MERCHE VALLS, GEMMA TARAFA Y DANIEL GÓMEZ
La esperada reforma de los principales mecanismos de supuesta ayuda al desarrollo –en la práctica, generadores de deuda–, que estos días se tramita en las Cortes Generales, todavía no garantiza suficientemente que los recursos públicos de la cooperación española puedan dejar de destinarse a proyectos o empresas que violen los derechos humanos (DDHH), corrompan o tengan un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Asimismo, esta reforma incrementará aun más la deuda externa de los países empobrecidos al aumentar el porcentaje de créditos incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
En efecto, tanto el Proyecto de Ley de reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), como el Proyecto de Ley del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), no ofrecen una salida al problema de la deuda externa, sino que lo aumentan, al incluir instrumentos crediticios sin garantías de que no se generará una nueva deuda ilegítima, como ha sucedido en el pasado. Así, según denuncia la campaña ¿Quién debe a Quién?, “pese a prometer grandes cambios, la reforma no es tal; se crean nuevos instrumentos para no cambiar nada en absoluto. El Gobierno simplemente propone más de lo mismo”.
Las dos herramientas a reformar son el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la cobertura de riesgo empresarial de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). Ambos son mecanismos de apoyo a la internacionalización empresarial y generan la casi totalidad de la deuda externa de la que el Estado español es acreedor. Esta reforma es fruto de la presión de los movimientos y organizaciones sociales que han denunciado el uso de estos instrumentos como generadores de deudas ilegítimas en los países del Sur.
Así, los créditos del FAD se crearon para impulsar la internacionalización de las empresas españolas a través de la concesión de créditos blandos o donaciones, con la condición que los países receptores utilizasen dichos recursos para la compra de bienes y servicios de empresas españolas. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, “este tipo de créditos ha financiado numerosos proyectos que sólo han servido para engrosar las cuentas bancarias de los dirigentes y empresarios partícipes, han apoyado dictaduras o regímenes no democráticos, se han destinado a proyectos social y medioambientalmente dañinos en los países receptores o han atentado contra los derechos fundamentales de los pueblos que hoy los están pagando. Es decir, se trata de deudas de cobro ilegítimo”. Un ejemplo de ello es el 100% de la deuda reclamada a Chad. Tiene su origen en dos créditos que sirvieron para rehabilitar y ampliar un hotel de lujo en un país que se encuentra entre los diez más empobrecidos del planeta. También se han denunciado proyectos inconclusos con desviaciones de fondos, pagos de comisiones y evidencias de corrupción en Nicaragua y El Salvador o la venta de armas a Angola, Somalia e Indonesia.
Por otro lado, CESCE nace como una empresa pública (actualmente de capital mixto) para asegurar las exportaciones españolas en aquellos países considerados con alto riesgo político. Una alternativa para aquellas empresas españolas que dudan en hacer negocio en países políticamente inestables. Lo que mayoritariamente se está asegurando son los créditos que permiten realizar las exportaciones. Se genera deuda externa pública cuando la operación comercial resulta fallida. En este caso, CESCE paga a la empresa exportadora española y reclama la deuda originada por este impago a la administración del país donde se realizó la importación (debido a una cláusula de garantía soberana por la cual el país receptor avala las importaciones). Así, la deuda privada pasa a ser pública. La aplastante falta de transparencia de CESCE no ha impedido que salgan a la luz algunos de los proyectos asegurados en países del Sur con gran impacto social y medioambiental, como el de las Tres gargantas en China. En Irak, CESCE continúa reclamando la cantidad de cien millones de euros, adquiridos por Sadam Hussein, una deuda con origen odioso que debería ser cancelada. Por todo ello, ¿Quién debe a Quién? exige que las nuevas leyes deben contemplar la garantía de que en ningún caso los créditos comerciales del FIEM puedan computar como AOD, ya que su objeto único es el fomento de la internacionalización de las empresas españolas. Además, se debe evitar que los países de menor renta que el Estado español, con procesos de sobreendeudamiento, puedan ser receptores de crédito a fin de no incrementar su deuda y, por tanto, de limitar las posibilidades de invertir en su propio desarrollo. Asimismo, deben contemplar el establecimiento de mecanismos públicos de control, seguimiento y evaluación independiente de cada uno de los proyectos, garantizando la regulación de obligado cumplimiento en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas.
Por otro lado, deben asegurar la imposibilidad de que se otorguen créditos o seguros a operaciones que no salvaguarden los DDHH de ninguna forma. Por último, deben contemplar la realización de auditorías integrales de deuda, a fin de conocer el origen legítimo del cobro de las mismas, como ya se han realizado en Ecuador o Noruega. Con ello, conseguiríamos una reforma en la que se priorizasen los DDHH por encima de cualquier interés económico.
Merche Valls, Gemma Tarafa y Daniel Gómez forman parte de la campaña ‘¿Quién debe a Quién?’ por la abolición de la deuda
Ilustración de Javier Olivares
CARLOS VILLÁN DURÁN Y JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Ayer conmemorábamos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que, a la altura de sus 61 años, sigue siendo “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, tal como afirma su preámbulo. Precisamente en estos tiempos de severa crisis mundial, en los que tanto se invoca la necesidad de construir un nuevo sistema global, resulta especialmente conveniente recordar este documento capital y, más en concreto, detenernos en una de sus previsiones, que no siempre concita la atención adecuada: el artículo 28. En él se reconoce que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Este (nuevo) orden social e internacional que se reclama no es una declaración de buenas intenciones, sino que posee un contenido concreto que nos ha de conducir a la consecución de la paz a través del desarrollo económico y social de los pueblos, la redistribución más equitativa de las riquezas mundiales, el desarme, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos de todos, así como la revisión del sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas, de modo que se garantice eficazmente la paz y seguridad internacionales.
Como ya dijo el director general de la UNESCO, “la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos”. Así, debemos entender el derecho humano a la paz como derecho de solidaridad, que da respuesta a todas las cuestiones planteadas por la globalización, que reclama un orden social e internacional en el que la paz sea posible. Este planteamiento nos lleva a asumir que la paz no se limita a la ausencia de conflicto armado, pues tiene además un sentido positivo orientado a la consecución de tres objetivos: satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, eliminar todo tipo de violencia (armada, estructural y cultural) y lograr el respeto efectivo de los derechos humanos para todos.
A esa concepción responde la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada por un Comité de expertos el 30 de octubre de 2006. En ella se pone énfasis en la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional, presidido por la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social, de manera que se eliminen las desigualdades, la exclusión, la pobreza y la hambruna, porque son todos ellos fenómenos que generan violencia estructural, la cual es incompatible con la paz, tanto a nivel interno como internacional.
Algunos podrían tildar esta concepción de idealista. Pero olvidan que ciertas dosis de idealismo son también necesarias para construir un mundo mejor. Además, jurídicamente el derecho humano a la paz está fuertemente enraizado en instrumentos tan universalmente aceptados como la Carta de las Naciones Unidas y la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. De aquí que, en realidad, no existan obstáculos jurídicos insalvables para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe en el futuro una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, a propuesta de su Consejo de Derechos Humanos. Las dificultades se derivan más bien de la falta de voluntad política de los Estados, pero también estas se pueden superar si la sociedad civil demuestra a sus gobernantes y representantes que otra paz es posible: una paz justa, sostenible y duradera, a cuya construcción todos debemos contribuir.
La codificación del derecho humano a la paz tampoco es un ejercicio puramente académico. Se trata de responder de manera eficaz a las violaciones sistemáticas que la paz sufre en el mundo de hoy. Estas vulneraciones tienen su origen tanto en la violencia armada directa (persisten más de 40 conflictos armados en el mundo, muchos de ellos olvidados), como en la violencia estructural generada por la extrema pobreza y la hambruna que, lejos de reducirse, ya afecta a 1.020 millones de seres humanos, la mayoría mujeres y niños del Sur; otras manifestaciones de la violencia son culturales, como la de género, la laboral, la escolar y la familiar. Todas ellas conforman el desolador panorama de la violación masiva del derecho humano a la paz en nuestras sociedades, en las que paradójicamente impera una cultura de violencia –corolario de la máxima latina si vis pacem para bellum (si quieres la paz, prepara la guerra)–, sobre la cultura de paz.
Frente a este estado de cosas, la AEDIDH propició en 2006 la aprobación de la Declaración de Luarca y, a continuación, promovió la campaña mundial a favor del derecho humano a la paz (2007-2010), en cuyo marco la Declaración de Luarca es compartida y debatida con especialistas de todo el mundo, incorporando así las diferentes sensibilidades culturales y recibiendo el apoyo de múltiples instituciones. En diciembre de 2010, la sociedad civil internacional será convocada en Santiago de Compostela –en el marco del Foro 2010– para aprobar una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, que se entregará al Consejo de Derechos Humanos, al tiempo que instaremos a los estados a iniciar la codificación del derecho humano a la paz.
Si la paz es una exigencia ética que debiera presidir las relaciones internacionales, el derecho humano a la paz es un imperativo legal con el que se identifica la sociedad civil de todo el mundo, porque es una exigencia de civilización que está por encima de todo particularismo regional, histórico o cultural. En estas fechas de confusión global ante la crisis sistémica, debemos reclamar con más fuerza que nunca a nuestros representantes y dirigentes que asuman el compromiso de respetar y garantizar el derecho humano a la paz.
Carlos Villán Durán es presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Javier Chinchón Álvarez es director ejecutivo de la AEDIDH
Ilustración de Javier Olivares
INÉS MIRANDA, JAVIER GALPALSORO Y MAURICIO VALIENTE
Aminattou Haidar es el símbolo de la dignidad y la tenacidad de un pueblo pacífico y solidario. De un pueblo traicionado por la dictadura franquista, que el 14 de noviembre de 1975, tras la invasión militar marroquí del Sáhara Occidental, cedió la administración de este territorio a Mauritania y Marruecos. Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación.
En 1976 empezó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. La brutal violencia desplegada por el régimen de Hassan II, con bombardeos de napalm sobre los civiles, desplazó a una gran parte de la población saharaui hacia los actuales campamentos de refugiados en el desierto de Tinduf, en la Hamada argelina. El 6 de septiembre de 1991 se produjo el alto el fuego y ambas partes aceptaron la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Pero durante años Rabat ha maniobrado con éxito para posponer una y otra vez esta consulta a través de la farragosa discusión sobre la composición del censo y en la última década ha planteado opciones alternativas que se apartan de la legalidad internacional y han sido rechazadas por Naciones Unidas. Mientras tanto, Marruecos y varias empresas extranjeras (entre ellas algunas españolas) expolian los valiosos recursos naturales de este territorio, como el fosfato, el petróleo, el gas natural, el hierro, el uranio o la pesca que ofrece sus 1.600 kilómetros de litoral.
En todo este tiempo la política de los sucesivos gobiernos de la España democrática se asemeja demasiado a la traición de la dictadura franquista. Ninguno de ellos ha asumido el papel de “potencia descolonizadora” que nos otorga la legalidad internacional sobre la antigua provincia, al contrario, han privilegiado las relaciones con Marruecos: inicialmente, por los acuerdos de pesca y hoy por el papel de gendarme de Rabat en la contención de las migraciones y por la protección de las importantes inversiones de las empresas españolas.
“El Gobierno de Zapatero cierra los ojos ante el sufrimiento del pueblo saharaui. Con su silencio tolera las violaciones de los derechos humanos y permite que nos masacren”, señaló en mayo de 2006, en Madrid, Aminattou Haidar cuando recibió el V Premio Juan María Bandrés de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tres años después, la represión marroquí prosigue en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y casi un cuarto de millón de refugiados continúa resistiendo ejemplarmente en la Hamada, aguardando una solución justa, acorde con la legalidad internacional, que permita el retorno a su territorio originario.
Aminattou conoce muy bien todo esto. Fue detenida por primera vez en 1987, cuando tenía 20 años, por participar en una manifestación contra la ocupación cuando una comisión de la ONU visitaba el Sáhara Occidental. Desaparecida y torturada durante casi cuatro años (tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, atada de pies y manos, en condiciones infrahumanas de alimentación e higiene), y a pesar de sufrir posteriormente otras detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, no ha cesado de luchar por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
En mayo de 2005, participó en las manifestaciones pacíficas para denunciar el agravamiento de la represión, fue apaleada y torturada por la policía y conducida a prisión. El 13 de diciembre de aquel año un tribunal marroquí la condenó a siete meses de presidio y a trece compañeros a penas de hasta tres años en unos procesos irregulares según los observadores internacionales, entre ellos una comisión del Consejo General de la Abogacía Española.
En aquellos días, desde la Cárcel Negra de El Aaiún (construida por el colonialismo español) dijo al mundo: “Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como lo estoy de que esos niños saharauis refugiados en Argelia volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy de la mirada cariñosa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat, a quienes añoro tanto…”.
Hoy, en el aeropuerto de Lanzarote, Aminattou Haidar exige con su huelga de hambre desde el 14 de noviembre su derecho a regresar al Sáhara Occidental para reencontrarse con sus hijos y seguir la lucha junto con su pueblo, un pueblo abrazado por la solidaridad de miles de ciudadanos de España –que cada verano acogen a sus hijos y que estos días se movilizan en su apoyo–, pero también un pueblo maltratado por nuestro Gobierno, que contemporiza con el régimen represor de Rabat e ignora el papel que la legalidad internacional le impone: defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Inés Miranda es Abogada de Aminattou Haidar
Javier Galparsoro es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Redugiado (CEAR)-Euskadi
Mauricio Valiente escoordinador del servicio jurídico de CEAR
Ilustración de Mikel Casal
JACQES DIOUF
En las próximas cuatro décadas, la población mundial crecerá en 2.300 millones de personas y se hará más rica. Satisfacer la demanda de los 9.100 millones de habitantes del planeta en 2050 exigirá producir un 70% más de alimentos que hoy en día. Por tanto, a no ser que tomemos ahora las decisiones adecuadas, nos arriesgamos a que el día de mañana la despensa mundial esté peligrosamente vacía.
Sobre todo porque en los próximos años el sistema alimentario mundial debe hacer frente al creciente desafío del cambio climático –que puede reducir la producción agrícola potencial hasta en un 30% en África y hasta en un 21% en el conjunto de los países en desarrollo–, y también afrontar plagas y enfermedades transfronterizas más graves que afecten a animales y plantas. Al mismo tiempo, el sector tendrá que hacer frente a una reducción de la mano de obra agrícola –ya que unos 600 millones de personas se desplazarán del campo a las ciudades– y a una mayor competencia por la tierra y los recursos naturales, incluyendo la procedente del sector de la bioenergía.
Nuestra respuesta a estos desafíos determinará cómo podremos alimentar al planeta el día de mañana. Pero igual de importante es ocuparnos de que la gente esté alimentada hoy en día. Esto supone acabar con la difícil situación de 1.020 millones de personas que actualmente sufren malnutrición, actuando de forma decidida para erradicar el hambre completa y rápidamente.
Con la Revolución Verde del pasado siglo, el mundo consiguió evitar una hambruna masiva en Asia y América Latina en la década de 1970, dedicando el 17% de la ayuda al desarrollo a proyectos de irrigación, sistemas de producción de semillas, fertilizantes y forraje, carreteras rurales e instalaciones de almacenamiento.
Al afrontar un desafío similar hoy en día, el camino a seguir debe ser necesariamente diferente. Además de impulsar la inversión en agricultura, necesitamos usar de una forma más eficiente la energía, los insumos químicos y los recursos naturales y centrarnos más en las necesidades de los pequeños campesinos y las familias rurales que viven de la agricultura.
En este sentido, un reto importante será el del agua, ya que necesitaremos de forma simultánea ampliar la superficie de regadío usando proporcionalmente menos agua. La clave para cuadrar este círculo reside en la captación y almacenamiento de aguas y en técnicas que mejoren la eficiencia en el uso del agua y la humedad del suelo.
A medida que disminuya la población rural y agraria, la agricultura será cada vez más intensiva en capital –y conocimientos– para producir más alimentos y de mayor calidad para una población urbana más rica y numerosa. Por tanto, se necesitarán inversiones importantes porque los futuros aumentos de la producción deben proceder casi en su totalidad de incrementos sostenibles de los rendimientos y de una mejor intensidad de cultivo, más que de un incremento de la superficie cultivada. De allí también la importancia de invertir en investigación y desarrollo.
Los campesinos necesitarán también capacitarse para aprender nuevos métodos y tecnologías, y ello requerirá invertir en educación y extensión agraria. Muchas de estas inversiones procederán del sector privado y de los propios campesinos.
Sin embargo, para que las inversiones privadas en agricultura sean atractivas, también se deben dedicar importantes cantidades de dinero público a infraestructuras, educación, tecnología y sistemas de extensión. Se necesitan inversiones en instalaciones y equipamientos. Aparte de la simple agricultura de subsistencia, no tiene sentido producir alimentos a no ser que haya carreteras y vehículos que permitan llevarlos a los mercados, que efectivamente exista un mercado y que el producto pueda ser almacenado y conservado.
Pero ni la financiación ni las cosechas récord serán capaces por sí solas de asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan. Si la gente pasa hambre hoy en día no es porque el mundo no esté produciendo suficientes alimentos para todos, sino porque estos no son producidos por el 70% de las personas pobres cuyo principal medio de vida es la agricultura y, paradójicamente, no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Por tanto, alimentar a todo el mundo en 2050 requerirá también estrategias de reducción de la pobreza, redes de protección social para productores y consumidores y programas de desarrollo rural. Se necesitará una mejor gobernanza y el establecimiento del modelo de condiciones socioeconómicas que mejore el acceso de la gente a los alimentos. También es importante una reforma del sistema de comercio agrícola de forma que no sólo sea libre, sino también equitativo.
Estos temas estarán presentes en los debates de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Roma del 16 al 18 de noviembre, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los 192 estados miembros de la FAO tomarán decisiones importantes sobre las políticas y estrategias que aseguren que todo el mundo tenga comida suficiente hoy y el día de mañana.
En 2050 qué comer dejará de ser un problema para muchos de los que ya tenemos una cierta edad. Pero considero que es mi deber, como seguramente también es el nuestro como comunidad global, hacer todo lo que esté en nuestras manos para desterrar el fantasma del hambre para siempre y asegurar que nuestros hijos y nietos puedan comer dignamente y disfrutar de una vida saludable.
Jacques Diouf es director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Ilustración de Mikel Jaso
Tarja Halonen
Ellen Johnson-Sirleaf
Margot Wallström
Benita Ferrero-Waldner
Durante décadas, los intentos por vincular la violencia contra las mujeres a cuestiones de seguridad se solían rechazar con una sonrisa en la mayoría de los círculos diplomáticos. Por suerte, las cosas han cambiado. Hoy en día no se puede hablar de seguridad dejando al margen el análisis de los derechos de la mujer sobre el terreno. Este cambio fundamental se ha logrado gracias a las Naciones Unidas. En su resolución 1325, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce el vínculo entre la violencia contra las mujeres en los conflictos armados y el papel de la mujer en la instauración de la paz, mientras que la resolución 1820 establece formalmente que la violencia contra las mujeres puede constituir una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, queda mucho por hacer. Hasta ahora no hemos conseguido traducir todo ello en un avance suficiente sobre el terreno. En los más de diez años de conflicto en la República Democrática del Congo más de 200.000 mujeres y niños han sido violados. Se calcula que entre 20.000 y 50.000 mujeres sufrieron una violación durante la guerra de Bosnia en la década de los noventa. La violencia sexual se ha convertido en una plaga que afecta a toda la humanidad, independientemente del género. Todos estos hechos apuntan en la misma dirección: se ha trabajado mucho para poner en marcha las resoluciones 1325 y 1820, pero es el momento de lograr un verdadero avance. Nos enfrentamos aún a múltiples deficiencias, como son la falta de justicia y coordinación, y de un mecanismo que garantice la imputación de responsabilidades y la compensación de las víctimas.
Instamos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que en la reunión de hoy, en la que deliberan sobre la violencia contra las mujeres, mejoren la situación actual. La resolución 1820 del Consejo de Seguridad sobre la Violencia Sexual en los Conflictos ya ha servido de trampolín a la protección; la resolución 1325 del Consejo de Seguridad ha sentado las bases de la asunción de responsabilidades y la participación; y la resolución 1612 del Consejo de Seguridad sobre los niños en los conflictos armados ha proporcionado todos los precedentes logísticos. Ahora es el momento de avanzar con la ayuda de estas resoluciones complementarias. También es hora de que el Consejo de Seguridad establezca una comisión de alto nivel sobre la mujer, la paz y la seguridad encargada del seguimiento y el proceso de elaboración de informes.
Además, ha de establecerse la figura de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas con un mandato global sobre la violencia contra las mujeres y la participación de la mujer en la instauración de la paz.
Estos nuevos mecanismos deben complementar las actividades de la arquitectura de género de las Naciones Unidas, esperemos que pronto reformada, y que aborden cuestiones cruciales, tales como: Mejorar la aplicación de las resoluciones 1325 y 1820 a nivel nacional. Hasta ahora, sólo unos pocos estados miembros de las Naciones Unidas han elaborado planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz y la seguridad. Velar por la participación de las mujeres como mediadoras en las negociaciones. Con frecuencia, el punto de vista femenino sobre las víctimas está ausente de la mesa. Por ejemplo, dado que el porcentaje de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz es de sólo entre un 10% a un 16%, su aportación personal, simplemente, no se tiene en cuenta. Hacer presión sobre los sistemas judiciales en los que la impunidad es la norma, con el fin de conceder a las mujeres la tranquilidad y la confianza de que pueden solucionar sus problemas. Establecer un observatorio para señalar y avergonzar a aquellos gobiernos y organizaciones que no protejan a sus ciudadanos y se nieguen a conseguir el bienestar de sus mujeres. Establecer las necesidades concretas de asistencia a las víctimas y la procedencia posible y obligada de la misma. Crear unidades policiales de protección a las mujeres e inclusión de mujeres policía en las fuerzas de seguridad. Prohibir como arma de guerra la violación sistemática en conflictos armados.
Tras diez años de espera, es el momento de tomar conciencia de que las mujeres no son el problema, sino la solución. En octubre de 2010, la comunidad internacional celebrará el décimo aniversario de la resolución 1325 de la ONU. El año pasado, a sugerencia nuestra, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, aceptó celebrar una conferencia de revisión ministerial de dicho organismo sobre esta resolución para señalar la ocasión. Es hora de intensificar los esfuerzos para proteger mejor a las mujeres en situaciones de conflicto y garantizar su participación en la instauración de la paz. Ya es hora de armonizar las actuaciones y establecer un paquete único de objetivos en una comisión unida de alto nivel. Trabajaremos intensamente para preparar este aniversario e instamos a las Naciones Unidas y a todos los países del mundo a situar el tema de la mujer, la paz y la seguridad en el centro de sus actividades.
Tarja Halonen es Presidenta de la República de Finlandia
Ellen Johnson-Sirleaf es Presidenta de Liberia
Margot Wallström es Vicepresidenta de la Comisión Europea
Benita Ferrero-Waldner es Comisaria de la Unión Europea
Ilustración de Mikel Casal
BAN KI-MOON
No es necesario recordarle al mundo la urgencia de este momento histórico. Lo percibimos diariamente en las noticias. Un día, algún gran banco, compañía de seguros o fabricante de automóviles anuncia pérdidas sin precedentes. Al siguiente, llegan informes del impacto sobre las naciones y pueblos menos aptos para soportar estos golpes –los más pobres de los pobres del mundo–.
Durante los dos últimos años me he enfrentado a muchas crisis, desde Darfur y la República Democrática del Congo, hasta los grandes retos globales como la crisis alimentaria y el cambio climático. Pero la crisis financiera es única y potencialmente abrumadora.
Lo que era una crisis exclusivamente financiera se ha convertido en una crisis económica que se ha extendido por todo el mundo. Todos los pronósticos de crecimiento se han ajustado a la baja. Y, aunque hay signos de que las economías maduras se están recuperando del pánico que congeló los mercados crediticios, de ninguna manera hemos salido de la zona de peligro. Mi mayor preocupación actual es que la crisis financiera de hoy se convierta en la crisis humanitaria de mañana. Si queremos proteger los medios de vida y las esperanzas para el futuro de millones de personas, debemos reconocer lo que Martin Luther King, Jr. llamó “la feroz urgencia del momento”.
Muchos expertos financieros han diagnosticado las causas de la crisis. Los encargados del diseño de las políticas han ofrecido medidas para solucionarla. Oímos hablar de nuevas reglamentaciones bancarias e incluso de una nueva arquitectura financiera global.
Todo esto es deseable. No obstante, si bien celebro este debate y reconozco plenamente la necesidad de adoptar medidas de largo plazo, soy muy consciente del tiempo. Los problemas inmediatos requieren respuestas inmediatas. Tampoco se puede permitir que la crisis financiera se vuelva una razón para descuidar otros temas cruciales: los niveles inaceptables de pobreza y hambre, la crisis alimentaria, el cambio climático. Eso sólo exacerbaría la ya frágil situación política y de seguridad de muchos de los países más afectados.
En la cumbre financiera del G-20 que se llevó a cabo este fin de semana en Washington, expuse cuatro mensajes que reflejan mis conversaciones con varios Estados miembros de la ONU. En primer lugar, necesitamos un paquete global de estímulos para detener la crisis. Recientemente, el FMI pronosticó que prácticamente todo el crecimiento mundial en 2009 vendrá de las economías emergentes y en desarrollo. Por lo tanto, se requerirán grandes aumentos del gasto público y privado en muchas regiones del mundo para contrarrestar la caída de la demanda.
En segundo lugar, estos paquetes financieros de rescate y asistencia no pueden terminar en las fronteras de los países más ricos. Los mercados emergentes y otros países en desarrollo necesitarán el oxígeno que significan las líneas de crédito y el financiamiento del comercio. Además, debemos oponernos al proteccionismo. Sin un comercio abierto, el crecimiento y el desarrollo podrían colapsarse por completo.
En tercer lugar, parte de nuestros estímulos globales deben provenir de los compromisos que la comunidad internacional ha contraído en materia de ayuda. En el ambiente actual, cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio es más que un imperativo moral. Es cuestión de necesidad económica pragmática.
Por último, la inclusión debe ser nuestra consigna. En nuestro mundo interdependiente, estas tareas sólo se pueden emprender mediante un multilateralismo revigorizado, que sea justo, flexible y sensible, con líderes de todas partes. Si bien las naciones del G-20, cuyos líderes se reunieron en Washington, representan casi el 80% de la producción, el comercio y la inversión mundiales, más de 170 países, donde vive la tercera parte de la población del planeta, no estuvieron presentes. Es nuestra responsabilidad escuchar sus voces y responder a sus preocupaciones.
Los próximos meses serán críticos. Muchos de nosotros nos reuniremos nuevamente en Doha dentro de dos semanas para revisar los progresos del financiamiento para el desarrollo. Hace seis años, el presidente George W. Bush y otros líderes adoptaron las metas ambiciosas que constituyen el núcleo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La historia nos juzgará con severidad si no estamos a la altura de esos compromisos. Por lo tanto, insto a todas las naciones, ricas y pobres, a que envíen a sus representantes de más alto nivel a Doha con la voluntad firme de hacer lo que se debe hacer.
En diciembre nuestros negociadores sobre cambio climático se reunirán en Polonia. Tenemos un año hasta que se vuelvan a reunir en Copenhague –un año para llegar a un acuerdo que todas las naciones puedan aceptar–. Cuanto antes establezcamos ese acuerdo, más rápido tendremos las inversiones y el crecimiento verdes que tanto necesitamos.
Los grandes desafíos que nos esperan están interrelacionados: la economía mundial, el cambio climático y el desarrollo. Necesitamos soluciones para cada uno que sean soluciones para todos.
Ban Ki-Moon es secretario general de las Naciones Unidas
Ilustración de Iker Ayestaran
MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ
La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Estos días, la atención mundial volverá a centrarse en torno a esta cuestión con ocasión del Encuentro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, organizado por Naciones Unidas (ONU), congrega hoy en Nueva York a los principales líderes mundiales.
Los ODM fueron adoptados en la llamada Declaración del Milenio en 2000 por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno.
Los ocho Objetivos representaban un verdadero hito en la lucha contra la pobreza pues, por primera vez, la comunidad internacional se fijó unas metas concretas, medibles y con plazos determinados en relación a la reducción de la pobreza económica, el hambre, la enfermedad, la educación, la falta de vivienda y la sostenibilidad ambiental. Los Objetivos del Milenio son ambiciosos, pero realizables, y sirven para marcar el rumbo y concentrar los esfuerzos internacionales en la lucha contra la pobreza extrema.
¿Dónde nos encontramos a día de hoy, a mitad del camino hacia 2015? Se puede decir que el grado de consecución de los objetivos ha sido desigual. Si bien la cantidad de personas que vive en situación de pobreza extrema sigue disminuyendo a escala mundial y numerosos países en vías de desarrollo (PVD) están avanzando adecuadamente hacia la consecución de algunos de los ODM, ese éxito oculta que los progresos han sido lentos e insuficientes en otros países, entre ellos gran parte de los de África subsahariana. De hecho, de mantenerse las tendencias actuales, ningún país africano estará en condiciones de alcanzar todos los objetivos en 2015. A su vez, los países que están saliendo de conflictos o padecen inestabilidad política plantean desafíos especiales. En los llamados países de renta media –incluyendo casi toda Iberoamérica– en los que se han realizado progresos más rápidos hacia los ODM, la existencia de grandes bolsas de desigualdad significa que millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema.
Además, aun cuando la proporción de personas que sufren de malnutrición y hambre en el mundo se ha reducido desde comienzos del decenio de 1990, ha aumentado la cantidad de población con insuficiente acceso a los alimentos. La FAO estima que debido al reciente aumento de los precios de los alimentos, aproximadamente 1.000 millones de personas pasan hambre, y que por lo menos otros 2.000 millones sufren malnutrición. A su vez, los progresos mundiales en lo tocante a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres han sido bastante escasos.
A pesar de lo anterior, no todo son malas noticias. Varios éxitos recientes en distintas partes del mundo en desarrollo, tales como el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos, la expansión del tratamiento del sida, las reducciones en la mortalidad infantil, la extensión de la educación primaria y del acceso al agua y el saneamiento demuestran que es posible lograr rápidos progresos cuando existen políticas nacionales correctas con el incremento de la ayuda al desarrollo. Los logros obtenidos, aunque insuficientes, son testimonio de que el compromiso de los países en desarrollo y desarrollados con la Declaración del Milenio ha alcanzado un nivel sin precedentes, y de que es cada vez mayor el éxito en la formación y fortalecimiento de la alianza mundial para el desarrollo.
Así con todo, el logro de los ODM en 2015 es todavía posible, pero va a requerir respuestas eficaces e inmediatas de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Este sentido de urgencia no puede menos que agudizarse ante los dramáticos y repentinos aumentos del precio de los alimentos y el desafío –cada vez mayor– del cambio climático, particularmente para los países en desarrollo.
Según la ONU, se necesita incrementar las corrientes de asistencia a los PVD en 18.000 millones de dólares anuales entre 2008 y 2010, a fin de alcanzar las metas convenidas para 2010, de los que 7.300 millones deberán ir dedicados a África subsahariana. El incremento del volumen de la ayuda deberá ir acompañado de rápidas mejoras en la calidad, eficacia y previsibilidad de la misma, y en consonancia con las prioridades de los países receptores. Por otro lado, se puede y se debe hacer más para reforzar la coherencia de políticas de los países más ricos para lograr un entorno más propicio para los países en desarrollo en ámbitos como el comercio, la deuda externa, la prevención y reconstrucción de conflictos o la transferencia de tecnología a los PVD.
En definitiva, en este momento en que la atención de los gobiernos de los países industrializados está centrada en la grave crisis económica que padecemos, es necesario hacer una llamada a los líderes mundiales para que no olviden que el desafío más importante que deben enfrentar es el de la pobreza y subdesarrollo que sufre casi la mitad de la población del planeta.
No está mal recordar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio:
1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos.
4. Reducir a dos terceras partes la mortalidad de los menores de cinco años.
5. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
6. Detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la
tuberculosis.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.
Manuel de la Rocha Vázquez es economista, asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y miembro de la Fundación Alternativas
Ilustración de Iker Ayestaran
MARINA NAVARRO
La ayuda oficial al desarrollo (AOD) es fundamental en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que complementa los recursos de los países más pobres permitiéndoles financiar las políticas necesarias para su desarrollo, como la educación o la sanidad.
Sin embargo, aunque imprescindible, el aumento de estos fondos por sí solo puede resultar de una importancia limitada, sobre todo si estos recursos no se utilizan de una manera eficaz. Para avanzar con mayor decisión en la lucha contra la pobreza en el mundo, los donantes deben también mejorar de manera urgente la forma en la que gestionan su ayuda al desarrollo, especialmente a través de la armonización de la asistencia.
Con este objetivo se han reunido estos días en Accra (Ghana) ministros, altos representantes de organismos internacionales y miembros de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, en el denominado Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda.
La preocupación por la eficacia de la ayuda no es algo nuevo sino que ha estado presente en la agenda del desarrollo durante décadas. Sin embargo, en los últimos años esta cuestión ha ganado importancia especialmente ante la multiplicidad de países donantes y la aparición de nuevos actores en el terreno de la cooperación.
El número de países en desarrollo con más de 40 donantes activos ha pasado de cero, en 1990, a más de 30 a día de hoy. Según la OCDE, el número total de proyectos de cooperación aumentó de 20.000 en 1997 a 60.000 en 2004, disminuyendo a su vez el tamaño medio de las actividades.
A esto se añade la creciente diversidad de actores en la cooperación: gobiernos centrales, ONG, gobiernos locales, universidades, fundaciones, fondos, etc. Esta creciente complejidad hace, si cabe, todavía más imprescindible promover un trabajo coordinado y complementario entre los donantes que minimice distorsiones, reduzca la carga la burocrática que soportan los países receptores, armonice los procedimientos y garantice una ayuda eficaz.
Existe, en este sentido, un nuevo y amplio consenso internacional sobre qué deben hacer los países para mejorar la calidad de su ayuda al desarrollo. En el año 2005, en París, más de un centenar de países y organismos donantes acordaron, con la firma de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, una serie de medidas para mejorar la calidad de la ayuda acompañadas de diversos indicadores de rendimiento para evaluar su progreso. En conjunto, la Declaración de París señala 5 principios fundamentales a tener en cuenta:
Los donantes deben respetar el principio de apropiación para que los países en desarrollo ejerzan una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo. Para ello, es imprescindible aplicar también el principio de alineación, y que los donantes circunscribirán su apoyo a las estrategias nacionales de los países en desarrollo, respetando y reforzando las instituciones y procedimientos de los países receptores. Además, los donantes coordinarán sus actividades y minimizarán la carga burocrática que hasta ahora ha supuesto el suministro de ayuda para los países receptores, mediante la armonización de sus procedimientos. Por último, tanto donantes como receptores orientarán sus actividades a obtener los resultados deseados en materia de desarrollo y se harán corresponsables de los mismos.
Por desgracia, los últimos informes de la OCDE muestran que el progreso no es uniforme en todos los países y donantes, y que en muchos de los indicadores de progreso todavía no se ha avanzado en la línea de progreso establecida en 2005.
España, por ejemplo, gasta buena parte de sus recursos en cooperación en países de renta media que no necesitan fondos externos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es, además, el sexto país donante con más ayuda vinculada a intereses comerciales y geopolíticos: en 2006, el 13,82% de la ayuda española estuvo vinculada a la compra de sus bienes y servicios.
Otros obstáculos para una ayuda eficaz y que constituyen prácticas habituales entre los donantes son la falta de previsión en la concesión de los fondos, que impide a los países desarrollados programar dichos recursos. O la tendencia de los donantes a implementar proyectos individuales, que les otorgan una mayor visibilidad y control, pero que a menudo no abordan las causas de las deficiencias de los servicios públicos en los países en desarrollo o que ignoran los cambios estructurales que deben realizarse para conseguir un desarrollo sostenible; y que apenas cuenta con apropiación por parte del receptor, que no participa en ningún momento en el diseño de los programas ni en la toma de decisiones.
El Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de Accra ofrece la posibilidad de pasar de la retórica a la acción; de reforzar e impulsar una ayuda de calidad tal y como establece la Declaración de París de 2005. La voluntad política debe renovarse y traducirse en acciones concretas para ofrecer los resultados prometidos. Mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo es mejorar las condiciones de vida de miles de millones de personas en el mundo. En juego está no sólo la credibilidad de la eficacia de la ayuda, sino de la propia ayuda.
MARINA NAVARRO es Coordinadora de la Campaña del Milenio de ONU en España
Ilustración de ENRIC JARDÍ
PASCUAL SERRANO
El próximo 30 de octubre la Asamblea General de la ONU votará una resolución presentada por Cuba exigiéndole a Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla. Un bloqueo cuyo objetivo, según un memorándum de 1960 desclasificado en el año 1991, es “causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno” cubano. Han pasado 47 años desde que se inició ese bloqueo y a pesar de que la guerra fría terminó y que Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos, las legislaciones destinadas a acosar a los cubanos no dejan de recrudecerse, hasta el punto de suponer una constante violación de las leyes internacionales, en especial del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención del Delito de Genocidio; incluso puede considerarse un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909. Los informes económicos elaborados por Cuba muestran que el daño económico del bloqueo le ha costado al pueblo cubano 89.000 millones de dólares en el casi medio siglo que perdura.
El bloqueo bajo el Gobierno de Bush ha llegado hasta niveles tan paranoicos que incluye acciones penales contra hoteles estadounidenses que alojen ciudadanos cubanos en cualquier país del mundo, o contra ciudadanos estadounidenses que compren o consuman un producto cubano aunque sea en un tercer país. Pero, además, es tan inhumano que entre sus medidas está la de prohibir que se vendan a Cuba, por ejemplo, equipos y materiales sanitarios necesarios para tratar patologías oftalmológicas en ancianos, anestésicos inhalatorios para niños o válvulas cardiacas pediátricas. Son frecuentes las negativas a conceder visados a académicos cubanos para asistir a encuentros internacionales de carácter profesional en Estados Unidos, e incluso a los estadounidenses para encuentros similares en Cuba. Es el caso del cineasta Michael Moore, investigado por viajar en marzo para el rodaje de su último documental, Sicko. El recién creado Grupo de Trabajo para la Aplicación de Sanciones a Cuba ha establecido sanciones de hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para las empresas y hasta 250.000 a las personas que infrinjan las leyes del bloqueo, es decir, que comercien o viajen a Cuba. Así, el Departamento del Tesoro ha multado a la Alianza de Iglesias Bautistas con 34.000 dólares porque algunos de sus miembros viajaron a la isla el pasado año. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido incluso enviar un pequeño paquete postal a la isla.
El férreo control que establece el Departamento del Tesoro norteamericano llega incluso a impedir que Cuba pueda cumplir con sus pagos a las instituciones internacionales de las que forma parte, incluidas a las propias Naciones Unidas.
Con su política de pillaje contra Cuba, la Administración Bush se ha apropiado de las marcas de puros cubanos Cohiba y de ron Havana Club, la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU ha entregado esas firmas a productores estadounidenses. De esta forma, en una absurda situación comercial, lo legal en Estados Unidos es fumar puros Cohiba que no sean cubanos y beber ron Havana Club que tampoco lo sea, y lo ilegal y motivo de sanción es consumir las auténticas marcas originales de Cuba. La obsesión estadounidense ha llevado a comprar empresas españolas de turismo como la compañía de cruceros Pullmantur o el grupo Iberostar, con el objetivo de poder eliminar las relaciones comerciales de esas firmas con Cuba y despedir a los cubanos que trabajan para ellas (230). El final de la propiedad española de Pullmantur ha supuesto que 12.300 turistas no puedan viajar a Cuba y unas pérdidas para la isla de 16.890.000 dólares.
En contra de lo que se pudiera pensar, el bloqueo ha dejado de ser una disposición circunscrita a Estados Unidos y Cuba, para convertirse en una legislación de aplicación internacional en la medida en que toda empresa del mundo, incluidas por supuesto las españolas, es sancionada por la Administración Bush si comercia con Cuba. Cualquiera de nuestras empresas que mantenga relación comercial con Cuba es vetada por Estados Unidos, sus directivos pueden ser procesados en ese país si entre los productos que venden se incluye algún elemento de origen norteamericano y sus fletes no pueden pasar por suelo, aguas o espacio aéreo estadounidense. Hasta tal punto afecta a la comunidad internacional que Estados Unidos ha impedido a Cuba suministrar a Unicef la vacuna para la hepatitis B que permitía inmunizar a niños y niñas de todo el mundo.
El Gobierno cubano ha llevado anualmente a la Asamblea de la ONU su resolución pidiendo el fin del bloqueo desde 1992, donde ha contado con un abrumador apoyo de la comunidad internacional, que ha ido creciendo cada año hasta conseguir en 2006 el voto de 183 países y sólo cuatro en contra. Un resultado que muestra dos cosas. Por un lado la soledad de Estados Unidos en su política contra Cuba, pero también su sordera y desprecio a la institución internacional que más representa a todos los países del planeta.
El próximo 30 de octubre, España junto con el resto de Europa y la práctica totalidad de la comunidad internacional deberá decirle a Estados Unidos que Cuba es un país soberano, que tiene derecho a decidir su futuro y que con su bloqueo muestra una vez más que la Administración Bush es el más vivo ejemplo del desprecio al mundo y atropello a la convivencia entre las naciones. La capacidad de los cubanos de sobrellevar las condiciones impuestas por el bloqueo sin que haya surgido en casi 50 años la supuesta explosión social que en el país del Norte preveían muestra mejor que cualquier convocatoria electoral estadounidense dominada por el dinero y la corrupción que los cubanos desean seguir siendo dueños de su futuro y no renunciar a los logros de su revolución.
Pascual Serrano es periodista y fundador del diario alternativo www.rebelion.org
