ANTUMI TOASIJÉ
Varios vídeos que hoy en día pueden visualizarse en Internet bajo el título White doll, black doll o Black doll, white doll muestran el mismo experimento llevado a cabo en Estados Unidos con varias décadas de diferencia. En los vídeos más antiguos podemos ver referencias al estudio del matrimonio de psicólogos africano-norteamericanos Kenneth Clark y Mamie Clark, llevado a cabo entre los años 1939 y 1940 y filmado también en los cincuenta. En el mencionado experimento, se exhibe individualmente a niñas y niños negros de corta edad dos muñecos con aspecto de bebés, idénticos salvo por el hecho de que uno de ellos es negro y el otro blanco. El resultado muestra que la inmensa mayoría de los niños negros eligen a los muñecos blancos y desechan los negros. Cuando se les pregunta, los niños aseguran que los muñecos negros se les parecen más, pero que son “malos” o “feos”. El horrible dato, contextualizado, hiere pero no hace sangrar: gracias al peritaje de los Clark, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en 1954 que las escuelas segregadas eran inconstitucionales. ¿Eran otros tiempos?
En 2006, una estudiante neoyorquina negra de 16 años rueda el documental A girl like me (Una chica como yo). La muchacha había aprendido en su entorno familiar a estimarse y sentirse orgullosa de ser negra y en el documental recoge una serie de testimonios que revelan los estereotipos estético-raciales y, sobre todo, los complejos de los propios africano-norteamericanos contra el pelo rizado, los rasgos africanos o la piel negra. En el filme se decide a repetir el mismo experimento que hubieran llevado a cabo los Clark. ¿El resultado? El horror: nada ha cambiado, las niñas y niños negros siguen prefiriendo los muñecos blancos, se siguen reconociendo en los muñecos negros y siguen diciendo que los muñecos negros son “malos” o “feos” y los blancos “hermosos”. Tras la exhibición de Una chica como yo, varias cadenas de televisión decidieron repetir por su cuenta el experimento, con iguales resultados. ¿Qué estaba pasando en las mentes de esos pequeños para que se odiaran tanto a sí mismos? Tal vez parte de la respuesta la encontremos en la excelente película de Spike Lee Bamboozled, en la que un productor blanco de contenidos televisivos y un guionista negro en horas bajas deciden recrear los personajes propios del minstrel –precursor de los musicales norteamericanos–, en el que se representa a los negros como estúpidos, campechanos, graciosos, glotones tragones de sandías, vagos y ladrones, cantan y bailan grotescamente al estilo del viejo sur, tienen el rostro pintado con carbón y los labios embadurnados con carmín.
La imagen de las personas negras se ha ido perfilando principalmente representada por blancos cargados de prejuicios racistas. España no es una excepción. Con el tiempo, los conocidos Conguitos han ido cambiando su chocante e insultante fisonomía, pero otros productos siguen manteniéndola tercamente en pleno siglo XXI. Hace poco, La Cubana estrenaba el musical Cómeme el coco, negro, en cuyo cartel se ofrecía la agraviante imagen de uno de esos grotescos mal llamados “negritos” de labios rojos que todo el mundo conoce. Poco después, una popular publicación escribe con total desvergüenza acerca del disfraz de Halloween de la hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt: “Me han vestido de Batman para no tener que limpiarme la cara de betún”.
En este contexto, el Centro Panafricano lanza una campaña contra los Baltasares pintados. Cada año, millones de niños se agolpan alrededor de los recorridos de las cabalgatas en la víspera del Día de Reyes para ver llegar, con permiso del intruso Papá Noel, a los ídolos de la Navidad española. Ya se sabe que, inicialmente, la tradición de los Reyes Magos no especificaba las razas de los oferentes que representan la sumisión de las creencias paganas a Jesucristo. Con el correr del tiempo y, sobre todo, a partir del siglo XVI, se decidió que los magos serían tres y que uno de ellos sería negro. La figura de Baltasar recoge un mito común en la Europa medieval: en aquella época, la mayor parte del oro que pasaba al norte del Mediterráneo procedía del África negra. El emperador de Malí Mansa Musa se había ganado fama de generoso por sus regalos en oro durante su peregrinación a la Meca de 1324-1326. Así se fue configurando una bella tradición que, al margen de creencias religiosas, pone sin duda en una posición muy honrosa a las personas negras, porque una buena puesta en escena hace más que cien campañas institucionales contra el racismo. Sin embargo, también año tras año, toda una serie de individuos, a menudo concejales y personajes públicos, insisten en estropear el efecto positivo de Baltasar, presentándolos ridículamente embetunados y a veces con chillones labios rojos, como en la peor época del ministrel del profundo y racista sur.
Los niños no son tontos, saben que esto es una impostura, suelen huir de un Baltasar cuyos pringosos besos destiñen y manchan. Pero también se hacen preguntas. Los niños negros se preguntan: ¿por qué no podemos ser públicamente y orgullosamente negros, por qué nos tienen que representar como monstruos? Y los niños blancos se preguntan: ¿por qué los negros no pueden participar en las fiestas?
Integración no significa comer plátano frito con paella en ferias gastronómicas, sino que va más allá: es un esfuerzo colectivo por el reconocimiento y la visibilidad de la diversidad. La visibilidad de la existencia de los africano-descendientes que también cada día hacemos este país es una acción positiva que debe penetrar las psique de los niños negros y los niños blancos para que llegue el día en que elijan los muñecos en base a sus gustos personales y no en base a traumas inducidos por adultos absurdos y desfasados.
Antumi Toasijé es historiador Panafricanista. Director del Centro de Estudios Panafricanos
Ilustración de Javier Olivares
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
Que el sistema de instrucción público está completamente deteriorado en el Estado español (y mucho más en la Comunidad de Madrid) es incontestable. Hace 25 años, antes de la LOGSE, los institutos y colegios públicos superaban a los privados en todos los ranking de calidad, con una ventaja masiva y apabullante. Ahora llevamos camino de invertir por completo esta situación. En muchos casos, incluso, la enseñanza pública se ha convertido en impracticable y ha dejado paso a la pura y descarnada asistencia social, de modo que la vida en los institutos se asemeja cada vez más a la de los reformatorios o los manicomios.
Es indudable la responsabilidad de los ministros de Educación en este naufragio. Aun sin voluntad premeditada de agredir a la enseñanza pública, es imposible que hayan ignorado las causas elementales del desastre. Y en ello el PSOE y el PP no han sido tan distintos. Más bien, cada uno a su manera, han cerrado la pinza sobre la instrucción pública hasta acabar por asfixiarla. En sus acusaciones recíprocas, unos y otros se cuidan muy mucho de aludir a lo que en verdad ha sido el cáncer del sistema educativo: la enseñanza concertada.
Sin duda la LOGSE marcó la tendencia hacia la calamidad actual. Pero no por lo que se suele decir (aunque también). Sus defensores siguen argumentando que se trataba de una buena ley, pero que faltaron recursos para aplicarla. Como si ignoraran que no hay nada tan destructivo como una ley inaplicable. Las malas leyes acaban por acomodarse a la realidad produciendo efectos medianos. Las leyes que no se pueden aplicar, en cambio, destruyen lo que hay sin ofrecer nada a cambio. En esto, es indudable la responsabilidad de los pedagogos propagandistas que cantaron las alabanzas de la “cultura del aprendizaje” (frente a la de “la enseñanza”) y de las “metodologías personalizadas” en régimen de “tutorías” y “clases participativas”, porque no podían ser tan idiotas (como tampoco lo son hoy con el asunto de Bolonia, en el que repiten la jugada) de ignorar que estaban construyendo con humo.
De todos modos, con el tiempo, la LOGSE habría acabado también por volverse razonable si el PSOE hubiera hecho lo que tenía que hacer: suprimir la enseñanza concertada. Esa era la premisa sine qua non para que ese tinglado de despropósitos y buenas intenciones pudiera cuajar de alguna forma. Al extenderse la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, en realidad, se daba un gran paso adelante. Pero delante había un abismo, al menos mientras se mantuviera abierta la posibilidad de que las clases acomodadas y medias optasen por la enseñanza concertada o privada. Actualmente hay no pocos profesores de instituto, incluso muy de izquierdas, que llevan a sus hijos a colegios concertados. Saben muy bien que las bolsas de población más desfavorecidas y problemáticas han acabado concentradas en la enseñanza pública y que esta no tiene ni de lejos recursos suficientes para estar a la altura. Ni los tendrá. Las políticas educativas (y más que en ningún sitio en la Comunidad de Madrid) se orientan cada vez más a proteger la enseñanza concertada del desastre social instalado en la enseñanza pública. Habría, desde luego, una posibilidad de revertir la tendencia: que la ley obligara a todo cargo público a escolarizar a sus hijos en guarderías, colegios e institutos elegidos por sorteo entre, por ejemplo, los 25 más cercanos al domicilio. Así tendrían que enfrentarse a la realidad de ver a sus hijos en clases que están llegando ya a los 40 alumnos, con tasas de inmigración y marginalidad altísimas, con profesores precarios que no imparten su especialidad y que, además, tienen que dedicar la mitad de su tiempo a complacer a los pedagogos con memorias, programaciones y controles que simulen una imposible atención personalizada de esta conflictiva multitud. Es obvio por qué no se legislará en ese sentido.
La situación actual es que los colegios concertados han encontrado mil maneras de burlar la ley y filtrar la extracción social de sus alumnos exigiendo tasas y donaciones o declarando tener cubierta la ratio de alumnos prescrita. Ello ha abierto en el mundo de la enseñanza el abismo de la clases sociales, dejando a la enseñanza pública la parte más conflictiva. Mientras tanto, estamos pagando con nuestros impuestos una plantilla de profesores nombrados a dedo por empresas y sectas privadas, como si nunca hubiera existido la Ilustración y viviéramos de nuevo en el medievo feudal. Todo en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados. Los hijos no tienen por qué cargar sin protección alguna con el peso de haber tenido unos padres talibanes o testigos de Jehová o del Opus o de ETA. Hace ya mucho que existió algo llamado revolución francesa y que se comprendió que un sistema público de enseñanza servía precisamente para eso.
Algunos artículos de Público han alertado sobre la merma brutal en la financiación de la enseñanza pública, en especial en la CAM. Es la punta de lanza de un desenlace previsible. Según se va logrando deteriorar el sistema público hasta volverlo impracticable, se encuentran más y más argumentos en favor de la gestión privada. Los votantes de Esperanza Aguirre verán cada vez más lógico desviar fondos públicos para la enseñanza privada. Una secuencia bien conocida del credo neoliberal: primero se asfixian las instituciones públicas que funcionan; luego, se argumenta que no funcionan y se emprende su privatización, pero, eso sí, sin dejar de financiarlas con dinero público. Se trata de una forma de saqueo muy elemental, imprescindible para financiar la actual revolución de los ricos contra los pobres.
Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Gallardo
ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN
La reforma que se ha votado en el Congreso de los Diputados de la legislación en materia de aborto está irritando profundamente a los sectores más conservadores de nuestra sociedad. A la agresiva campaña puesta en su día en marcha por las facciones más reaccionarias de la Iglesia católica, ahora su Conferencia Episcopal Española vuelve a emitir por boca de su portavoz las mayores amenazas de castigos eucarísticos contra los políticos católicos que apoyan y defienden esta ley. Una rebelión clerical que hay que enlazar con campañas y proclamas de naturaleza cientificista y hasta con ñoñas manifestaciones dirigidas por esos mismos sectores en desenfrenada defensa callejera “de la vida”.
Pero algo tan serio para una mujer como es el grave problema de tener que verse en la dificilísima situación de abortar, después de tomar una estricta decisión personal en ese sentido, sin duda de lo que más necesita es de respeto. Del respeto que ha expresado con valentía José Bono a la vez que ponía el dedo en la llaga en el hipócrita planteamiento de la Iglesia católica, herida por la que viene sangrando desde hace tantos siglos. Porque no se puede razonar a través de algarabías de los que gritan por las calles con pancartas insidiosas, ni de sospechosos manifiestos de científicos, ni mucho menos de una posición frontal de la jerarquía eclesiástica que ningún derecho tiene en democracia para interferir en las leyes que se promulgan para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.
Y es que cualquier aproximación que se quiera hacer con rigor a este tema tiene que partir del supuesto de que el aborto es un acto traumático, que ninguna mujer –estoy absolutamente seguro– querría tener que llegar a realizar en su vida; y esa es una realidad tan tozuda que ningún legislador responsable puede desconocer. Por esto mismo, el progresivo tratamiento jurídico-legal del aborto tiene que ir alejándose de su contemplación penal, es decir, de una visión exclusivamente represiva que define como delito cualquier supuesto de aborto provocado, para aproximarnos a una nueva legislación preventiva del acto individual que encierra la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo que no se comprende toda esta algarabía cuando no fue el propósito del Gobierno, y ahora del Parlamento español, desterrar dicho tratamiento penal del aborto. En efecto, lo que ahora se ha hecho ha sido exclusivamente sustituir el sistema de indicaciones incorporado al Código Penal de 1973 –a través de la Ley Orgánica 9/1985– por el sistema de plazos, es decir que se va a mantener el presupuesto básico de la protección penal de la vida humana en formación, estableciendo, al mismo tiempo, los criterios legales concretos de no punibilidad del aborto.
El debate sobre el aborto se ha intentado situar siempre, desde la perspectiva jurídica más tradicional, en el problema de determinar el momento en que el feto, una vez concebido, sea por medio natural o in vitro, comenzaba a ser humano. Pues bien, en este terreno hasta los juristas más santos de la historia han sido prudentes: San Agustín sostenía así que no comenzaba hasta después de 40 días de embarazo y Santo Tomás de Aquino estaba en la misma línea. Hoy en día, el punto de referencia está en el artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”.
Nuestro Derecho es claro en el sentido de que es el nacimiento lo que determina la personalidad y que al concebido se le tiene por nacido, “para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que el feto tuviera forma humana y viviese 24 horas enteramente desprendido del seno materno (artículos 29 y 30 del Código Civil ). El hecho de que el nasciturus, es decir el concebido y no nacido, pueda alcanzar la personalidad con el cumplimiento de esas condiciones no implica en modo alguno un reconocimiento a efectos jurídicos de la existencia de vida en el feto desde el mismo momento de la concepción, sino que pone de relieve que es precisamente el nasciturus el bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra norma fundamental, como señaló el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia del año 1985.
Porque una cosa es que la vida humana en gestación sea por tanto un valor a proteger jurídicamente –como de hecho ya está– y otra distinta que el nasciturus tenga derecho a nacer, ya que, como he dicho, únicamente la persona es sujeto de derecho y lo que determina la personalidad, en el caso que hablamos de la persona física, es el nacimiento. Por consiguiente, no se puede plantear la cuestión, como algunos pretenden, entre una colisión del derecho a la vida y un hipotético derecho de abortar que conferiría a la mujer la nueva ley en proyecto. Tan irreal puede ser ese pretendido derecho a abortar como lo es sostener la hipótesis de que desde la fecundación se posee entidad de ser humano.
En una sociedad democrática avanzada, el problema del aborto sólo se puede entender si se plantea desde el reconocimiento y el favorecimiento legal para que las mujeres puedan decidir. La función de la ley es así establecer los medios para que la mujer, único sujeto directamente interesado, pueda ejercer libremente esta capacidad de decidir irrumpir, o no, voluntariamente un embarazo, que lo pueda hacer a partir de la edad que el legislador estime razonable y, en todo caso, será en última instancia un juez quien determinará en los supuestos de ejercicio de esta decisión por parte de una menor, si ha tomado libremente dicha decisión. Pero no podemos volver a situarnos en el terreno de la hipocresía social y legal, pues si una mujer de 16 años puede obligarse válidamente en matrimonio y puede también decidir sola, por ejemplo, someterse a una intervención quirúrgica a vida o muerte, difícilmente se puede entender que no se le pueda otorgar el marco de seguridad jurídica necesaria para que pueda decidir sobre una materia tan personalísima como es su propia maternidad.
Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Ilustración de Mandrake
ANA ROSA ALCALDE
Hace sólo diez años que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este dato demuestra hasta qué punto estaba asumido en todas nuestras sociedades que la violencia contra las mujeres era algo natural e inevitable y, en el mejor de los casos, un mal menor que tolerar. Afortunadamente, la lucha de los movimientos feministas (especialmente durante los últimos 30 años, con el respaldo de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer) ha permitido revertir este estado de opinión, crear una serie de mecanismos internacionales, regionales y nacionales –no del todo eficaces– e introducir en la agenda global una lluvia fina de datos escalofriantes de los que antes no disponíamos. Sin embargo, estos esfuerzos todavía son claramente insuficientes. Un día como hoy debe servir para tomar conciencia de la envergadura de un problema que trasciende todas las fronteras políticas, económicas y culturales y limita directamente los avances en el desarrollo y en el respeto a los derechos humanos.
La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más generalizada que se produce en la actualidad. Abarca desde las formas más predominantes de violencia intrafamiliar y sexual –tráfico de mujeres y prostitución forzosa, violencia sexual como táctica de guerra o de represión política– hasta prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital, la selección prenatal del sexo a favor del masculino, el infanticidio femenino o las muertes por motivos de honor y dotes. Se produce en espacios variados: en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las zonas rurales, en las periurbanas, en las grandes capitales. En muchos de estos casos, la violencia no es aleatoria, ya que tiene lugar precisamente porque las víctimas son del sexo femenino. Cuando esta violencia acaba en muerte se conoce como feminicidio.
Los datos acompañan estos hechos: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) estima que alrededor del 70% de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de sus vidas. La violación y la violencia doméstica representan un riesgo más alto para las mujeres de entre 15 y 44 años que el cáncer, los accidentes de tráfico y la malaria.
La violencia contra las mujeres es, además, un importante freno al desarrollo y consecuencia directa de la discriminación que sufren. Detrás de la persistente feminización de la pobreza, de la precarización del empleo femenino y del no reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado de familiares como actividad económica, detrás de la brecha de género en la educación, subyacen estructuras sociales. Tomando formas políticas o culturales, estas estructuras perpetúan injusticias y limitan el pleno ejercicio de derechos a las mujeres y sus posibilidades para defenderse de las situaciones de violencia. La todavía insuficiente participación de las mujeres en la política, en las instituciones y en los poderes económicos contribuye a invisibilizar la violencia de género como un grave problema social.
Si hay algo que queda claro este 25 de noviembre de 2009, es que todavía queda un largo camino. Es necesario colocar la eliminación de la violencia contra las mujeres en el centro de la agenda internacional del desarrollo y de los derechos humanos, trabajando más explícitamente los vínculos entre violencia machista y Desarrollo Humano e incluyendo entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio indicadores para medir el relativo a la igualdad de género en términos de vivir una vida sin violencias. Es necesario también enmarcar los debates sobre violencia en la perspectiva del ejercicio de los derechos humanos, especialmente con el aumento dramático del negocio de la trata de personas y el cada vez más explícito uso de la violencia sexual como arma política.
Pero se requiere algo más: construir alianzas más potentes y efectivas entre las instituciones, las organizaciones y los movimientos que compartimos esta visión. El caldo de cultivo ya está ahí: en los últimos años, las organizaciones feministas se han movilizado en muchos países para conseguir legislaciones nacionales en contra de la violencia de género y reformas institucionales para prevenirla y subsanar sus efectos. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han hecho del tema un eje central de su trabajo. Gobiernos como el de España han hecho de la erradicación de la violencia de género un tema central de su política y numerosos medios de comunicación se involucran en campañas de prevención, esenciales para visibilizar y cambiar valores. En el campo del desarrollo, ONG del Norte y del Sur apoyamos iniciativas locales para atajar la violencia de género en países en desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
No obstante, a todos nos queda pendiente un elemento esencial: aunar fuerzas y coordinar de manera más efectiva nuestros recursos y redes para conseguir que la eliminación de la violencia de género sea un tema central de la agenda internacional. Esta semana, instituciones gubernamentales y ciudadanas de diez países se dan cita en Madrid para intercambiar experiencias de trabajo contra la violencia de género en distintos puntos del planeta. Iniciativas como esta, o como la Plataforma Mundial de Acción de UNIFEM, “Di no, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, son pasos necesarios para empezar a andar ese camino.
Ana Alcalde es directora de Solidaridad Internacional
Ilustración de Mikel Casal
ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ
Las noticias de Five Channel en la televisión pública británica fueron presentadas recientemente, y durante toda una semana, por James Partridge, presidente de Changing Faces, cuya cara está severamente desfigurada a causa de un accidente de coche que sufrió a los 18 años.
La BBC ha vuelto a liderar una apuesta innovadora en el terreno de la información pública, no exenta de polémica y de debate social. En una rápida encuesta de YouGov, al 44% de los espectadores habituales de ese informativo les pareció una buena idea la iniciativa; el 64% aseguraba que no cambiaría de canal a pesar del impacto visual causado por el rostro del presentador; y otro 20% reconoció que se sentiría muy incómodo ante la pantalla y dudaba de su capacidad para resistirlo.
El debate sobre el uso de duros testimonios personales para generar conciencia social no es nuevo. Durante años, las campañas de publicidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España han sacudido nuestras sensibilidades hasta extremos difícilmente soportables. A pesar de ello, han obtenido resultados evaluables que siguen mejorando año tras año. Pero la experiencia de la BBC no pretende alertar sobre los peligros de la conducción temeraria, sino que estudia cómo la presencia habitual, en un canal de máxima audiencia, de personas estigmatizadas e invisibilizadas a causa de su físico puede favorecer el cambio de mentalidad y la modificación de actitudes prejuiciosas hacia ellas.
No es la primera vez que la televisión promueve la visibilidad de colectivos sociales minoritarios. La popular cadena musical MTV, a partir de una idea de Matt Stone y Trey Parker (creadores de la rompedora serie de culto South Park), ofreció a personas con discapacidad mental la conducción y presentación del programa norteamericano How’s your news? Fue un éxito total. De audiencia, claro.
Se plantean serias dudas sobre los límites de tales iniciativas o, mejor dicho, sobre su capacidad para conseguir cambios reales en nuestras opiniones, en nuestras conductas y en nuestra manera de ver el mundo y a las otras personas. La propia BBC, que ensaya la presencia de nuevos rostros, no ha tenido reparos en sustituir, hace unas semanas y en medio de una gran polémica, a presentadoras veteranas muy queridas y valoradas por la audiencia por otras caras simplemente más jóvenes. Hasta la ministra de Igualdad británica, Harriet Harman, tuvo que intervenir en la Cámara de los Comunes para pedir su reingreso por considerar que se había excluido a personas muy reconocidas simplemente por una cuestión de edad.
Hay algo perverso en el hecho de que no quepan las canas en la pantalla pero sí las cicatrices. Hay un riesgo grave para la ética pública si se confunde la necesaria igualdad con la mera visibilidad de lo que escapa de la “norma estética” y, al mismo tiempo, se evita la presencia en pantalla, por ejemplo, de personas con más peso, arrugas o canas de lo debido, supuestamente menos atractivas en términos de audiencia o de telegenia. Parece que esas canas son atractivas en ellos y, en cambio, un problema en ellas.
La invisibilidad de muchas personas que pertenecen a colectivos minoritarios, socialmente marginales o en riesgo de serlo, con graves lesiones faciales o corporales fruto de agresiones, accidentes o enfermedades, es un problema real. Y supone una nueva exclusión añadida contra la que hay que luchar buscando la plena normalización de su presencia en todos los ámbitos. También en los medios de comunicación, y más aún en los públicos. La lucha por la igualdad de todas las personas es una tarea inexcusable en una sociedad que no quiere ver, no quiere oír y no quiere escuchar aquello que la sacude moral, ética o estéticamente. La invisibilidad resulta mucho más cómoda y tolerable que el compromiso.
Pero la solución no puede ser, simplemente, la reivindicación de lo ignorado o invisible asociado a campañas concretas o a experiencias piloto, ya que puede quedar atrapada en la búsqueda de nuevas audiencias o de notoriedades que pueden ser contraproducentes.
Si la estrategia de comunicación, en este caso mediática y televisiva, se reduce a una combinación de una mayoría de imágenes y personas aceptables, en términos de marketing y posicionamiento, con un pequeño toque de otras imágenes y situaciones que bordean lo insólito o lo morboso, no hay avances reales. Y sí una posible manipulación de sentimientos.
La diversidad no debe tratarse simplemente como excepcionalidad puntual, a riesgo de ser la coartada ética o estética de lo políticamente correcto, mientras se mantienen en el fondo los estereotipos y los clichés de lo que se considera normal pero que enmascaran otras discriminaciones más sutiles. Necesitamos un debate profundo que apueste con valentía por abrir nuevos caminos que no tengan marcha atrás y que entienda la diversidad en todo su sentido y en todas sus manifestaciones.
Daniel Innerarity, profesor de filosofía y Premio Nacional de Ensayo en 2002, nos plantea en su libro La sociedad invisible la siguiente pregunta: “¿Qué es mejor, socialmente hablando, una buena observación o una buena crítica que genere nuevas teorías y formule los problemas de diferente manera para que sean posibles nuevas soluciones?” En definitiva, ver a quienes no se ve habitualmente en pantalla puede sorprendernos e incluso provocarnos desasosiego o dudas. Pero no garantiza, necesariamente, que pensemos en ello de manera crítica. La reflexión social es algo más que la digestión de las nuevas visibilidades. Necesitamos nuevas imágenes de realidades ignoradas, sí. Pero la diversidad real y cotidiana de nuestras sociedades, con toda su complejidad, es algo más que la visibilidad de los olvidados.
Antoni Gutiérrez Rubí es asesor de comunicación
Ilustración de Jordi Duró
VICENÇ NAVARRO
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE), muestra cómo España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su Estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España.
Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo de visita al médico general de la sanidad pública más corto (seis minutos) de la UE-15. Este hecho, que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, lo que dificulta una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad.
Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del general Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de facto de la derecha española, el PP, a condenar por nombre aquel régimen y sus continuas ambivalencias, oponiéndose a esta condena una y otra vez, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regímenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón– por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país.
La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del Estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el Gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del Estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social (continuada y expandida por el Gobierno Aznar), que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa social. Los ingresos al Estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social, se habían invertido en reducir el déficit del Estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su Estado del bienestar.
El Gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE) es superior al existente en 1993, cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero, además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del Estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España son asumidos por la mujer.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Enric Jardí
VICENÇ NAVARRO
En las elecciones legislativas a las Cortes españolas del año 2000, el candidato a la presidencia del Gobierno español, Josep Borrell, me pidió que dirigiera la dimensión social del programa electoral de su campaña. Al reunirnos para hablar de las propuestas que debieran incluirse en su programa, Borrell me pidió mi opinión sobre los mayores déficits existentes en el Estado del bienestar español, a lo cual respondí que uno de los mayores era el escasísimo desarrollo de los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia para niños de 0 a 3 años y servicios domiciliarios para personas con discapacidades y dependencias. En España se pone retóricamente a las familias en un pedestal para luego olvidarse de ellas. España es uno de los países europeos que provee menos políticas públicas de apoyo a sus familias.
En la mesa donde estábamos había una silla rota, con solo tres patas. Le indiqué a Borrell que nuestro Estado del bienestar era como aquella silla: es decir, tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que, utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilicé la expresión de que nos faltaba “el cuarto pilar del bienestar” que garantizara tal derecho. Así fue, pues, como surgió el término, que ha hecho amplia fortuna. Borrell, uno de los políticos con mayor sensibilidad social en España, aceptó mi sugerencia e incorporó la propuesta en su programa, que Joaquín Almunia, que le sustituyó, hizo también suya. Y cuál fue mi sorpresa al comprobar que, en un caso de mimetismo oportunista, apareció también en el programa del PP, utilizando incluso el mismo término de cuarto pilar del bienestar.
Aunque se utiliza ampliamente el término, se ha reducido su significado, incluyendo sólo los servicios de dependencia, habiéndose eliminado de tal derecho el acceso a las escuelas de infancia, lo cual es un gran error. La evidencia científica existente señala que la educación de los infantes a esta edad es de una enorme importancia para su posterior desarrollo intelectual y emotivo. En España no parece haber conciencia de este hecho puesto que incluso se llama a tales centros guarderías, como si su función fuera la de guardar o aparcar a los niños mientras los padres trabajan. Y mientras
que esta función de guardar a los niños es muy importante, facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, la función de tales centros debiera ser educativa además de guardería. Y en España estamos muy retrasados. Como promedio, sólo el 10% de los infantes en España tiene acceso a las escuelas de infancia públicas. En Suecia es el 58%. El establecimiento del derecho de acceso a tales servicios es de una enorme importancia y urgencia. En España, cuando decimos familia, queremos decir mujer. Y el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia se debe al escaso poder de la mujer en España.
Me dio una gran alegría que, por fin, las Cortes españolas aprobaran la Ley de Dependencia. Y que bajo la hábil dirección del ministro de Trabajo de entonces, Jesús Caldera, se estableciera a lo largo del territorio español. Ha sido una muy buena ley, pero, como consecuencia de las políticas liberales del equipo económico del Gobierno socialista, ha estado subfinanciada. Ha existido una enorme insensibilidad de los sucesivos gobiernos españoles (tanto conservadores como socialistas) hacia la importancia de la inversión social para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y también para mejorar la eficiencia económica.
En España, la inversión pública se ha entendido primordialmente como inversión en infraestructuras físicas (transporte y comunicación, por ejemplo) y educativas, pero raramente se ha tenido una concepción más amplia, incluyendo, por ejemplo, inversión en el cuarto pilar del Estado (escuelas de infancia y servicios domiciliarios), y ello a pesar de que invertir en tales servicios facilitaría la integración de la mujer al mercado de trabajo, la intervención social más importante para mejorar la economía del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia (donde existe tal derecho), tendríamos tres millones más de creadores de riqueza y pagadores de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, realidad que la mayoría de diseñadores de las políticas económicas ni siquiera entienden. Contribuye más a la riqueza del país invertir en tales servicios que reducir el tiempo de viaje de Madrid a Barcelona (con el AVE).
Otra consecuencia del escaso desarrollo del cuarto pilar del bienestar (no sólo servicios de dependencia sino también escuelas de infancia) es que España tiene la fecundidad más baja del mundo, en contra de los deseos de las familias, que nos dicen, a través de las encuestas, que, de poder escoger, les gustaría tener dos niños por familia. Hoy tienen, como promedio 1,3, uno de los más bajos de la UE. La mujer joven española retrasa formar una familia y cuando tiene niños tiene menos de los que desea debido a las condiciones del mercado de trabajo y a la ausencia de aquellos servicios que le permitirían compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional laboral. La mujer española lo tiene muy difícil en nuestra sociedad; cuida de los infantes, de los jóvenes (que viven en casa hasta que tienen, como edad promedio, 32 años), de los esposos o compañeros y de los ancianos; además, el 52% trabaja en el mercado laboral. Y todo ello con muy escasa ayuda del Estado (y del hombre cuyo apoyo a las tareas familiares es de los más bajos de la UE). No es de extrañar, por lo tanto, que la mujer española tenga tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Estas son las consecuencias del machismo en España.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Iker Ayestaran
CARLOS PARÍS
Regular el ejercicio de la prostitución? ¿O erradicarla? Si queremos orientar el debate por un camino humana y éticamente correcto –más allá de los importantes intereses que en este terreno se mueven y de las fáciles soluciones conformistas, que no contrarían a tales intereses–, habría que partir de dos principios básicos. En primer lugar, los seres humanos no pueden ser considerados y tratados como mercancías. En segundo lugar, la utilización del propio cuerpo, para la prestación de servicios sexuales, económicamente retribuidos, no es un trabajo. A estos dos principios negadores podríamos añadir un tercero de carácter afirmativo: las relaciones sexuales entre seres humanos, en una sociedad emancipada, deben ser libres, mutuamente consentidas y desarrolladas en condiciones de igualdad.
El primer axioma difícilmente será negado. Su no aceptación representaría rebajar absolutamente la dignidad propia de la condición humana y entrar en contradicción con todas las declaraciones de los derechos humanos. Sin embargo, sólo ha sido reconocido tras la larga lucha que abolió la esclavitud. Una institución que fue defendida como “natural”desde Aristóteles y vindicada como fuerza de trabajo necesaria para mantener la economía. Y aún subsiste en ocultas formas de esclavitud laboral. Y también en la práctica de la prostitución. Muy llamativa y masivamente en el tráfico de mujeres. Conducidas desde países del Este de Europa, después de que estos accedieron a los beneficios del capitalismo, desde África, desde Iberoamérica, engañosamente, bajo pretendidas ofertas de trabajo, para ser obligadas a ejercer como prostitutas en condiciones de singular coacción y violencia. Una situación criminal que es responsable del 90% de la prostitución en España. El reconocimiento de la perversión que semejante comercio supone ha llevado, hoy día, a la persecución legal y policial de semejante actividad. Aunque la eficacia con que es combatida resulta muy débil.
Pero la falta de libertad no se reduce a estas situaciones extremas de coacción, engaño y violencia. Una fuente de la prostitución es la miseria. Gran número de mujeres, partiendo de la pobreza extrema, se han dedicado a tal actividad, como posibilidad de subsistir y, en el caso de las madres, de atender a sus hijos. Otra situación, más minoritaria, es la de transexuales que no encuentran otra forma de sobrevivir. En estos casos podríamos hablar de prostitución voluntaria, pero no libre, en cuanto no se da una coacción física pero sí unas condiciones económicas que obligan a elegir un ingrato destino que, sin ellas, no se hubiera deseado. Y queda, finalmente, el reducido ámbito de la prostitución de lujo. Mujeres que, sin padecer pobreza, se entregan a esta práctica, a fin de disfrutar de bienes a que no accederían por otra vía. Sin embargo, bajo la pretensión de libertad, no de deja de actuar la sutil e invasora propaganda que ilusiona con el escaparate de tentadoras formas de vida y de fácil éxito.
Ciertamente, no deja de haber prostitutas que se declaran libres, aunque, a veces, bajo la declaración, se descubre la presión de los beneficiarios del negocio. Surge, entonces, la propuesta de mantener su situación, pero mejorarla, convirtiéndolas en “trabajadoras del sexo”. Propuesta capciosa y conformista, que favorece a los empresarios del sexo. Sin embargo, en ella el cuerpo de la mujer sigue siendo una mercancía y no se puede considerar a la prostitución como un trabajo, tal como declararon las Naciones Unidas, en el año 2003.
Pero, más importante que los argumentos de autoridad, me parece el análisis comparativo del trabajo con la práctica de la prostitucion, en que se revela una diferencia esencial entre ambas realidades. En una actividad laboral se vende “la fuerza de trabajo”, como decía Marx. Pero no el cuerpo y la realidad personal. Aquello que se vende es algo exterior, una actividad que es retribuida. Y que puede ser tanto una actividad física, en el trabajador manual, como intelectual en las profesiones llamadas liberales. En la prostitución aquello que está en venta –o alquiler– es el propio cuerpo, que se entrega al prostituidor. Y el cuerpo no es separable de la personalidad, del ego y la individualidad.
Un elemento clave en el debate sobre la prostitución es el reconocimiento de la degradación deshumanizadora que implica la relación sexual mercantilizada. Y que hace inaceptable su práctica en una sociedad de personas libres. El cuerpo de la prostituida, en cuanto objeto de pago, se convierte objetivamente –quiérase reconocerlo o no– en una mercancía. Y el prostituidor se despoja de su personalidad para convertirse en puro dinero. En caricatura, podríamos sustituir su cabeza por una bolsa de monedas.
La relación es de asimetría, frente a la igualdad que debe regir las relaciones sexuales entre humanos. Y de claro dominio. El prostituidor tiene el poder económico y satisface su voluntad. La prostituida sólo posee su cuerpo desnudo y ofrendado al poderoso. Muchas veces, hasta quedar exhausta de múltiples entregas. Nos encontramos en la culminación del patriarcado. Pero, del mismo modo que la alienación en los Manuscritos de Marx no sólo afectaba al proletario, sino también al capitalista, aquí la degradación se extiende de la víctima al varón prostituidor, dominado por incontenibles impulsos y reducido a un saco de monedas.
¿No se ha abolido la esclavitud? Liberar a nuestra sociedad de estos viejos atavismos para crear un mundo de seres libres, es lo que defendemos, junto a los grupos feministas, el colectivo de hombres abolicionistas.
Carlos París es presidente del Ateneo de Madrid. Filósofo y escritor
Ilustración de Patrick Thomas
Tarja Halonen
Ellen Johnson-Sirleaf
Margot Wallström
Benita Ferrero-Waldner
Durante décadas, los intentos por vincular la violencia contra las mujeres a cuestiones de seguridad se solían rechazar con una sonrisa en la mayoría de los círculos diplomáticos. Por suerte, las cosas han cambiado. Hoy en día no se puede hablar de seguridad dejando al margen el análisis de los derechos de la mujer sobre el terreno. Este cambio fundamental se ha logrado gracias a las Naciones Unidas. En su resolución 1325, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce el vínculo entre la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y el papel de la mujer en la instauración de la paz, mientras que la resolución 1820 establece formalmente que la violencia contra las mujeres puede constituir una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, queda mucho por hacer. Hasta ahora no hemos conseguido traducir todo ello en un avance suficiente sobre el terreno. En los más de diez años de conflicto en la República Democrática del Congo más de 200.000 mujeres y niños han sido violados. Se calcula que entre 20.000 y 50.000 mujeres sufrieron una violación durante la guerra de Bosnia en la década de los noventa. La violencia sexual se ha convertido en una plaga que afecta a toda la humanidad, independientemente del género. Todos estos hechos apuntan en la misma dirección: se ha trabajado mucho para poner en marcha las resoluciones 1325 y 1820, pero es el momento de lograr un verdadero avance. Nos enfrentamos aún a múltiples deficiencias, como son la falta de justicia y coordinación, y de un mecanismo que garantice la imputación de responsabilidades y la compensación de las víctimas.
Instamos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que en la reunión de hoy, en la que deliberan sobre la violencia contra las mujeres, mejoren la situación actual. La resolución 1820 del Consejo de Seguridad sobre la Violencia Sexual en los Conflictos ya ha servido de trampolín a la protección; la resolución 1325 del Consejo de Seguridad ha sentado las bases de la asunción de responsabilidades y la participación; y la resolución 1612 del Consejo de Seguridad sobre los niños en los conflictos armados ha proporcionado todos los precedentes logísticos. Ahora es el momento de avanzar con la ayuda de estas resoluciones complementarias. También es hora de que el Consejo de Seguridad establezca una comisión de alto nivel sobre la mujer, la paz y la seguridad encargada del seguimiento y el proceso de elaboración de informes.
Además, ha de establecerse la figura de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas con un mandato global sobre la violencia contra las mujeres y la participación de la mujer en la instauración de la paz.
Estos nuevos mecanismos deben complementar las actividades de la arquitectura de género de las Naciones Unidas, esperemos que pronto reformada, y que aborden cuestiones cruciales, tales como: Mejorar la aplicación de las resoluciones 1325 y 1820 a nivel nacional. Hasta ahora, sólo unos pocos estados miembros de las Naciones Unidas han elaborado planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz y la seguridad. Velar por la participación de las mujeres como mediadoras en las negociaciones. Con frecuencia, el punto de vista femenino sobre las víctimas está ausente de la mesa. Por ejemplo, dado que el porcentaje de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz es de sólo entre un 10% a un 16%, su aportación personal, simplemente, no se tiene en cuenta. Hacer presión sobre los sistemas judiciales en los que la impunidad es la norma, con el fin de conceder a las mujeres la tranquilidad y la confianza de que pueden solucionar sus problemas. Establecer un observatorio para señalar y avergonzar a aquellos gobiernos y organizaciones que no protejan a sus ciudadanos y se nieguen a conseguir el bienestar de sus mujeres. Establecer las necesidades concretas de asistencia a las víctimas y la procedencia posible y obligada de la misma. Crear unidades policiales de protección a las mujeres e inclusión de mujeres policía en las fuerzas de seguridad. Prohibir como arma de guerra la violación sistemática en conflictos armados.
Tras diez años de espera, es el momento de tomar conciencia de que las mujeres no son el problema, sino la solución. En octubre de 2010, la comunidad internacional celebrará el décimo aniversario de la resolución 1325 de la ONU. El año pasado, a sugerencia nuestra, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, aceptó celebrar una conferencia de revisión ministerial de dicho organismo sobre esta resolución para señalar la ocasión. Es hora de intensificar los esfuerzos para proteger mejor a las mujeres en situaciones de conflicto y garantizar su participación en la instauración de la paz. Ya es hora de armonizar las actuaciones y establecer un paquete único de objetivos en una comisión unida de alto nivel. Trabajaremos intensamente para preparar este aniversario e instamos a las Naciones Unidas y a todos los países del mundo a situar el tema de la mujer, la paz y la seguridad en el centro de sus actividades.
Tarja Halonen es Presidenta de la República de Finlandia
Ellen Johnson-Sirleaf es Presidenta de Liberia
Margot Wallström es Vicepresidenta de la Comisión Europea
Benita Ferrero-Waldner es Comisaria de la Unión Europea
Ilustración de Mikel Casal
JUANA SALABERT
El caso de la periodista sudanesa Loubna Ahmed Al-Hussein, enjuiciada por un tribunal islámico que pide una pena de 40 latigazos por vestir “indecorosos” pantalones en un país al que no le duelen prendas los miles y miles de animistas y cristianos exterminados por su Gobierno –acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional– debería inducirnos a múltiples reflexiones. En un mundo de globalizadas tecnologías y oscurantismos en alza y liza, la modernidad, surgida de la Ilustración, los conceptos fundamentales de la separación entre Iglesia y Estado y del laicismo (una asignatura aún pendiente, por desgracia, en España), se inscribe hoy en clave de ineludible emancipación femenina “universal”.
Ya Engels escribió con anticipadora lucidez que “el grado de emancipación de una mujer es la medida del grado de la emancipación general”. En este sentido, habría que preguntarse, frente al reaccionarismo segregacionista de los llamados relativistas culturales (no tan diferente en su ceguera al de esos opusdeistas que vociferan en nuestro país contra los avances sociales y la laicidad), por los orígenes del miedo más viejo del mundo, que no es otro que el miedo a la mujer, a su cuerpo diferente capaz de albergar y alumbrar otros cuerpos en evolución.
Este ancestral miedo masculino, psíquico y asimismo físico, a las mujeres (a su sangre, que Plinio calificaba de “envenenada”, a su sexualidad y a sus gestaciones) determinó, entre otros muchos factores, la enajenación histórica de las mismas y dominó en mayor o menor grado los distintos corpus ideológico-religiosos estructurados por varones que le prestaron al habla de sus dioses parte de su propia aprensión e ignorancia. Más allá del pánico a la castración invocado por Freud, dicho temor originario a una naturaleza cambiante percibida a la vez como caos y misterio fue tornándose fantasma y pulsión represora.
El reaccionario, el fundamentalista, el machista sienten aversión por cuanto se transforma y evoluciona. Invocan “el derecho natural” o los “mandatos divinos” y aborrecen la modernidad porque su campo es el de las certidumbres inmutables y su territorio el acotado de los relatos cerrados (Etiemble señaló muy agudamente a este respecto que “la novela, al revés que el cuento, es un imposible en las sociedades teocráticas”).
Pero el que todas las tradiciones conocidas –y no digamos ya las jerarquías religiosas– abunden y hayan abundado en la misoginia (en el 942 Odón de Cluny escribió: “Si los hombres vieran lo que hay debajo de su piel, la mera visión de las mujeres les resultaría nauseabunda… ¿cómo podemos desear estrechar en nuestros brazos ese saco de estiércol?”) no es razón para desentendernos del drama padecido por Loubna Ahmed Al-Hussein o las mujeres flageladas, lapidadas y recluidas intramuros por las “policías del pudor” de Arabia saudí, Irán o Gaza, donde la brutal Hamás vela voluntades, apalea bañistas y retira maniquíes de los escaparates para ¡”no despertar los deseos masculinos”! No es de recibo pretender, como algunos “relativistas culturales”, que tales prácticas tradicionales tengan su lógica en sociedades subdesarrolladas porque también la quema de brujas fue tradición (en la misma y bien compleja época de Montaigne) en nuestro continente, por fortuna ya liberado de sus inquisidores y tribunales eclesiásticos dados a la tierra plana e inamovible, a la caza de disidentes, herejes y científicos y a los índices de prohibición.
Y tampoco viven precisamente como subdesarrollados unos dirigentes teocráticos que mientras se preocupan, móvil de última generación en mano, del “Tamaño natural” de maniquíes por desterrar de sus visiones o de la compostura de sojuzgadas compatriotas, encargan arsenales nucleares aseguradores de potencia en el reino excluyente de su mundo. Aquel donde la palabra de una hipotética Marie Curie en ciernes valdría la de dos hombres cualquiera ante un
tribunal.
Algunas tradiciones, como la ablación clitórica, los matrimonios forzosos, las palizas o los infames “crímenes de honor”, atentan contra los derechos fundamentales de la persona y son tan poco dignas de preservación como lo fueron los autos de fe, la esclavitud, las torturas inquisitoriales o la execrable costumbre, tan extendida antaño en Extremo Oriente, de ahogar a recién nacidas que no valían, según un poema contemporáneo de Confucio, su peso en “oro y jade”, sino en “polvo de ladrillos”. Asunto este que inspiró a Amin
Maalouf El siglo de Béatrice, inteligente novela de política ficción sobre las devastadoras consecuencias de desequilibrios poblacionales y guerras por las mujeres, escasas tras el uso en ciertas regiones del mundo de un elixir capaz de garantizar la elección del sexo, masculino, faltaría más, de los hijos…
La lucha por sus derechos de las feministas de ámbito musulmán (nada que ver con esas integristas sermoneadoras sobre “la degradación occidental”, cínica punta de lanza en foros internacionales de ciertas teocracias duchas en propagar a los antisemitas negacionistas de la Shoah) es también la nuestra, en pro de una universalidad capaz de “aliarse civilizadamente” por lo mejor de nuestras culturas y la abolición de cuanto nos rebaja. Derechos que implican, también, los de la disensión, el agnosticismo y la libre interpretación de los textos y los libros en su maravillosa pluralidad.
A mí, como a Loubna, me gusta llevar pantalones. Pero puedo hacerlo porque no hace tanto hubo quien exigió en las calles que sus hijas pudiéramos vivir, estudiar, votar, trabajar, elegir y vestirnos y desvestirnos sin miedo.
¿Vamos, acaso, a dejar solas a las Loubnas de ahora y de mañana?
Juana Salabert es escritora.
Ilustración de Daniel Roldán
