ANDRES URRUTIA
Llega el momento de cerrar los actos de celebración del 90 aniversario de Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, y llega también el momento de hacer balance de este año, a caballo entre 2008 y 2009, en el que la Real Academia de la Lengua Vasca ha realizado una serie de actividades conmemorativas de su fundación en los diversos territorios de la lengua vasca.
La Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde han sido testigos de nuestra actividad, más intensa si cabe que otros años, reafirmando así nuestra presencia, pronto centenaria, en todos los ámbitos de esa Euskal Herria cultural, diversa en su estructuración y composición, pero que tiene en el euskera un elemento cultural de primer orden que compartir.
Una vez más, Euskaltzaindia ha jugado y juega su papel de institución consultiva oficial del euskera, su rol de institucionalización de la lengua vasca, por encima de las legítimas diferencias y opciones políticas e ideológicas que existen en nuestra sociedad y en leal colaboración con todas ellas.
Es precisamente ese papel de interlocutor institucional, de elemento de cohesión, el que le permite mantener unas relaciones preferentes con las diferentes Administraciones públicas del ámbito territorial del euskera, y con los agentes culturales que, día a día, conforman esa red del euskera que pasa por el mundo educativo, por los medios de comunicación, por las industrias de la lengua, por la Administración pública y por la creación cultural o profesional en lengua vasca.
Euskaltzaindia sigue con su labor de investigación (Iker) y fomento de la lengua vasca (Jagon), que sus fundadores le encomendaron y que resultan todavía actuales, aunque hoy mucho más orientadas a hacer del euskera una lengua dúctil para colmar todas las necesidades de expresión de una sociedad moderna.
La Real Academia de la Lengua Vasca sabe que para eso es necesario proseguir con el compromiso originario, con aquel que le encomendó el Congreso de Estudios Vascos de Oñati (1918), y que se materializó con la ayuda primera de Eusko Ikaskuntza, para luego pasar a tener su propia personalidad; un compromiso con la lengua vasca que ha traído a nuestra sociedad realidades como la normativa unificadora, la labor lexicográfica, gramatical, de estudio de los dialectos y la literatura, culta y popular del euskera, la toponimia, la onomástica y la exonomástica, su servicio de biblioteca y el fomento de la lengua.
Hoy renovamos ese compromiso, reafirmado en las jornadas de reflexión interna de Euskaltzaindia de marzo de este año; un compromiso que reúne una serie de puntos fundamentales:
Un compromiso de gestión, que incluye una mejora de la organización de los medios humanos y materiales de Euskaltzaindia; una colaboración interdisciplinar entre los académicos; un marco de estabilidad presupuestaria y financiera y una apuesta por colaborar en la visibilidad social del euskera, a través del reconocimiento de quienes hoy trabajan en pro de la lengua.
Un compromiso de investigación, que pasa por desarrollar de forma significativa las nuevas tecnologías, a través de los corpus lingüísticos de gran escala para la lengua vasca, a fin de que esta no pierda el tren de la modernización. Significa, igualmente, una mayor responsabilidad social de Euskaltzaindia en la formulación de la normativa lingüística del euskera de acuerdo con las exigencias de la sociedad actual. Implica, también, una transferencia adecuada de la norma lingüística en particular, y de la producción cultural de Euskaltzaindia en general, a los operadores sociales, culturales, educativos y profesionales del mundo del euskera.
La socialización de la norma lingüística no es fácil, cuesta tiempo y esfuerzo, y en ello están Euskaltzaindia y esta sociedad y, permítaseme decirlo, con notable éxito, a pesar de las legítimas y respetables discrepancias.
En tercer lugar, un compromiso de relación institucional con quienes ejercen la responsabilidad de gobierno en los territorios de lengua vasca y establecen la política lingüística del euskera. Una relación basada en el respeto mutuo, y en la convicción de que el euskera es un elemento de identidad y paz social y no un instrumento de confrontación y disputa. Una relación, asimismo, fluida y sólida con quienes se afanan día a día en trabajar en euskera, por y para el euskera. Una relación fraternal con quienes tienen en sus manos la responsabilidad de ser las academias de las lenguas de España. Una relación, en fin, que mira al mundo y a Europa, y en especial a quienes realizan la tarea de sacar adelante, desde una perspectiva académica y social, las lenguas que se encuentran en una situación parecida al euskera.
El compromiso implica hoy, tras 90 años, una mirada a lo ya hecho y a lo que está por hacer, una mirada que no puede completarse sin un mensaje fundamental: gracias.
Quiero expresar mi agradecimiento a la sociedad, al mundo del euskera, por reconocerle y reconocerse en Euskaltzaindia como institución normativa oficial de prestigio, por seguir sus normas y sus recomendaciones, por, en definitiva, ser conscientes de que ese marco es el que el euskera necesita para ser un instrumento de modernidad y cultura.
Gracias a quienes todos los días hacen Euskaltzaindia; a los académicos que son y a los que han sido, de número, de honor, correspondientes, miembros de las comisiones, técnicos de los proyectos y trabajadores de Euskaltzaindia.
Todos ellos son la mejor garantía de que el 90 aniversario de Euskal-tzaindia es, en definitiva, un aniversario de futuro para el euskera y la cultura en lengua vasca.
Andres Urrutia es presidente de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca
Ilustración de Enric Jardí
Javier López Facal
No crean ustedes que esto de no llamar a las cosas por su nombre, sino por otro que produzca menor rechazo, es un procedimiento característico de estos indolentes tiempos televisivos, tiempos de asesores de imagen y empresas de marketing político. En absoluto. Recuerden, si no, lo que ya decía Plutarco hace unos dos mil años: “Lo que los modernos dicen de los atenienses, de que atenúan los aspectos desagradables, denominándolos con palabras favorables y bonitas, y los disimulan con elegancia, llamando compañeras (hetairas) a las putas (pornas), contribuciones a los impuestos, guardias a los retenes urbanos u hogar a la cárcel, comenzó con Solón”.
Si Plutarco está bien informado, como suele estarlo, el eufemismo de uso político y social habría surgido, pues, al mismo tiempo que los primeros avances democráticos, lo que resulta bastante significativo.
George Orwell, por su parte, analizó el fenómeno del eufemismo político con cierto detenimiento y le dedicó alguna de sus agudas y apasionadas reflexiones: “El lenguaje político –y, con variaciones, ello vale para todos los partidos políticos, desde los conservadores a los anarquistas– está designado para hacer que las mentiras suenen como verdades y que el crimen resulte respetable, dando así apariencia de solidez al mismo viento”.
Esta especie de estafa léxica, que los políticos y otras personas poderosas ponen en circulación para ganar apoyo popular, tiene, sin embargo, una debilidad intrínseca y es su rapidísima devaluación en el mercado de las palabras, lo que obliga a una reposición continua de existencias: una persona sana siempre será una persona sana, pero un enfermo puede ser un paciente (¡y tanto!), un usuario, un cliente y muchas denominaciones más que se van creando a medida que empiezan a cargarse de connotaciones negativas las palabras impostoras y dejan de ser, por lo tanto, útiles.
Un aprobado siempre será un aprobado, pero a un rechazado se le pasa a dejar la nota en suspenso para no traumatizarlo y, cuando esto deja de resultar consolador para alumnos y padres, se le considera insuficiente o, simplemente, no apto.
Hemos puesto dos ejemplos sacados de dos ámbitos (la sanidad, la educación) que no pertenecen a la política, pero en esta última actividad es donde mejor se da el eufemismo y donde alcanza mayores niveles de deshonestidad y de engaño.
A pesar de lo manido del pasaje, es obligado recordar el diálogo de Alicia con Humpty Dumpty: “La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo”.
En efecto, la cuestión es quién manda aquí, porque de él dependerá la capacidad de nombrar o renombrar las cosas.
Como de unas décadas para acá los que mandan en el mundo son los Estados Unidos, no es extraño que recibamos oleadas continuas de eufemismos de aquel país.
Por ejemplo, con motivo de la guerra de Irak, aprendimos que un ataque no justificado es un ataque preventivo, que la labor de espionaje es una recogida de información, que la matanza de inocentes son daños colaterales, que una cárcel es un centro de detención o de confinamiento, que no hay cadáveres sino cuerpos, que los bombardeos no son más que apoyo aéreo, que un régimen amigo nunca es totalitario sino autoritario, que los mercenarios son contratistas, y muchos términos y expresiones más que se han instalado entre nosotros sin que nos hayamos dado cuenta.
Comparen ustedes esta deshonesta farfolla con los términos elegidos por Winston Churchill en su célebre discurso ante los Comunes de 1940: “No tengo nada que ofrecer, salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Ante nosotros tenemos muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento”.
Comparen, repito, el estilo, el planteamiento y el respeto parlamentario del premier inglés con lo que hemos oído recientemente con motivo de la guerra de Irak y saquen ustedes mismos las conclusiones sobre el uso honesto del lenguaje en la política.
Si de lo que se trata no es del significado de las palabras sino de quién tiene el poder, como sostenía Humpty Dumpty, también en España se dan casos de eufemismos de intencionalidad política: para el Gobierno, las tropas españolas desplegadas en el extranjero son fuerzas de pacificación en misión de paz; para la oposición, se trata de militares españoles en zonas de guerra; cuando el Gobierno hablaba de una fase económica de desaceleración, la oposición diagnosticaba una crisis sin precedentes; para unos, se están ofreciendo soluciones habitacionales; para otros, infraviviendas; lo que para unos es una ampliación de los derechos de las mujeres, para otros es un asesinato de inocentes; la Educación para la Ciudadanía de unos es, según otros, adoctrinamiento ideológico de otros y así sucesivamente.
Así pues, Gobierno y oposición no confrontan solo personas y programas, sino también terminologías, hasta el punto de que se está creando una especie de diglosia; es decir, del uso simultáneo de dos lenguas diferentes, con valoraciones alternativamente positivas o negativas, según el hablante.
En cualquier caso, y para consolarnos, hay que añadir que todo este rifirrafe terminológico de la España de hoy es un juego de niños comparado con la mayor infamia a que llegó el eufemismo político en toda la historia: denominar solución final a la matanza de millones de judíos y otros ciudadanos indefensos.
Pues aunque solo sea por aquel caso abominable, nunca deberíamos bajar la guardia ante el poder de los políticos para manipular la lengua común que nos pertenece a todos los hablantes.
Javier López Facal es profesor de Investigación del CSIC
Ilustración de Miguel Gallardo
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CABRERA
La expresión “lenguas españolas”, que aparece en el artículo tercero de la Constitución, es especialmente incómoda para el nacionalismo lingüístico español. Buena prueba de ello es el escrito que la Real Academia Española dirigió en 1978 a Hernández Gil, presidente de las Cortes, con la petición de que se añadiese a ese artículo la precisión de que el castellano es “la lengua española por antonomasia”. 30 años después, sigue viva esta idea de dotar al castellano de la dosis más alta posible de españolidad. El Manifiesto por la lengua común firmado, entre otros, por Fernando Savater y presentado públicamente en junio de 2008 insiste en que, si bien todas las lenguas de España son españolas, existe una asimetría a favor de una de ellas, el castellano, que cumple una serie de requisitos que la hacen la más española de todas las lenguas.
En la ideología del nacionalismo lingüístico español, el castellano ocupa por definición un lugar privilegiado, que no podría ser representado en ningún caso por las otras lenguas de España. Se puede reconocer que el catalán, gallego, euskera, asturiano o aragonés aportan riqueza y variedad a la españolidad, pero siempre en un plano secundario o anejo a la aportada por el castellano, que constituye para esta ideología, en su versión contemporánea, el capital más valioso y de mayor rentabilidad de que disponen los españoles tanto dentro de su propio país como fuera de él.
En el uso habitual de los términos y de espaldas al texto constitucional, cuando se habla del español se piensa inevitablemente en el castellano y no en las otras lenguas de España. No es una expresión ambigua, puesto que en el uso común se sigue la propuesta de la RAE: el castellano es la lengua española por antonomasia. Es perfectamente sabido que nuestra lengua tiene, como todos los idiomas que están muy extendidos por el mundo, muchas variedades tanto dentro como fuera de España. La ideología del nacionalismo lingüístico español se fundamenta sobre una selección de esas variedades para resaltar una como aquella que mantiene los valores más genuinos y puros de la españolidad: se trata de la variedad castellana. Hay que observar que, cuando se habla de español a secas, no se está pensando habitualmente en las variedades lingüísticas andaluzas, o en las de Extremadura, Murcia o las Islas Canarias, sino que se piensa en el español peninsular estándar, que no es otra cosa que una versión culta del castellano moderno. Nadie duda de que Andalucía, Extremadura o las Islas Canarias pertenecen en igualdad de condiciones a la nación española, pero pocos niegan que el paradigma de la lengua española sea el estándar basado en la lengua de Castilla, excluyendo las variedades andaluzas o canarias, tan dignas, ricas y perfectas como pueda serlo la variedad lingüística castellana. Por tanto, existe una asimetría en el concepto de lengua española ya dentro de las propias variedades del castellano, que casi nadie pone hoy en día en tela de juicio.
Respecto de las demás lenguas de España, esta asimetría se ve con claridad cuando caemos en la cuenta de que el uso que se le da al adjetivo español para hacer referencia a las lenguas de España no se corresponde con un uso similar de los adjetivos de las otras nacionalidades de España. En efecto, por un lado, se dice que el catalán, gallego o euskera son lenguas españolas y esto podría ser admitido, aunque de mala gana y con las reservas ya vistas, por la ideología del nacionalismo lingüístico español. Pero, por otro lado, nos resultaría cuando menos chocante decir que, dado que el castellano es lengua de Cataluña, de Galicia y del País Vasco, entonces el castellano es una lengua catalana, gallega y vasca a la vez. Eso significaría que, por ejemplo, en Cataluña se hablan, entre muchas otras hoy en día, dos lenguas a la vez españolas y catalanas (castellano y catalán).
Por consiguiente, no parece aconsejable seguir la vía denominativa constitucional y definir como españolas todas las lenguas de España. No lo es porque la ideología del nacionalismo lingüístico español, que sigue siendo dominante en nuestro país, solo acepta esto si el castellano es concebido como la lengua española por antonomasia, lo cual deja a las demás lenguas españolas en un nivel secundario o anejo. No lo es, porque si queremos tratar a todas las nacionalidades del Estado español como iguales en el uso del adjetivo que denota su nación, tendríamos que decir que el castellano es a la vez una lengua catalana, gallega y vasca, lo cual no tiene justificación lingüística.
Mucho más sensato y más igualitario es afirmar que el catalán, gallego, euskera, asturiano y aragonés son lenguas de España. Al menos en el caso de las tres primeras, podemos decir también que son los idiomas característicos de sus respectivas naciones. Igual que se reconoce que el castellano o español es uno de los elementos fundamentales que define la nación española, no veo objeción alguna para reconocer que el catalán es uno de los constituyentes definitorios de la nación catalana y que este idioma es la lengua catalana por antonomasia, no el castellano; de modo análogo ha de razonarse respecto del gallego y el euskera. Pero este tratamiento lingüístico más equilibrado solo cabría en un modelo de Estado federal de tipo plurinacional, que reconozca las diversas naciones históricas que componen España en la actualidad y su derecho a decidir cómo desean relacionarse con ese Estado. Muchos de los problemas del bilingüismo son, en realidad, políticos, aunque se intenten disimular u ocultar con expresiones y conceptos lingüísticos.
Juan Carlos Rodrígez Cabrera es catedrático de Lingüística General de La Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
JAVIER SÁDABA
Que el lenguaje es la característica humana por excelencia es harto sabido. Los chimpancés, los más cercanos en la escala evolutiva, son muy parecidos a nosotros, pero carecen de lenguaje en sentido estricto. Nuestro cerebro nos ha capacitado para ese intercambio simbólico que nos posibilita no sólo la comunicación sino la creación de ciencia, arte o religión. Lo que sucede es que ese lenguaje, como Babel, se ramifica en muchas lenguas distintas. Unos hablan japonés, otros hablaron arameo, otros sánscrito y otros se rompen la cabeza por dominar el inglés, que, de paso, se impone como lengua franca en un mundo cada vez más interconectado. En algunos Estados conviven varias lenguas. Y en uno de esos Estados, en España, la lengua se ha convertido en los últimos días en objeto de disputa. Convendría hacer alguna distinción si queremos situar el problema en el lugar adecuado.
Existe un aspecto estrictamente formal u oficial. Atañe a los textos que, para los que los han votado, configuran el cuadro dentro del cual han de moverse. Siguiendo la Constitución, y apoyándose en el artículo 3, algunos concluyeron que existe una lengua oficial y común a todos los españoles y que es el castellano. Hay otras lenguas que, paralelas a la común, son cooficiales en determinadas autonomías. Interpretando de una manera mecánica lo que la Constitución expone, habría una lengua de primera división que todos han de conocer y otras de segunda división que se pueden utilizar en sus respectivos territorios. Por eso, si alguien osara colocar la segunda a la altura o por encima de la primera cometería un tremendo despropósito que debería erradicarse como la peste. No rotular en castellano o no educar, si se quiere, en esa lengua contravendría la letra intangible que como las Tablas de la Ley a todos nos somete. No sé cuántas veces ni cómo se trasgrede eso que con tanto ahínco defienden algunos que han descubierto la Constitución a modo de conversos, pero me imagino que se trata de casos menores, que raramente alteran la convivencia y que en muchas ocasiones son indiferentes dada la semejanza de las lenguas, a excepción del euskara.
Más interesante es el aspecto que hace referencia a la libertad de elección de la lengua. No habría que imponer a nadie lengua alguna; ésta sería objeto de libre elección, y todo lo que suene a normalización lingüística sería pura imposición.
Añaden los que así opinan que la lengua es de los individuos y no de los territorios y que un nacionalismo perverso invierte los términos de tal manera que los pobres individuos se ven sometidos a una implacable noción de nación. Tal inversión y sus perversas consecuencias acostumbran a ejemplificarlas los defensores de la lengua castellana con casos nada recomendables de Bélgica, Quebec y, naturalmente, Catalunya, Galicia o Euskadi. Y, aceptémoslo, si esto se produce no hay más remedio, nobleza obliga, que reconocer que se está cometiendo el error identificar tierra con lengua. La cuestión estriba en que habría que aplicar en todas las direcciones la obviedad de que son las personas y no las naciones (noción esta, por cierto, oscura donde las haya). Por ejemplo, quien quiera educarse en euskara en Madrid, siendo ésta su lengua materna, que lo haga. No creo que sea posible. Y entonces se quiebra sin más la doctrina de que cada uno habla como le da la gana. Porque la realidad es otra. La realidad es que se establece el castellano, se obliga el castellano, se le coloca en medio como algo inamovible y se le blinda con mil y una leyes. Las otras lenguas, al final, son concesiones que benévolamente permite el poder de un Estado que, ese sí, posee una lengua como si de un individuo se tratara. La contradicción es manifiesta.
Pero es que, más allá de aspectos formales y de los derechos de las personas, esta es la tozuda realidad. Y lo que ella nos dice es que es absurdo hablar del peligro que corre el castellano. Todo lo contrario. Lo único que corre peligro es la permanencia de las lenguas minoritarias. Los hechos cantan por sí mismos. Habría que estar ciego para no reconocer que la mayor parte de los estímulos lingüísticos que se reciben en cualquier rincón de España son en castellano. Su presencia es abrumadora. Radios, televisiones, revistas y periódicos inundan el país en la lengua que -¡quién lo diría!- estaría siendo aniquilada. Una gota no es un océano. Una actitud, que a buen seguro las hay, que exija desproporcionadamente o de modo inadecuado que se domine la lengua periférica para obtener tale so cuales beneficios, no es nada comparado con el océano de la llamada lengua común u oficial, que, casi como Dios, está en todas partes. Por eso, los lamentos suenan a Jeremías. O mejor, los lamentos son el signo externo de una postura ideológica, de una opción política determinada. Se trata del siempre renovado unitarismo español, de la incomodidad de que existan otras realidades, de la visión cuasiimperial de una España inquebrantable. Si la lengua es de los individuos, que lo es, que cada uno escoja lo que le parezca. Y si se trata, cosa de justicia, de ayudar a las más débiles, que no se les favorezca sin dar aun más poder a aquella a la que le sobra. Pero esto no gusta a quienes piensan que nadie ha de salirse de un corral previamente delimitado.
Quienes nacimos y nos criamos en el franquismo sabemos bien qué es eso de que le arranquen a uno la lengua que, en principio, era la materna. Quienes hablamos el castellano lo hacemos con el placer de estar inmersos en una lengua que nos sirve para comunicarnos, escribir, leer o contar chistes. Quienes creemos de verdad que hay que respetar al máximo la opción por hablar de esta o aquella manera, no estamos de acuerdos con imposiciones arbitrarias que se puedan hacer en muchas otras partes del mundo que albergan distintas lenguas. Y seremos autocríticos cuando esto suceda en aquellos lugares que por empatía nos sean más cercanos. Pero esto no quita un ápice a lo antes dicho. La defensa a ultranza del castellano se parecería a una comedia si detrás no estuviera el empeño por meternos a todos en el mismo embudo. Que estén tranquilos, que el castellano no se muere. Pero que nos dejen tranquilos, porque, para bien o para mal, en Babel vivimos. Y seguiremos viviendo.
Javier Sádaba es catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Mikel Jaso
JOAN GARÍ
Una cosa positiva que ha tenido el Manifiesto por la lengua común de Savater y compañía es que ha permitido volver a hablar en España de qué son y –sobre todo– para qué sirven las lenguas. No cometeré la ingenuidad de recordar aquí que una lengua es, ante todo, un vehículo de comunicación. Si pretendiera obviar las cargas emocionales y simbólicas que arrastran las lenguas todo el episodio del Manifiesto, que aún colea (y lo que te rondaré, morena), sería estrictamente incomprensible.
Para empezar todas las lenguas son comunes. Lo son, al menos, entre sus hablantes. Esto no impide que, además, cada lengua sea propia de un territorio: el castellano de Castilla, el inglés de Inglaterra, etcétera. Si me apuran, reconoceré que, a menudo, la consideración jurídica de una lengua como propia es un mecanismo de defensa. El francés en Quebec o los idiomas de las repúblicas bálticas: en un mar anglófono o rusófono, los idiomas pequeños proclaman su voluntad de pervivir –su derecho a la vida. Algo de eso ocurre con los idiomas españoles distintos del castellano, que deben bregar con la poderosa vecindad del gigante hispánico.
Los promotores del Manifiesto saben todo esto. Son gente preparada, a veces brillante. Por eso, muy hábilmente –poniéndose la venda antes que la herida–, han apacentado su rebaño argumentativo hacia la defensa de los “derechos individuales”. La “libertad de elección de idioma”, digamos. Y, en ese punto, es imposible no estar de acuerdo. ¿Qué menos, en este mundo de imposiciones y normativas, que poder elegir el idioma que uno quiere usar, en el que quiere ver escolarizados a sus hijos, en el que quiere amar (y ser amado), en el que quiere ver escrita su última voluntad? Cargados de razón, a fe. Pero me permitiré un importante matiz.
Elegir es escoger. Y se escoge entre una o más cosas (o personas). No se puede escoger si sólo hay una cosa en perspectiva. En el caso de los idiomas, es evidente: yo puedo escoger, en Cataluña (o en Baleares, o en Valencia), entre castellano y catalán, siempre y cuando esté alfabetizado en ambos idiomas. Si sólo sé castellano, pongamos por caso, no escojo en realidad: la lengua –mi única lengua– me escoge a mí.
De ahí la importancia de garantizar que toda la población en las autonomías bilingües sepa los dos idiomas oficiales: el propio del territorio (es decir, el que nació allí y allí se desarrolló históricamente) y el castellano (que nació y se desarrolló en Castilla –donde le es propio– pero luego se exportó, pacífica o violentamente, a los otros dominios lingüísticos de la península). Para que todo el mundo pueda escoger, todo el mundo debe saber. Parece simple y, en realidad, lo es. De ahí, por ejemplo, los programas de inmersión lingüística en Cataluña: como han venido demostrando todos los estudios hasta la saciedad, sólo los alumnos que cursan todas sus asignaturas en catalán saben a la perfección, cuando acaban el período de escolarización obligatoria, el catalán y el castellano. Sí: también el castellano (y mejor que los monolingües, según las estadísticas).
Dicho de otro modo: el monolingüismo es un enemigo de la libertad de elección. Sólo el bilingüismo –o el plurilingüismo– nos asegura que esa libertad –sagrada, como todas las libertades– pueda ejercerse con plena propiedad. Por otro lado, no creo que deba extenderme en las virtudes de dominar varios idiomas. No sólo el sujeto plurilingüe tiene una visión más abierta y tolerante de la realidad, sino que su percepción de los derechos de los demás es mucho más positiva. Mi libertad (también mi libertad de elección) acaba donde empieza la del otro.
Por todo esto, no es difícil concluir que el monolingüismo es una rémora que debería considerarse a extinguir. En el mundo de hoy –en la Europa de ahora mismo– saber sólo castellano (que es lo que les ocurre a la mayoría de los españoles y a una parte no desdeñable de los que viven en autonomías bilingües) es una reliquia más propia del “¡que inventen ellos!” que de un país que presume de ser la octava potencia económica mundial.
No sólo es que los españoles no sepan idiomas (ni catalán, ni inglés, ni alemán ni nada): es que, a lo que parece, no tienen la menor voluntad de aprenderlos. Por lo menos, algunos españoles (quizá los más adictos a ese toro patrocinado por una bebida alcohólica, por no hablar de otros animales igualmente racionales, como la simpática cabrita de la Legión).
Señor Fernando Savater: usted no puede ejercer la libertad de elegir entre castellano y euskara porque usted, como todo el mundo sabe, no tiene ni idea de euskara. Quizá si el franquismo no lo hubiera prohibido en nombre de las mismas emociones que usted legitima (la España monolingüe, uninacional y olé) usted hubiera sido alfabetizado también en ese idioma y ahora, siendo bilingüe, podría realmente optar. Pero no es el caso.
Dicho todo esto, me gustaría acabar recordando que no tengo la menor esperanza de que los lectores de este artículo que no tengan un mínimo espíritu liberal y sepan ver más allá de los más rancios tópicos españolistas se convenzan de mis argumentos. Cuando hablamos de idiomas, estamos tocando las vísceras. Nadie va a convencer a nadie. Pero lo que tampoco sería razonable es que una campaña patrocinada por un periódico ultra para atacar al partido en el gobierno por el leso pecado de no ser nacionalista nos hiciera perder un minuto de sueño. El que tenga ojos para ver, que vea. Y los demás, bienvenidos al denso continente (monosémico) de la ceguera.
Joan Garí es escritor. Su última novela es La balena blanca
Ilustración de Iván Solbes
HENRIQUE MONTEAGUDO
Agotada la salvaje campaña de prensa urdida alrededor de la conspiración del 11-M, exhausto el riquísimo venero de la negociación ZP-ETA, todo hace temer que el nuevo filón de la prensa amarillista española va a ser la batalla de las lenguas. Un síntoma del giro hacia un nacionalismo más intransigente de significativas franjas de los medios de comunicación de derechas, que no saben ya qué hacer para manipular la conciencia cívica y acaparar protagonismo en la lucha política. Desgraciadamente, parecen estar dispuestos a lo que sea con tal de que los partidos y coaliciones de centro-izquierda de diverso pelaje sean desalojados de las diferentes posiciones de poder político que han conquistado en abierta lid democrática: señaladamente, los gobiernos central, catalán, gallego, balear y vasco.
Quizás la novedad más notable en esta implacable estrategia de la tensión sea la salida a escena de una nueva fuerza política decidida a convertirse en estandarte del más puro nacionalismo centralista. Un partido político que se define (a los más ancianos del lugar seguro que les suena) ni de derechas ni de izquierdas, al exclusivo servicio de España una, grande y libre. Pero no nos engañemos: no estamos ante la vieja extrema derecha, sino ante un reaccionarismo de nuevo cuño, que hace furor en Europa. No sabemos muy bien hacia donde nos llevará este viento, aunque los precedentes de los años veinte y treinta del pasado siglo no resultan muy tranquilizadores.
Un manifiesto político
El anterior constituye un prólogo necesario para el Manifiesto por la lengua común. No estamos ante un alegato fundado en hechos objetivos y argumentado lógicamente, que tenga como objetivo abrir un debate intelectual. La terca realidad no avala la afirmación de que los castellano-hablantes estén discriminados en ninguna parte de España. El entramado jurídico y legislativo lingüístico español en su conjunto (desde la constitución a los estatutos), reiteradamente puesto a prueba ante los tribunales (comenzando por el Constitucional) de ningún modo justifica la denuncia de que el castellano es una lengua amenazada. Los investigadores que trabajamos con datos empíricos y elaboramos análisis sometidos a constante escrutinio académico no detectamos ningún elemento de prueba que sostenga las gruesas afirmaciones del tal manifiesto. Más bien, estamos ante un monumento a la ignorancia sobre cuáles son los problemas vinculados con el contacto de lenguas y cuáles las soluciones democráticas para la convivencia en las sociedades plurilingües.
Naturalmente, en las políticas lingüísticas españolas (incluyendo las autonómicas) hay muchos puntos discutibles y bastantes casos particulares más o menos litigiosos, pero lo cierto es que, hablando genéricamente, los únicos idiomas en peligro en España son los periféricos, y en realidad las correspondientes comunidades lingüísticas y hablantes resultan ser los más vulnerables y menos protegidos por las leyes. Lo que sí es cierto es que no existe una cultura lingüística española común a la altura de las transformaciones políticas y culturales de las últimas décadas (esto es, democrática y respetuosa de la diversidad). En consecuencia, la España castellano-hablante monolingüe en buena parte sigue atrapada en los mitos de la (in)cultura lingüística heredada del centralismo más rancio, especialmente la propalada durante el franquismo. Ni las diferentes instituciones culturales, ni el sistema educativo, ni mucho menos los medios de comunicación han hecho esfuerzos apreciables en un sentido renovador. No pocos intelectuales españoles están atrapados por ese mismo lastre. La diversidad lingüística y cultural continúa siendo vista más bien como una molestia a esquivar que como una riqueza de la que disfrutar.
La enseñanza bilingüe, garantía de convivencia
El punto clave es el conocimiento y uso de las otras lenguas en las comunidades bilingües. Seré conciso en exponer las conclusiones de los estudios más solventes sobre este asunto: (1) los sistemas educativos bilingües son enriquecedores y no empobrecedores de los y las estudiantes; por lo tanto, el pánico típicamente español a aprender en las otras lenguas es infundado; (2) no existe otra forma de garantizar un conocimiento mínimo de las otras lenguas si no es mediante su utilización general como vehículo de la enseñanza primaria y secundaria, mientras que el aprendizaje del castellano está sobradamente apoyado por su conspicua presencia en los medios de comunicación y la vida social en general; (3) la capacitación mínima del conjunto de la población en las dos lenguas (castellano y gallego/catalán…) es la única garantía tanto de la efectiva co-oficialidad de ambas, como de la igualdad de oportunidades en los ámbitos educativo y laboral, y de la cohesión de las respectivas sociedades.
El dicho manifiesto es pues, como reza el mismo texto, una iniciativa estrictamente política. Es un documento con un carácter profundamente demagógico, redactado con innegable habilidad (aunque sorprendente torpeza expresiva), con el objetivo de parecer aceptable a la gente de bien, pero que se inscribe en una estrategia partidista que al final se propone nada más ni nada menos que la reforma de la Constitución y de varios estatutos de autonomía, en un punto extremadamente sensible de nuestra convivencia. Una iniciativa que de hecho fomenta la discordia y que pretende una marcha atrás inaceptable, pues, obviamente, los hablantes de las otras lenguas no las queremos menos que los castellano-hablantes a la suya, y tenemos tantas o más razones que éstos para defenderlas. Ya nos las quisieron arrancar y, ya ven, estamos aún dispuestos a sacarlas.
Henrique Monteagudo es sociolingüista y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela
Ilustración de José Luis Merino
JUAN CARLOS MORENO CABRERA
El manifiesto por la lengua común presentado el pasado mes de junio en Madrid comienza con la siguiente afirmación: “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas […] sólo una de ellas es común a todos […] por tanto sólo una de ellas –el castellano– goza del deber constitucional de ser conocida”. Este enunciado contiene una contradicción que recorre de arriba abajo todo el manifiesto. Consiste en afirmar, por un lado, que todas las lenguas oficiales son igualmente españolas y, por otro, que sólo una de ellas goza del deber constitucional de ser conocida. Es decir, no todas las lenguas oficiales son igualmente españolas: una es mucho más española que las demás. No sólo esto; es que además se contradice de forma palmaria el segundo punto del comunicado. En efecto, a continuación se dice que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas”. Si esto es así, entonces no debería haberse dicho en el punto primero que el castellano goza del deber constitucional de ser conocido, porque las lenguas no gozan de derecho o deber alguno. Aquí se percibe de forma cristalina el nacionalismo lingüístico castellanista imperante en el manifiesto: sólo son las demás lenguas españolas las que carecen de derechos; el castellano tiene todos los derechos del mundo.
Pero ¿sólo las personas individuales tienen derechos y deberes? Que se sepa, existe una entidad política denominada España, con un territorio bien definido y en el que hay una lengua oficial denominada español. Esa entidad se define, entre otras cosas, mediante el derecho a usar esa lengua en todo el territorio del Estado y en todos los organismos oficiales. ¿No está asociada España a derechos lingüísticos y territoriales? ¿No ha ejercido en más de una ocasión España, a través de sus representantes, el derecho a que el español sea reconocido en la Unión Europea como lengua oficial que es de un estado miembro?
En el punto tercero se dice “en las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co oficial. Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta”. Conocer la lengua oficial del Estado no es un deseo encomiable, sino un imperativo legal. Por eso, quienes trabajan en las instituciones del Estado están obligados a usar el castellano. Pues bien, si el catalán es oficial en Cataluña, quienes ejercen sus funciones en las instituciones catalanas deberían igualmente estar obligados a usar el catalán. Esta obligación está legalmente legitimada por el hecho de que el catalán es lengua oficial. Es una incoherencia evidente exigir que en Cataluña se hable y escriba en castellano porque es lengua oficial y no hacer lo mismo respecto del catalán, la otra lengua oficial o ¿es que la primera es más oficial que la segunda?
En el punto cuarto se afirma que el hecho de que las lenguas de las comunidades autónomas hayan dejado de estar prohibidas o restringidas es suficiente para el pleno cumplimento del apartado tres del artículo tercero de la Constitución. Pero lo que dice la ley es que las lenguas nacionales de las comunidades autónomas son oficiales y, por tanto, exigir esas lenguas a sus ciudadanos no es acto de discriminación respecto de la otra lengua oficial, el castellano. Lo que sí es un acto de discriminación es no exigir a todos los ciudadanos de las Comunidades sus lenguas nacionales, como lenguas oficiales de pleno derecho que son, o que deberían ser.
A continuación, se hace una serie de solicitudes al Parlamento español. La segunda de ellas consiste en la petición de que “las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio […] pero nunca como lengua vehicular exclusiva”. Esto equivale a pedir, por ejemplo, que en Cataluña ha de exigirse por ley que no se enseñe en catalán. Pero ¿cómo se puede conciliar esto con la idea de que el catalán es lengua oficial de Cataluña? Creo que no hay manera sensata de hacerlo.
En el punto tercero se insiste en la idea de que no todos los funcionarios de las comunidades cutónomas tienen que conocer la lengua oficial de su comunidad. Esto vuelve a entrar en contradicción con su carácter oficial. ¿Es posible ser funcionario de la Administración del Estado sin conocer el español? Si esto no es posible ¿por qué habría de serlo que un funcionario de la Generalitat no sepa catalán?
En conclusión, lo que parece pedirse en este manifiesto es que las lenguas de las diversas comunidades cutónomas dejen de ser de facto oficiales en ellas para volver a una situación en la que el castellano sea la única lengua realmente oficial en todo el territorio del Estado español.
Estamos, pues, ante un manifiesto a favor de la supremacía y dominio absolutos de la lengua española sobre todos los demás idiomas de España. Por esa razón, es un claro exponente de la ideología del nacionalismo lingüístico español en una de sus formas más radicales y megalómanas. Según esta ideología, el español, lengua oficial del Estado, es superior en algunos aspectos a la práctica totalidad de las lenguas del mundo. En el preámbulo del manifiesto se menciona que sólo hay dos lenguas con mayor pujanza que el español (el chino y el inglés) y que esta lengua se asocia por derecho propio a la comunicación democrática y a los derechos educativos y cívicos. Con premisas como estas no es de extrañar la actitud altanera e intolerante que informa el manifiesto en todos sus puntos.
Juan Carlos Moreno Cabrera es catedrático de Lingüística General en la UAM y autor de El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva
Ilustración de Gallardo
