PERE VILANOVA
Estimado lector, aquí tiene varias noticias. Si son ciertas, falsas, exageradas o distorsionadas, da relativamente lo mismo: son ciertas porque están en Internet. Y tienen su gracia.
La primera es la de que en Irán un clérigo afirma que la culpa de que haya tantos terremotos (y por extensión tantos desastres naturales) es de las mujeres, pero no todas, sino las que se comportan de modo promiscuo. Aunque el listón de donde empieza y acaba tal comportamiento, por supuesto, queda en manos de tan ilustre personaje. Nos da detalles: “Muchas mujeres que no se comportan con modestia… llevan a los hombres [y precisa, a los hombres jóvenes] a corromper su castidad y extienden el adulterio en la sociedad”. Es verdad que, desde hace varias décadas, los expertos en seísmos advierten de que Teherán está encima de una falla tectónica y hay riesgo de un terremoto severo. Esperemos que nunca suceda, pero avisados están.
La segunda es más interesante todavía: hace unas semanas, un modesto periódico jordano, Al Ghad, publicaba en primera página que habían aterrizado varios platillos volantes en el desierto de la parte oriental del país, cerca del pueblo de Jafr. En cuanto la noticia se propagó a la red, cayeron las comunicaciones, los teléfonos se colapsaron, hubo un pánico general, cerraron las escuelas y se consideró evacuar la localidad, de unos 15.000 habitantes. Pero era el día 1 de abril, el equivalente de nuestros Santos Inocentes (el 28 de diciembre), solo que nadie cayó en ello porque el 1 de abril nunca se ha celebrado en Jordania. Ni por asomo. Luego, Internet se encargó del resto, pues en realidad cerca de dicha localidad “se dice” que hay una gran base militar (jordana), de la que “se dice” que alberga tropas americanas, e incluso “se dice” que incluye una cárcel secreta para militantes de Al Qaeda. De ahí los marcianos, y el pobre alcalde de la localidad fuera de sus casillas.
Tercera noticia: amigo lector, puede usted visitar la tumba de Jesucristo (sí, sí, Jesús de Nazaret)… ¡en Cachemira! Pues, en efecto, “se dice” que Jesús sobrevivió milagrosamente a su muerte, consiguió huir hasta Cachemira y allí, en el centro histórico de Srinagar, se recluyó hasta su muerte, a muy avanzada edad. El nombre del lugar: el Templo Rozabal, dentro hay una pequeña tumba cubierta por una manta verde. La afluencia de visitantes es tal, desde que eso apareció en la red, que la autoridad municipal estudia cerrar el pobre templo. El grueso de los visitantes está formado por una curiosa mezcla de nuevos fundamentalistas (cristianos), algunos musulmanes muy heterodoxos (Jesús
–Issa– es considerado como uno de los mayores profetas después de Mahoma), y seguidores de lo que se conoce como “Da Vinci groupies”. En Srinagar, las autoridades insisten en vano en que esa es la tumba de Yuza (o Yusef) Asaph, un sabio musulmán que vivió hace unos pocos siglos. Como dice un modesto comerciante de la misma calle: “Eso ha estado toda la vida aquí, pero vino un profesor chiflado, salió esta historia en Internet y en Lonely Planet, ¡y ya está!”.
Podemos añadir la noticia sobre la investigación de un juez español sobre las irregularidades (procesales) del proceso a Jesús en la noche del 2 al 3 de abril del año 33 de nuestra era. La minuciosa reconstrucción concluye que a Jesús se le imputaron los delitos de “crimen soladiciorum”, “crimen receptatorum” y nada menos que “seditio”. Parece que la intención del autor es escribir un libro. Habrá que leerlo, pues sabremos que la Última Cena acabó poco después de las 21h, entre otras cosas.
En otras palabras, si sale en Internet, ha entrado en la Historia. Que los hechos sean ciertos o falsos, es secundario. Todo esto no tendría mucha importancia si no fuera porque está modificando profundamente los hábitos informativos del ciudadano, y ello, de varias maneras.
Por ejemplo, comparen ustedes la naturaleza y funciones que cumplían (de hecho, cumplen todavía pero de modo marginal) las “cartas al director” de cualquier diario tradicional, con esas enojosas ventanillas que aparecen al final de una noticia del mismo periódico en digital, en las que entra todo tipo de personajes, básicamente para dos cosas: denigrar o insultar al autor o al tema objeto de la noticia, e insultarse entre sí en cuanto hay más de dos en liza. Las cartas al director eran breves, formalmente muy corteses, y había que poner nombre, apellidos y DNI. Ahora nada de nada: cualquiera dice cualquier cosa, de modo que, a la larga, el lector acaba procesando noticia e improperios de modo confuso. Al final, análisis (o argumentos) e improperio acaban “fusionándose”.
Otro ejemplo es que todo ello puede afectar muy directamente a los que toman decisiones de alcance público (en política, en economía, en cualquier tema similar), pues la preocupación por reflexionar y analizar, decidir sobre la cuestión y dar respuesta en tiempo real a tal avalancha de ruido informativo hace que se tenga menos tiempo para pensar y para ponderar.
Hay más ejemplos, pero una conclusión es obvia. El problema actual no es el “pensamiento único” (de hecho, nunca lo hubo), sino la “sobrecarga de flujos de comunicación”, el exceso de un caudal que mezcla noticias, facebooks, youtubes, power points y otros gadgets, y el ciudadano tiene cada vez menos tiempo y paciencia para discriminar información de opinión, análisis de desahogos ideológicos, seleccionar opiniones sólidas sobre cosas que le preocupan o que le interesan (no es lo mismo). Con lo que al final puede tender a abdicar, y delegar la esfera de lo público en una clase a la que, por otra parte, concede una ínfima valoración, los “políticos”, que ni son todos iguales, ni al final son tan distintos de los ciudadanos que les han votado. En tiempos de aceleración de todo, resulta que lo más difícil es comprar tiempo.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la UB y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Patrick Thomas
RODRIGO VÁZQUEZ DE PRADA
La ofensiva que no cesa. Cuando la derecha española se siente acorralada por los casos de corrupción en sus filas, llámese esta caso Gürtel o caso Matas, se revuelve con sus peores armas.
Desde hace meses jalea a magistrados progresistas que, en razón de sus odios personales, se alían con la mayoría conservadora del Tribunal Supremo para detener la valiosa trayectoria del juez Garzón, por investigar los crímenes del franquismo; una vergonzosa maniobra que no pretende otra cosa más que frenar la persecución de la corrupción en el PP.
Y, en este marco, la derecha dirige ahora sus insidias contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, el catedrático Carlos Berzosa y Alonso-Martínez, elegido dos veces por mayoría de votos de profesores y estudiantes, tras haber sido decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales durante 14 años.
Primero, elude su defensa cuando estudiantes residentes en colegios mayores públicos, le insultan, vapulean y escupen expresando de tal forma su reaccionaria protesta por la decisión de convertir tales centros en mixtos; una protesta que, enmascarada con críticas por los desperfectos aparecidos en algunos edificios, recuerda, desgraciadamente, “la dialéctica de los puños” preconizada no hace demasiados años.
Después, en una cínica pirueta del peor cuño, lanza contra él invectivas realmente peregrinas, acusándolo de una decisión adoptada, precisamente, por uno de los suyos, el ex rector Gustavo Villapalos y ex consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que había aprobado la construcción de viviendas para profesores. Y lo curioso del caso es que el rector Berzosa únicamente ha intervenido para salvaguardar los intereses de la universidad y los derechos de los docentes cooperativistas integrados en tal proyecto, resolviendo los problemas heredados de sus antecesores, Rafal Puyol y el citado Villapalos.
Al mismo tiempo, pretende asfixiar económicamente el funcionamiento de la Complutense, no facilitando los fondos acordados en los contratos-programa, y esgrime la amenaza de “auditorías”, para sembrar dudas sobre la gestión modélica del rector. Algo que resulta insoportable para un PP que no puede salir del fango de la corrupción en que se encuentra atrapado.
Y, para tratar de estrechar el cerco, intensifica su batería de ataques a partir del masivo acto de apoyo al juez Garzón, celebrado en la Facultad de Medicina, deleitando la presidenta Esperanza Aguirre a sus votantes al ignorar el concepto de autonomía universitaria y realizar análisis políticos de tan escasa altura como su lenguaje.
Cada arremetida de la derecha tiene sus perfiles propios. La dirigida contra el rector Berzosa pertenece al tipo de persecución de un intelectual resueltamente de izquierdas. Una auténtica “caza de brujas” contra un intelectual que, por decisión democrática, rige con especial acierto los destinos de la universidad española de más proyección internacional.
Carlos Berzosa es un catedrático tan riguroso en su trabajo en la universidad como comprometido, desde sus años más jóvenes, con las alternativas de la izquierda. Discípulo del profesor José Luis Sampedro, una de las mentes más lúcidas de la universidad española, desempeña la cátedra de Economía Aplicada, ganada por oposición. Asimismo, es autor de varios libros, entre ellos Conciencia del subdesarrollo, junto a su maestro, y de numerosos artículos en los que fustiga a los “fundamentalistas del mercado”; aquellos que despojaron de instrumentos a un Estado –entre otros, la banca pública– que, ahora, tiene que resolver los problemas creados por las recetas neoliberales.
Y lo ha hecho en todos los foros donde ha alzado su voz por una sociedad justa y solidaria. Entre otros, en los debates organizados por la Asociación de Amigos de la Revista Triunfo, de la que Berzosa es asociado de honor junto a los Nobel García Márquez y Saramago. O en el reciente homenaje póstumo a uno de los intelectuales por excelencia de la Transición, José Vidal Beneyto.
La campaña contra él supone, claramente, un intento de acoso y derribo de una prestigiosa personalidad de izquierdas que se encuentra al frente de una institución de peso en la capital de España. Su rectorado constituye un oasis progresista en una comunidad autónoma en la que la derecha campa a sus anchas. Entre otras cosas, llevando a cabo obras faraónicas, ejecutadas a despecho de los intereses de los ciudadanos y, naturalmente, en beneficio de la cuenta de resultados de las grandes constructoras, y desmantelando la Sanidad pública, lo que resulta tan atractivo para el sector privado como ineficaz para los ciudadanos.
A un año de elecciones en la Complutense, nos encontramos en una nueva batalla de Madrid. Una operación política del PP contra un rector especialmente incómodo para la derecha, contra el que dirige una auténtica guerra sucia. Trata así de restarle fuerza –a él y a su equipo– de cara a los próximos comicios, para volver a controlar uno de los aparatos ideológicos del Estado de mayor calado y poder reproducir sin contratiempos el modelo de la formación social existente, la mercantilización de la enseñanza y la sacralización de la economía de mercado.
Todo esto recuerda el título de la célebre obra de Lukács, El asalto a la razón, en el marco de una ofensiva ideológica del pensamiento conservador sin precedentes desde la Transición. Un asalto a la inteligentsia que alberga la Universidad, crisol donde se forja la ciencia y el pensamiento crítico, alejado del reaccionarismo inquisitorial de quienes no han dejado nunca de perseguir a quienes tienen “la funesta manía de pensar”.
Rodrigo Vázquez de Prada es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
VICENÇ NAVARRO
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
JUAN CARLOS MONEDERO
A la memoria de Pepín Vidal Beneyto
Mil veces oímos una petición de silencio que hoy resuena con cuento de furia y ruido: “Abuelo, deje de contar batallas”. Ignoraban los guardianes de los tiempos apacibles que la verdadera batalla no era esa que los viejos apuntaban. Era otra, apenas susurrada, que se contaban a ellos mismos en un silencio de décadas, con complicidad de café, trinchera y cuitas compartidas. “¡Deje de contar batallas, abuelo!”. Y los apaciguadores, al tiempo, contaban incontables veces su cuento incontinente: “La democracia nos la inventamos nosotros”. Lo dijeron, lo escribieron, lo repitieron, lo exportaron y, quizá –sólo quizá–, hasta se lo creyeron. Sociólogos corrieron a decir que antes de la Transición no hubo democracia y que, de pronto, ya éramos iguales al resto de Europa; filósofos cambiaron panfletos contra el todo por panfletos por lo que me caiga; historiadores oficiales dieron el pasado como inocuo pasto abierto sólo a anticuarios; sabedores de la política hicieron taxonomías borgianas para que encajara la democracia con un campo sembrado de fosas comunes y desmemoria; matemáticos trazaron la topología que permitía transitar en vez de retornar a la democracia perdida; periodistas y filólogos encontraron en el decir “consenso” una palabra mágica que contentaba a tirios y troyanos (a unos porque no cuestionaba ningún fruto de su victoria; a otros, porque les entregaba una excusa perfecta para explicar por qué eran tan vociferantes y tan poco consecuentes). Burlón este espíritu de la Transición democrática.
La Transición redujo la explicación dolida del pasado a un problema de derechos humanos. En la distancia, todos somos bienintencionados. Por eso era relevante explicar aquella época como una locura colectiva fruto del calor y los tiempos duros. Otras explicaciones sacan el hilo al ovillo y llegan hasta palacios reales, catedrales, cámaras bancarias y mansiones donde siguen los que nunca se fueron.
Recuerdo de la madre. Hija robada por la posguerra a un herrero anarquista –linchado cabeza abajo, colgando de un olivo, por el jefe de Falange, luego alcalde del pueblo–. Nueva vida en Madrid. Pudo estudiar. Su colegio tenía dos puertas, una principal para las niñas ricas y otra lateral para las hijas de la caridad. Recuerdo a la madre subiendo, junio de 1977, la calle del colegio donde estudiaban sus hijos. A suplicar un precio en los caros ejercicios espirituales. Carteles electorales en las paredes. Entendí cuando el cura afirmó: “Si no podéis permitíroslo, buscad otro colegio”. El franquismo fue una dictadura de clase. Pero nunca acepté el tuteo arrogante a la madre derrotada. Porque los mataron mil veces. En aquellos años de la guerra y la posguerra, y también en cada humillación, durante cuatro interminables décadas (las cartas que llegaron y las que no llegaron; compartir mesa con el verdugo; suplicar trabajo o limosna de lo que fue el propio patrimonio; los labios mordidos; pisar el suelo donde reposan los abandonados; las placas santas ensalzando al sayón; la impunidad de los togados, los purpurados, los condecorados; el interminable usted no sabe con quién está hablando…).
“Con la Transición, los demócratas vencimos”, y le cargaron al búnker toda la memoria del franquismo. Derrotado el búnker, derrotado el franquismo. ¿Un nuevo inicio? ¿Sin restitución? Hasta que un juez quiso llevar a juicio aquella etapa y se cayeron las caretas. El juicio al franquismo ha separado a los demócratas gratuitos de los demócratas con todas las consecuencias. “Las virtudes de la Transición son los vicios de la democracia” se reescribe: “Los vicios de la Transición son los vicios de la democracia”. Un sistema electoral indigno; Bartolín llamando a la Guardia Civil desde un maletero porque lo había secuestrado ETA. Cospedal y la Caudillesa gritando ¡golpe de Estado! por una reunión política en sede universitaria; un juez escondiendo residuos franquistas bajo alfombras progresistas; el filósofo de la ética para adolescentes recibiendo el premio literario más amañado de la historia de los premios; el ministro de Información de Franco, el que afirmó tras el asesinato en la Puerta del Sol de Julián Grimau que ese “caballerete” merecía morir, redactando la Constitución de la democracia que apuntaló a un rey de origen franquista, a comisarios de origen franquista, a catedráticos de origen franquista, a periodistas de origen franquista e, incluso, a franquistas de origen franquista. Ahí reposa nuestro miedo. Franco es más peligroso muerto que vivo. Vivo por lo menos se le veía venir.
Dudo de que la Transición hubiera podido ser radicalmente diferente. En 1973 fue el golpe contra Allende. Unos meses después, la Revolución de los Claveles alertó a los guardianes de la guerra fría. Y 40 años de exilio, represión y miedo. Lo reprochable es la falta de honestidad de sus voceros. No decir: “Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos”. Esconderlo tras “nos corresponde la mayor hazaña democrática de la historia de España”. Una Transición perfecta que no deja entender una democracia tan imperfecta.
Lo han tenido que recordar desde fuera: aquí hubo un propósito de genocidio. Hubo guerra porque los franquistas, aun ayudados por Hitler y Mussolini, no tuvieron la fuerza suficiente. Cuando ganaron, la intención genocida se consumó. Hoy se siguen repartiendo culpas con la excusa de la guerra. Para una lectura democrática, los luchadores por la República dieron todo para frenar el genocidio. Y los olvidamos.
Por eso, abuela, abuelo, perdonad por lo que no os dejaron hablar en estos años. Y contadme otra vez, desde el principio, todas aquellas batallas.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
ILustración de Federico Yankelevich
VICENÇ NAVARRO
Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Reino Unido) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, tal como es de esperar en cualquier país democrático.
No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al rey y a la monarquía, frente a cualquier tipo de crítica. En realidad, tales medios promocionaban al rey y a la monarquía en una campaña propagandística, presentando a la monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el rey se presentaba como un demócrata camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al rey se veía como criticar la Transición y el establecimiento de la democracia.
Es fácilmente demostrable que esta imagen del monarca es profundamente falsa. El rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y en la Transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer Gobierno monárquico hizo para establecer la democracia. Tanto en las reglas del proceso democrático, como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y la democratización de aquellas propuestas. La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión, explican, sin embargo, que aquella Transición inmodélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la monarquía como su eje, lo
cual explica su blindaje mediático.
No fue hasta hace poco que la televisión, el mayor medio de difusión en España, exhibió un documental, “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis, que muestra el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental, que vio la luz en la televisión pública catalana, ponía de manifiesto cómo el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco. En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Catalunya, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.
Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.
Mientras, a los autores de aquel documental se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nueva obra, ¿Monarquía o República?, en la que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como a partidarios de la monarquía. Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara la emisión de un documental (presentado como ficción), 23-F: el día más difícil del Rey, que era una mera propaganda de la monarquía y del papel del rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981. No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas– que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, nunca se mostrará su versión original y nunca se emitirá, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.
La Vanguardia, el diario monárquico de Catalunya, propiedad de la familia del conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Catalunya) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la república y la monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia, alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la república en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
VICENÇ NAVARRO
El título del artículo se refiere al sesgo conservador mostrado por los mayores medios de difusión del país en su cobertura de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Imagínese el lector que se hubiera descubierto este año en Cuba una sepultura desconocida en la cual yacieran más de 2.000 personas ejecutadas por el ejército cubano en los últimos años, y que una de las personas cubanas que hubieran denunciado las desapariciones y ejecuciones de tales personas hubiera sido asesinada también por el mismo ejército. La movilización mediática por parte de los mayores medios de información hubiera sido enorme. Y más de un Gobierno, además de denunciar al Gobierno cubano, habría roto las relaciones diplomáticas con aquel país. Y, cómo no, el Parlamento Europeo (con mayoría conservadora y liberal) habría aprobado una resolución condenatoria, interrumpiendo cualquier relación diplomática y comercial con aquel país. Y, probablemente, hubiera propuesto para el Premio Nobel de la Paz a título póstumo al ciudadano asesinado por el ejército. El Gobierno federal de EEUU hubiera aumentado la avalancha mediática, política y económica en contra del Gobierno cubano, acentuando todavía más el bloqueo económico. Y, cómo no, la prensa de mayor difusión en España criticaría, una vez más, a muchos intelectuales de izquierda por su falta de entusiasmo en su denuncia del hecho.
Pues bien, los 2.000 asesinatos de desaparecidos existen, como también existía la persona que los denunció y que fue asesinada por el ejército. La única diferencia es que el país no es Cuba, sino Colombia. En aquel país, una tumba desconocida fue hallada este año, por casualidad, cerca de la base militar colombiana situada en el municipio de La Macarena, en el departamento de Meta, al sur de la capital, Bogotá. La tumba fue descubierta cuando los vecinos se percataron de que muchas personas enfermaban por beber agua de manantiales en el bosque, que había sido contaminada por lo que, como se descubrió más tarde, eran cadáveres enterrados en aquella tumba desconocida. La única señal era una bandera con las fechas del enterramiento, 2002-2009. La subsecuente investigación descubrió que había más de 2000 personas enterradas allí. El ejército colombiano reconoció su autoría, indicando que eran miembros de las guerrillas capturados o muertos en combate. Pero no explicó por qué se habían enterrado secretamente y sin seguir las mínimas reglas exigibles del registro de los muertos.
En realidad, el caso era muy parecido a otro anterior –el caso de “falsos positivos”– en que otras 2.000 personas habían sido asesinadas por el ejército, presentándolas falsamente como guerrilleras, cuando se demostró que no lo eran. Johnny Hurtado, el sindicalista y presidente del Comité de Derechos Humanos Colombiano, que había denunciado tal hallazgo, había indicado a una delegación de miembros del Parlamento de Reino Unido, de visita en Colombia, que los asesinados enterrados en la tumba de La Macarena no eran miembros de las guerrillas, sino personas que habían desaparecido y que no tenían ninguna conexión con las guerrillas (cuyas prácticas criticó y denunció). El Gobierno y las Fuerzas Armadas estaban utilizando –según él– la lucha antiguerrilla para eliminar físicamente a todos sus opositores, presentándolos como guerrilla. Y, en ocasiones, ni siquiera eran opositores. Pero el ejército los mataba para identificarlos como guerrilleros como forma de expresar su eficacia. El 15 de marzo de este año fue asesinado Johnny Hurtado mientras soldados de la odiada y temida Brigada Móvil nº 7 patrullaban el área donde vivía. Pasó a ser el número 7 de los sindicalistas asesinados en los primeros meses del año 2010 en aquel país (en 2009 fueron 39).
Todos estos asesinatos se hicieron durante el mandado del presidente Uribe y de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos (el candidato a la sucesión de Uribe como presidente de Colombia). Y, a pesar de sus negativas, es altamente improbable que no fueran conscientes de estos hechos, pues el ejército ha defendido tales acciones como “actos de la necesaria lucha contra la guerrilla”. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo, ha pedido que se realice una investigación de las violaciones de los derechos humanos en aquel país, definidas como “sistemáticas y ampliamente extendidas”, considerándolas “crímenes contra la humanidad”.
Frente a esta horrible situación ha habido un silencio ensordecedor de los supuestos defensores de los derechos humanos. El Parlamento Europeo no ha dicho nada. El Gobierno de Obama (cuyas Fuerzas Armadas estaban asesorando a los militares colombianos en la base de La Macarena) va a reanudar el Tratado Bilateral con Colombia (que inició el presidente Bush con Uribe). Y los medios de mayor difusión, supuestamente defensores de los derechos humanos, han permanecido, en general, silenciosos sobre este caso. En realidad, en España, el presidente Uribe y su Gobierno han tenido muy buena prensa. Varios de los rotativos de mayor difusión han publicado entrevistas muy favorables a Uribe y a su sucesor. Y los supuestos grandes defensores de la libertad –incluyendo a Mario Vargas Llosa– han permanecido en completo silencio. Ni que decir tiene que los portavoces de aquel Gobierno, ayudados por los medios que les ofrecerán grandes cajas de resonancia, negarán estos hechos. Mientras, los que se autodefinen como defensores de los derechos humanos, que continuamente hacen críticas (algunas de ellas justificadas) a Cuba, seguirán ignorando las horribles violaciones de tales derechos en otros países, cuyos gobiernos son considerados amigos, convirtiendo en una farsa su supuesto compromiso con los derechos humanos.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
PASCUAL SERRANO
Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.
Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.
El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.
En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.
Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.
La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.
Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.
La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación’
Ilustración de Javier Olivares
PASCUAL SERRANO
La persona que ha recibido el último año más premios de periodismo, incluido el español Ortega y Gasset, no es periodista. Considerada “héroe del hemisferio” por la Fundación Panamericana del Desarrollo por enfrentarse al Gobierno cubano, nunca ha pisado una cárcel ni un tribunal. Mientras desarrolla su labor en un país donde se dice que Internet está prohibido, su blog es considerado por la CNN de los 25 mejores del mundo y la Universidad de Columbia le concedió el histórico Premio María Moors Cabot de periodismo por “conectar Cuba –digitalmente– con el resto del mundo” a través de este blog.
A la galardonada periodista sólo se le conoce una entrevista, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aunque el Premio de la Universidad de Columbia se lo dan por la cobertura de Latinoamérica y el Caribe, pero sólo ha visitado Alemania, Suiza y Cuba. Estamos hablando de Yoani Sánchez y su blog Generación Y.
El encumbramiento a la fama fue meteórico. Inaugurado su blog en abril de 2007, en octubre el corresponsal de Reuters lanza un teletipo de agencia que se publica en varios lugares del mundo. Dos meses después, The Wall Street Journal le dedica una página completa con llamada en primera plana. Pocos días más tarde, el periódico español El País la entrevista en contraportada. Al mes siguiente, hacían cola en su domicilio The New York Times, Die Zeit, The Washington Post, Reporteros sin Fronteras, la televisión alemana, la española, Al Jazzira…
Al año de poner en marcha su blog, la revista Time la considera entre las 100 personas más influyentes del mundo, igualmente la revista Foreign Policy la elige entre los diez intelectuales más importantes del año en Iberoamérica. Ha recibido premios hasta de la televisión y radio alemanas, a pesar de que en el jurado, de 12 periodistas, sólo uno comprendía español.
Presentada como una valiente mujer que de forma individual se dedica a compartir con estilo intimista sus sensaciones sobre la trágica situación que vive Cuba, su blog es traducido a dieciocho idiomas, algo que no hemos logrado con la documentación de la Unión Europea. El nombre del sitio matriz –desdecuba.com– sugiere que todo el esfuerzo de conexión a la red proviene de la isla, pero el servidor está alojado en Alemania. La bloguera convoca a movilizaciones a través de Twitter, foros sociales y otras variantes de la web 2.0 que apenas se utilizan en Cuba. El soporte técnico, que le da servicio casi en exclusiva a su blog, maneja 14 millones de visitas mensuales y hoy cuesta miles de dólares. No existe en toda la isla una sola página de Internet, ni privada ni pública, con el potencial tecnológico y de diseño de la de Yoani Sánchez.
El pasado mes de noviembre, Yoani denunció haber sido golpeada brutalmente por agentes del Gobierno cubano. Todos los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de la agresión y el Gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación”, aunque 48 horas antes hubieran ejecutado a un cubano de 34 años elevando la cifra de ejecuciones del año 2009 a 42. Lo curioso es que, requerida tres días después por el corresponsal de la BBC para mostrar sus lesiones, dijo que ya habían desaparecido; tampoco las pudieron apreciar los médicos que le atendieron en el servicio de urgencias, según relataron en vídeo a un medio alternativo español. Ningún corresponsal extranjero encontró un solo testigo que viese la agresión, a pesar de que, según afirmó Yoani Sánchez, fue en la calle a plena luz del día.
Todo eso sólo puede suceder en Cuba, que es el país de las paradojas. Es la única nación, como afirma el corresponsal de la BBC, Fernando Ravsberg, cuyos exiliados en el extranjero vuelven todos los veranos de vacaciones al país donde se supone están perseguidos. En Cuba, el Gobierno ofrece a cada ciudadano una cartilla de abastecimiento con productos de primera necesidad a precios prácticamente gratuitos, pero la prensa extranjera lo denomina con el nombre contrario: cartilla de racionamiento. Su Gobierno es el más acusado por los empresarios de medios de comunicación de atacar a la libertad de prensa, pero es el país de América Latina donde más ciudadanos están alfabetizados para poder leer. Y Cuba es el único caso del mundo en que los opositores al Gobierno que lo califican de dictadura acaban viviendo en mejores condiciones que los partidarios de la revolución. Basta el ejemplo de Yoani Sánchez: mientras que funcionarios de alto rango del Ministerio de Cultura me explican que han estado sin Internet durante días por razones técnicas, Sánchez consigue conectarse siempre porque no le faltan divisas para pagar en los hoteles. Si preguntamos a los cubanos, observaremos que son precisamente los mejor situados económicamente los que más critican al Gobierno.
Yoani Sánchez y la prensa internacional no dejan de recordar que ha sido atacada personalmente por Fidel Castro, un ataque que consistió en que el ex presidente cubano hiciera referencia a ella en el prólogo de un libro sobre Bolivia donde criticó que “haya jóvenes cubanos que piensen así, enviados especiales para realizar labor de zapa y prensa neocolonial de la antigua metrópoli española que los premie”. Al parecer, un ejemplo elocuente de la implacable furia con la que la dictadura castrista aplasta al que levanta la voz.
Observando la acogida de Yoani Sánchez en la prensa internacional e instituciones que expenden premios, nos preguntamos si no existen periodistas y blogueros válidos y valientes en el resto de América Latina, en Oriente Medio, en África e incluso dentro de Estados Unidos. Quizás ellos sí pisen las prisiones, reciban golpes de la policía perfectamente visibles y sufran ataques gubernamentales más allá de la cita en el prólogo de un libro.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo’
Ilustración de Patrick Thomas
JOAN MARI TORREALDAI
Miro con incertidumbre el futuro, sentado como estoy en el banquillo de los acusados, en la Audiencia Nacional. Espero que el tribunal escuche y entienda la verdad histórica de mi caso, de nuestro caso, el caso Egunkaria.
Respondiendo a la solicitud que se me ha realizado, lo cuento aquí en un idioma que no es el mío habitual, como tampoco lo es la primera persona del singular que utilizo, para referirme a unos hechos compartidos.
El tsunami inquisitorial del segundo Gobierno Aznar, con la doctrina Bush recién estrenada tras la resaca que siguió a la destrucción de las torres gemelas, me pilló con 60 años. De ellos, 40 los he dedicado a una actividad de notoria proyección pública, básicamente investigación cultural y labor editorial, con más de una docena de libros y cientos de artículos publicados, unido a una treintena de años como director de una revista cultural, de pensamiento y de ensayo, denominada Jakin (Saber, en euskera).
En ello estábamos cuando la Guardia Civil llegó a nuestras casas antes de la hora del lechero, a la 01.30 de la madrugada del 20 de febrero de 2003. En la mía rompieron a porrazos la puerta, apuntaron con armas de fuego a toda la familia, incluidos hijos menores, y me incomunicaron. Acto seguido se me mostró un papel según el cual, y por mi condición de presidente del consejo de administración del periódico diario Euskaldunon Egunkaria, resultaba acusado de “pertenencia o colaboración con banda armada”.
Así me enteré de que yo era, al parecer, de ETA. Me convirtieron en un hombre de armas, de la noche a la mañana.
A la gravedad de la acusación le acompañan los modos: la nocturnidad, el operativo policial de gran envergadura, el trato brutal, la incomunicación, las once horas de registro, las cajas de documentación que se llevan, tu nombre como tus imágenes omnipresentes en todos los medios. El implícito lenguaje simbólico habla por sí mismo sobre tu peligrosidad. “El medio es el mensaje”, efectivamente.
Pero hay más. De la noche a la mañana acabaron con mi vida de investigador y sociólogo. Se llevaron muchos documentos, muchísimos. Toda una vida profesional. Es terrible asistir al despojo de tus carpetas, al desorden de tus papeles. Los sacan de los archivadores y los apilan a su manera. Tantos años de trabajo deshechos en pocas horas.
Se lo llevaron todo. Mis papeles más íntimos y personales, los profesionales, los de terceras personas, la documentación de mi empresa editora. De todo lo que se llevaron, calculo que tan sólo un 0,1 % tendría relación con Egunkaria.
Se te hunde el mundo porque sabes que a tus años ya no podrás rehacer esos archivos. Calculo que ha de ser muy parecido a una ultrajante violación.
A los años termina la instrucción, la labor del juez Del Olmo. Y constatas que no ha tenido para nada en cuenta tu versión de los hechos. Es más, le ha dado la vuelta. Por ejemplo, cuando me interroga afirmando que fue ETA quien nombró a Martxelo Otamendi director del periódico y le digo que no, que fui yo el que le propuso el cargo, la conclusión es que yo soy emisario de ETA. Increíble.
Como increíble es que, tras haber escuchado tus conversaciones telefónicas desde el 2001 e investigado tus papeles y dietarios desde los años sesenta, a pesar de no haber encontrado ni rastro de relación con ETA, sin embargo sigan acusándote. Es incluso peor. Han encontrado notas manuscritas personales críticas con ETA (incluso las han traducido), pero no las han tomado en cuenta en el sumario. No le falta razón al fiscal cuando dice que la instrucción se ha realizado contra reo.
Hay una frase del arzobispo Carranza, paisano del siglo XVI y apresado por la Inquisición, perfectamente aplicable a la instrucción del caso Egunkaria: “Todas estas cosas muestran claramente que el arzobispo de Sevilla (inquisidor general) no trataba este negocio por celo de Justicia y Religión, ni pretendía saber la verdad”.
Se nos hace difícil entender que estemos en el banquillo de los acusados por haber fundado desde la sociedad civil y dirigido el primer periódico diario en euskera, el sueño de los euskaltzales (impulsores de la lengua vasca) de las diferentes generaciones del siglo XX, un sueño muy anterior a la existencia de ETA.
En realidad, nada de lo que nos ha sucedido tiene sentido, a no ser que admitamos el principio universal de toda explicación, es decir, la preexistencia. En la doctrina cristiana que aprendimos de chavales, Dios era el principio universal preexistente. En el sumario de Egunkaria, el principio universal preexistente es ETA. A uno, que ha pasado muchos años de su vida escudriñando en trabajos universitarios, le produce sonrojo la falta de rigor de los informes de la investigación policial. La hipótesis queda suplantada por la tesis.
Mientras todo esto sucede en un lugar del planeta, no muy lejos de allí físicamente, aunque sí en otros conceptos, recibes el reconocimiento de tu gente. La casa de cultura de tu pueblo natal lleva tu nombre, las asociaciones profesionales del sector del libro premian tu trayectoria cultural, el Pen Club vasco premia tu actitud independiente, la Real Academia de la Lengua Vasca te nombra académico de número. Esto es, nadie se cree la fabulación conspirativa en la que tratan de mezclarte la investigación policial y la instrucción judicial.
Pero el peso de la injusticia es inexorable, y en un margen relativamente corto de tiempo uno pasa de investigar la historia de la persecución del euskera a ser víctima de la misma en primera persona. O, sólo en un mes, uno pasa del sillón de la Real Academia de la Lengua Vasca al banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
Es así como ha sucedido.
Joan Mari Torrealdai es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Académico de la Lengua Vasca
Ilustración de Mikel Casal
PASCUAL SERRANO
Desde hace más de 30 años se elabora en Estados Unidos un magnífico trabajo denominado Project Censored (Proyecto censurado). Mediante la colaboración entre profesores y alumnos de la Universidad de Sonoma State de California, cada año se publica un informe que recoge los 25 temas más importantes que fueron ignorados por la prensa corporativa de Estados Unidos, entre otras, las cadenas de televisión Fox News, ABC, CBS y CNN, y los grandes periódicos de la categoría de The New York Times y The Washington Post. Pero, además de esto, el documento, que salió a la venta en Estados Unidos el 30 de septiembre en forma de libro, incluye una encuesta con lo que sus autores denominan “noticias basura” y “noticias engaño”. Consiste en la exposición y denuncia de las noticias que protagonizaron la actualidad del último año en Estados Unidos y que han supuesto claros e insultantes ejemplos de temáticas frívolas e intrascendentes o de historias sobre asuntos importantes, pero presentados y abordados de forma falaz.
El criterio de estos analistas es que el estilo y formato de entretenimiento y simplificación que domina nuestros medios de comunicación ha convertido la información que recibimos en la versión periodística de la comida basura de un McDonald’s. Basta echar un vistazo a nuestras televisiones y periódicos para comprobar el tremendo espacio en tiempo y en papel que ocupan los asuntos triviales y las banalidades sensacionalistas, es decir, las “noticias basura”. Como ejemplo del caso español, podemos recordar que un reciente sondeo de Sigma Dos mostraba que las discusiones referentes a la ex mujer del torero Jesulín de Ubrique, Belén Esteban, y su esposa actual, María José Campanario, habían ocupado en España nada menos que 4.000 minutos de la parrilla televisiva veraniega o, lo que es lo mismo, cerca de tres días enteros monotemáticos. Como resultado, sólo un 2,2 % de los encuestados se pronuncia afirmando “no saber de la cuestión”, mientras que en los sondeos de opinión sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los indecisos rondan el 10%. Este es un claro ejemplo de para qué sirven las “noticias basura”: para desviar la atención de las temas importantes. La situación es similar en Estados Unidos, donde los analistas de Proyecto censurado citan asuntos como el sobrepeso de la cantante y actriz Jessica Simpson, la felicidad maternopaterna de la pareja Brad Pitt-Angelina Jolie o el perrito de Obama, situados a la cabeza de la agenda informativa, mientras que, simultáneamente, sus tropas morían en Afganistán o Irak junto a miles de civiles, la tortura era práctica cotidiana, se eliminaba el habeas corpus a los ciudadanos estadounidenses o engordaba la burbuja financiera.
En España, el día que tuvo lugar el golpe de Estado en Honduras un periódico inauguraba en su página web una encuesta que preguntaba a sus lectores cuál es el mejor disco de Michael Jackson.
Pero tampoco debemos olvidar las “noticias engaño”. Es lo que pudimos leer en las primeras páginas de la prensa del día 19 de junio de 2004, que titulaba a toda plana: “Europa ya tiene Constitución”, sólo porque los jefes de Estado habían llegado a un acuerdo, pero sin que los ciudadanos todavía se hubieran pronunciado. Asimismo, los medios llevan cinco años anunciando la democracia, la reconstrucción, los derechos de la mujer y la celebración de elecciones en Afganistán, sin que ninguna de esas cosas haya sucedido. Lo único que ha aumentado en ese país es la corrupción, el cultivo de opio y la riqueza del entorno político de Karzai.
“Noticias engaño” son muchas de las procedentes de Colombia, donde su Gobierno dedica grandes esfuerzos y dinero para intoxicar los medios, con muy buen resultado en la prensa internacional. En marzo de 2006 la prensa española se hizo eco del anuncio hecho por Álvaro Uribe de que un frente íntegro de la guerrilla de las FARC se rendía y entregaba al ejército sus armas y… ¡un avión Turbo Aerocomander! En sólo dos días se descubrió la verdad: los supuestos guerrilleros eran delincuentes comunes que llevaban años presos y que, al prestarse a ese circo, lograban beneficios penitenciarios. El avión había sido incautado tres años antes a unos narcotraficantes. Esta última versión, verdadera y definitiva, nunca llegó a los medios españoles.
El resultado final de toda esta basura y engaño es que en Estados Unidos, poco antes de la invasión de Irak, el 51% de sus ciudadanos estaba convencido de que Sadam Hussein había participado “personalmente” en los atentados del 11-S. Y en España, los estudios del Real Instituto Elcano muestran que el 75% de los encuestados no sabe cuáles son los países donde hay destinadas tropas españolas, y el 45% responde “no sabe no contesta” a la pregunta sobre la diferencia entre el Tratado de Lisboa y la fallida Constitución Europea.
Otras veces es el ritmo trepidante el que provoca que se dediquen primeras páginas a unas elecciones y si el recuento no está en las primeras 24 horas deja de prestarse atención, como sucedió con las presidenciales afganas del 20 de agosto. Mes y medio después los enviados especiales vuelven a casa porque a los medios ya no les importa el resultado ni si hubo fraude o no.
Es indiscutible que se hace necesario algún tipo de control de calidad de los medios si queremos que la ciudadanía esté informada. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece el derecho a “recibir informaciones y opiniones”, y, en el caso español, nuestra Constitución es la primera en Europa que recoge el derecho a recibir una información “veraz”. Es evidente que no se está cumpliendo.
Pascual Serrano es periodista. Autor de ‘Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo’
