FÉLIX POBLACIÓN 
El pasado 20 de junio, los Amigos y Familias de la Brigada Abraham Lincoln, que combatió con los Voluntarios Internacionales en la Guerra de España contra el fascismo, adoptó como resolución promover y apoyar la solicitud de que una calle de Madrid –capital de la República defendida por los brigadistas internacionales en 1936– lleve el nombre de Oliver Law, personificando en él a todos sus compañeros, que lucharon por la democracia en España. De los casi 60.000 brigadistas de más de 50 países que participaron en la contienda, perdieron la vida algo más de 15.000. Oliver Law fue uno de ellos.
Fue el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos en dirigir una fuerza militar blanca. Había nacido en el oeste de Texas en 1900 y muy joven ingresó en el ejército estadounidense, donde sirvió como soldado de infantería en la Primera Guerra Mundial. Tras abandonar las fuerzas armadas se trasladó a Bluffton, Indiana, para trabajar en una fábrica de cemento, y más tarde a Chicago, donde fue taxista y estibador. Se afilió al Partido Comunista en 1932 y poco antes de viajar a España había sido arrestado cuando lideraba una manifestación en contra de la invasión italiana de Etiopía.
Oliver Law fue uno de los primeros voluntarios de Estados Unidos en alistarse como combatiente en defensa de la República española. Su experiencia militar y sus cualidades de liderazgo le avalaron primero como jefe de sección en una compañía de ametralladoras. Cuando el batallón Lincoln fue reorganizado, después de la batalla del Jarama, Law fue ascendido a capitán, tras ser transferido el comandante Martin Hourihan al Estado Mayor del regimiento. Oliver Law sólo estuvo al mando del batallón Abraham Lincoln durante los primeros días de la ofensiva de Brunete. El 10 de julio de 1937, en la cuarta jornada de aquella campaña, resultó mortalmente herido mientras comandaba un asalto al llamado Cerro del Mosquito, área geográfica correspondiente al municipio madrileño de Villaviciosa de Odón. En la ladera de ese cerro que desciende hacia el río Guadarrama perdió la vida, junto a una decena de sus compañeros, el primer ciudadano estadounidense negro que alcanzó el grado de capitán en combate sobre tropas blancas.
Contaba hace unos años Harry Randall, camarógrafo y fotógrafo de la Brigada Abraham Lincoln
–integrada por 2.800 voluntarios norteamericanos–, que la Lincoln fue la primera unidad del ejército norteamericano compuesta por soldados de todas las razas. Jamás había ocurrido antes ni ocurriría después, en la II Guerra Mundial, donde las tropas de Estados Unidos seguían siendo segregacionistas. Es conocida la anécdota de un coronel estadounidense durante su visita a España en 1937, cuando a la vista del capitán Oliver Law le preguntó si no le daba vergüenza lucir un uniforme con galones, a lo que Law respondió: “En España los galones se obtienen por lo que merecemos, no por nuestro color”. En ese sentido se cita también la frase que dejó escrita el último de los afromericanos fallecidos de la Brigada Lincoln,
Jimmy Yates: “En España fue donde por primera vez, siendo negro, me sentí libre”.
Hace unos meses, el colectivo castellano Yesca, integrado por jóvenes antifascistas, promovió una campaña bajo el nombre de Placa-placa, cuyo objetivo era denunciar la presencia de la numerosa simbología franquista en las calles y plazas de diversas localidades del centro peninsular, entre las que no podía faltar Madrid. Estimaba el citado colectivo, dado que la permanencia de esos nombres y símbolos constituye una ofensa para todo aquel que aspire a una sociedad libre y democrática, que no era preciso esperar por más tiempo a que se aplicase la Ley de Memoria Histórica en vigor. Puesta en marcha su campaña entre el mes de octubre del año pasado y febrero del actual, el balance de su recolección arrojó un total de 216 símbolos franquistas retirados en los municipios de Madrid, Pozuelo, Fuenlabrada, Segovia, Toledo y Cuenca.
Que esto esté ocurriendo a las alturas de nuestro vigente periodo democrático y que hasta el momento ni una sola de las calles y plazas de Madrid lleve el nombre de uno de aquellos luchadores, componentes de las Brigadas Internacionales, que durante el otoño de 1936 contribuyeron decisivamente a que la capital de la República no fuera conquistada por el ejército franquista, denota hasta qué punto la Transición primero, y los sucesivos gobiernos socialistas después, han dejado sin la justa reparación y el oportuno y diligente homenaje debidos en vida a quienes se jugaron la vida viniendo a combatir desde sus respectivos países en defensa de la libertad.
El 23 de noviembre de 1936,
reunidos en Leganés los cabecillas golpistas con Franco, optaron por suspender el brutal ataque que había sufrido la capital, después de los cruentos combates de la Ciudad Universitaria. Si el general felón Mola hubo de desistir de tomar café en la Puerta del Sol, tal como se había propuesto a guisa de marcial baladronada, en buena medida se debió al activo concurso de las Brigadas Internacionales en la Batalla de Madrid. Las primeras unidades desfilaron por la ciudad cuando Franco pretendía abrirse paso a través de la Casa de Campo, sin poder franquear a la postre el Cerro Garabitas.
Hay una fecha anual desde 1987 dedicada a Oliver Law y a la Brigada Lincoln por el Ayuntamiento de Chicago. Tarde, pero a tiempo para la historia, el de Madrid debería también honrar el nombre de Law.
Félix Población es escritor y periodista.
Ilustración de José Luis Merino
RICARD VINYES
Ocurrió a media tarde de un día laborable, cuando un paseo me llevó junto a la iglesia de la Purísima Concepción, ubicada en el encuentro de las calles de Aragó y Roger de Llúria del ensanche de mi ciudad. Crucé la entrada para ver de nuevo su hermoso claustro gótico, dos galerías superpuestas de arcos sostenidos en finas columnas rodeando un jardín cuidado y quieto con acceso a la iglesia, de donde procedía una voz. Entré, y en la penumbra fresca del templo oí a un sacerdote que relataba al público los detalles de la persecución de católicos durante la Guerra Civil. Daba nombres, y contaba martirios. Me senté, y escuché una afirmación importante: “Es muy grave que se quiera silenciar lo que nos sucedió, y sólo podamos hablar de lo que pasó en un bando”. Prosiguió el relato y de tanto en tanto regresaba a la misma frase. La anoté, por eso puedo escribirla hoy.
Crecí a 500 metros de aquella iglesia y nada de lo que oía era nuevo para mí. Pasé la niñez y la adolescencia escuchando relatos vecinales sobre sacerdotes escondidos o diezmados, franquistas fugitivos y reuniones clandestinas de la quinta columna. Supe –como tantos niños de mi barrio y escuela–, los destrozos ocasionados en aquella iglesia, en las Salesas y en tantas otras. Heredé las historias de persecución, checas, violaciones domiciliarias y asesinatos bajo el orden republicano porque estaban presentes en la calle, púlpitos, librerías o cines, de manera ostentosa, con honor y gratificación. Cualquiera, en los años sesenta, conoció los desmanes republicanos hasta el empacho. Sentado en aquel templo escuchaba cómo se construye la invención de un silencio que el tiempo y el interés convierten en lugar común.
Es una lástima que no existan todavía hoy investigaciones solventes sobre la represión republicana. Los libros publicados en la dictadura no sirven, porque carecen del rigor mínimo. Los que están apareciendo en los últimos cinco o seis años resultan decepcionantes: sus autores se limitan a reproducir la Causa General sin ningún tipo de contraste ni aparato crítico. Tan sólo un libro publicado en la lejana fecha de 1961 –con varias reimpresiones, la última en 2000–, y firmado por monseñor Antonio Montero Moreno, constituye una obra sólida y rigurosa.
Pero ese es sólo un aspecto del problema. El otro procede de tratar los déficits ciertos de las garantías constitucionales y derechos civiles republicanos con una perspectiva anacrónica y ahistórica al establecer una llamativa exigencia de perfección constitucional y democrática a la Segunda República, prescindiendo de la realidad de las otras democracias occidentales. Se obvia que las guerras, la Primera o la Segunda mundiales, y sin duda las derivadas de los procesos de descolonización, siempre han modificado y convulsionado las prácticas constitucionales de las democracias consolidadas, expresando sus fallos en la vulneración de derechos. Gran Bretaña, Bélgica, EEUU, Francia… limitaron los derechos constitucionales y modificaron sus procedimientos judiciales, y muchos ciudadanos fueron encarcelados en nombre de la guerra. Si los quebrantos constitucionales de la República no se comparan con las prácticas de las otras democracias en situación de guerra, no sólo el anacronismo resulta evidente, también su idealización y consiguiente manipulación. Así, se prescinde o minimiza que desde mediados de 1937, el Gobierno de la República y el de Catalunya –donde se albergaba el primero– incrementaron el proceso de corrección de los fallos derivados de un Estado en guerra que necesitaba defenderse, como cualquier otro Estado democrático, de las agresiones del fascismo y la reacción conservadora, española o extranjera. Y debía hacerlo, también, utilizando sus servicios de inteligencia y corrigiendo sus excesos. Unas correcciones efectuadas en pleno proceso de degradación democrática derivada del mal signo de la guerra, de la consiguiente inestabilidad política y de la creciente falta de recursos y alimentos. Tanto el Gobierno de la República como el de Catalunya coincidían en el reto de restaurar la autoridad política y los derechos civiles que la dinámica de la guerra habían deteriorado. Un camino que Negrín había iniciado con determinación, y que conllevaba la restauración de la libertad religiosa, puesto que su ausencia era considerada como un defecto ético y político, por lo que ambos gobiernos promovieron un proceso gradual del restablecimiento del culto.
Fue en el primero de julio de 1937 cuando todos los obispos –excepto dos– firmaron la epístola que declaraba el golpe de Estado y la guerra teológicamente justificadas, y reclamaba la aniquilación de la República y sus defensores. Esa actitud de la Iglesia aconsejaba a los dirigentes republicanos tener prudencia en el proceso de normalización del culto. Además, la jerarquía católica siempre se opuso a la normalización religiosa, convencida de que la situación de ilegalidad tensaba la situación creando un martirologio que consolidaba la desafección a la República. Ese es el motivo por el cual el vicario capitular de Barcelona, monseñor Torrents, máxima autoridad eclesiástica de la ciudad, se opuso siempre al restablecimiento de la normalidad religiosa amenazando con retirar la licencia a aquellos sacerdotes que aceptasen celebrar actos públicos de culto católico, por lo que cabe preguntarse el grado de responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en la persecución de sus propios creyentes. Algo que sí está en silencio.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustración de Enric Jardí
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Tras la presentación del escrito de defensa del magistrado Baltasar Garzón, y la reciente actividad en nuestros altos tribunales, propondría un alto para reflexionar sobre algunas de las cosas que se han escuchado en todo este tiempo. Sea, al menos, para tratar de conjurar la vieja máxima de Goebbels sobre la verdad y las mentiras.
Probablemente una de las más extendidas correspondería a que Garzón, al rechazar en 1998 la querella por los crímenes de Paracuellos, sostuvo lo contrario que al declararse competente, en 2008, en la conocida como “causa de la Memoria Histórica”. Desde luego, sería este un argumento prácticamente definitivo, y también así se pretendía esgrimir en el impresentable (en sentido literal, según el magistrado Varela) escrito de acusación de Falange Española. El único inconveniente es que basta con leer aquel auto de 16 de diciembre de 1998 para comprobar que Garzón nunca afirmó que tales crímenes estuvieran prescritos o cubiertos por la Ley de Amnistía; en otros términos, jamás mantuvo lo contrario a lo que defendió en 2008. El interrogante habría de ser entonces si aquellas personas que así opinan, bien nunca han leído los textos que citan, bien, habiéndolo hecho, prefieren compartirnos un buen titular para calentar a la grada.
Hablando de procedimientos judiciales, tampoco se quedan mancos aquellos que al hilo de la causa contra Garzón valoran especialmente el auto que dio el impulso definitivo al proceso, el del 3 de febrero, como “impecable”. No pocos conocimientos jurídicos se han de poseer para manifestarse con tal rotundidad; aunque ciertamente a esta postura se han sumado defensores como los del represor argentino y asesino convicto Adolfo Scilingo. Y así que su defensa presentara, el 3 de mayo, un escrito instando la nulidad de actuaciones, en contra de la sentencia que le condenó del mismo Tribunal Supremo, además de querellarse contra varios de sus magistrados, basándose en “la misma tesis del magistrado instructor de la causa especial contra Baltasar Garzón, y por los mismos delitos”.
Mencionamos antes la Ley de Amnistía de 1977, y sobre ella convendría detenernos también un instante. Resumamos uno de los postulados más reiterados: en caso alguno puede considerarse esta una ley de punto final al estilo argentino, pues la española fue aprobada por un Parlamento democrático, y fue además una exigencia de “las fuerzas de izquierdas” en la Transición. Ahora bien, de un lado, las leyes argentinas de amnistía fueron igualmente aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente. Del otro, lo que se presenta como una “exigencia de la izquierda” no fue amnistiar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el franquismo. Finalmente, lo que yo diría que está en discusión no es todo esto, sino su legalidad (interna e internacional). Aunque en este punto tampoco es extraño escuchar que precisamente al responder a la voluntad del legislador, o de la sociedad a la que este representa(ba), tales valoraciones están fuera de lugar aquí. Si bien, lo que sí debería resultar extraño es que muchos de los que así opinan no pestañeen al mantener que resulta, ahora sí, intolerable que se sostenga que otras leyes aprobadas por nuestro Poder Legislativo están al margen de ese mismo control jurisdiccional; sin ir más lejos, el Estatut de Catalunya, que hoy vuelve a las portadas.
Tampoco son desdeñables los planteamientos que vendrían a sostener, en cascada, que lo relativo a la Memoria Histórica no es más que una cortina de humo, que el Gobierno tiene cosas más importantes que atender, que no hacía falta ninguna Ley de Memoria Histórica, o que nadie discute que los familiares-víctimas busquen los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero que esto ya se hacía adecuadamente tiempo atrás. Apuntemos un par de ideas: de salida, la cortina debería servir para ocultar el todo y la nada, pues el Ejecutivo vendría extendiéndola desde fines de 2006. Un Ejecutivo que sin duda habría de reducirse radicalmente, pues sólo tendría que dedicar su tiempo a una o dos “cuestiones” en cada momento. Sin olvidar que lo que ahora se presenta como algo que nadie discute desde luego fue objeto de gran polémica durante la tramitación de aquella ley. Y hoy se torna en discutir la opinión de los familiares-víctimas, que en caso alguno comparten que las exhumaciones se estuvieran realizando de forma adecuada desde hace tiempo. Aun más, no es precisamente satisfacción generalizada lo que impera entre estas personas en cuanto al contenido de esta ley; lo que no obsta para que se siga proclamando que aquella medida no fue más que algo “revanchista y sólo diseñado para contentar a esos colectivos” (sic).
Con todo, el argumento central en el que suelen descansar muchos de estos planteamientos vendría a sostener que, en este ámbito, es temerario e inaceptable poner en duda lo hecho en la última Transición democrática en España. Entre otras cosas, deslumbra que los mismos que así piensan suelen tener a su vez una posición sensiblemente distinta respecto a otros aspectos, hijos también de aquellos años. De tal suerte que, a la postre, el razonamiento podría resumirse así: en cuanto al pasado franquista, disentir de que lo decidido durante la Transición fue lo óptimo, y no, si se quiere, lo posible en aquellas circunstancias, de tal forma que modificadas estas, deben tomarse medidas que corrijan los defectos o deficiencias de entonces, resulta un ataque devastador a nuestra democracia. Dicho lo cual, cabe exigir una modificación sustancial del sistema electoral o de la estructura territorial del Estado, por el bien de esa misma democracia. Y aquí paz y después gloria.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM
Ilustración de Mikel Casal
JOSEP FONTANA
Santos Juliá expone en un artículo publicado en El País el 25 de junio una tesis sobre la naturaleza de la Guerra Civil española que puede resumirse en la frase con que el propio periódico la sintetiza: “Las matanzas en el bando antifranquista durante la Guerra Civil no fueron de los republicanos, sino de los partidarios de una revolución social que, de haber triunfado, también hubiera supuesto el fin de la República”.
La tesis no es nueva. Es la de los sublevados –que pretendían que su objetivo era prevenir una imaginaria insurrección comunista–, la de la carta colectiva de los obispos o la del revisionismo neofranquista de nuestros días. No es de extrañar que la caverna de Intereconomía haya reaccionado con voces de júbilo para celebrar el regreso del hijo pródigo a la verdadera fe.
Tengo demasiado respeto a Santos Juliá como para despachar este asunto de la manera simplista en que lo hace Intereconomía; pero no puedo evitar la expresión de algunas discrepancias. Lo que había en España el 18 de julio de 1936 era un régimen democrático empeñado en una política reformista, definida así en el pacto del Frente Popular: “La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social”. Los “partidos obreros” habían aceptado estos límites por unas razones que Martínez Barrio expuso claramente en 1937: “El pacto del Frente Popular fue una necesidad política y moral, tanto para los partidos republicanos como para las organizaciones obreras. Advertían aquellos la rápida desintegración de las esencias del régimen y el peligro, cada vez más cercano, de que la Constitución del año 31, violada con reiteración, fuera abolida definitivamente. Los partidos obreros observaban, a su vez, que el terreno legal donde la derecha quería colocarlos les traería desastre idéntico al sufrido por las clases trabajadoras en Alemania y Austria”.
Aunque hablasen de revolución para azuzar los miedos de la derecha, los militares y sus asociados se sublevaron en realidad contra la democracia republicana. Lo dicen sus primeros textos internos, como el de Mola, que proclama: “Es lección histórica, concluyentemente demostrada, la de que los pueblos caen en la decadencia, en la abyección y en su ruina cuando los sistemas de gobierno democrático-parlamentario, cuya levadura esencial son las doctrinas erróneas judeo-masónicas y anarco-marxistas, se han infiltrado en las cumbres del poder”. Lo que debía hacerse era “un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo”, de modo que en el futuro “nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos (…), ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo”. De forma más expresiva lo decían los militares de su entorno, que, como nos cuenta su secretario en la primera versión de sus recuerdos, sostenían que “hay que echar al carajo toda esta monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”, lo que ejemplificaban con “la limpia que hay que hacer en Madrid entre tranviarios, policías, telegrafistas y porteros”.
Cuando se analiza la violencia inicial del levantamiento, se puede ver que se trata sobre todo de asesinatos preventivos, movidos por el deseo de desarticular hasta sus raíces la sociedad republicana. Se mata a alcaldes y concejales, a sindicalistas o a maestros de escuela. ¿Cómo explicar de otro modo el asesinato en los primeros días de tantos maestros de escuela? ¿O el hecho de que hubiese tantas víctimas en provincias que votaban tradicionalmente a las derechas y donde el movimiento había triunfado sin resistencia? No eran víctimas de una guerra civil que no existía aún cuando sus muertes fueron decididas, sino de un proyecto de exterminio colectivo.
En un balance sobre la violencia roja y azul que aparecerá próximamente, José Mª García Márquez ha reconstruido la realidad de los asesinatos del verano de 1936 en la provincia de Sevilla. Se trata de hombres y mujeres que murieron sin dejar rastro, no porque fuesen víctimas de actos incontrolados, sino porque hubo una voluntad deliberada de ocultación. Una de las aportaciones más interesantes de su investigación es la certeza de que las autoridades de la revuelta tenían exacta noticia de cada muerte que se producía.
Esta primera oleada salvaje de los muertos en los descampados y en las cunetas, realizada cuando no había motivo alguno que pudiera legitimarla, es la que revela con más claridad la naturaleza y el sentido de esta violencia fundacional. Después empezó una Guerra Civil que desbordó el proyecto político republicano y dio paso a una situación nueva, en que el análisis de la violencia de ambos bandos debe hacerse sin duda con algunas de las cautelas que preocupan a Santos Juliá. Pero la suposición de que la crisis del proyecto del Frente Popular se hubiese producido de todos modos sin la provocación inicial de la revuelta no aparece justificada por el estudio de lo que ocurrió en la primavera anterior. Y, privada de esta legitimación, la violencia azul del verano de 1936 resulta ser el mayor crimen colectivo de la historia de España: un crimen contra la humanidad que no tiene amnistía ni perdón.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Federico Yankelevich
JOAN GARCÉS
España ha sido la primera y última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, la resistencia fue sobrepasada por la intervención del III Reich y la Italia de Mussolini. El 1 de septiembre de aquel año, Polonia era invadida. El costo humano, cultural y económico fue devastador para España. Las libertades civiles y políticas fueron radicalmente suprimidas durante la más prolongada dictadura fascista de Europa, hasta 1977.
Las actuales generaciones quieren conocer lo que pasó: las causas y consecuencias. Una acción cívica democratizadora se está desarrollando en España. Les pide a los tribunales que apliquen las leyes.
Vivir en democracia requiere conciencia, voluntad, esfuerzos constantes. Los cimientos institucionales y normativos de la Europa construida a partir de 1945 no son compatibles con la ocultación e impunidad de crímenes de genocidio y lesa humanidad. Se le recuerda a Turquía, cuando solicita ingresar en la Unión Europea, que antes debería reconocer y condenar el genocidio de los armenios de 1915-17 (entre 250.000 y 500.000 muertos, según las autoridades turcas; más de millón y medio, según las víctimas.
El costo de la impunidad de este genocidio ha sido incalculable. Un documento identificado como L-3, exhibido ante el Tribunal de Nüremberg, contiene el mensaje en que el canciller Hitler comunicaba a sus generales, el 22 de agosto de 1939, la decisión de invadir Polonia: “He ordenado –y haré fusilar a quienquiera que haga la menor crítica– que la finalidad de nuestra guerra no es alcanzar determinadas líneas, sino la destrucción física del enemigo. En consecuencia, están listas mis formaciones de la calavera [SS-Totenkopfverbände] –por ahora sólo en el Este– con órdenes de matar, sin misericordia ni compasión, a hombres, mujeres y niños de origen y lengua polacos. Sólo así conseguiremos el espacio vital (Lebensraum) que necesitamos. Después de todo, ¿quién habla hoy de la aniquilación de los armenios?”.
Esa voluntad de exterminio se estaba aplicando en España desde el 17 de julio de 1936 contra los partidarios de la forma republicana de gobierno, al tiempo que se prohibía a los tribunales de Justicia investigarlo. La consecuencia es que, desde entonces, aquellos han estado cerrados para investigar los actos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de guerra. En España no se ha exigido responsabilidad a ningún juez o funcionario por su contribución a la inacción del derecho, a diferencia de lo ocurrido al ministro de Justicia alemán Franz Schlegelberger, juzgado en 1946 porque “la prostitución de un sistema judicial para lograr fines criminales implica un elemento de maldad hacia el Estado que se encuentra en atrocidades manifiestas que ensucian las togas de los jueces”.
Sin embargo, desde el restablecimiento de la forma representativa de gobierno en 1977, España ha incorporado a su derecho interno el construido sobre la derrota del nazi-fascismo en 1945. Rigen hoy en España normas que sancionan aquellos graves delitos, que los declaran imprescriptibles y no amnistiables. En 2006, varias asociaciones de víctimas solicitaron investigarlos, así como localizar a los más de 115.000 detenidos y desaparecidos. Pidieron también encontrar a más de 30.000 niños secuestrados a familias republicanas y entregados a familias franquistas que, habida cuenta de su edad, cabe presumir que con su identidad cambiada siguen vivos en su mayoría. Por reparto correspondió conocer de estas denuncias a un juzgado central de instrucción que, tras indagaciones preliminares, abrió una investigación formal el 16 de octubre de 2008, la primera desde el 17 de julio de 1936 (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección “España”).
La reacción ha sido inmediata. En diciembre de 2008 se prohibió al juzgado proseguir la investigación; en 2010 se ha suspendido en sus funciones al titular, derribándose así pilares constitucionales como los de la independencia e inamovilidad judicial, mientras se prepara una sentencia destinada a mantener cerradas las puertas de los tribunales. En paralelo, en septiembre de 2009 se enmendó la ley para dificultar la persecución de los delitos de esa naturaleza bajo los principios de la jurisdicción universal.
Mientras a Turquía se le exige hoy reconocer el genocidio de 1915 –habida cuenta del trágico uso que se hizo de su olvido–, en el otro extremo del Mediterráneo se intenta seguir impidiendo la investigación del de los republicanos españoles –en un contexto económico que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en declaraciones a Der Spiegel el mes pasado, describía como el quizás más difícil desde 1918 (lo que incluye el período fascista)–. Es de interés general abrir los tribunales al conocimiento de uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo antes de que se revuelva la bestia.
Joan Garcés es abogado
Ilustración de José Luis Merino
FÉLIX POBLACIÓN
El pasado 10 de mayo falleció en Viena Ferdinand Hackl, uno de los 1.400 brigadistas austriacos que vinieron a España para defender a la República del fascismo. En cuanto supe la noticia a través de Gerhard Hoffmann, su amigo y compañero en aquella lucha, recordé las palabras que la vicepresidenta primera Fernández de la Vega pronunció en ese mismo país, unos días antes, con ocasión de su visita al campo de exterminio de Mauthaussen –65 años después de su liberación– para rendir homenaje a los 5.000 republicanos españoles que perdieron allí la vida. Dijo ante aquel escenario de barbarie: “Las víctimas del nazismo, del fascismo y del franquismo no han sido ni serán víctimas del olvido”.
Hijo de una familia obrera muy modesta, Hackl nació en Viena en 1918, año de la caída del viejo imperio austro-húngaro. A los 12 años empezó a trabajar y a los 14 se compró una mandolina para tocar en las agrupaciones musicales de las Juventudes Comunistas. Su militancia política le costó la cárcel durante el régimen fascista del canciller Dollfuss. Liberado tras protagonizar una huelga de hambre, viajó a España en 1937 para unirse a los 1.400 brigadistas de su país que se enfrentaron al fascismo en la Guerra Civil. Se incorporó en principio al Batallón
nº 20 de la Brigada Internacional bajo el mando del coronel Aldo Morandi para pasar después a la Brigada nº 11, integrada por alemanes y austriacos, y más tarde a la Batería Thaelmann. Una vez dictó el Gobierno de la República la orden de retirada de las Brigadas Internacionales en octubre de 1938, todavía participó a finales de ese año, junto a 400 brigadistas de su país, en el vano intento de frenar el avance franquista hacia Barcelona. El 9 de febrero de 1939 cruzó la frontera de Francia siguiendo el camino del exilio entre medio millón de españoles, con los que compartió la humillante y dura reclusión en los campos de concentración de Saint Cyprien, Argelès y Gurs. Tras la ocupación de Francia por el Ejército nazi, Hackl fue internado en el de Dachau hasta su liberación en 1945.
Hace cuatro años, Karin Helml y Hermann Paseckas realizaron un documental titulado España, última esperanza, en el que Ferdinand Hackl, junto a Hoffmann, Ernst Kuntschik, Hans Landauer y los republicanos españoles Matías Arranz y Manuel García Barredo hacían memoria de sus vivencias durante la Guerra Civil, así como de su tránsito por los campos de concentración de Europa durante la dominación fascista. El filme, escasamente difundido en nuestro país, aporta documentación muy valiosa –en su mayor parte perteneciente a fondos privados– que debería estar a disposición de cuantos pretendan conocer esas páginas de nuestra historia.
Hans Landauer tenía 16 años cuando se entrevistó con su enlace en un café de París y hubo de aumentar su edad verdadera ante la recriminación de su contacto: “No mandamos niños a España”, le dijo. Una fotografía de Agustí Centelles, con Landauer desfilando por las calles de Barcelona el día de la despedida de las Brigadas Internacionales, refleja en efecto a un adolescente cuyo risueño aspecto no parece propio de un combatiente después de haber luchado en los frentes de Brunete y Teruel. Como Hackl, Landauer pasó por el campo de Gurs en Francia, para ser deportado después a Dachau. A diferencia de su compañero, sin embargo, que mantuvo hasta el final su militancia comunista, Landauer la abandonó en 1948.
Me cuenta Gerhard Hoffmann que Hackl se dedicó hasta el final a trabajar en el Centro Documental de la Resistencia Austriaca. Ahí están, probablemente, las últimas páginas de una historia en la que ciudadanos de distintos países, ajenos al conflicto, se jugaron la vida por una idea en una guerra abierta y declarada. Landauer dio a un hijo suyo el nombre de Prisciliano en recuerdo a un asturiano de Mieres que compartió con él su reclusión en Dachau. De España no olvidó nunca el olor de las olivas y un gran cartel que mostraba los cadáveres de unos niños alineados sobre la acera de una ciudad republicana bombardeada.
Más de 200 de los 1.400 brigadistas austriacos perdieron la vida en España luchando por la República. Casi 500, siguiendo el mismo camino que los republicanos españoles en su lucha contra el fascismo, fueron internados en los campos de concentración nazis: Dachau, Mauthausen, Gross-Rosen… Entre ellos estaba Ferdinand Hackl, cuya vida se apagó casi el mismo día en que Fernández de la Vega afirmaba lo antedicho en uno de esos ámbitos de aniquilación. Me comentó el excelente escritor Erich Hackl, narrador de la desventurada niñez de su amigo Ferdinand –de quien recibió algunos libros de su magnífica biblioteca–, que el anciano brigadista fue un hombre tierno, generoso y modesto, solidario siempre con sus viejos camaradas, “a los que visitaba y atendía en asilos y hospitales”. Quizá por eso nadie mejor que Ferdinand Hackl para testimoniar el olvido en que fueron muriendo muchos de ellos sin que el Estado democrático español los recordase.
Sólo viven actualmente tres brigadistas austriacos y ninguno de los tres –Gerhard Hoffmann, Hans Landauer y Josef Eisebauer–, junto al fallecido Hackl, tiene nuestra nacionalidad. La Ley de Memoria Histórica sólo la concede a quienes juran fidelidad al rey, obviando que esos hombres, como antifascistas sobre los que nunca debió pesar el olvido, combatieron contra el dictador que impuso al monarca.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Mikel Casal
RICARD VINYES
Nuestro paisaje simbólico está en cambio. Monumentos a próceres fascistas se desvanecen en la madrugada sin dejar rastro. Estatuas de militares golpistas son confinadas, de repente y sin aviso, en lugares ocultos a la mirada; y bien parece que las melodramáticas águilas negras de San Juan alzaron el vuelo sin dejar rastro en las cornisas donde anidaron siete décadas.
Una parte de nuestra sociedad pidió con insistencia que los símbolos de la dictadura fuesen retirados del espacio público; y con razón, porque esas efigies, esos pájaros, nombres, dardos y arcos victoriosos, ese palacio del miedo en Cuelgamuros, son ejemplo tan solo de dos cosas: la violencia como proyecto y la humillación como instrumento.
Transcurridos 30 años, el resultado de esa demanda ha sido el artículo 15 de la Ley de reparación 52/2007 de 26 de diciembre, que establece la retirada de todo el ajuar faccioso; con salvedades: las que ampare la presunta condición de arte. En cualquier caso, la ley permite una limpieza notable. Y ahora que eso es posible, considero urgente meditar los términos de su retirada. ¿Deben desaparecer sin más? Opino que no. Pensar qué hacer con todo ello es más efectivo que la precipitada solución terminal, porque esa siempre existirá. No se trata de usar los iconos de la dictadura y actuar en ellos para establecerlos como pieza didáctica para “aleccionar-sobre-lo-que-pasó”, sino para levantar interrogaciones, curiosidad –esa acción que Nabokov definió como la transgresión en estado puro– sobre la ética de nuestra sociedad, puesto que los símbolos es de ética de lo que hablan. Resignificar es otorgar la posibilidad de debatir nuevos contenidos para la memoria pública, que no es otra cosa que la imagen del pasado públicamente discutida. Derribar o transformar un monumento o edificio sin meditar su provecho es una pérdida grande, tras la cual sólo aparece el vacío. ¿Era eso lo deseado, un vacío permanente?
El 20 de noviembre de 2005, Montserrat Iniesta, una de las más interesantes museólogas de este país, directora de Vinseum, se dirigió a la sala de reserva del museo y regresó con el busto del dictador que había presidido el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estaba en buenas condiciones. Colocó en el vestíbulo una peana y sobre ella la cabeza de piedra de aquel símbolo principal de la dictadura. Añadió una mesa y puso en ella un libro con páginas limpias, lo asistió con un bolígrafo de tinta azul y un videomatón cercano a una esquina de la sala. Dispuso luz templada y colgó en la entrada el nombre de aquella instalación: Escolta, Franco. Acto seguido, convocó a los ciudadanos a visitar el busto para decirle a Franco lo que nunca le habían podido decir, por escrito, o de viva voz, podían hablar o entonar una canción. El resultado fue integral: aplausos y recriminaciones. Radio, televisión y prensa se hicieron eco de aquella propuesta con un entusiasmo desconocido en los eventos conmemorativos y sus aburridas liturgias. Nunca se habló tanto de Franco ni de memoria como en aquellos días. El espacio de la instalación que exhibía el símbolo central de la dictadura se convirtió en fuente de la memoria democrática con la interpelación permanente de ciudadanos que expresaron sus opiniones sobre el dictador, y sobre la bondad o la maldad de aquella iniciativa. En síntesis, alguien había pensado cómo actuar en los procesos sociales que pueden generar los símbolos. Aquel acto constituye una decisión de referencia para pensar con sosiego, más allá de la iconoclasia simple, precipitada.
El mismo año, Rudolf Herz se reunía con un albañil suabo a quien el Ayuntamiento de Dresde había entregado las piezas del enorme monumento a Lenin, retirado del centro de la ciudad. Llegaron a un acuerdo. Herz montó el busto de Lenin y sus dos anónimos guardianes en la plataforma descubierta de un camión tráiler, y cruzó Europa durante cuatro semanas. Denominó la operación Lenin on tour. Se detenía en mercados y plazas, o ante edificios y lugares emblemáticos y concurridos. Retrató las reacciones de los transeúntes. Hubo de todo, botes de pintura y flores, asombro, deleite, curiosidad. Entrevistó y filmó ciudadanos ante la efigie, y constituyó un archivo cuya exposición podía verse en el Museo Ludwig de Colonia el pasado otoño. Impresiona el debate generado. Herz contó el objetivo de su actuación: “Mostrar Lenin a mis contemporáneos para que me muestren ellos el Lenin del siglo XXI”. La piedra puede ser dialógica.
Imagino pasear por España la nave con la que el generalísimo surcaba las aguas extrayendo peces que ilustraban los noticieros, y que ahora muere en una llanura de Burgos, pasto del ácido y la yedra, despojada de sentido y de valía. La imagino ante el arco de la Victoria, en Moncloa, o frente al Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo, o ante el Parlamento. Y que alguien filme y guarde.
Retengo, por encima de cualquier otro, el proyecto que Horst Hoheisel presentó al concurso público para realizar el Memorial del Holocausto en Berlín. Situaba sendos pilares con los nombres de los principales campos de extermino ante los dos pabellones que encuadran la puerta de Brandeburgo. El siguiente paso consistía en dinamitar el conjunto monumental. Así, las ruinas de la puerta de Brandeburgo, el monumento que encarna la “grandeza nacional de Alemania”, entrelazadas con los nombres de los campos de la muerte, serían el Memorial del Holocausto. Como era de esperar, el proyecto no prosperó. Pero me parece una buena sugerencia para el Valle de los Caídos, mucho más que mutarlo en un ridículo museo de la Guerra Civil. Sí, sugiero ese proyecto para el Valle. Desde luego, antes deberían sacar los restos allí recluidos; y a los benedictinos, claro, que nadie por un descuido se olvide de ellos, pobre gente.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustración de Alberto Aragón
FÉLIX POBLACIÓN
Se presenta ahora en Valencia la exposición Arte Salvado que rememora y difunde, siguiendo la misma ruta que dispuso el Gobierno de la Segunda República, el azaroso tránsito hasta Ginebra del patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, amenazado por el brutal asedio franquista sobre la capital del Estado. Las octavillas de la aviación fascista en agosto de 1936 lo dejaban muy claro: “Si los madrileños no obligan al Gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital sin condiciones, declinamos toda responsabilidad por los grandes daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida. Sabed, madrileños, que cuanto mayor sea el obstáculo más duro será, por nuestra parte, el castigo”. El historiador Hugh Thomas es muy explícito al comparar los efectos de los bombardeos tres meses después: “Las terribles llamas hacían que la capital semejase algún primitivo lugar de tortura”. César Falcón, periodista y escritor peruano, tuvo la lucidez de advertir que aquel primer ataque aéreo del fascismo sobre la población civil era el destino que aguardaba a otras capitales europeas.
El 16 de noviembre, los aviones nazis dejaron caer sobre el Museo del Prado hasta 12 bombas que, si no causaron más daños que la rotura de un bajorrelieve italiano, fue porque la dirección de la pinacoteca había preservado semanas antes los fondos en los sótanos y había cubierto la cúpula del edificio con sacos terreros. Una vez creada la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, presidida por el pintor extremeño Timoteo Pérez Rubio, el Gobierno republicano tomó la determinación de trasladar los fondos del museo a Valencia. El 10 de diciembre salió el convoy que, junto a otras obras, transportó Las Meninas a una velocidad de marcha de 20 kilómetros por hora. La excesiva altura de la extraordinaria obra de Velázquez deparará una de las anécdotas más ilustrativas de la meritoria custodia del arte español por los caminos de un país en guerra, ejemplo del celo, meticulosidad y pundonor puestos en el empeño por el Gobierno de la República. Como la estructura metálica superior del puente de Arganda no permitía el paso del camión que transportaba la obra, hubo de ser trasladada por la noche, a brazo y sobre rodillos, en medio de un frente de combate.
La recreación de esas imágenes, así como la ingeniosa instalación con la que el arquitecto Joselino Vaamonde habilitó las Torres de Serrano en Valencia para proteger las pinturas allí almacenadas, consta en un magnífico documental de Alberto Porlan, realizado en 2004: Las cajas españolas. En Figueras, última etapa del traslado por la península, el Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro Artístico Español garantizó la conducción de las cajas hasta su depósito en el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Para que tal destino fuera posible, el ministro de Estado y el propio presidente de la República tuvieron que apostarse en las carreteras de la diáspora con objeto de requisar los camiones, desalojándolos de armamento y demás vituallas, e incluso de heridos. La avería de algún vehículo obligó otra vez a recurrir al brazo para transportar los cuadros por los pasos fronterizos.
El tesoro artístico español salió de Perpignan el 12 de marzo de 1939. Nunca antes en la historia un patrimonio de tal valor y magnitud había sido transportado, mucho menos en tan adversas circunstancias. Fue tan masiva la afluencia de visitantes que acudió a la gran exposición montada en Ginebra que se consideró el evento como el hecho artístico más importante del siglo. La Segunda Guerra Mundial interrumpió la exhibición de la muestra. El muralista catalán José María Sert logró que el ministro francés Monzie habilitase un tren especial para verificar el traslado a España. El trayecto durante la noche del 6 de septiembre se hizo sin luces para evitar el riesgo que por segunda vez podían correr las obras del Prado bajo la aviación fascista. Tres días después, las 1.868 cajas españolas llegaron a Madrid sin más rasguño que una pequeña desgarradura en el cuadro de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 tras un ataque de la artillería franquista en Benicarló.
Deliberadamente tergiversada y difamada durante el franquismo, la salvación de tesoro artístico español debería ser hoy una lección básica de cultura cívica a impartir entre las jóvenes generaciones. A cuantos colaboraron en aquel empeño sólo les llegó un primer y tardío reconocimiento en 2003 con la colocación de una placa en su recuerdo en el Museo del Prado. Otro homenaje simbólico, todavía con más retardo, tuvo lugar a primeros de este año con la imposición de una serie de medallas por parte del presidente del Gobierno.
Azaña antepuso la salvación del arte a la del régimen que presidía, pues el primero es irrepetible y el segundo no. Franco estuvo dispuesto a conquistar Madrid e imponer su dictadura aunque fuera a costa de bombardear una de las primeras pinacotecas del mundo. Después, cuando todo ese gran patrimonio protegido por la República volvió a nuestro país íntegro, sano y salvo, aún tuvieron los españoles que soportar que se lo debían “a la fina sagacidad del caudillo”, según la consigna de la prensa a su servicio. Que durante casi 40 años se haya impuesto tan sarcástica soflama y que hayan tenido que pasar más de 30 años en democracia para empezar a saber la verdad de los hechos, debería ser otro motivo más de reflexión y preocupación sobre las menguas y flaqueza de nuestra memoria histórica.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Gallardo
RICARD VINYES
Cuando, tras años de exilio, Ariel Dorfman regresó a Chile, ofreció al mundo La muerte y la doncella, una pieza de teatro memorable donde cuenta que la protección última de ex golpistas vencedores, sus funcionarios y autoridades, consiste en mutar el valor histórico y moral de sus actos para conservar el honor intacto, mantener la mirada altiva y hablar con destellos de honradez en los ojos en los nuevos tiempos del Estado de derecho logrado. Renacen así como hombres de bien que esparcieron dolor, sembraron miedo y aniquilaron biografías para evitar males mayores a la nación. Hombres honrados, de intención buena. Incluso próceres.
Pero el núcleo dramático de la obra reside en que la demanda terminal de la contraparte, la petición última de los humillados por haber tenido proyectos propios de oposición a la dictadura, exige que los actos de los perpetradores sean reconocidos sin alteración. Es decir, con el valor criminal exacto que tuvieron para que su conducta y memoria no pueda ser considerada ejemplar, salvadora y necesaria. No sucede así, y la doncella de Dorfman estalla del peor modo, no acepta el vacío ético que lo devora todo. Aquí y ahora, en abril, todo ha estallado también cuando el vacío ético generado por el Estado ha desbordado cauces y límites, y nos muestra las consecuencias de la impunidad en sus 33 años de vida en España.
Impunidad es una palabra que en nuestra cultura contemporánea está vinculada a la exigencia de consecuencias judiciales, desde Núremberg y, en especial, desde el restablecimiento de sistemas democráticos en el Cono Sur de América, que han popularizado la expresión. Pero, en el caso español, el término impunidad en referencia a la dictadura se ha modelado con un contenido diferente, específico, alejado de la tradición judicial y derivado de un proceso social propio. El modelo español de impunidad no consiste en la ausencia de procesos judiciales a los responsables políticos de la dictadura y a los directamente implicados con la vulneración de los derechos de las personas, sino que el particular trayecto cronológico –el ordenamiento jurídico derivado de la amnistía de 1977, y la evolución política, social y cultural del país– ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir
–anular– jurídicamente la vigencia legal de los Consejos de Guerra y las sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, la oposición y su entorno social; así como el criterio de equiparación ética entre rebeldes y leales a la Constitución de 1931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella, que la Administración del Estado sostiene todavía hoy, haciéndoles impunes ética y culturalmente y, en consecuencia, políticamente.
Por todo ello, el reclamo contra la impunidad en el Estado español está desprovisto de vocación o voluntad jurídica punitiva –nadie nunca pidió eso–, pero sí tiene un fuerte, esencial y conflictivo contenido ético-político que genera una incomodidad extraordinaria. Y así seguirá mientras el Estado continúe alimentando esa equiparación que hace años en Argentina calificaban de “teoría de los dos demonios”, hoy llaman “memoria completa” –que nada tiene que ver con la pluralidad de memorias– y que, lejos de cualquier metáfora, prefiero llamar por lo que es: vacío ético. El estallido provocado esta primavera por la sorprendente acusación de un juez, ha causado un destrozo considerable en los caminos que contra la impunidad nuestra sociedad estaba abriendo, a pesar de las cortapisas de un Estado reticente en la aplicación de su propia ley de 2007.
La presentación de una querella ante los tribunales argentinos no ayudará a romper esa impunidad. Nuestro modelo de impunidad no se sostiene en el desconocimiento de hechos, que han sido relatados desde las distintas ramas del conocimiento, sino en la negativa del Estado democrático en reconocer esos hechos, y señalar explícitamente donde se halla el sedimento ético de las instituciones que tenemos, del sistema de convivencia con el que nos hemos dotado. Pero el Estado renuncia a explicar la democracia como un bien conseguido con un esfuerzo coral, desde la calle y a pesar de la oposición activa de una parte de ciudadanos. Anula así el esfuerzo del sector más participativo de la ciudadanía para conseguir relaciones sociales equitativas y democráticas, los valores éticos de sus proyectos y decisiones, la reacción y la aplicación del terror dictatorial para impedir esos procesos de democratización. En definitiva, el patrimonio ético de la sociedad democrática es echado por la borda. La cuestión está en que, si las instituciones con las que nuestro país se ha dotado son desposeídas de la huella humana, y nadie es legatario de nada, ¿cómo puede alguien sentir el orden democrático reciente como algo propio?
La argentinización de nuestro camino contra la impunidad, en caso de prosperar, tan solo iniciará una ruta abierta a golpes de desesperación y frustración generada desde hace años por el Estado y su doctrina de la impunidad equitativa. En cualquier caso, la parte buena de ese estallido que nos ha llevado a cruzar océanos en busca de ayuda es que lo importante no es el final. Lo importante es el trayecto, la circulación de aire en un paisaje insalubre. Tal vez con ese viento los gobernantes lleguen a la conclusión de que no es posible equiparar el criminal y la doncella.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustación de Miguel Ordóñez
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
El pasado 14 de abril, un grupo de juristas y asociaciones de derechos humanos presentó en Argentina una querella para que sus tribunales reabran la investigación de los crímenes franquistas hoy bloqueada en España. Este inesperado efecto colateral del caso Garzón ha devuelto al centro de la escena un tema que tanto el PSOE como el PP llevan tiempo intentando quitarse de encima: el de la jurisdicción universal.
Fraguado tras la trágica experiencia del nazismo, el principio de jurisdicción universal supone la existencia de crímenes que, por su gravedad, resultan imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, con independencia de quiénes sean sus autores y dónde los hayan cometido. La pretensión política y jurídica de estipular un “nunca más” frente a este tipo de actos inspiró la adopción de acuerdos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos de derechos de 1966, el Convenio contra el Genocidio o el Convenio contra la Tortura.
Ciertamente, estas normas se han aplicado de manera desigual a los derrotados y a quienes, a pesar de sus fechorías, resultaron victoriosos. Tras el juicio al nazismo, abominables crímenes de guerra como los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki o Dresde, o delitos terribles como las purgas estalinistas, fueron relegados a un ámbito de más o menos velada impunidad. Incluso los tribunales supraestatales creados más tarde para perseguir este tipo de
actos, como el Tribunal Penal Internacional, han permanecido lastrados por lo que Danilo Zolo ha llamado la “justicia de los vencedores”.
El origen de la jurisdicción universal, precisamente, está en la decisión de algunos tribunales estatales de sortear el doble rasero de esos foros internacionales y de tomarse en serio el derecho internacional vigente. Asumir la competencia para enjuiciar crímenes de lesa humanidad supone, de hecho, enviar al poder, sea de donde sea, una advertencia inequívoca: utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y luego asegurarse la propia impunidad, es una operación arriesgada. Siempre será posible que la jurisdicción universal se active y que los responsables, hasta entonces inmunes, se vean obligados a dar cuenta de sus acciones.
Al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, la Justicia española fue pionera en el impulso de este principio. Muchas de las causas abiertas –comenzando por la del dictador Pinochet– tuvieron una destacada incidencia internacional y contribuyeron a que otros países ajustaran cuentas con un pasado dictatorial que permanecía impune. En realidad, se aplicó sin controversia mientras no interfirió con el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas y los negocios internacionales. Sin embargo, cuando se intentó colocar bajo la luz pública los vuelos de la CIA, las torturas en Guantánamo, la masacre de Gaza o los crímenes de China en el Tíbet, el Gobierno sintió comprometida la realpolitik. A resultas de ello, se mutiló su alcance mediante una reforma legislativa furtiva cuya primera víctima sería la activista Aminatou Haidar.
Ahora, las acusaciones de prevaricación dirigidas contra Garzón han generado lo inesperado: la senda abierta por la jurisdicción española está siendo retomada por otros tribunales para impulsar, precisamente, la investigación de hechos que los pactos de la Transición habían pretendido arrumbar.
El europarlamentario socialista Ramón Jáuregui, como otros miembros del Gobierno y la oposición, ha calificado la pretensión de inaceptable. Los españoles –ha argumentado– decidieron perdonar la represión franquista para construir una sociedad que se reconocía y toleraba, al margen del pasado de cada uno.
La querella presentada en Argentina pone en cuestión esta versión institucional del perdón. Y lo hace colocando en el centro del debate el punto de vista de las víctimas, su derecho a la verdad. Con la querella, avalada por juristas, abogados y activistas de distintos rincones del mundo, es la periferia quien, en nombre de la humanidad, recuerda ahora a la metrópolis que hay crímenes deleznables que no pueden enterrarse en las fosas del olvido.
La filosofía que inspira este tipo de actuaciones es similar a la que permitió a tribunales europeos ocuparse de las vejaciones cometidas por Videla, Pinochet y sus secuaces. Con arreglo a la misma, no hay ley de amnistía que haga decaer el deber de investigar delitos contrarios a un orden jurídico que se proyecta más allá del propio Estado. Este orden jurídico puede considerarse todo menos el producto de la “imaginación creativa” de un juez. Es, por el contrario, el resultado de una dilatada y ardua lucha colectiva, muchas veces anónima, que ha cobrado cuerpo en decenas de sentencias, declaraciones y tratados que los estados se han visto obligados a ratificar. Esta lucha, es verdad, se ha saldado a menudo con derrotas y con la crasa imposición de la impunidad de los vencedores. Una y otra vez, sin embargo, ha sido replanteada, como ahora, por caminos inesperados. Como irrenunciable ley de los vencidos, pero como exigencia, también, de un “nunca más” que se niega a reconocer fronteras.
Jaume Asens es abogado de la Asociación de Memoria Histórica de Catalunya (ARMHC) y de Mallorca (MDM)
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de laUniversidad de Barcelona
Ilustración de Enric Jardí
