VICENÇ NAVARRO
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
SAÏD EL KADAOUI MAUSSAOUI
El día 26 de este mes el grupo municipal de Convergència i Unió (CiU), en la oposición del Ayuntamiento de Lleida, anunció que había llegado a un acuerdo con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que gobierna el consistorio, para presentar una moción que permitiera prohibir el uso del burka y del niqab en los equipamientos municipales. Dos días después, el consistorio aprobaba esta propuesta con los votos a favor de CiU, PSC y PP.
El alcalde, el socialista Àngel Ros, defendió esta norma aludiendo a la necesidad de no retroceder en los derechos y libertades de nuestra sociedad y justificó la limitación a los equipamientos municipales porque los ayuntamientos no tienen competencia para prohibir su uso en la vía pública.
Por su parte, Abdul Karim, responsable de la comunidad islámica del Ponent y del Pirineo, anunció el mismo día 26 que recurriría esta decisión al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea si el ayuntamiento de la ciudad confirmaba esta decisión, como finalmente ha sucedido, porque, según palabras suyas, es una medida que vulnera la libertad de culto constitucional y que coarta la libertad de la mujer musulmana que lleva el velo voluntariamente para seguir el mandato de Alá.
Ya me gustaría a mí que esta y otras comunidades islámicas actuaran con tanta celeridad cuando se vulneran otros derechos. Lamentablemente no es así.
Ya en un anterior artículo (Público, 7 de febrero de 2010) dije que, según algunos intelectuales musulmanes, esta prenda nada tiene que ver con el islam y que otros la relacionaban con el Wahabismo, la interpretación más pobre que haya conocido jamás la historia teológica y doctrinal del islam según el escritor Abdel Wahab Meddeb.
Mohammed Abed Al-Yabri, filósofo marroquí fallecido el pasado 3 de mayo a la edad de 75 años, decía que la lectura fundamentalista del patrimonio tradicional es una lectura ahistórica. Y añadía que sólo podemos dialogar con aquellos elementos de nuestra tradición que sean aptos para responder a nuestras preocupaciones actuales. Abogaba, así, por establecer una relación científica con el legado cultural y criticaba la irracionalidad en la que está sumido el pensamiento árabo-musulmán, principal causa de su ya crónica decadencia. Separar, que no despojar, el sujeto de su tradición es un acto imprescindible según el autor de la Crítica de la razón árabe.
Izar la bandera del burka para defender algunos derechos de la mujer es, en mi opinión, un síntoma más que evidente de esta irracionalidad y de esta concepción ahistórica de la tradición.
Quede clara, pues, mi aversión total por estas prendas.
Pero, y ya me perdonarán la insistencia, hay un punto que no conviene olvidar. Me parece que empezar el debate, ineludible, del islam en Europa recurriendo en primer y último lugar al recurso de la prohibición es improductivo y, acaso, arriesgado.
Esta prohibición va dirigida a garantizar el respeto de la dignidad de la mujer y su igualdad de derechos. Hasta aquí nada que decir, faltaría más. Pero, ¿por qué no incluir esta medida en un paquete más amplio destinado a respetar la dignidad y la igualdad de derechos de todos los creyentes de este país? Acabar con los oratorios indignos que abundan en todos los rincones de nuestro país, por ejemplo, y construir las mezquitas necesarias. O controlar las dádivas nada desinteresadas de terceros países que pretenden influir sobre esta comunidad.
En definitiva, aceptar de una vez por todas que existen ciudadanos musulmanes europeos y dejar de considerar el islam como la religión de los otros. Y, por supuesto, estar atentos a que el virus del fanatismo no se extienda en esta comunidad
heterogénea y diversa.
En su ensayo Reflexiones sobre el exilio, Edward Said afirmaba algo sumamente interesante y esclarecedor. Decía que la interacción entre nacionalismo y el exilio (y la inmigración siempre tiene algo de exilio) es como la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, según la cual los contrarios se informan y constituyen mutuamente. El burka y el nacionalismo europeo excluyente se necesitan.
El reto más acuciante que tenemos entre manos es, a mi juicio, el de evitar la existencia de los guetos. Es especialmente en ellos donde se gesta una identidad defensiva que embellece y ensalza, entre otros dislates, el burka, y donde se exalta el derecho a la diferencia como respuesta a una situación de exclusión social más que humillante. Para quien me quiera entender: el peligro es crear una comunidad cerrada, empobrecida y replegada sobre sí misma.
El pasado domingo 23 de mayo, Claude Dilain, alcalde de Clichy-sous-Bois –foco de los disturbios de 2005 en las banlieues de París–, publicaba una carta firmada por 46 alcaldes más en Le JDD (Le Journal du Dimanche) titulada Carta a aquellos que ignoran las banlieues. En ella incitaba al ejecutivo a actuar con urgencia antes de que sea demasiado tarde y se vuelvan a producir acontecimientos parecidos a los de 2005. El desarraigo, el paro, el fracaso escolar, la degradación urbana y la exclusión social, agravados aún más por la crisis económica, no auguran nada bueno.
Allí está la urgencia. Debemos hacer todo lo posible para que aquí no tengamos que sufrir las consecuencias de una sociedad atomizada y esclava de dos tipos de nacionalismos defensivos. El del país que no quiere mirarse al espejo y que es siervo de la idealización de un ayer que ya no volverá –y que, probablemente, jamás existió– y el que Edward Said denominaba “nacionalismo defensivo de los exiliados”. Aquel que fomenta la conciencia de sí a través de formas poco atractivas de autoafirmación.
Saïd El Kadaoui Moussaoui es psicólgo y escritor
Ilustración de Enric Jardí
NICOLE THIBON
Otra vez hay que denunciar crímenes contra las mujeres o, mejor dicho, contra la humanidad. Las verdaderas feministas ya no le encontramos ningún gusto a la victimización, aunque quede mucho por hacer para alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria, equilibrada y democrática.
Sin embargo, existe otro mundo y no tenemos derecho a olvidarlo.
Así, Hassi Messaoud es una región del sur de Argelia bendecida por un Dios que, en lugar de verdes oasis y camellos, le regaló una capa de 2.000 km² de petróleo de primera calidad, o sea, por lo menos 9.000 millones de barriles de petróleo y 5.000 millones de m³ de gas. Cantidades suficientes como para garantizar la supervivencia de muchos regímenes y, en este caso, el de Argelia que, en efecto, cubre así el 95% de las exportaciones del país.
Con su sol aplastante, la arena ardiente, el humo de los pozos, los detritus de toda categoría, Hassi Messaoud no es el paraíso en la tierra, sino más bien una pesadilla en vida, pero ofrece sueldos muy superiores a los 150 euros de salario medio del país. Eso vale también para los miles de trabajadores extranjeros que dividen el año entre Argelia y su país. Hay que precisar que los accesos a la zona de extracción, con su ciudad-dormitorio prevista para 45.000 personas y sus kilómetros de instalaciones petrolíferas, están perfectamente controlados: alambres, patrullas armadas, video-control, muros altos con púas, extranjeros escoltados por el Ejército. Tanto las empresas mixtas como la Sonatrach o la British Petroleum han tomado precauciones contra cualquier intrusión criminal. Salvo en lo que concierne a la protección de las mujeres.
Hay que comprenderlo: las multinacionales no podían prever que, en esta ciudad del sur, mujeres solas que llegaron en busca de trabajo iban a ser atacadas en su casa, golpeadas, violadas, robadas, en ocasiones quemadas y amenazadas de muerte si hablaban de los hechos: mujeres solteras, obreras o empleadas con contrato, originarias del norte de país, que llegaron para trabajar en esa zona de alta seguridad. Eso ocurrió en abril de este año. Pero no se puede decir que los dueños de este tinglado no estuvieran advertidos de que la historia se repite: el 13 de julio de 2001, varios centenares de hombres fanatizados por el imán integrista y al grito de Allahu Akbar (Alá es el más grande) y Jihad, lincharon, torturaron, violaron y dejaron muertas a varias decenas de mujeres sin intervención de la omnipresente Policía, tal como lo cuentan Rahmouna Salah y Fatiha Maamoura, dos supervivientes de esta salvajada.
El escenario es siempre el mismo. Una docena de hombres enmascarados y con armas blancas entran en las casas de noche derrumbando las puertas, roban todo lo que encuentran y hacen lo que quieren con las mujeres. Cuando las víctimas se dirigen a la comisaría local, la única ayuda que reciben consiste en aconsejarles volver a su casa. En su libro Dejadas por muertas, Rahmouna Salah contó cómo había llegado a Hassi Messaoud: primera boda forzada seguida de un hijo y un divorcio, segunda boda con un tipo violento, dos hijas y un divorcio. Sin ningún medio de vida y sin alojamiento, encontró ahí un trabajo pagado normalmente que le permitía sostener a su familia y ayudar a una prima. “Lo más duro no es la impunidad, sino la actitud del Estado, que no nos ha escuchado ni ayudado… En Argelia, la mujer es de segunda categoría”. “El Gobierno se niega a defender a las mujeres”, dice la actriz Nadia Kaci a Le Monde. Estos actos son la consecuencia directa del Código de la familia de 1984. Adoptado por la Asamblea Popular en 1984 por el FLN, partido único, este texto de inspiración integrista reduce a la mujer al rango de una menor de edad, a una infrahumanidad jurídica, en materia de matrimonio, divorcio, herencia y tutela de los hijos. Aun bajo el texto atenuado de 2005, la argelina está sometida a la tutela del marido y de la familia. La legislación argelina no prevé ninguna medida especial en materia de violencia conyugal, asimilada a la violencia de gamberros. Las tradiciones arcaicas otorgan al marido el derecho de vida y muerte sobre su mujer, más todavía cuando se trata de ambientes pobres donde reina el analfabetismo. Nada esta previsto para las viudas de las víctimas del terrorismo, y tampoco para las madres o esposas de desaparecidos. Pero “la pobreza no es la única motivación de esta migración hacia el Eldorado del sur. Tiene mucho que ver con la dureza de la condición de la mujer. En Argelia, cuando una mujer es golpeada en la calle, nadie le hace caso, porque debe haberlo hecho su marido, su padre o su hermano, ¡que tienen derecho!”, denuncia la actriz.
Ante la cobardía de las multinacionales petroleras, estas mujeres confían más en la mediatización y las presiones internacionales sobre Argelia. Mientras tanto, el sitio de Hassi Messaoud es una de estas zonas del planeta al margen de cualquier ley, un zona de no-derecho, únicamente sometida a la ley del provecho.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Juan Ossorio
SAÏD EL KADAOUI
Me parece prudente poner sobre aviso al lector de que este no es un artículo para defender a unos y acusar a otros. Déjenme aclarar también que no represento a ninguna comunidad. No se dejen llevar por el engaño, mi nombre es el que es, a mi me gusta, pero mi identidad no se reduce a ser un marroquí, a un inmigrante o a un inmigrante de origen marroquí. Amo el país donde nací, y pocas cosas me gustan más que viajar y pasar allí unos días. Pero amo también este país donde ya llevo 28 años y donde, probablemente, pase el resto de mi vida. Y, finalmente, soy tan tediosamente racional –y no lo digo con orgullo, simplemente constato lo que soy– que la religión está en las antípodas de mis intereses. Eso sí, como trato de no ser tonto, constato que hay mucha más gente en el mundo que yo y mucha de ella considera que la religión debe de ocupar un lugar preeminente en sus vidas.
Ahora sí, ya podemos ir al tema.
Najwa Malha es una chica de 16 años. Es española y musulmana, y hace unos meses decidió cubrir su cabeza con el hiyab. El instituto donde cursa (cursaba ya) sus estudios, el Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que en su reglamento interno prohíbe cubrirse la cabeza en el aula, se ha mostrado inflexible y Najwa, inamovible también en su determinación, tendrá que continuar sus estudios en otro instituto.
Antes, ya les he prevenido de mi racionalidad. Pues bien, ahora estoy en un auténtico aprieto. Veo argumentos perfectamente racionales para defender una y otra posición.
Veamos si la señora Rosa Díez, por no hablar siempre de los mismos, líder del partido Unión Progreso y Democracia, me ayuda. Su opinión es que se debería prohibir el uso del velo en todo el espacio público por dos razones: es una expresión religiosa y, además, discriminatoria.
¿Prohibimos entonces por ley todo aquello que sea expresión religiosa y discriminatorio en el espacio público? ¿Prohibimos todo aquello que sea una expresión religiosa? ¿Prohibimos todo aquello que sea discriminatorio?
¡Más jueces! ¡Más cárceles!
Este es uno de los grandes males de la política en España. Aquellos que deberían ser más prudentes, menos viscerales, más cercanos a la complejidad de las relaciones humanas, de las dinámicas de los grupos, en definitiva, más serios son precisamente los que se apuntan rápidamente a un bombardeo y van improvisando en función de los titulares de prensa más polémicos.
Mi humilde opinión es que, como sociedad, tenemos un reto acuciante que, a la vista está, no es fácil: vivir juntos.
Claude Lévi-Strauss decía que probablemente todos los grandes dramas contemporáneos tienen su origen directa o indirectamente en la dificultad creciente que tenemos los humanos de vivir juntos.
El caso de Najwa nos muestra de forma nítida una realidad que nos resistimos a ver. Hay musulmanes en nuestro país y, sorpresa, hay musulmanes españoles. El debate profundo yo creo que está allí. ¿Aceptamos la realidad de que España está habitada por españoles (españoles, no inmigrantes a los que, según algunos, se les puede echar, no empadronar, marginar, etc.) que son musulmanes?
Lejos de mi intención está defender el velo, el pañuelo o el hiyab. Lejos también el demonizarlo. Me guste o no, es una realidad con la que hay que convivir. Lo que trato de combatir, por peligroso, es la idealización del victimismo.
Me explico. El 16 de abril, estuvo en Barcelona el doctor Vanik Volkan, psiquiatra y psicoanalista, asesor, mediador en conflictos internacionales y tres veces candidato al Premio Nobel de la Paz. En su conferencia, decía que cuanto más amenazada está nuestra identidad colectiva, más nos enganchamos a ella. Y podemos llegar a hacer infinidad de cosas para protegerla. Incluso, decía, actos masoquistas (para los que crean que el velo discrimina a la mujer, valdría la pena reflexionar sobre esto último). También decía que hay una especie de amplificadores culturales que nos une a nuestro grupo de referencia.
Mi intención no es agotar el tema con una sola explicación pero ¿podríamos pensar en el pañuelo como en un amplificador cultural? ¿Podemos afirmar que los musulmanes tienen motivos para sentirse agraviados?
Por otra parte, ¿podemos afirmar que muchos europeos sienten que el islam amenaza su identidad? ¿Podemos afirmar que este hecho hace que mucha gente se enganche a una idea estática, rígida y excluyente de la identidad europea?
Vayamos ahora a mi otro país, Marruecos.
Leí en la revista Tel quel (número 417) y posteriormente en la prensa española y francesa que, el mismo día en que se celebraba en Granada la primera cumbre entre Marruecos y la Unión Europea, comenzó un goteo de expulsiones de cristianos del país, acusados de un delito de proselitismo, que aún no ha finalizado. Esta realidad esconde otra: la existencia de marroquíes cristianos.
Aicha Akala y Hassan Hamdani, los dos periodistas de Tel quel que firman la noticia, afirman que el problema es cultural, social e identitario, y se preguntan si tiene sentido, en un país que se pretende moderno, silenciar la realidad de miles de marroquíes.
Nuevamente, la cuestión identitaria en primer plano.
Acabo de leer un ensayo monumental, La idea de la justicia, de Amartya Sen, del que citaré un pequeño parágrafo: “La función de la democracia en la prevención de la violencia comunitaria depende de la habilidad de los procesos políticos incluyentes e interactivos para meter en cintura el fanatismo venenoso del pensamiento divisionista”.
Este es el reto. Cojan el guante señores políticos y, si son ustedes viscerales, absténganse de presentarse a las elecciones.
Saïd El Kadaoui es psicólogo y escritor
Ilustración de Alberto Aragón
SANTIAGO BARAMBIO
En estos días en los que se ha reeditado para la arena pública la dicotomía aborto sí, aborto no de 1985, los que no nos dejamos engullir por la inercia del reduccionismo interesado recordamos que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción del Embarazo se elaboró, entre otras razones, para superar una ambigüedad que mermaba la seguridad jurídica de mujeres y profesionales.
Una norma que aún tiene pendiente su desarrollo reglamentario, la verdadera ley, del que dependerá que los acertados principios sean un hecho. La normativa, que entrará en vigor el 5 de julio, pretende que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de igualdad y gratuidad en todo el territorio, para lo cual se prevé la formación de los profesionales, la regulación de la objeción de conciencia y el desarrollo de una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva.
Más allá de la regulación de la objeción de conciencia, que en mayor o menor medida puede mermar la resistencia a la realización de abortos provocados, mi propia experiencia me muestra que existe una clara reticencia por parte de los médicos en general, y de los ginecólogos en particular, a realizar interrupciones de la gestación. ¿Por qué? La respuesta es simple: toda prestación no normalizada (aunque sí reconocida) por el Sistema Nacional de Salud “no existe” y, si no existe, no suma sino que resta proyección profesional. En consecuencia, y hasta que esa necesaria normalidad sea un hecho, podemos encontrarnos con que la mujer que va a interrumpir su gestación lo haga en las manos de médicos que no desean hacer abortos y que, de hacerlos, los harán aplicando conocimientos obstétricos que poco tienen que ver con las técnicas específicas de aborto provocado, disminuyendo la calidad de la prestación.
Porque a nadie debería pasar desapercibido que, mientras que los profesionales de los centros especializados se han formado en esta práctica sanitaria, la mayoría de los médicos y sanitarios del ámbito público no sólo no han recibido formación curricular, sino que tampoco han adquirido los conocimientos de la práctica después. En este sentido, la postura de algunas universidades que se niegan, desafiando la ley, a formar a los futuros médicos y sanitarios en el recurso del aborto, no nos permite ser optimistas.
Por otra parte, nadie debería obviar que, aun reforzando las estrategias comunes a través de mecanismos como el Consejo Interterritorial de Salud, resulta complicado que algunas consejerías de Sanidad se presten a facilitar y a no impedir la prestación. En la línea de rebelión contra las normas generales, basta recordar cómo en algunas comunidades se están cerrando los centros de atención y educación sexual para jóvenes, como se están recortando, cuando no suspendiendo en beneficio de organizaciones religiosas y de asociaciones antiaborto, la financiación a las entidades especializadas en Salud Sexual y Reproductiva; suficiente recordar estas y otras decisiones similares de algunos gobiernos autonómicos para entender que la alergia que a algunos les produce la educación y la atención sexual resultará “patológica” en la aplicación de la nueva ley. Y así puede darse el caso de que proliferen los centros de asesoramiento financiados públicamente, en los que el principal objetivo sea culpabilizar a la mujer. Puede darse el caso de que los requisitos que se pidan a los centros (públicos o privados) para la realización de una cirugía menor ambulatoria (el 90% de los abortos) sean los propios de un gran hospital (como de hecho ya sucede en algunas autonomías), de tal forma que, llegado el caso, no haya centros. Incluso puede darse la ocasión de que se reediten las inspecciones políticas basándose en un supuesto tratamiento incorrecto de los residuos, la supuesta ilegalidad de las intervenciones o la custodia de los datos, como ya ocurriera con el caso Isadora.
Pero, ante todo, lo que resultaría más lamentable es que la asimilación de esta prestación por el sistema público no contemplara su carácter diferencial, reduciendo esta a un servicio más en el que la mujer sería la principal perjudicada.
En el marco de ese esfuerzo, nuestros políticos, pero sobre todo nuestra comunidad médica, deberían entender que la interrupción de embarazo es una práctica socio-sanitaria que no sólo demanda técnicas propias en el ámbito estrictamente médico, sino que abarca aspectos sanitarios, psíquicos, íntimos y sociales que hay que seguir abordando con todas las garantías. Si estos aspectos no son tratados uno por uno por profesionales de diversos ámbitos, con experiencia y sin juicios previos de carácter moral, es decir, si no se mantienen o se crean unidades especializadas en interrupción del embarazo, se puede producir el mal llamado “síndrome post aborto”.
Si el paso que una mujer da en difíciles circunstancias se banaliza o se convierte en una acción sanitaria de trámite, se está frivolizando una de las decisiones más complejas para la mujer, se ningunea su decisión, se culpabiliza su derecho y se puede provocar un daño.
Resulta decisivo que el reglamento en fase de elaboración aborde estos y otros aspectos. De no hacerlo, la nueva norma estaría obviando la realidad social, personal y sanitaria de miles de mujeres.
Santiago Barambio es presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)
Ilustración de Patrick Thomas
SAÏD EL KADAOUI MOUSSAOUI
Ilham Moussaïd debe de haber perdido la cuenta de los artículos que, sobre ella, se han publicado en los periódicos europeos. Tanto ruido, no es por ocupar el cuarto lugar de la lista política del partido anticapitalista (NPA), por el departamento de Vaucluse, con vistas a las elecciones regionales que se celebrarán hoy en Francia. El motivo que ha despertado el interés es que cubre su cabeza con un pañuelo, signo explícito de su fe musulmana.
¿Es compatible el pañuelo con el ideario político de un partido de extrema izquierda? ¿Es coherente que una mujer feminista cubra su cabeza con el pañuelo musulmán?
A veces tengo la impresión de que en Europa, y especialmente en Francia, le estamos cogiendo el gusto a que el debate se eleve por encima de la pesada realidad y se quede en el ancho mundo de las ideas.
Ilham Moussaïd es una joven de 23 años, estudiante, originaria de Marruecos que emigró a Francia a la edad de tres años. Hasta donde yo sé, un buen día, decidió, a diferencia de sus hermanas, cubrir su cabeza con el pañuelo.
En mi opinión, este trozo de tela, en jóvenes como ella, ya no puede ser analizado solamente desde una perspectiva religiosa. En el caso de las jóvenes europeas, tenemos que situar el debate en la relación que establecen con el país que las ve crecer.
Creo que tiene mucho de rebeldía, de inconformismo, de voluntad de emanciparse de una sociedad más cerrada de lo que se cree, obsesionada por algunas cosas y relajada en otras que, a su juicio, son más
importantes.
El pañuelo ya ha dejado de ser lo que era. En Europa, también es una forma de decir: aquí estoy, me tienes que ver y me tienes que aceptar como soy. ¿No somos todos iguales?
La noticia en el caso de Ilham es que ella ha encontrado una salida más que digna a su inquietud y quiere representar a la gente que, como ella, procede de los barrios más pobres, luchar por lo que ella cree utilizando una vía elaborada y muy adecuada: la política. Escuchémosla y que la voten aquellos ciudadanos franceses a los que convenza.
Creo sinceramente que también tenemos que ser críticos con nuestras obsesiones. El pañuelo musulmán lo está siendo. Tengamos claro, eso sí, los límites que no son otros que los de la dignidad y la autonomía personal. No me parece, aunque no me gusten los pañuelos, que Ilham sea una mujer víctima de una sistema patriarcal asfixiante o de una visión retrógrada de la religión musulmana. Sí que me atrevería a decir, en cambio, que, de forma un tanto idealista, adecuada a la edad, e ingenua, trata de mantenerse fiel a su origen denigrado y de plantarle cara a su sociedad actual poniéndola en un aprieto.
Seguramente ella no estará de acuerdo pero yo creo que tiene mucho de actitud defensiva. ¿Tienen razón de ser este tipo de actitudes? ¿Hemos hecho algo mal para que muchos hijos de inmigrantes no se sientan bien en su país? Me gustaría ver, escuchar y leer que en Francia, el paraíso de los debates, se formulan también estas preguntas.
La lógica de la exclusión actúa y genera reacciones desmesuradas, inadecuadas o polémicas. Lo importante es ver cómo la combatimos como sociedad. En este caso yo resaltaría que Ilham tiene 23 años y va en las listas de un partido político. Con el desinterés creciente de los jóvenes por la política, esta debería ser la noticia que, además, puede contener un mensaje muy positivo para otros hijos de inmigrantes: aquí tenéis un camino para combatir las injusticias. No es con la violencia que resolveréis vuestros males.
En España, he escuchado demasiadas veces que lo que sucede en Francia no nos llegará. De forma un tanto ingenua, estas voces parecen querer decir que aquí hacemos las cosas mejor.
Sin embargo, yo creo que Francia tiene más elementos a favor para ayudar a la integración de la gente originaria del Magreb. Conserva una influencia nada desdeñable sobre buena parte de estos países, traduce a muchos más autores e intelectuales árabes que nosotros, cuenta con más escritores originarios de estos países que escriben directamente en su lengua, el francés es un idioma que buena parte de los magrebíes siente como propio y, en general, conoce más y mejor su complejidad cultural. Y aún así, los problemas son muchos.
Si queremos aprender algo de sus errores, la lección principal a extraer es, a mi juicio, la de intentar combatir los guetos y luchar por la igualdad de oportunidades. Una asignatura pendiente en Francia.
El día 19 de febrero nos despertamos con la noticia de que en Pisos Planes, una barriada del municipio de Vendrell (Baix Pendès, Catalunya) se había producido un enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y un buen puñado de vecinos. La chispa que provocó el enfrentamiento fue la solicitud de la documentación a un joven marroquí que llevaba hachís encima. Imposible evitar el temor de que aquí suceda lo que en las banlieus (Francia) en el año 2005.
En 2004 se aprobó en el Parlamento catalán una de las leyes que, en mi opinión, están más encaminadas a hacer frente a este tipo de problemas: la ley de barrios. A grandes rasgos, es una ley que propone una intervención integral en barrios con el objetivo de evitar su degradación y mejorar las condiciones de la gente que vive en ellos. El espíritu de esta ley es el de actuar sobre el conjunto y no sobre el individuo. Ayudar a resolver los problemas estructurales y, de paso, evitar estigmatizar de nuevo al colectivo originario de la migración como el receptor de todas las ayudas en detrimento de la necesidad del resto.
El dinero escasea y debemos de invertirlo en buenas ideas. Esta, desde luego, lo es.
Saïd El Kadaoui Moussaoui es psicólog y escritor
Ilustración de Miguel Ordóñez
NAZANÍN AMIRIAN
Ya nos había avisado Marx de que alcanzar el progreso no iba a ser un proceso histórico lineal. En los últimos 30 años, a las violaciones tradicionales a los derechos de la mujer, basadas en una arraigada convicción en su inferioridad, se ha sumado el modo de hacer de una nueva Santa Alianza. Compuesta por la versión más agresiva del neoliberalismo y de los fundamentalismos
reaccionarios, su asalto a las conquistas sociales a nivel mundial ha supuesto la pérdida de los derechos más básicos para millones de mujeres.
En su afán de minar las fronteras de la URSS, EEUU apoyó a la ultraderecha religiosa –desde Irán y Afganistán hasta Polonia– para poner fin a aquellos estados semi laicos. Estrategia que se llevó por delante la posición pública de la mujer, su acceso al empleo y a la educación, sus libertades sociales y personales.
La violación de los derechos humanos de la mitad de la humanidad nace precisamente ahí donde algunos ven victorias. Y las mujeres más afectadas por esta regresión han sido las que habitan en tierras musulmanas y las del bloque ex socialista.
Declarar a la mujer como “un ser medio humano” ha sido la seña de identidad de aquellos hombres que tomaron el poder en nombre de Dios, confundiendo el pasado con el presente. El nuevo totalitarismo ha permitido la adaptación de la vieja Inquisición (con tormentos públicos incluidos) sin que se remuevan las estructuras de su Historia. Han llegado a reglamentar hasta el color de los tejidos, legalizado la pedofilia al reducir la edad nupcial de niñas, santificado la violencia de género, apartado de la toma de decisiones por su divinizada inferioridad. Así fue posible la resurrección de la caza de brujas, esta vez de cientos de miles.
En el bloque ex socialista, cuyas mujeres gozaban de mayor igualdad que las occidentales, el ajuste estructural acabó con la “teoría socialista de la emancipación” y con la amplia red de apoyo estatal a las mujeres, restaurando en su lugar los antaño roles cavernícolas del hombre como proveedor de sustento y de la mujer dedicada al cuidado de la cría.
Polonia sustituyó el socialismo por el capital-catolicismo y desmanteló las garantías estatales que disfrutaban las mujeres, como disponer de guarderías, de empleo fijo o de subsidios a la vivienda.
La tasa de desempleo femenino, que es diez veces mayor que la de los hombres, les fuerza a muchas convertirse en amas de casa, inmigrantes, o carne blanca del mercado de “contactos”.
Para las mujeres de la RDA, la reunificación de Alemania supuso, de estar contratadas en casi un 90%, a pasar a formar parte del 62% de los parados del país. En Oriente Medio y los países poscomunistas, hoy hay menos mujeres en los cargos públicos que hace 40 años.
China, que con su revolución había demostrado cómo en pocas décadas la economía socialista había sido capaz de paliar las desigualdades (frente a la India, otro gigante), hoy obliga a sus mujeres a pagar el precio del
desenfrenado desarrollo económico del país a beneficio de los mercaderes.
Las cifras son contundentes: la femenización de la pobreza, que excluye a quien la padece del desarrollo personal, la formación, la política, el arte, el ocio, la amistad o el amor, es el motivo de que la mayoría de los 1.020 millones de almas que duermen con el estómago vacío, así como de 20.000 personas que mueren al del hambre, sean mujeres. En un lugar como el África Subsahariana, ellas producen el 80% de los alimentos, mientras poseen tan solo el 1% de la tierra.
En acecho, los patrones de industria bélica, que ofrecen salidas a su desesperación: unos 59.000 efectivos femeninos han sido desplegadas en las guerras contra Afganistán e Irak.
La mayoría de los 125 millones de los excluidos del privilegio de vivir la magia de las letras son mujeres. Es así como las engañan para que firmen documentos en los que regalan sus pocos bienes o, incluso, renuncian a la custodia de sus hijos.
Cientos de miles mueren al año durante el parto, dejando huérfanos a millones de niños. Muchas son “niñas-esposas” de 12-14 años, víctimas de la prolongación de infanticidio femenino; 130 millones son sometidas a la mutilación genital.
Aquellas que consiguen huir de las guerras, del hambre y de la opresión, convirtiéndose en el 80% de los errantes del mundo, viven el terror y vejación en los campos de refugiados.
El feminicidio de la Ciudad Juárez es sólo una macabra muestra de cómo la impunidad es una aliada imprescindible que facilita el secuestro, la tortura, la violación y el tráfico de millones de mujeres a nivel mundial, algunas de tan solo 7 u 8 años. Detrás se encuentran hombres honorables de los cinco continentes.
La escasa presencia mujeres en puestos de poder –en sí un avance– no ha sido ningún consuelo. Ahmadineyad, mientras criticaba al marxismo de promover la “perversa” idea de igualdad entre las personas, colocaba en su gabinete a mujeres para que defendieran la discriminación positiva del hombre en las universidades, con el fin de reducir la presencia de las mujeres en esos centros, un asunto que les trae de cabeza. Ni qué decir de las Condoleezza Rice o las Imelda Marcos, entre otras.
Sin un programa a favor de los derechos de las desfavorecidas, la mera presencia de la mujer en la toma de decisiones no es más que una mera operación de maquillaje o de nepotismo.
En Occidente, por otro lado, las carencias en los derechos de las mujeres inmigrantes se han despolitizado para vincularlas, sospechosamente, a un debate sobre “cultura y estilo de vida”.
Y a las que viven en los relativos (aun) paraísos: ¡atentas!, porque las conquistas sociales son absolutamente reversibles.
Nazanín Amirian es profesora de Ciencia Política de la UNED
Ilustración de Gallardo
NICOLE THIBON
Van a ser las mujeres nuevamente engañadas por la historia? Es legítimo temerlo en el caso de las afganas, donde Hamid Karzai pretende un “plan de reconciliación con los insurgentes”. ¿Dialogar con los talibanes? La idea puede parecer descabellada en un momento en que se intensifica la guerra; sin embargo, varios países financiarán el plan de paz de Karzai.
Esta política de “mano tendida”, desarrollada en la Conferencia de Londres del 28 de enero de este año, mientras la insurrección de los talibanes nunca estuvo más lejos de ser contenida, se desplegará en dos terrenos: el de la reintegración y el de la reconciliación. La reconciliación pretende abrir un diálogo con los jefes de los insurrectos, en particular con ciertos elementos del Estado Mayor del movimiento talibán (Emirato Islámico de Afganistán), replegado en Quetta, en el Baluchistán pakistaní, o sea, en el foco más ideológico de la insurrección. Karzai asegura que de ninguna manera se trata de dialogar con los talibanes vinculados a Al-Qaeda, pero no descarta hacerlo con el célebre Mulá Omar, ex brazo derecho de Bin Laden. Por otra parte, Obama ha quitado a cinco ex responsables talibanes de la lista negra. Sería cosa de hallar la perla rara: los talibanes moderados, dispuestos a respetar la Constitución afgana actual, mientras su Estado Mayor exige la salida previa de las tropas extranjeras y mantiene su objetivo de restablecer el “emirato islámico” construido entre 1996 y 2001. Ocho años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes reciben una suerte de invitación a volver a participar. Para gran parte del pueblo afgano, esta propuesta señalaría el regreso a los años de plomo anteriores a 2002.
Como un puñado de heroínas que arriesgan su vida por los derechos de las mujeres, la afgana Shukria Haidar lucha desde hace 30 años por que “no se olvide allí la suerte de las mujeres”. Ex campeona de ping-pong, expulsada –a causa de su militancia– del Comité Olímpico Internacional, refugiada en París desde el golpe de Estado pro soviético de 1978, Shukria volvió a su país en 1989, cuando la retirada del Ejército Rojo. La esperanza renació en todos los afganos cuando el partido islámico tomó el poder en 1995. Shukria organizó entonces un proyecto de ayuda al deporte femenino: “Quería recoger fondos para construir terrenos deportivos y conseguir material para liceos y colegios”, dice.
La llegada de los talibanes puso fin a este proyecto –como a tantos otros–.
Shukria tuvo la “impresión de que el cielo se (le) cae encima…”. “Sabíamos de qué habían sido capaces en las ciudades controladas por ellos: prohibición de escuelas para las niñas, burka obligatorio, acceso a los hospitales prohibido a las mujeres, prohibición de trabajar”. Para ella, como para sus camaradas, que crearon la asociación Negar de apoyo a las mujeres afganas, lo urgente ya no era el deporte, sino “los más elementales derechos de la mujer”. Con su asociación creó escuelas clandestinas, 26 en Kabul, y sembró centros sanitarios por todo el país y en los campos de refugiados: “Varios miles de mujeres trabajan allí con nosotras”. En junio de 2000, 300 de ellas se encontraron en Duchambé (Tayikistán), donde redactaron una Declaración de derechos fundamentales de la mujer afgana. Shukira multiplicó sus conferencias, también en Francia, veladas de debate, campañas de prensa para “mostrar el verdadero rostro de los talibanes… Las condiciones que imponen a las mujeres no forman parte de la cultura afgana ni del islam. Encerradas en sus casas, las mujeres no pueden salir sin que las acompañe un hombre y ni siquiera tienen derecho a escuchar música”, explicaba hace diez años Shukria al periódico francés Le Monde.
Desde entonces, a pesar de un cierto reconocimiento de los derechos de las mujeres afganas por el Gobierno de Karzai, estos se violan de manera recurrente: ataques contra las que se implican en la vida pública, violencias generales siempre impunes, casamiento de niñas y casamiento forzado, acceso vedado de la mujer a la justicia y de las niñas a la enseñanza secundaria. Las mujeres implicadas en la vida pública son objeto de amenazas y maniobras de intimidación. Muchas de ellas han sido asesinadas, pero ningún asesino ha sido llevado ante la justicia. El asesinato en 2009 de Sitara Achakzai, política y valiente militante de los derechos humanos, conocida por su manera directa y clara de hablar, fue una advertencia más dirigida a todos las que se inmiscuían en la vida pública. Una oficial de policía recibió amenazas de muerte: “Me dijeron que matarían a mis hijas”. “La situación de las mujeres y jóvenes afganas es alarmante y corre peligro de empeorar”, declaró recientemente Rachel Reid, especialista de Human Rights Watch sobre Afganistán. “Mientras el mundo tiene la mirada clavada en la nueva estrategia de la administración Obama en cuestiones de seguridad en Afganistán, es absolutamente esencial asegurarse de que los derechos de mujeres y jóvenes no se queden en un piadoso deseo y que se pongan en primera fila de las prioridades tanto de los gobiernos como de los proveedores de fondos”.
“Las mujeres no son una prioridad para nuestro Gobierno ni para la comunidad internacional… Hemos sido olvidadas”, dice Shinkai Karokhail, parlamentaria. “El presidente Karzai tiene mucho que hacer si quiere redorar su imagen moderada respecto de los derechos de las mujeres”, añade Rachel Reid. En la Conferencia de Londres, Hillary Clinton dio prueba de fina analista y optimismo desbordante: “La premisa de partida es que uno no hace la paz con sus amigos. Debéis ser capaces de negociar con vuestros enemigos”. El problema es que, para la opinión general, el Gobierno Karzai es demasiado débil frente a los talibanes. Mientras que Shukria Haidar no cesa de repetir: “No hay talibanes moderados, como nunca hubo nazis moderados”.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
BIBIANA AÍDO Y HARRIET HARMAN
La paridad en la participación pública de hombres y mujeres sigue siendo un horizonte a conquistar y no una realidad plena. Algo, sin embargo, se mueve; lentamente, pero se mueve en esta y en otras materias que tienen que ver con las políticas de igualdad a escala comunitaria. Mujeres y hombres debemos tener el coraje de zarpar hacia el mar abierto de un mundo igualitario, sin que ningún ancla del pasado nos lo impida.
En 1992, ministras y otras líderes de toda Europa celebraron la I Cumbre Europea Mujeres en el poder, que concluyó con la Declaración de Atenas, capital que acogió aquel encuentro. Tanto la reunión como el documento de referencia supusieron un hito y un impulso determinante para la igualdad y el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad política. La Declaración de Atenas contribuyó a que los países miembros de la Unión Europea aprobaran legislaciones y normas que han permitido avanzar hacia una sociedad europea más cohesionada, más justa y más democrática.
Pero, a pesar de los avances, no hemos cumplido el objetivo: la plena participación de las mujeres en la vida pública y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.
El pasado mes de noviembre, eurodiputadas de los principales grupos políticos protestaban en Bruselas vistiéndose a la usanza de los hombres para denunciar la preponderancia masculina en los puestos de responsabilidad de la UE. Las manifestantes amenazaron con boicotear incluso la constitución de la Comisión Europea si se seguía excluyendo de forma tan manifiesta a las mujeres. La realidad es que el progreso es lento y las cifras globales siguen siendo bajas. Así, sólo el 35% de los parlamentarios europeos son mujeres y sólo siete estados miembros alcanzan el 30% en sus parlamentos nacionales.
Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos para alcanzar la democracia paritaria, porque es el punto de partida para la construcción de una democracia que integre a toda la sociedad. Una democracia que no ponga en cuestión la valía de los 250 millones de europeas. Que valore el mérito, la capacidad y la formación por encima de prejuicios.
La realidad es que, en el contexto europeo, las mujeres constituyen el 60% de las personas que se licencian y los datos estadísticos reflejan que lo hacen con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Aun así, la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de los hombres y su presencia laboral sigue concentrándose en empleos tradicionalmente feminizados y peor remunerados, al tiempo que ocupan menos puestos de responsabilidad y de representatividad en todas las esferas sociales. Tales circunstancias concurren tanto en la política como en el ámbito empresarial, donde la proporción de directoras, por ejemplo, es sólo del 3% en las principales empresas que cotizan en bolsa y sólo uno de cada diez miembros de sus consejos de administración es mujer.
Prescindir de las mujeres no sólo es injusto desde la perspectiva de los derechos, sino que también resulta claramente ineficiente desde el punto de vista económico. La sociedad europea no puede permitirse el lujo de despilfarrar la capacidad, la inteligencia y el capital humano que representa la mitad de la población constituida por las mujeres.
Por esta razón, en el marco de la Presidencia española del Consejo de Europa y a iniciativa de los gobiernos de España y Reino Unido se celebrará mañana en Cádiz la II Cumbre Europea Mujeres en el poder con el objetivo de dar un nuevo impulso a la igualdad como valor político en nuestro proyecto europeo. Esta cumbre coincide con la conmemoración de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing y con un momento clave de transición para Europa, con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa e inmersa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo.
Coincidimos en la necesidad de que este nuevo modelo ha de estar basado en el conocimiento y en la innovación, ha de ser socialmente sostenible, debe incorporar todo el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrar la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas y profundizar en la conciliación de los tiempos de vida. En suma, la prosperidad ha de venir a partir de que se utilicen mejor y de forma más inteligente e incluyente todos los recursos y de aprovechar la capacidad de toda la población.
Hombres y mujeres tenemos que ser necesariamente cómplices de esa aventura común a la que llamamos futuro. No se trata de otorgar favores o privilegios, se trata de entender que la igualdad real y efectiva no se logrará en tanto en cuanto las mujeres no compartan todos los espacios de poder en igualdad de condiciones con los hombres. La falta de presencia de las mujeres impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.
La vieja Europa mira hacia 2020 y, en ese escenario, definitivamente, no pueden estar ausentes las mujeres. Ya es hora de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.
Tenemos que continuar mejorando nuestras democracias, pero ya, definitivamente, sin que el sexo sea en ningún caso motivo de discriminación.
La igualdad de participación de mujeres y hombres es necesaria para reforzar la democracia, esencial en la construcción de una sociedad más representativa, políticamente más dinámica, más solidaria y económicamente más rentable; y constituye un factor de cohesión y justicia social. Parecerían obviedades si no hiciera falta repetirlas, porque, por mucho que conozcamos la música de esas palabras, seguimos sin aprendernos y sin aplicar su letra.
Tenemos una responsabilidad inaplazable; no es tiempo de seguir negando la participación de las mujeres, de seguir hurtándoles los espacios que también son suyos. Ya son demasiados siglos de trabajo, demasiadas generaciones empeñadas en un mismo objetivo.
Luchar por la paridad no sólo beneficia a las mujeres, sino a todos los demócratas, porque se trata de una cuestión de derechos, de reparto de la riqueza y del poder, para el bien común. Esperemos que la Declaración de Cádiz sea la última, la que definitivamente nos permita navegar hacia el rumbo que unos y que otras nos propongamos, sin que nada nos retenga en un mismo muelle eterno. Esperemos que, a partir de este encuentro, el viento de la historia sople definitivamente a favor de una causa que debiera ser de todos los hombres y de todas las mujeres.
Bibiana Aído es ministra de Igualdad de España
Harriet Harman es líder de la Cämara de los COmunes y ministra para las Mujeres de Reino Unido
Ilustración de Alberto Aragón
LIDIA FALCÓN
A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la Justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado: llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia, el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Jersey, abochornó a la mujer –a la que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies– lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, de desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.
María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de 5 años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero esta no conocía el talante de los jueces esta-
dounidenses, porque, cuando se presentó ante el tribunal, en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.
Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo– han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que, si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija, alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que, además del encierro, está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.
Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula La guerra contra las mujeres, en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, fue escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.
No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el Gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar –ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José– y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahui despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo –condenado a 11 años por un manifiesto– que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. He leído la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso hasta hace pocos días en Copenhague.
Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.
Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y, por tanto, está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.
Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo–: ¿qué hace el movimiento feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y, por ello, está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático. ¿Qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?
Lidia Falcón es periodista y escritora
Ilustración de Miguel Ordóñez
