Juana Salabert
Se acaban de cumplir 70 años del comienzo de la guerra más cruenta de la historia, iniciada tras la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, cuando al fin Francia e Inglaterra decidieron plantarle cara al monstruoso régimen nazi, que antes de apoderarse de Checoslovaquia ya había volado en ayuda del golpe franquista y estrenado su armamento sobre las indefensas poblaciones civiles de la República española. La enormidad e incurable herida de la Shoah o exterminio de seis millones de ciudadanos judíos europeos en las cámaras de gas y campos de concentración nazis (museos como el israelí Yad Vashem e investigadores como Klarsfeld y tantos otros luchan con denuedo por devolverle a cada víctima un rostro y una biografía en los memoriales más conmovedores e imprescindibles del mundo) son ya hoy, al menos, materia obligatoria de estudio en las enseñanzas de varios países europeos. Pero pocos conocen a fondo, sin embargo, los entramados económicos del Reich hitleriano, que extendió su rapiña por el continente esclavizado y los pillajes y saqueos subsiguientes de bienes privados o gubernamentales a que se dedicaron sus servicios en los países ocupados con ayuda de los repugnantes colaboracionistas locales. Muchos de ellos delincuentes comunes aupados a gestapistas, y otros, como en el caso de Francia y su régimen de Vichy, grandes empresarios de industrias varias (una de ellas, cosmética, ni siquiera se molestó tras la derrota alemana en maquillar su pasado y nombró a buscadísimos criminales de guerra altos directivos de sus divisiones española y estadounidense).
No son muchos, tampoco, pese a las reclamaciones efectuadas a museos o casas de subasta por herederos que reivindican lo robado a sus familiares judíos exiliados o asesinados por los alemanes, quienes saben que los gerifaltes nazis expoliaron y traficaron con arte moderno sustraído a galeristas, pintores y coleccionistas. El mismo que ellos tildaban en su vacua propaganda de “degenerado”, les sirvió –puesto en bandeja por marchantes y contrabandistas que se aprovecharon de la ignominiosa arianización de ciertas galerías de arte– para obtener divisas de inescrupulosos coleccionistas internacionales o para intercambiarlo por otro arte, igualmente robado, pero más afín a sus gustos. Arte germánico para los proyectos museísticos del pintorzuelo Hitler, que decoró la mansión del grotesco Goering, la sede del Banco Central alemán, los ministerios y residencias de los asesinos de tibia y calavera comandados por un jefe que años atrás suspendió en Viena su examen de ingreso en Bellas Artes… Algunos Cézanne, Picasso, Monet, Matisse, Pisarro, Modigliani, Soutine, Braque (los alemanes le robaron, como a Paul Rosenberg, el brillante galerista de Picasso, su colección depositada en una caja bancaria francesa), Léger, Renoir, Manet, Malevich o Toulouse-Lautrec, fueron a parar, durante su deambular de secuestrados a sus legítimos dueños, al parisiense museo Jeu de Paume y su entonces llamada “sala de los mártires”, en manos del organismo nazi ERR y visitada por los traficantes del colaboracioni smo, hienas a la disputa del inesperado botín. Allí, su valiente conservadora artística, la resistente Rose Valland, autora del libro “Le front de l’art” (“El frente del arte”), llevó, a espaldas de los ocupantes, una doble catalogación que, tras la victoria aliada, permitió rastrear la pista y recuperar bastantes lienzos de entre las más de cien mil obras de arte robadas en Francia por los nazis y sus fieles allegados pétainistas.
Lo recuerda muy bien el periodista Héctor Feliciano, autor de la excelente obra El museo desaparecido (Destino, 2004), cuya lectura me resultó fundamental para mi novela El bulevar del miedo, que indaga el robo, cuitas y paradero –aún hoy muchas veces desconocido– de las colecciones de los galeristas o particulares Rosenberg, Bernheim-Jeune, David David-Weill, Schloss o Rothschild. Su investigación, y la de otros expertos en el tema, les ha permitido, en varios casos, a nietos y sobrinos-nietos de los expoliados (y a veces luego asesinados en campos nazis), que contaban únicamente con fotos de casas de sus parientes donde se veían claramente colgadas las obras en litigio, exigir la devolución, o al menos el pago previo acuerdo, como sucedió con La familia en metamorfosis, de Masson, hoy en el Reina Sofía, de su patrimonio escamoteado.
El Thyssen de Madrid se enfrenta asimismo ahora a la reclamación de un Pisarro reclamado por descendientes de Cassirer, su legítimo propietario. Y el Gobierno austríaco tuvo que devolverle recientemente cinco Klimt a la sobrina de Adèle Bloch, retratada en su día por el pintor de Viena.
Pocos son, asimismo, los que saben que también la España de Franco (tan ensalzada por los actuales pseudohistoriadores del revisionismo posfascista), refugio de criminales de guerra como Darquier de Pellepoix, comisario “de Asuntos Judíos” en la Francia de Pétain, sacó partido del horror. Por Bilbao pasaron barcos cargados de cuadros robados, como bien ha demostrado el profesor de la UNED Miguel Martorell Linares en su informe “España y el expolio de las colecciones artísticas europeas durante la Segunda Guerra Mundial”. Ciertos anticuarios españoles, aún hoy en activo, así como varias agencias de aduanas, se lucraron con la venta de material saqueado por los nazis. Otros, como el anticuario colaboracionista francés Pierre Lottier, afincado en la España del Yugo y las Flechas, llegaron incluso en 1952 a decorar por encargo estatal los despachos del nuevo Instituto de Cultura Hispánica. Pero mejor olvidarlo, ¿verdad? Es más liberal sentirse provocado por el puño en alto de una joven socialista…
Juana Salabert es Escritora
Ilustración de Gallardo
Carlos Slepoy
Se ha escrito mucho sobre las causas que motivaron el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para erradicar el principio de justicia universal de la legislación española. El límite se sobrepasó cuando se pretendió enjuiciar crímenes de lesa humanidad y/o genocidios y/o crímenes de guerra cometidos por chinos en el Tibet, israelíes en Gaza y estadounidenses en Guantánamo, o quizás –o además–, por las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –que eran asimismo un ejercicio de justicia universal–, respecto de los cuales, como sabemos, se ha pactado igualmente la más absoluta y cruel impunidad. También se ha escrito ampliamente acerca de que limitar el principio de justicia universal –que por algo se llama así– a la existencia de víctimas españolas o a vínculos de conexión relevantes con España y que se acredite en todo caso, mediante prueba diabólica, que no hay otro procedimiento abierto en otro lugar del mundo es, lisa y llanamente, desterrar de la legislación española la persecución de criminales contra la humanidad. Traicionando su naturaleza, se pretende su compatibilidad con la discriminación de las víctimas por su nacionalidad y con el principio de subsidiariedad de jurisdicciones. Esto es un oxímoron, grosera y vergonzosa contradicción con lo que el principio enuncia y significa. El sello propio y distintivo de la jurisdicción universal es la inclusión de la universalidad de las víctimas –para que todas ellas puedan ser protegidas por todas las jurisdicciones del mundo– y el principio de concurrencia de jurisdicciones, para garantizar entre todas la mejor persecución de los criminales.
No importa que esta medida vulnere la doctrina del mismísimo Tribunal Constitucional, tratados suscritos por España y prácticas judiciales –de las que la judicatura española fue referente hasta ahora– extendidas a otros países y que ya forman parte del derecho imperativo internacional. Se ensordecen los oídos para no escuchar el clamor que surge de cientos de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales –nacionales y extranjeras– y personas de todo el mundo para que se detengan. La urgencia y nocturnidad con que se tramitó el proyecto de ley, actualmente en el Senado, quiere dejar tranquilos, no importa a qué coste moral, a los grandes violadores de derechos humanos que hasta ahora han sido y a los que lo serán en el futuro. Acostumbrados estamos a leyes y prácticas que dejan impunes crímenes pasados. Ahora el Parlamento español nos anuncia impunidad, también, para los que serán.
Quiero creer que muchos legisladores, en especial socialistas, no han reflexionado suficientemente sobre el grave mal que están por cometer. Supongo que celebraron la detención de Pinochet, el juicio y condena al genocida argentino Adolfo Scilingo y los distintos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional para perseguir a grandes criminales de distintos países del mundo. Más aún, me atrevo a decir que se enorgullecieron de que estos hechos fueran protagonizados por la Justicia española. ¿Puede llegar a tanto la obediencia partidaria como para traicionar estos sentimientos y los principios que los inspiran? Está claro que ningún tribunal los procesará. Habrá un día en que se considerará un crimen la promoción y sanción de la impunidad pero, por ahora, pueden estar tranquilos los impunidores.
En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, Alabama –16 de abril de 1963– dirigida a un grupo de clérigos blancos que lo cuestionaban, Martin Luther King estampó esta frase que pasaría a la Historia: “Nosotros nos tendremos que arrepentir en esta generación, no sólo de las palabras odiosas y las acciones de la gente malvada, sino también del aterrador silencio de la gente buena”. Están a tiempo los buenos legisladores españoles de no tener que arrepentirse ya no de su pasividad y su silencio, sino de su activa complicidad con los malvados. Es necesario que los diputados mediten sobre lo que ya han hecho y los senadores sobre lo que van a hacer. Quizá Dios exista e inspire a estos últimos a vetar el proyecto de ley y enviárselo a los primeros para que lo eliminen o, mejor, perfeccionen la ley actualmente existente para garantizar una mayor y mejor aplicación del principio de jurisdicción universal. Más terrenalmente y aunque se reitera la improbabilidad de que vayan a rendir cuentas ante la Justicia, es pertinente recordarles que el art. 451 del Código Penal califica como encubridor al que, sin haber intervenido como autor o cómplice en el delito y con conocimiento del mismo, interviniere con posterioridad a su comisión ayudando a sus responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra, entre otras, la siguiente circunstancia: que el hecho encubierto sea constitutivo, entre otros, de genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Si el favorecedor hubiere obrado con abuso de funciones públicas, además de la pena de privación de libertad, de seis meses a tres años, se le impondrá la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
Se está por cometer un crimen de ilesa impunidad. Los genocidas y sus instigadores, que buscan inmunidades e impunidades por doquier, dormirán un poco más tranquilos, confiando además en el efecto multiplicador del ejemplo. Ojalá no les ocurra lo mismo a los legisladores que están por delinquir, aunque, como aquellos, no vayan a ser castigados. Quizá el mal sueño los haga despertar.
Carlos Slepoy es Abogado especialista en derechos humanos
Ilustración de Miguel Ordóñez
Gonzalo Martner
Chile es un país de poetas. Y no sólo porque cuenta con dos galardonados con el Premio Nobel, lo que de suyo es más bien excepcional para un país pequeño y lejano, sino por la variedad y universalidad de su poesía. Esto se debe a muchas herencias. Aunque los pueblos originarios no poseían un alfabeto, mantenían, y mantienen hasta hoy, una rica tradición oral. “Escribo, sí escribo porque es necesario hacerlo. Yo raíz de esta tierra lleno con palabras el legado de los antepasados”, nos dice más tarde Juan Marimán. Agreguemos a este legado ancestral el temprano aporte hispánico: a los primeros conquistadores, se había sumado el joven Alonso de Ercilla, que supo trasladar a una poesía épica de gran factura y en cuyo poema La Araucana desarrolló a lo largo de su vida parte de los episodios que le tocó vivir y conocer de la conquista y de la prolongada resistencia mapuche. Se produjo así no sólo la presencia de la espada y la cruz, sino también de la palabra poética, la que tal vez mejor estaba en condiciones de reconocer al distinto y ayudar a construir poco a poco nuevas señas de identidad que pudieran trascender la violencia inicial y abrir cauce, con el tiempo –y especialmente luego de la necesaria independencia–, a entendimientos cimentados en el mestizaje y en una historia diferente que se fue haciendo común.
El siglo XX, lo sabemos, superó los horrores hasta entonces conocidos en la historia, que no fueron pocos. Y si en los albores del siglo XX se encontraron una vez más Chile y España en la poesía –Huidobro, primero con las vanguardias, y Neruda, luego con la generación del 27–, el encuentro hubo de pasar con rapidez de la poesía (que incluyó no obstante las memorables páginas de España en el corazón, de Neruda, junto a los poemas imperecederos de César Vallejo) a la historia viva y sufriente. “Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”. Con esta frase, Pablo Neruda resume en sus memorias sus sentimientos respecto a la tarea que como cónsul especial nombrado por el presidente Aguirre Cerda hizo posible la llegada de más de 2.000 españoles a Chile en un barco, y muchos otros por diversas vías, en busca de refugio y paz después de la Guerra Civil, en medio de los albores amenazantes de la Segunda Guerra Mundial. Que se borre la poesía si se quiere, diría nuestro poeta, pero no los poemas, que son historia viva y solidaridad humana concreta.
Para la República de Chile, es siempre un honor recordar que, por inspiración de un poeta y decisión de un presidente democrático, españoles y chilenos pudimos escribir juntos en un contexto muy difícil una página signada simplemente por la solidaridad hacia quienes sufrían el desamparo, como lo vivimos después los chilenos, más de tres decenios después, y nos encontramos con una mano extendida. Neruda recibió, para aminorar la crítica interna, la instrucción de acoger a españoles del exilio en Francia que contaran con oficios que pudieran aportar al desarrollo nacional, y escribió así su desafío: “El mar chileno me había pedido pescadores. Las minas me pedían ingenieros. Los campos, tractoristas. Los primeros motores diésel me habían encargado mecánicos de precisión. Recoger a estos seres desperdigados, escogerlos en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día azul, frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el barco Winnipeg, fue cosa grave, fue asunto enredado, fue trabajo de devoción y desesperación”. También había entre nosotros, chilenos, en la prensa y el Parlamento, los portadores del prejuicio y de la inhumanidad, a los que Neruda y el presidente Aguirre Cerda lograron poner en su sitio para dar curso al espíritu de acogida que es ya sello imperecedero del mejor Chile.
Llegó así, un 3 de septiembre de 1939 –el día en que estallaba la Segunda Guerra Mundial–, el barco de la esperanza, el carguero Winnipeg, que había zarpado el 4 de agosto desde Trompeloup-Pauillac y que nunca había albergado más que algunas decenas de pasajeros, con cerca de 2.400 españoles de toda condición y proveniencia territorial para iniciar una nueva vida. La mayoría de ellos se estableció en esta patria de acogida, otros quisieron y pudieron retornar con el tiempo a la tierra que los vio nacer o bien más tarde algunos de sus descendientes volvieron a España, incluso algunos para vivir un segundo o tercer exilio, después del de Francia y el de Chile. Pero todos contribuyeron y siguen contribuyendo a engrandecer a Chile, desde Castedo y su colaboración historiográfica con Encina, hasta Aguadé y sus emprendimientos y el impulso a la actividad editorial chilena, pasando por Balmes y Bru y su aporte a nuestra plástica, siguiendo con los hermanos Pey y su labor en la construcción de muchos de nuestros puertos, y así tantos y tantos que se insertaron creadoramente en las más diversas actividades, como unos nuevos chilenos que nunca dejaron de representar, eso sí, a mucho de lo mejor de España.
Setenta exactos años después, la presidenta Bachelet recibió el 3 de septiembre en La Moneda a sobrevivientes y descendientes para expresarles lo que cabe: el agradecimiento de la nación chilena al aporte de los españoles del Winnipeg.
Gonzalo Martner es Embajador de Chile en España
Ilustración de Javier Olivares
Vicenç Navarro
Una de las percepciones más generalizadas que han existido en la cultura política del país es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica. Esta percepción alcanzó casi la categoría de dogma en los establishments políticos y mediáticos del país durante muchos años. Cuestionar el carácter modélico de la Transición era arriesgarse a recibir toda una serie de improperios o, lo que es peor, a ser totalmente ignorado, puesto en cuarentena ideológica, para proteger a la población de una posible contaminación. Este dogma todavía se reproduce hoy, a pesar de que la evidencia, que se ha ido acumulando durante el periodo democrático (1978-2009) sobre la falta de ejemplaridad de esta Transición, es robusta y abrumadora. España continúa teniendo una de las democracias menos desarrolladas de la Unión Europea (su sistema electoral, por ejemplo, es uno de los menos proporcionales y representativos de Europa) y es uno de los Estados de bienestar más atrasados de la Unión Europea (el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo económico al nuestro).
Resultado de la manera como se hizo la Transición, existen dos versiones del pasado que se han promovido en los mayores medios de información de España. Una versión (la de derechas) todavía justifica hoy el golpe militar y la dictadura que implantó aludiendo que era necesaria para parar un mal mayor, el comunismo. La otra versión (más cercana al centro ideológico) niega la anterior, desmintiendo que existiera peligro de que en nuestro país se estableciera el comunismo. Según tal versión, en el caso de que la República hubiera ganado lo que se define como Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar al que se opusieron la mayoría de las clases populares de las distintas naciones y pueblos de España), habríamos tenido una democracia como ahora, con escasas diferencias, excepto que en lugar de un rey, tendríamos un presidente de la República. Pero, por lo demás, la situación sería parecida a la existente ahora. Esta versión de los hechos lleva implícita la suposición de que la Transición fue modélica, convirtiéndonos en una democracia homologable a cualquier otra democracia europea. De ahí que, aunque llevase tiempo, hemos llegado a donde queríamos llegar.
Considero tales versiones, incluyendo la segunda, profundamente erróneas. Creo que existe suficiente evidencia histórica para concluir que en caso de que hubieran ganado las fuerzas democráticas, derrocando el golpe militar (lo cual habría ocurrido de no contar el golpista Franco con la ayuda de Hitler y Mussolini), tendríamos una España muy distinta. También la tendríamos distinta si la Transición, en lugar de ser resultado del pacto entre el Estado franquista, por un lado, y las izquierdas (que acababan de salir de la cárcel o del exilio), por el otro, hubiera sido consecuencia de una ruptura con el régimen anterior, determinada por movilizaciones generalizadas que hubieran forzado al rey a dejar el país, estableciéndose un sistema republicano que se hubiera considerado, asimismo, heredero de la Segunda República. En ambos casos, la España actual sería hoy muy diferente, mucho más democrática, con unas izquierdas más poderosas y con mayor sensibilidad social. Y una de las características del Estado sería que España incluiría otras tres nacionalidades –catalana, vasca y gallega–, con instituciones representativas propias, que tendrían sus propias políticas fiscales, dentro de un marco de solidaridad interterritorial. Esta visión plurinacional del Estado español no se reconoció en la Transición y ello a pesar de que la Constitución habla de nacionalidades. En realidad, el Estado de las autonomías negó la plurinacionalidad del Estado español. Y el café para todos que conlleva tal Estado de autonomías puede abocar a la desintegración de España. Cada petición de mayor autonomía y de recuperación de la identidad nacional por parte de Catalunya, se transforma automáticamente en idéntica petición por parte de las otras CCAA. Se están, así, construyendo 17 Catalunyas, lo cual puede llevar a la desintegración de España. Los ejemplos de ello son múltiples. Catalunya necesita toda una serie de instituciones para recuperar y mantener su identidad nacional, que incluye también la protección de su cultura, que está siempre en peligro de desaparecer (como ha ocurrido con la Catalunya francesa, en la que los franceses catalanes ni siquiera saben hablar catalán), necesidades que no tienen la mayoría de las CCAA, pues no tienen tal riesgo, ya que la cultura castellana, a la cual pertenecen la mayoría, no tiene problemas de supervivencia.
Es justo que la igualdad de los españoles deba quedar garantizada en su acceso a los servicios del Estado del bienestar, entre otros. Pero durante todos estos años, antes de que se cambiara la financiación autonómica, Catalunya tenía que garantizar, no sólo tal acceso, sino también desarrollar su identidad y las instituciones que la apoyaran. Pedir que se sea sensible a estas diferencias no quiere decir, como las derechas (y algunas voces de izquierdas) constantemente y maliciosamente argumentan, que los catalanes sean insolidarios, o que se crean superiores. Esta presión para que todo lo que tenga Catalunya lo tengan todas las CCAA está creando divisiones artificiales dentro de España, convirtiendo cada CCAA en una nación. Es una incoherencia que aquellos que niegan el carácter plurinacional del Estado español se presenten ahora como los defensores de España, continuando el argumento utilizado por los golpistas de 1936 en contra del Gobierno democrático republicano que comenzó a reconocer la plurinacionalidad de España. Ellos son los que dañaron y continúan dañando enormemente España, y pueden acabar rompiéndola.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Juan Pablo Cambariere
Mario Amorós
En el corazón de Santiago de Chile se alza el imponente edificio construido por el Gobierno de Salvador Allende para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, que en su origen adoptó el nombre de Gabriela Mistral. En abril de 1972, en la inauguración de aquella Conferencia, el presidente Allende pronunció un memorable discurso en defensa del derecho de los pueblos del Tercer Mundo a nacionalizar sus riquezas naturales para ponerlas al servicio de su desarrollo social y económico, tal y como su país había hecho un año antes: el 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional había aprobado, por unanimidad, la estatización de la gran minería del cobre, el “sueldo de Chile”, en palabras de Allende, que aportaba a la nación más del 70% de sus ingresos por divisas.
Después del 11 de septiembre de 1973, con La Moneda devastada por el bombardeo de la aviación, la Junta encabezada por Pinochet se instaló en este enorme edificio y lo rebautizó con el nombre de Diego Portales, el arquitecto del régimen oligárquico con la Constitución impuesta en 1833. La huella de los golpistas aún persiste allí: las puertas de sus salas de conferencias tenían un elaborado pomo labrado con la forma de un puño alzado, muestra del orgullo de una clase obrera que construía el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. La dictadura no dudó en girar esos pomos para colocar los puños hacia abajo, toda una metáfora de la refundación neoliberal del país impulsada por Pinochet y los Chicago boys. Chile evoca estos días los 36 años del golpe de Estado con la noticia del procesamiento de más de 130 represores, dictado por el juez Víctor Montiglio, debido a su responsabilidad en la desaparición de centenares de militantes de izquierda entre 1974 y 1976. La memoria de los años más duros de la dictadura se entrelaza con la coyuntura política, condicionada por los comicios del 13 de diciembre, que renovarán la Cámara de Diputados y la mitad del Senado y elegirán al sucesor de Michelle Bachelet. Después de 20 años de hegemonía indiscutida de la Concertación de Partidos por la Democracia, por primera vez el candidato de la derecha, el empresario multimillonario Sebastián Piñera, encabeza las encuestas, aunque permanece alejado de la mayoría absoluta que evitaría una segunda vuelta, que tendrá lugar el 17 de enero.
El perfil de los cinco candidatos que probablemente le disputarán la Presidencia de la República, todos procedentes de una Concertación en proceso de descomposición, confirma el fin de un largo ciclo inaugurado por la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 y la victoria de Patricio Aylwin en 1989. El candidato de la coalición gubernamental, el democristiano Eduardo Frei (presidente entre 1994 y 2000), es el único que valora satisfactoriamente el balance de dos décadas de Gobierno. Jorge Arrate (ministro con Allende, Aylwin y Frei y ex presidente del Partido Socialista) es la opción del Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y sectores muy representativos procedentes del socialismo y quien plantea un programa de transformaciones más nítido, con la renacionalización del cobre entre sus propuestas más relevantes. Los senadores Alejandro Navarro (también alejado del PS) y Adolfo Zaldívar (ex presidente de la Democracia Cristiana) aparecen con escaso apoyo en unos sondeos que casi a diario confirman el sorprendente respaldo al diputado Marco Enríquez-Ominami, procedente de las filas socialistas. Enríquez-Ominami, hijo de Miguel Enríquez (el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria muerto en 1974 cuando combatía contra decenas de agentes de la DINA), utiliza hábilmente su juventud (36 años), su aparente distanciamiento de la política tradicional y las nuevas tecnologías, así como un programa muy ambiguo, con guiños tanto a la izquierda como a la derecha (acaba de proclamarse “pinochetista” en relación con una posible salida al mar para Bolivia), para concitar un apoyo social que amenaza ya las posibilidades de Frei de superar la primera vuelta, algo impensable hace unos meses.
La otra novedad de estas elecciones es el “acuerdo instrumental” suscrito por la Concertación con el Partido Comunista y sus aliados para presentar una lista unitaria de candidatos a diputados con la aspiración de conquistar una amplia mayoría frente a la derecha y poner término a dos décadas de exclusión parlamentaria del PC. La ley electoral (impuesta por Pinochet en su Constitución de 1980) exige votaciones próximas al 30% para alcanzar un escaño y concede, de manera calculada, una desproporcionada representación al segundo bloque (la derecha), por lo que garantiza casi un empate técnico en el Congreso Nacional que impide la aprobación de las reformas democráticas pendientes. A un año de la conmemoración del bicentenario de la independencia, Chile se acerca a una encrucijada trascendental. Sebastián Piñera representa la perpetuación del modelo neoliberal, la persistencia de la herencia pinochetista (código laboral represivo, ley electoral binominal, privilegios de las Fuerzas Armadas, Ley de Amnistía de 1978) y un viraje conservador en política internacional, frente al positivo balance de Michelle Bachelet en este último terreno. Su posible rival en la carrera definitiva hacia La Moneda, Eduardo Frei o Marco Enríquez-Ominami, se decidirá a enfrentar las asignaturas pendientes de la Concertación (nueva Constitución, renacionalización de la minería del cobre, justicia para el pueblo mapuche, una nueva política económica y social que supere el paradigma neoliberal) si la izquierda que encarna sobre todo la candidatura de Jorge Arrate alcanza un significativo apoyo popular que pueda condicionar la segunda vuelta y si el partido de Pablo Neruda y Víctor Jara retorna al Parlamento. Sólo así el puño podrá alzarse de nuevo.
Mario Amorós es Periodista e historiador. Su último libro es ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’
Ilustración de Mikel Casal
Luis Sepúlveda
Cuando escribo estas líneas se cumplen 70 años de la llegada del Winnipeg a Valparaíso. Dos mil quinientos derrotados de la República tocaban tierra chilena una fría mañana de invierno, atrás quedaba la derrota, el horror del fascismo y el miedo a terminar en un campo de concentración nazi. En aquel lejano país gobernaba un profesor, Pedro Aguirre Cerda, que encargó al poeta Pablo Neruda hacer lo posible y lo imposible por salvar a la mayor cantidad de españoles. Para la llegada de esos derrotados se habían previsto unas instalaciones que servirían de primer alojamiento, pero la población de Valparaíso dijo no, rotundamente no, y agregaron que esos hermanos y hermanas de España tenían casas a las que llegar: sus casas. En el Winnipeg llegó a Chile un tesoro de cultura; pintores, impresores, bailarines, historiadores, pescadores, cineastas, que aportaron su creatividad con la misma generosidad con que fueron recibidos. Una bonita historia que, por desgracia, no ha encontrado una justa reciprocidad en la España moderna.
Celebro el aniversario de la llegada de ese barco bendito, varios de mis profesores eran de los que viajaron en él, y el próximo octubre quería celebrar mi cumpleaños número sesenta rodeado de todos mis hijos y mis nietos. No podrá ser, porque tengo una hija cuyo gran delito es ser ecuatoriana, para más inri casada con un ecuatoriano y, peor aún, ambos me dieron una nieta ecuatoriana. A ninguno de los que subieron al Winnipeg se le pidió que mostrara una cantidad exorbitante de dinero como condición para subir a bordo. A los ecuatorianos que quieren viajar a España, a mi hija y a mi nieta sí se les pide. Los chilenos nunca dejaremos de agradecer que José Balmes viajara en el Winnipeg porque con él llegó el arte contemporáneo en su más alta expresión. Pablo Neruda no vendió las citas con los españoles que necesitaban viajar, y habló con todas y todos en medio de la impotencia que significó para el poeta no poder llevar más derrotados de la República a Chile. Los ecuatorianos, mi hija, mi nieta, tienen que comprar en un banco una cita antes de ser atendidos en el consulado español de Quito, y en la jerga canalla de los funcionarios se habla, no de la necesidad de fijar una cita, sino de comprarla.
Nunca dejaré de agradecer que Víctor Pey llegara en el Winnipeg y fundara Clarín. El periódico más popular de Chile y en el que hice mis primeros intentos para ser periodista y escritor. Y Víctor Pey subió a ese barco glorioso sin tener que mostrar una fotocopia legitimada por un notario que demostrara que él era él, ni su DNI legitimado por un notario. Tampoco tuvo que mostrar la escritura de la propiedad de quienes le recibirían en Chile legalizada por un notario. Mi hija y mi nieta, en cambio, deben gastar una considerable cantidad de dinero llevando ante notarios la invitación que les hice para asistir a mi cumpleaños, la escritura de mi casa, mi DNI europeo, mi certificado de nacimiento y una serie de documentos absurdos que contradicen la existencia de otros documentos oficiales españoles como la tarjeta de residente comunitario.
Cuando Roser Brú desembarcó en Valparaíso, con ella llegó también un aire de frescura y renovación de la pintura chilena. Antes de subir a bordo se entrevistó con Neruda, sin que mediara pago de por medio, y supo que podía confiar en el poeta, que aplicaba rigurosamente las reglas de la legalidad chilena. Mi hija y mi nieta, en cambio, deben someterse a la arbitrariedad de medidas que son, o de pura invención del consulado español en Quito, o letra pequeña del convenio de Schengen que el resto de los mortales desconocemos. Celebro el aniversario de la llegada del Winnipeg a Chile y de la misma manera quería celebrar mi cumpleaños número sesenta junto a todos mis hijos, hija, yerno, nuera, nieta y nietos. No podrá ser en España, porque mi hija y mi nieta son ecuatorianas, y porque España se toma muy en serio el papel de portero de la Europa rica.
Luis Sepúlveda es Escritor. Su última novela es ‘La sombra de lo que fuimos’
Ilustración de César Vignau
Pere Vilanova
A principios de julio, hubo elecciones presidenciales en Indonesia y, la verdad, fueron francamente bien. Es decir, abiertas, competitivas, con una campaña electoral tranquila pero viva, con debates importantes o incluso decisivos entre los candidatos en los medios, en particular en televisión. La participación fue alta, y el resultado claro: el presidente saliente, según avanzaban ya las encuentas, ganó con un 60% de los votos. La eterna rival, Megawati Soekarnoputri, obtuvo cerca de un 27% de los votos, y el tercero, Yusuf Kalla (que en 2004 era aliado del actual presidente), cerca de un 13% de los votos. Cierto, después se han anunciado algunos litigios electorales menores, que se resolverán ante el Tribunal Constitucional. En resumen: las elecciones han ido bien, y por ello no fueron noticia o casi. Hubo que buscar en las páginas interiores de algunos diarios internacionales o alguna pestaña menor en Internet para enterarse de ello.
En cambio, pocos días después, el terrorismo reapareció en la capital, con varios muertos en su balance, y entonces fue portada. El hecho ocupó importantes espacios en los medios y, más relevante todavía, generó columnas y artículos de opinión. Entre nosotros, las elecciones no. Y ello merece varios comentarios.
El primero tiene que ver con la disparidad del espacio que ambos hechos ocupan en los medios de comunicación y las consecuencias que ello tiene en el debate sobre el papel de estos en el mundo actual. Se debería partir de la correlación entre atentados y elecciones, precisamente por el éxito de estas. Dicho de otra manera, hay atentados en Indonesia cuando la democracia progresa, y ese progreso se mide –entre otras cosas–con el avance en la consolidación de los procesos electorales. Cuando la transición avanza en la buena dirección, en Indonesia hay atentados: desde Bali en 2002, en varias ocasiones y hasta el otro día. ¿Por qué? Es tan evidente que resulta embarazoso tener que recordarlo. Indonesia no es sólo un país muy importante.
Con sus casi 240 millones de habitantes, es el primer país musulmán del mundo, es uno de los impulsores del motor económico Asia-Pacífico, el líder de facto de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y, cuando se cita la clásica lista de gigantes emergentes, créanme, además de China, Brasil e India, añadan Indonesia. Su transición, que se inicia con la crisis de la férrea dictadura de Suharto en 1998, ha sido bastante ejemplar: las elecciones de 1999 fueron inestables y hubo serios incidentes, las de 2004 fueron limpias –así lo certificaron las diversas misiones internacionales de observación electoral– y las del otro día también.
La economía va bien, y es más, la determinación del presidente, Susilo B. Yudhoyono, más la catarsis nacional producida por el terrible tsunami en su día, permitió acabar con el conflicto de Aceh, en el extremo occidental del país. En Aceh había un movimiento secesionanista desde hacía algo más de 30 años. La dictadura no consiguió acabar con él, la democracia sí; se han atenuado otros focos de inestabilidad en las provincias de Kalimantan (Borneo) o Papua. ¿Qué más tiene que demostrar Indonesia, el país musulmán más importante del mundo?
Pues bien, los atentados que siguen a cada progreso democrático, atribuidos a Jemaah Islamiya, la rama indonesia de Al Qaeda, se deben precisamente a esto: para Al Qaeda, que el primer país musulmán del mundo evolucione y se consolide en la dirección del modelo democrático que el pueblo indonesio ha elegido es la peor noticia posible. Es la negación del choque de civilizaciones, en particular en la versión que de ello nos proponen Bin Laden y Al Zawahiri.
¿Qué hacer? Lo que hacemos bien no es suficiente. Por ejemplo, la UE tuvo un papel destacado en el apoyo y acompañamiento del proceso electoral de 2004. Tuvo un papel muy relevante en la consolidación de la pacificación de Aceh después del tsunami. Pero no es sólo un tema de la UE o de la Comisión europea, es un tema que va más allá de lo que los gobiernos podrían hacer mejor. Tiene que ver con nosotros, la opinión pública y los medios de comunicación. Deberíamos estar mucho más atentos a lo que pasa en partes del planeta de las que sabemos poco o nada, pero la ignorancia está en nuestra parte. Lean prensa Indonesia en inglés o, para el caso, algunos excelentes periódicos pakistaníes e indios. Y así verán que los debates políticos son reales y, ante procesos electorales cruciales, se darán cuenta de que los dirigentes de Al Qaeda viven en la luna. Las últimas elecciones en Pakistán, después del brutal asesinato de Benazir Bhutto, fueron mucho mejor de que los más pesimistas anunciaban.
En amplias zonas del país la competición fue real y, en general, se considera que el 90% de la población (atención, Pakistán es el segundo país musulmán más grande del mundo) vive también ese tipo de debate político sobre elecciones, instituciones, la corrupción de ciertas élites, etc. Y quiere paz y más democracia. Los partidos expresamente confesionales vieron su representación reducida a menos de un 20 por ciento de los votos. Por todo eso, precisamente, ha aumentado después el terrorismo, la provocación del valle de Swat, el repunte de la insurgencia en Waziristán y las zonas tribales del oeste.
Deberíamos preocuparnos más de estas cosas, de leer correctamente los términos de la ecuación y de mostrar apoyo a quien lo merece y lo necesita. Indonesia va en la buena dirección, Pakistán atraviesa dificultades, Tailandia ha padecido algunos incidentes pero parece tender a la estabilidad institucional e India sigue siendo el referente regional. Prestemos atención a todo ello.
Pere Vilanova es Catedrático de Ciencia Política y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Iker Ayestarán
EMILIO SILVA
El 16 de julio de 1938 el Boletín Oficial del Estado franquista publicaba una orden firmada por Ramón Serrano Suñer: “Al cumplirse dos años de la lucha trémula y gloriosa que el pueblo español sostiene para salvarse de su muerte como Nación”. Así declara que la conmemoración del glorioso alzamiento debe llevarse a cabo el día 17 de julio, que será el Día de África en agradecimiento a las tropas de Marruecos; el día 18, que será feriado a efectos mercantiles y de trabajo; y el día 19, que se proclama “Día de la revolución nacional contra la supresión de las servidumbres a que la decadencia y el liberalismo habían sometido a España”.
Terminada la guerra en 1939, la maquinaria de la dictadura inició su ajuste de cuentas. Se aprobaron numerosas medidas reparadoras para quienes habían padecido el “terror rojo” o luchado junto a los militares sublevados: puestos en la administración pública para toda la vida (Ley sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados ex combatientes y ex cautivos, BOE 01/09/1939), pensiones para los que habían muerto apoyando al general Sanjurjo, en su golpe de Estado de agosto de 1932 (BOE 24/07/1939) o una amnistía para quienes habían cometido delitos contra la Segunda República que pudieran considerarse afines al movimiento (la violencia de la extrema derecha) desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 (BOE 30/09/1939). Además, se llevaron a cabo exhumaciones de fosas comunes con el dinero de todos pero sólo de “víctimas de la barbarie roja” (BOE 17/05/1939).
Sobre ese espíritu se edifica un apartheid que divide la sociedad; miles de familias son obligadas a despojarse de su identidad, de su pasado, de sus ideas, de sus sueños, para tratar de esquivar la mirada del vigía.
El 18 de julio se celebró de manera oficial, por última vez, en el año 1977, después de celebradas las elecciones, pero los privilegios que adquirieron los golpistas y sus colaboradores a la sombra de ese espíritu sembrado de terror han alcanzado nuestro presente.
Hace unos meses, en una reunión de familiares de desaparecidos por la represión franquista, una mujer pide la palabra, se levanta, despliega un papel con nerviosismo y habla: “En mi pueblo hay una fosa”. Uno por uno lee los nombres de los enterrados en ella. Después, con la voz entrecortada, añade: “Ahora me callo porque me ha dicho mi madre que los lea, pero que no me signifique”. Entonces se sienta en silencio porque su madre le ha pedido que no opine ni se muestre cercana a esos muertos; en fin, que se comporte como si fuera insignificante. Esa fue y es aún la historia de miles de familias de desaparecidos, presos, exiliados, depurados y todo tipo de represaliados. Lo fue durante 40 años de dictadura y lo está siendo a lo largo de más de tres décadas de democracia.
El látigo franquista no se detuvo, con la colaboración de muchos miles de ciudadanos recompensados. El 1 de abril de 1959, al inaugurar el Valle de los Caídos, el dictador Francisco Franco alerta sobre una posible debilidad en el ejercicio de la represión: “No es época en que se puedan desmovilizar los espíritus después de la batalla, ya que el enemigo no descansa y gasta sumas ingentes para minar y destruir nuestros objetivos”.
Termina la dictadura y los violadores de derechos humanos evitan las consecuencias penales. Los gestores de la transición acuerdan además que la ignorancia sobre el pasado reciente sea una política de Estado, por lo que millones de ciudadanos no estudian nada que tenga que ver con la dictadura, quiénes formaron parte de su aparato de control y tortura o lograron importantes fortunas y sobresalientes carreras aprovechando su corrupción política, económica e ideológica.
Tras las elecciones municipales de 1979 llegan al poder local partidos que habían sido clandestinos. En La Rioja o Navarra se abren fosas comunes. Se trata de un movimiento creciente, sin apoyo institucional y apenas político, truncado el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero grita en el hemiciclo del Congreso, pistola en mano: “¡Quieto todo el mundo!”. Miles de familiares que habían iniciado el camino hacia la rehabilitación pública de sus seres queridos regresan a la insignificancia, por miedo a que despierte con fuerza el espíritu del 18 de julio. De ese modo, los franquistas añadieron a la impunidad política y jurídica que habían conquistado con la Ley de Amnistía de 1977 otra impunidad imprescindible: la social.
Tuvieron que pasar dos décadas para que la generación de los nietos, que no aprendieron en los colegios su historia reciente, buscara a sus abuelos, exhumara sus fosas, los reconociera públicamente e iniciara un cambio en la patológica relación que ha mantenido nuestra sociedad con el pasado de la dictadura. Desgraciadamente, miles de hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia y la defendieron de un golpe militar han muerto ignorados por las instituciones.
Lo que ha ocurrido en los últimos años: los homenajes, la apertura de fosas, la posibilidad de completar el duelo después de 70 años, las personas que por fin han perdido el miedo, el intento de apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, los miles de nietos que buscan expedientes, que entrevistan ancianos, que se emocionan al escucharlos, que devoran libros y documentales para saber, que han llenado Internet de preguntas y respuestas, la ayuda que cientos de voluntarios están prestando a miles de familias, todo eso es el camino que hemos comenzado a recorrer para llegar al final de la insignificancia.
Emilio Silva pertenece a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Ilustración de Mikel Jaso
JOAN GARÍ
“Are you going to the Concentration Camp?”. Aquella jovencita que me abordó en la estación de Dachau manejaba un inglés dúctil con muy buen acento y tenía –hay que reconocerlo– una sonrisa preciosa. Diligentemente me explicó sus pretensiones. Era una empleada del municipio y formaba parte de un programa local dirigido a los 600.000 visitantes anuales del tristemente famoso lager bávaro. Su objetivo era obvio: convencer a un público multicultural e internacional, atraído por la extraña fascinación del mal, de que no limitaran su viaje a olisquear los incómodos efluvios del campo.
Comprendí el problema y le hice caso. Al fin y al cabo, Dachau es una bonita villa bávara, con un castillo nueve veces centenario donde ahora se puede tomar un café y una porción de pastel de manzana con vistas a los Alpes. Y una coqueta iglesia del siglo XVII dedicada a San Jaime. Solo con que una minúscula parte de esa riada humana que recorre en peregrinación desde hace años los restos de los antiguos espacios concentracionarios se desviara hacia objetivos turísticos más convencionales, el éxito –y también la salvaguarda de un cierto pudor moral– estaba garantizado. Y, sin embargo, es un hecho que esta variante del turismo de catástrofes asuela Alemania. Y de tal modo que las autoridades no han tenido más remedio que hacer de la necesidad virtud y abordar la memoria del período nacionalsocialista con una sonrisa forzada.
Dachau es solo un aspecto simbólico más del problema. De hecho, la geografía alemana y de otros países centroeuropeos está plagada de sitios como ese. Forman parte de una memoria incómoda y es de agradecer que, al menos, la autoridad pertinente no se esfuerce ya en ocultarla. Es bien sabido que, en la inmediata posguerra, los alemanes prefirieron correr un tupido velo sobre el catálogo de horrores que habían protagonizado bajo el régimen hitleriano. Pero es que la Polonia comunista, por ejemplo, nunca explicó bien que las víctimas de Auschwitz fueron esencialmente judíos. Por no abandonar Dachau, hay que recordar que la primera exposición conmemorativa del lager fue clausurada precipitadamente por el land de Baviera en 1953 sin mediar ninguna explicación. Hoy en día, sin embargo, es corriente contemplar –yo lo hice– rebaños compactos de adolescentes teutones paseando sus atónitos ojos azules bajo la perspectiva odiosa del crematorio. Sus expresiones sinceras de sorpresa y de espanto forman parte de una pedagogía inexcusable. Su ternura virginal se da así de bruces contra el mundo de sus abuelos –quizá ya de sus bisabuelos–. La memoria es eso y nadie dijo nunca que no deba resultar dolorosa.
Vestigios nazis
¿Están de moda los campos de concentración nazis? A juzgar por la avalancha de visitantes, no nos atreveríamos a negar que su capacidad de atracción ha ido in crescendo. ¿Qué buscan buena parte de los centenares de miles de turistas que llegan al nuevo Berlín, a 20 años –pronto– de la caída del muro? Una foto en el Checkpoint Charlie, por supuesto, pero sobre todo los vestigios de la antigua capital nazi. Es decir, aquello que precisamente Berlín ya no puede ofrecer. No queda nada del antiguo sueño de Speer: ni la Cancillería, ni el búnker de Hitler (cuya superficie ocupa ahora un plácido aparcamiento), ni ningún otro edificio emblemático. Solo el antiguo Ministerio de Aviación está en pie (ahora es la sede del Ministerio de Finanzas) y enfrente se yergue lo que queda del odioso muro comunista. Una exposición alusiva, Topografía del terror, recuerda estos días todas esas catástrofes ideológicas, pero ha de contentarse con mostrar los cimientos de la Gestapo en la antigua Prinz-Albrecht-Strasse. El resto pertenece al poder evocativo de la memoria.
De una manera u otra, la valentía de la Alemania actual para enfrentarse a la pesadilla de su pasado reciente ha de ser aplaudida. Al fin y al cabo, Hitler existió realmente y si llegó al poder por métodos democráticos es porque una generación de alemanes lo auparon voluntariamente. Esa pesadilla debe ser convocada en el diván o aventada en el ágora pública. Ocultarla, negarla o minimizarla solo provocaría que la herida no cicatrizara, aunque algunos tendieran a pensar que la fiebre resultante era solamente una excitación pasajera.
Es doloroso y humillante que los turistas de hoy lleguen a Weimar, el corazón de la cultura germánica, para subirse al autobús número 6, que conecta cada hora la ciudad de Goethe con el lager de Buchenwald. Es doloroso y humillante, pero es también necesario. Al fin y al cabo, Weimar fue nazi desde primera hora –como también lo fue Baviera– y, en las balconadas del hotel Elephant, Adolf Hitler ya arengaba a sus seguidores cuando solo era la promesa de una amenaza colosal.
En la puerta de entrada al campo de Dachau, hay una verja que contiene la siguiente inscripción: “Arbeit macht Frei” (“El trabajo libera”). El lema es conocido porque el comandante de Auschwitz, Rudolph Höss, que pasó primero por Dachau, lo copió en el frontispicio del campo polaco. En realidad, y descontando el sadismo de fábrica, es una leyenda intrínsecamente falsa. Hemos aprendido a lo largo del tiempo de la aflicción que lo único que realmente libera es la memoria. Aunque su concreción turística resulte incómoda para la nueva Alemania y haya que recurrir a mensajes publicitarios que nos recuerden que el resto de la Historia también está a nuestra disposición. ¿Alguna idea homologable para las amnesias interesadas de la España postfranquista?
Joan Garí es escritor
Ilustración de Iván Solbes
