Garzón, al rechazar en 1998 la querella por los crímenes de Paracuellos, sostuvo lo contrario que al declararse competente, en 2008, en la conocida como “causa de la Memoria Histórica”. Desde luego, sería este un argumento prácticamente definitivo, y también así se pretendía esgrimir en el impresentable (en sentido literal, según el magistrado Varela) escrito de acusación de Falange Española. El único inconveniente es que basta con leer aquel auto de 16 de diciembre de 1998 para comprobar que Garzón nunca afirmó que tales crímenes estuvieran prescritos o cubiertos por la Ley de Amnistía; en otros términos, jamás mantuvo lo contrario a lo que defendió en 2008. El interrogante habría de ser entonces si aquellas personas que así opinan, bien nunca han leído los textos que citan, bien, habiéndolo hecho, prefieren compartirnos un buen titular para calentar a la grada.
Hablando de procedimientos judiciales, tampoco se quedan mancos aquellos que al hilo de la causa contra Garzón valoran especialmente el auto que dio el impulso definitivo al proceso, el del 3 de febrero, como “impecable”. No pocos conocimientos jurídicos se han de poseer para manifestarse con tal rotundidad; aunque ciertamente a esta postura se han sumado defensores como los del represor argentino y asesino convicto Adolfo Scilingo. Y así que su defensa presentara, el 3 de mayo, un escrito instando la nulidad de actuaciones, en contra de la sentencia que le condenó del mismo Tribunal Supremo, además de querellarse contra varios de sus magistrados, basándose en “la misma tesis del magistrado instructor de la causa especial contra Baltasar Garzón, y por los mismos delitos”.
Mencionamos antes la Ley de Amnistía de 1977, y sobre ella convendría detenernos también un instante. Resumamos uno de los postulados más reiterados: en caso alguno puede considerarse esta una ley de punto final al estilo argentino, pues la española fue aprobada por un Parlamento democrático, y fue además una exigencia de “las fuerzas de izquierdas” en la Transición. Ahora bien, de un lado, las leyes argentinas de amnistía fueron igualmente aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente. Del otro, lo que se presenta como una “exigencia de la izquierda” no fue amnistiar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el franquismo. Finalmente, lo que yo diría que está en discusión no es todo esto, sino su legalidad (interna e internacional). Aunque en este punto tampoco es extraño escuchar que precisamente al responder a la voluntad del legislador, o de la sociedad a la que este representa(ba), tales valoraciones están fuera de lugar aquí. Si bien, lo que sí debería resultar extraño es que muchos de los que así opinan no pestañeen al mantener que resulta, ahora sí, intolerable que se sostenga que otras leyes aprobadas por nuestro Poder Legislativo están al margen de ese mismo control jurisdiccional; sin ir más lejos, el Estatut de Catalunya, que hoy vuelve a las portadas.
Tampoco son desdeñables los planteamientos que vendrían a sostener, en cascada, que lo relativo a la Memoria Histórica no es más que una cortina de humo, que el Gobierno tiene cosas más importantes que atender, que no hacía falta ninguna Ley de Memoria Histórica, o que nadie discute que los familiares-víctimas busquen los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero que esto ya se hacía adecuadamente tiempo atrás. Apuntemos un par de ideas: de salida, la cortina debería servir para ocultar el todo y la nada, pues el Ejecutivo vendría extendiéndola desde fines de 2006. Un Ejecutivo que sin duda habría de reducirse radicalmente, pues sólo tendría que dedicar su tiempo a una o dos “cuestiones” en cada momento. Sin olvidar que lo que ahora se presenta como algo que nadie discute desde luego fue objeto de gran polémica durante la tramitación de aquella ley. Y hoy se torna en discutir la opinión de los familiares-víctimas, que en caso alguno comparten que las exhumaciones se estuvieran realizando de forma adecuada desde hace tiempo. Aun más, no es precisamente satisfacción generalizada lo que impera entre estas personas en cuanto al contenido de esta ley; lo que no obsta para que se siga proclamando que aquella medida no fue más que algo “revanchista y sólo diseñado para contentar a esos colectivos” (sic).
Con todo, el argumento central en el que suelen descansar muchos de estos planteamientos vendría a sostener que, en este ámbito, es temerario e inaceptable poner en duda lo hecho en la última Transición democrática en España. Entre otras cosas, deslumbra que los mismos que así piensan suelen tener a su vez una posición sensiblemente distinta respecto a otros aspectos, hijos también de aquellos años. De tal suerte que, a la postre, el razonamiento podría resumirse así: en cuanto al pasado franquista, disentir de que lo decidido durante la Transición fue lo óptimo, y no, si se quiere, lo posible en aquellas circunstancias, de tal forma que modificadas estas, deben tomarse medidas que corrijan los defectos o deficiencias de entonces, resulta un ataque devastador a nuestra democracia. Dicho lo cual, cabe exigir una modificación sustancial del sistema electoral o de la estructura territorial del Estado, por el bien de esa misma democracia. Y aquí paz y después gloria.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM
Ilustración de Mikel Casal
VICENÇ NAVARRO
Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo ‘¿Es el PP franquista?‘).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus
políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
JOSEP FONTANA
Santos Juliá expone en un artículo publicado en El País el 25 de junio una tesis sobre la naturaleza de la Guerra Civil española que puede resumirse en la frase con que el propio periódico la sintetiza: “Las matanzas en el bando antifranquista durante la Guerra Civil no fueron de los republicanos, sino de los partidarios de una revolución social que, de haber triunfado, también hubiera supuesto el fin de la República”.
La tesis no es nueva. Es la de los sublevados –que pretendían que su objetivo era prevenir una imaginaria insurrección comunista–, la de la carta colectiva de los obispos o la del revisionismo neofranquista de nuestros días. No es de extrañar que la caverna de Intereconomía haya reaccionado con voces de júbilo para celebrar el regreso del hijo pródigo a la verdadera fe.
Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.
Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.
En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.
Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Federico Yankelevich
FÉLIX POBLACIÓN
El pasado 10 de mayo falleció en Viena Ferdinand Hackl, uno de los 1.400 brigadistas austriacos que vinieron a España para defender a la República del fascismo. En cuanto supe la noticia a través de Gerhard Hoffmann, su amigo y compañero en aquella lucha, recordé las palabras que la vicepresidenta primera Fernández de la Vega pronunció en ese mismo país, unos días antes, con ocasión de su visita al campo de exterminio de Mauthaussen –65 años después de su liberación– para rendir homenaje a los 5.000 republicanos españoles que perdieron allí la vida. Dijo ante aquel escenario de barbarie: “Las víctimas del nazismo, del fascismo y del franquismo no han sido ni serán víctimas del olvido”.
Hijo de una familia obrera muy modesta, Hackl nació en Viena en 1918, año de la caída del viejo imperio austro-húngaro. A los 12 años empezó a trabajar y a los 14 se compró una mandolina para tocar en las agrupaciones musicales de las Juventudes Comunistas. Su militancia política le costó la cárcel durante el régimen fascista del canciller Dollfuss. Liberado tras protagonizar una huelga de hambre, viajó a España en 1937 para unirse a los 1.400 brigadistas de su país que se enfrentaron al fascismo en la Guerra Civil. Se incorporó en principio al Batallón
nº 20 de la Brigada Internacional bajo el mando del coronel Aldo Morandi para pasar después a la Brigada nº 11, integrada por alemanes y austriacos, y más tarde a la Batería Thaelmann. Una vez dictó el Gobierno de la República la orden de retirada de las Brigadas Internacionales en octubre de 1938, todavía participó a finales de ese año, junto a 400 brigadistas de su país, en el vano intento de frenar el avance franquista hacia Barcelona. El 9 de febrero de 1939 cruzó la frontera de Francia siguiendo el camino del exilio entre medio millón de españoles, con los que compartió la humillante y dura reclusión en los campos de concentración de Saint Cyprien, Argelès y Gurs. Tras la ocupación de Francia por el Ejército nazi, Hackl fue internado en el de Dachau hasta su liberación en 1945.
Hace cuatro años, Karin Helml y Hermann Paseckas realizaron un documental titulado España, última esperanza, en el que Ferdinand Hackl, junto a Hoffmann, Ernst Kuntschik, Hans Landauer y los republicanos españoles Matías Arranz y Manuel García Barredo hacían memoria de sus vivencias durante la Guerra Civil, así como de su tránsito por los campos de concentración de Europa durante la dominación fascista. El filme, escasamente difundido en nuestro país, aporta documentación muy valiosa –en su mayor parte perteneciente a fondos privados– que debería estar a disposición de cuantos pretendan conocer esas páginas de nuestra historia.
Hans Landauer tenía 16 años cuando se entrevistó con su enlace en un café de París y hubo de aumentar su edad verdadera ante la recriminación de su contacto: “No mandamos niños a España”, le dijo. Una fotografía de Agustí Centelles, con Landauer desfilando por las calles de Barcelona el día de la despedida de las Brigadas Internacionales, refleja en efecto a un adolescente cuyo risueño aspecto no parece propio de un combatiente después de haber luchado en los frentes de Brunete y Teruel. Como Hackl, Landauer pasó por el campo de Gurs en Francia, para ser deportado después a Dachau. A diferencia de su compañero, sin embargo, que mantuvo hasta el final su militancia comunista, Landauer la abandonó en 1948.
Me cuenta Gerhard Hoffmann que Hackl se dedicó hasta el final a trabajar en el Centro Documental de la Resistencia Austriaca. Ahí están, probablemente, las últimas páginas de una historia en la que ciudadanos de distintos países, ajenos al conflicto, se jugaron la vida por una idea en una guerra abierta y declarada. Landauer dio a un hijo suyo el nombre de Prisciliano en recuerdo a un asturiano de Mieres que compartió con él su reclusión en Dachau. De España no olvidó nunca el olor de las olivas y un gran cartel que mostraba los cadáveres de unos niños alineados sobre la acera de una ciudad republicana bombardeada.
Más de 200 de los 1.400 brigadistas austriacos perdieron la vida en España luchando por la República. Casi 500, siguiendo el mismo camino que los republicanos españoles en su lucha contra el fascismo, fueron internados en los campos de concentración nazis: Dachau, Mauthausen, Gross-Rosen… Entre ellos estaba Ferdinand Hackl, cuya vida se apagó casi el mismo día en que Fernández de la Vega afirmaba lo antedicho en uno de esos ámbitos de aniquilación. Me comentó el excelente escritor Erich Hackl, narrador de la desventurada niñez de su amigo Ferdinand –de quien recibió algunos libros de su magnífica biblioteca–, que el anciano brigadista fue un hombre tierno, generoso y modesto, solidario siempre con sus viejos camaradas, “a los que visitaba y atendía en asilos y hospitales”. Quizá por eso nadie mejor que Ferdinand Hackl para testimoniar el olvido en que fueron muriendo muchos de ellos sin que el Estado democrático español los recordase.
Sólo viven actualmente tres brigadistas austriacos y ninguno de los tres –Gerhard Hoffmann, Hans Landauer y Josef Eisebauer–, junto al fallecido Hackl, tiene nuestra nacionalidad. La Ley de Memoria Histórica sólo la concede a quienes juran fidelidad al rey, obviando que esos hombres, como antifascistas sobre los que nunca debió pesar el olvido, combatieron contra el dictador que impuso al monarca.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Mikel Casal
PAUL LAVERTY
Todos estamos familiarizados con el ritual del retorno a casa, desde tierras extranjeras, del cuerpo de un soldado muerto: música solemne, bandera nacional, escoltas y saludos recogidos en detalle por la prensa mientras políticos y generales dedican palabras de ánimo a los desconsolados familiares. No fue exactamente así para Deely, la hermana de Robert, un ex paracaidista que sufrió una emboscada en Irak y llegó a Glasgow en avión desde Kuwait. El empleado de la funeraria le dijo a Deely que ese día iban diez cuerpos en el avión. El ataúd de Robert parecía un “gran cajón naranja”. No hubo ni bombo ni platillo, ni bandera nacional ni periodistas, ni una pregunta. Su muerte, que sepamos, no se añadió a ninguna lista. La razón es sencilla. Robert ya no era un paracaidista, sino un contratista privado. Hay quien los llama soldados privados, guerreros corporativos o asesores de seguridad. Los iraquíes los llaman mercenarios.
El negocio de la guerra se ha ido privatizando lenta e intencionadamente. El cajón naranja que sirvió de ataúd a Robert nos lo recuerda, al igual que las estadísticas. Patrick Cockburn, un respetado comentarista, calculó que durante el punto álgido de la ocupación hubo unos 160.000 contratistas extranjeros en Irak y que muchos de ellos, quizá hasta 50.000, fueron personal de seguridad dotado con todo tipo de armas. La guerra, y más tarde la ocupación, no habría sido posible sin este apoyo. Gracias a Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición asignado por EEUU, todos los contratistas gozaron de inmunidad ante las leyes iraquíes mediante la Orden 17, impuesta al nuevo Parlamento de ese país. Dicha orden duró desde 2003 hasta comienzos de 2009.
A nadie le interesa contar cuántos civiles iraquíes han muerto o resultado heridos a manos de contratistas privados, aunque la evidencia sugiere que el abuso ha sido generalizado. La masacre de Blackwater (17 civiles muertos en Bagdad) fue el incidente más aireado, pero hubo muchos de los que no se informó. Un contratista veterano me contó que un sudafricano le había dicho que matar a un iraquí era lo mismo que “disparar a un infiel”. Otros contratistas más serios, orgullos de su profesionalidad, me dijeron que les asqueaba la violencia de los “chapuceros”. Si un contratista se veía envuelto en un incidente que provocase escándalo, su empresa lo sacaba rápidamente del país. Impunidad por decreto.
Mientras los contratistas más modestos se jugaban la vida en Route Irish, los directores generales de esas mismas empresas amasaban fortunas. David Lesar, director general de Halliburton (donde Dick Cheney fue consejero delegado), ganó casi 43 millones de dólares en 2004. Gene Ray, de Titan, obtuvo más de 47 millones entre 2004 y 2005. J. P. London, de CACI, ganó 22 millones. El diablo no se pierde puntada. Los contratistas privados llegaron a cobrar al Ejército estadounidense cien dólares por la colada individual de un soldado. En un informe oficial de enero de 2005, el investigador general especial para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, reveló que más de 9.000 millones de dólares habían desaparecido debido al fraude y la corrupción, y eso fue sólo durante un periodo muy limitado de la Autoridad Provisional. Impunidad financiera también. Como me dijo un contratista, el “lugar apestaba a dinero”. No sorprende que tantísimos soldados mal pagados, así como la élite de las Fuerzas Especiales, se uniesen a estas corporaciones militares privadas, ya que se les presentaba una ocasión única de “llenarse los bolsillos”.
A estas alturas, ya estamos acostumbrados a las imágenes de matanza “allí”, a las historias de miles de desaparecidos, de avaricia corporativa, de abuso, tortura y cárceles secretas. La estimación de Lancet, de 654.965 muertos hasta junio de 2006, supera la capacidad de la mente de entender. Ahora nos parece que ocurrió a una distancia segura en el tiempo y el espacio. La “fatiga iraquí”, nos dicen, nos está afectando. Pero “allí” vuelve de regreso a casa. Irak está dentro de las mentes de “nuestros chicos”. Me quedé de piedra al enterarme, a través de la ONG Combat Street, que trabaja con ex soldados con trastorno de estrés postraumático (TEPT), de que esta enfermedad tarda un promedio de 17 años en manifestarse. Se están preparando (también dentro del Ejército de EEUU) para un aumento considerable en los próximos años. Norma, una enfermera a punto de jubilarse que ha pasado años entre ex soldados, me llevó a escribir este artículo al decirme que “muchos de estos hombres están de luto por quienes solían ser”.
Puede que la Orden 17 se haya revocado en Irak, pero su espíritu sigue imperando: la peste a impunidad, las mentiras, el desprecio por las leyes internacionales, la desautorización de los Convenios de Ginebra, las cárceles secretas, la tortura, el asesinato… los cientos de miles de muertos. Mientras me imagino a los autores intelectuales de todo esto (Bush, Blair, Rumsfeld y compañía), recogiendo sus millones en discursos de sobremesa y creando sus fundaciones ecuménicas, no puedo evitar pensar en las enfermeras de Faluya asistiendo en los nacimientos de bebés con dos cabezas y caras deformadas, una cortesía de las bombas químicas que cayeron sobre esa ciudad. Nuestro regalo para el futuro.
Nos preguntamos que pasará cuando la Orden 17 vuelva a casa.
Paul Laverty es escritor. Guionista de la película ‘Route Irish’, de Ken Loach
Ilustración de Jordi Duró
FÉLIX POBLACIÓN
Se presenta ahora en Valencia la exposición Arte Salvado que rememora y difunde, siguiendo la misma ruta que dispuso el Gobierno de la Segunda República, el azaroso tránsito hasta Ginebra del patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, amenazado por el brutal asedio franquista sobre la capital del Estado. Las octavillas de la aviación fascista en agosto de 1936 lo dejaban muy claro: “Si los madrileños no obligan al Gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital sin condiciones, declinamos toda responsabilidad por los grandes daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida. Sabed, madrileños, que cuanto mayor sea el obstáculo más duro será, por nuestra parte, el castigo”. El historiador Hugh Thomas es muy explícito al comparar los efectos de los bombardeos tres meses después: “Las terribles llamas hacían que la capital semejase algún primitivo lugar de tortura”. César Falcón, periodista y escritor peruano, tuvo la lucidez de advertir que aquel primer ataque aéreo del fascismo sobre la población civil era el destino que aguardaba a otras capitales europeas.
El 16 de noviembre, los aviones nazis dejaron caer sobre el Museo del Prado hasta 12 bombas que, si no causaron más daños que la rotura de un bajorrelieve italiano, fue porque la dirección de la pinacoteca había preservado semanas antes los fondos en los sótanos y había cubierto la cúpula del edificio con sacos terreros. Una vez creada la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, presidida por el pintor extremeño Timoteo Pérez Rubio, el Gobierno republicano tomó la determinación de trasladar los fondos del museo a Valencia. El 10 de diciembre salió el convoy que, junto a otras obras, transportó Las Meninas a una velocidad de marcha de 20 kilómetros por hora. La excesiva altura de la extraordinaria obra de Velázquez deparará una de las anécdotas más ilustrativas de la meritoria custodia del arte español por los caminos de un país en guerra, ejemplo del celo, meticulosidad y pundonor puestos en el empeño por el Gobierno de la República. Como la estructura metálica superior del puente de Arganda no permitía el paso del camión que transportaba la obra, hubo de ser trasladada por la noche, a brazo y sobre rodillos, en medio de un frente de combate.
La recreación de esas imágenes, así como la ingeniosa instalación con la que el arquitecto Joselino Vaamonde habilitó las Torres de Serrano en Valencia para proteger las pinturas allí almacenadas, consta en un magnífico documental de Alberto Porlan, realizado en 2004: Las cajas españolas. En Figueras, última etapa del traslado por la península, el Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro Artístico Español garantizó la conducción de las cajas hasta su depósito en el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Para que tal destino fuera posible, el ministro de Estado y el propio presidente de la República tuvieron que apostarse en las carreteras de la diáspora con objeto de requisar los camiones, desalojándolos de armamento y demás vituallas, e incluso de heridos. La avería de algún vehículo obligó otra vez a recurrir al brazo para transportar los cuadros por los pasos fronterizos.
El tesoro artístico español salió de Perpignan el 12 de marzo de 1939. Nunca antes en la historia un patrimonio de tal valor y magnitud había sido transportado, mucho menos en tan adversas circunstancias. Fue tan masiva la afluencia de visitantes que acudió a la gran exposición montada en Ginebra que se consideró el evento como el hecho artístico más importante del siglo. La Segunda Guerra Mundial interrumpió la exhibición de la muestra. El muralista catalán José María Sert logró que el ministro francés Monzie habilitase un tren especial para verificar el traslado a España. El trayecto durante la noche del 6 de septiembre se hizo sin luces para evitar el riesgo que por segunda vez podían correr las obras del Prado bajo la aviación fascista. Tres días después, las 1.868 cajas españolas llegaron a Madrid sin más rasguño que una pequeña desgarradura en el cuadro de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 tras un ataque de la artillería franquista en Benicarló.
Deliberadamente tergiversada y difamada durante el franquismo, la salvación de tesoro artístico español debería ser hoy una lección básica de cultura cívica a impartir entre las jóvenes generaciones. A cuantos colaboraron en aquel empeño sólo les llegó un primer y tardío reconocimiento en 2003 con la colocación de una placa en su recuerdo en el Museo del Prado. Otro homenaje simbólico, todavía con más retardo, tuvo lugar a primeros de este año con la imposición de una serie de medallas por parte del presidente del Gobierno.
Azaña antepuso la salvación del arte a la del régimen que presidía, pues el primero es irrepetible y el segundo no. Franco estuvo dispuesto a conquistar Madrid e imponer su dictadura aunque fuera a costa de bombardear una de las primeras pinacotecas del mundo. Después, cuando todo ese gran patrimonio protegido por la República volvió a nuestro país íntegro, sano y salvo, aún tuvieron los españoles que soportar que se lo debían “a la fina sagacidad del caudillo”, según la consigna de la prensa a su servicio. Que durante casi 40 años se haya impuesto tan sarcástica soflama y que hayan tenido que pasar más de 30 años en democracia para empezar a saber la verdad de los hechos, debería ser otro motivo más de reflexión y preocupación sobre las menguas y flaqueza de nuestra memoria histórica.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Gallardo
RICARD VINYES
Cuando, tras años de exilio, Ariel Dorfman regresó a Chile, ofreció al mundo La muerte y la doncella, una pieza de teatro memorable donde cuenta que la protección última de ex golpistas vencedores, sus funcionarios y autoridades, consiste en mutar el valor histórico y moral de sus actos para conservar el honor intacto, mantener la mirada altiva y hablar con destellos de honradez en los ojos en los nuevos tiempos del Estado de derecho logrado. Renacen así como hombres de bien que esparcieron dolor, sembraron miedo y aniquilaron biografías para evitar males mayores a la nación. Hombres honrados, de intención buena. Incluso próceres.
Pero el núcleo dramático de la obra reside en que la demanda terminal de la contraparte, la petición última de los humillados por haber tenido proyectos propios de oposición a la dictadura, exige que los actos de los perpetradores sean reconocidos sin alteración. Es decir, con el valor criminal exacto que tuvieron para que su conducta y memoria no pueda ser considerada ejemplar, salvadora y necesaria. No sucede así, y la doncella de Dorfman estalla del peor modo, no acepta el vacío ético que lo devora todo. Aquí y ahora, en abril, todo ha estallado también cuando el vacío ético generado por el Estado ha desbordado cauces y límites, y nos muestra las consecuencias de la impunidad en sus 33 años de vida en España.
Impunidad es una palabra que en nuestra cultura contemporánea está vinculada a la exigencia de consecuencias judiciales, desde Núremberg y, en especial, desde el restablecimiento de sistemas democráticos en el Cono Sur de América, que han popularizado la expresión. Pero, en el caso español, el término impunidad en referencia a la dictadura se ha modelado con un contenido diferente, específico, alejado de la tradición judicial y derivado de un proceso social propio. El modelo español de impunidad no consiste en la ausencia de procesos judiciales a los responsables políticos de la dictadura y a los directamente implicados con la vulneración de los derechos de las personas, sino que el particular trayecto cronológico –el ordenamiento jurídico derivado de la amnistía de 1977, y la evolución política, social y cultural del país– ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir
–anular– jurídicamente la vigencia legal de los Consejos de Guerra y las sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, la oposición y su entorno social; así como el criterio de equiparación ética entre rebeldes y leales a la Constitución de 1931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella, que la Administración del Estado sostiene todavía hoy, haciéndoles impunes ética y culturalmente y, en consecuencia, políticamente.
Por todo ello, el reclamo contra la impunidad en el Estado español está desprovisto de vocación o voluntad jurídica punitiva –nadie nunca pidió eso–, pero sí tiene un fuerte, esencial y conflictivo contenido ético-político que genera una incomodidad extraordinaria. Y así seguirá mientras el Estado continúe alimentando esa equiparación que hace años en Argentina calificaban de “teoría de los dos demonios”, hoy llaman “memoria completa” –que nada tiene que ver con la pluralidad de memorias– y que, lejos de cualquier metáfora, prefiero llamar por lo que es: vacío ético. El estallido provocado esta primavera por la sorprendente acusación de un juez, ha causado un destrozo considerable en los caminos que contra la impunidad nuestra sociedad estaba abriendo, a pesar de las cortapisas de un Estado reticente en la aplicación de su propia ley de 2007.
La presentación de una querella ante los tribunales argentinos no ayudará a romper esa impunidad. Nuestro modelo de impunidad no se sostiene en el desconocimiento de hechos, que han sido relatados desde las distintas ramas del conocimiento, sino en la negativa del Estado democrático en reconocer esos hechos, y señalar explícitamente donde se halla el sedimento ético de las instituciones que tenemos, del sistema de convivencia con el que nos hemos dotado. Pero el Estado renuncia a explicar la democracia como un bien conseguido con un esfuerzo coral, desde la calle y a pesar de la oposición activa de una parte de ciudadanos. Anula así el esfuerzo del sector más participativo de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas, los valores éticos de sus proyectos y decisiones, la reacción y la aplicación del terror dictatorial para impedir esos procesos de democratización. En definitiva, el patrimonio ético de la sociedad democrática es echado por la borda. La cuestión está en que, si las instituciones con las que nuestro país se ha dotado son desposeídas de la huella humana, y nadie es legatario de nada, ¿cómo puede alguien sentir el orden democrático reciente como algo propio?
La argentinización de nuestro camino contra la impunidad, en caso de prosperar, tan solo iniciará una ruta abierta a golpes de desesperación y frustración generada desde hace años por el Estado y su doctrina de la impunidad equitativa. En cualquier caso, la parte buena de ese estallido que nos ha llevado a cruzar océanos en busca de ayuda es que lo importante no es el final. Lo importante es el trayecto, la circulación de aire en un paisaje insalubre. Tal vez con ese viento los gobernantes lleguen a la conclusión de que no es posible equiparar el criminal y la doncella.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustación de Miguel Ordóñez
VICENÇ NAVARRO
Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público (TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores –y muy en particular el TOP– eran los que sostenían la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial. El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en la eliminación y expulsión de los jueces que habían permanecido fieles a la República, siendo condición para su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.
La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos. El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar, fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange, hecho bien documentado en la historiografía crítica que se ha publicado durante la democracia. En la segunda etapa, una vez ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía, fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante 1962, año en el que el régimen fascista declaró dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones obreras que se iban extendiendo por España, cuando se pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo. Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público, cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia contra la dictadura se fue incrementando.
Un instrumento al servicio del TOP era la policía política, conocida como la Brigada Político Social (BPS), que era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por su función represora y por la brutalidad de sus métodos. La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976, en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen –ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de Juan José del Águila–. Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia, su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez durante la dictadura.
El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación. La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP, y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión de aquel régimen dictatorial. De ahí que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara, con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el homenaje debidos.
En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos. Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir respeto para las instituciones que representan y piden que no se les critique.
En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando todavía más la institución a la que sirven. Tales jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
JUSTO ZAMBRANA
Fue la foto de las Azores una foto exclusivamente político-militar o algo más? La crisis económica que nos asuela está poniendo de manifiesto que pretendía ser algo más. Que no se trataba sólo de las relaciones de poder entre países haciendo prevalecer el poder sobre la debilidad, tal como Robert Kagan nos aclararía en su celebre opúsculo cargando contra la debilidad de la vieja y “kantiana” Europa. Con los matices de cada cual, se trataba de escenificar una cosmovisión en la que ahora afloran no pocas similitudes económicas.
En efecto, Estados Unidos, Reino Unido y España son los tres países, entre las grandes economías, en los que la burbuja inmobiliaria ha alcanzado su máximo nivel. Los tres han financiado esa burbuja especulativa con fuertes déficits en su balanza por cuenta corriente; o sea, con ahorro exterior. En la crisis, también los tres han destruido bastante más empleo que sus socios del mundo desarrollado (Reino Unido en menor medida). Los tres se caracterizan, además, por una distribución de la renta más
desigual, y en todos ellos la presión fiscal es inferior a la existente en la Europa continental. De entre las diez primeras economías del mundo, las tres de las Azores son las que más similitudes guardan entre sí.
Obviamente las diferencias entre las tres son sustantivas desde otros muchos puntos de vista, comenzando por la moneda propia que dos tienen y uno no, y sin duda que en la foto predominan los componentes políticos. El laborista Blair seguramente acudió por un principio rudimentario de tradición identitaria, según el cual Gran Bretaña y Estados Unidos tienen que ir de la mano en política internacional. Aznar asistió deseando romper con la política europeísta que había sido una constante española desde la Transición y para recuperar el acercamiento a los sectores más conservadores del partido republicano americano, que tanto hicieron por mantener a Franco en el poder. En el mundo neocon, Aznar se encontraba y se encuentra como pez en el agua. Bush, por su parte, centraliza la foto en un momento, 2003, en que los neocon creían haber alcanzado ya el fin de la historia. En adelante, los mercados autorregulados de un capitalismo cada vez más financiero se encargarían de hacer avanzar al mundo, mientras los valores más reaccionarios de un fundamentalismo pretendidamente cristiano debían regir la vida colectiva e inspirar las decisiones políticas de los estados.
La existencia simultánea en los tres países, Estados Unidos, Reino Unido y España, de fuertes déficits en la balanza comercial –equilibrados con la entrada masiva de capitales extranjeros a bajos tipos de interés– y la existencia en los tres de una gran burbuja inmobiliaria apoyada en ese capital foráneo son muestras de la apuesta del pensamiento neocon por una de las características del capitalismo post-keynesiano: la sociedad a crédito.
En la crisis de 2008, como ya ocurriera en 1929, una de las causas ha sido un exceso de liquidez disponible en la economía internacional que desbordaba claramente las posibilidades de inversión real. En 2008 la economía mundial está más globalizada, y por ello el fenómeno es más complejo. Las ingentes cantidades de ahorro del sudeste asiático, en especial chino, los petrodólares de los países exportadores de petróleo, más los fondos de pensiones capitalizados de muchos países vienen a sumarse a una creciente desigualdad en la distribución de la renta en todo el Primer Mundo. Las políticas de la Reserva Federal americana de incrementar la liquidez y bajar los tipos de interés como respuesta a las anteriores crisis, y la desregulación de los mercados financieros, permitiendo todo tipo de apalancamientos y productos derivados, cierran el puzzle. A diferencia, sin embargo, de las crisis pre-keynesianas, esta vez se venía evitando la situación de subconsumo; y ello se hacía prestando dinero abundante y barato a quien quisiera o necesitara gastarlo en unos mercados a veces tan alocados como el inmobiliario. Desde el año 1987, en que Reagan instaló a Greenspan en la Reserva Federal, todas las crisis se han resuelto del mismo modo: inundando de liquidez los mercados. Detrás de la “exuberancia irracional” de toda burbuja hay siempre un exceso de liquidez.
Es así cómo España ha llegado a la crisis de 2008 con un endeudamiento exterior de 900.000 millones de euros, casi en su totalidad de familias y empresas, es decir, sector privado, que no público; aunque ahora los problemas sean, aquí y fuera, para los estados que han acudido a resolver la situación incrementando exponencialmente la deuda pública. El problema generado en la economía privada ha pasado a ser de las finanzas públicas, al tiempo que los enormes déficits de la balanza por cuenta corriente se han transformado en déficits públicos. Los mismos dirigentes del Partido Popular que incubaron tan nefasto modelo hoy dan lecciones como salvadores de la patria a quienes tratan de afrontar las consecuencias sobrevenidas tras el pinchazo del mismo. Obviamente, en toda burbuja hay beneficiarios y en toda crisis hay perjudicados. Estos son muchos más y, además, pocas veces son los mismos. De esto se habla poco y, sin embargo, este es el meollo político de la crisis.
Con lo aprendido en los años treinta, y Keynes en la mesa de los despachos, la crisis reciente parece estar conjurándose sin repetir la del 29. Ello está, sin embargo, contribuyendo a que se olvide la adopción de medidas de fondo que permitan situar a los mercados capitalistas en marcos de viabilidad. A la postre, la teoría y la práctica de los mercados autorregulados es algo con dos siglos de historia que ha dado sus mejores frutos sólo cuando se le ha sobrepuesto una racionalidad superior. De eso también habló Keynes, y no sólo de política fiscal. De no hacer correcciones de fondo, lo normal será que pronto venga otro tortazo mayor.
Justo Zambrana es economista
Ilustración de Jordi Duró
