Vicenç Navarro
La interpretación más generalizada del porqué hubo un golpe militar en Honduras (reproducida en los cinco rotativos de mayor distribución en España) es que este ocurrió para parar el intento del presidente Zelaya de “perpetuarse en el poder”. El diario más activo en la promoción de esta explicación del golpe militar ha sido La Vanguardia cuyo corresponsal en América Latina, Joaquim Ibarz, entrevistó nada menos que al general que realizó el golpe, Romeo Vásquez, dándole la oportunidad de que lo justificara, indicando que la intervención militar era plenamente constitucional, necesaria para impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. Ibarz entrevistó también al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, que justificó también el golpe refiriéndose a la necesidad de recuperar la legalidad, interrumpida por el presidente Zelaya. Es interesante subrayar que hace 70 años, en España, La Vanguardia –entonces llamada La Vanguardia Española (propiedad de la familia Godó, que apoyó el golpe militar de 1936)– justificó el golpe del general Franco contra el Frente Popular, con argumentos semejantes a los utilizados ahora por los golpistas en Honduras. Según La Vanguardia Española (18-07-40), el Gobierno del Frente Popular, democráticamente elegido, había violado la Constitución, siendo necesario su derrocamiento por parte del alzamiento nacional para recuperar la legalidad.
El sesgo conservador de la cobertura mediática de lo que ocurre en Honduras explica que ninguno de aquellos cinco rotativos haya entrevistado a personalidades hondureñas conocidas por su oposición al golpe militar. De haberlo hecho, tal como lo han hecho varios medios en EEUU, los lectores de tales rotativos tendrían información de la que hoy carecen. Además de entrevistar al cardenal progolpista, Óscar Rodríguez Madariaga, La Vanguardia podría haber entrevistado, por ejemplo, al arzobispo hondureño de Copán, Luis Alfonso Santos Villena, quien en las entrevistas que dio al Catholic News Service (04-08-09) y a la cadena de televisión CNN (06-08-09) indicó que “algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es de que defendió a los pobres. Esta es la razón por la que ahora están en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya”.
El presidente Zelaya, entre otras muchas medidas populares, dobló el salario mínimo, medida que enojó a la patronal hondureña; proveyó comidas gratuitas en las escuelas (el 72% de los niños hondureños en zonas rurales tienen problemas de malnutrición) y vetó la propuesta de la Asamblea Nacional de prohibir la utilización de la píldora postcoital. Estas políticas cambiaron la actitud de las clases populares hacia el Gobierno Zelaya. Tal como señaló el dirigente campesino Rafael Alegría, “Zelaya dio esperanza al pueblo”. Los sindicatos y campesinos, así como la población indígena, fueron apoyando a Zelaya que, al proceder del establishment hondureño, había tenido a tales sectores en contra. Pero en la medida que estas fuerzas populares fueron apoyando a Zelaya, la oligarquía fue movilizándose para parar tal proceso. Tal como indicó el arzobispo Luis Alfonso Santos: “Es un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña. En realidad, nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, escogidas por los ricos del país. Somos el país más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población participe en las decisiones”.
En realidad, incluso el Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre los “Derechos Humanos en Honduras en 2008” había indicado que “aunque la Constitución (hondureña) habla de un sistema jurídico independiente, tal sistema está muy poco financiado con muy escasos recursos, sujeto a una corruptela clientelar y a múltiples influencia políticas. La Corte Suprema nombrada por los dos grandes partidos carece de autonomía y está claramente influenciada políticamente, dentro de una cultura de corrupción”. Fue esta Corte Suprema la que ordenó la detención del presidente siguiendo las órdenes de los dos partidos políticos que dominaban la Asamblea Nacional.El nuevo presidente, Roberto Micheletti, fue una voz poderosa durante la dictadura militar y el Gobierno autoritario que le siguió. Según The New York Times (08-08-09), su jefe de campaña en las últimas elecciones, Billy Joya, fue dirigente de la Policía política en los años ochenta, responsable de las torturas y desapariciones que caracterizaron aquel periodo. Hoy es asesor del nuevo Gobierno golpista en temas de seguridad. Como señaló el arzobispo Luis Alfonso, “las personas detrás del golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales por falta de medicinas” (entrevista del 29 de julio en la radio jesuita Progreso). El nuevo Gobierno ha iniciado una brutal represión que no ha podido parar las continuas movilizaciones populares y huelgas en contra del golpe.
En EEUU, el máximo defensor del Gobierno golpista es el abogado Lanny Davis, que representa a la Cámara de Comercio de Honduras y que fue, en su día, el representante legal de la dictadura paquistaní del general Musharraf. Hoy asesora, también, al mundo empresarial estadounidense en su intento de hacer fracasar la propuesta de ley que facilitaría la sindicalización de los trabajadores en EEUU. Fue también asesor del presidente Clinton y de la candidata Hillary Clinton, que hoy es la persona del Gobierno de Obama más tolerante con el Gobierno golpista. Todos estos datos son desconocidos por los lectores de aquellos cinco rotativos.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Policy Studies en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Vicenç Navarro
A raíz del golpe de Estado ocurrido en Honduras, las derechas –tanto en España como en el extranjero– se han movilizado para explicar (y frecuentemente justificar) tal golpe con el argumento de que, en realidad, casi nadie en Honduras quería al depuesto presidente Zelaya y que muy pocos desean ahora su vuelta a la Presidencia de aquel país. Tal mensaje ha sido ampliamente promovido por autores y medios conservadores y liberales, expresándose en narrativas distintas y con matices diversos con un mensaje prácticamente idéntico. Así, J. Ibarz escribió en La Vanguardia (16-07-09) que “los hondureños no parecen desear el retorno de Zelaya”. La Vanguardia también publicó una entrevista con el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, en la cual defendía el golpe militar refiriéndose a la falta de apoyo al presidente depuesto que había violado –según él– la Constitución hondureña (12-07-09). Mario Vargas Llosa se refirió también a esta falta de apoyo popular al presidente depuesto en su artículo publicado en El País (12-07-09), en el que criticaba el golpe militar por haber hecho del presidente depuesto un mártir para la opinión internacional, aunque no en la hondureña, donde Zelaya era muy poco popular, con poca gente deseando su regreso.
A nivel internacional, el liberal The Economist (que apoyó la elección de los candidatos republicanos a la Presidencia de EEUU en las últimas cuatro elecciones estadounidenses) promovió la misma visión de los hechos en Honduras, subrayando que el apoyo internacional al presidente depuesto no se reflejaba en la propia Honduras, donde no había habido una protesta por su deposición (04-06-09).Y en EEUU, The Wall Street Journal (cercano a la ultraderecha republicana de EEUU) publicó un artículo en el que, por primera vez, se cuantificaba esta falta de apoyo al presidente Zelaya haciendo referencia a una encuesta Gallup realizada en Honduras que señalaba que nada menos que el 41% de los hondureños estaban a favor del golpe que depuso al presidente Zelaya y sólo un 28% se opuso (10-07-09). Esta información fue distribuida por la agencia Reuters y puesto que esta era la única noticia en la que estadísticamente se podía mostrar el grado de apoyo al golpe y desafecto con el presidente, se convirtió en la referencia utilizada por todos aquellos que deseaban promover tal visión de falta de apoyo popular que explicaba (cuando no justificaba) tal golpe militar. En España, estamos familiarizados con este tipo de argumentos, pues también los utilizaron los golpistas de 1936.
El único problema de esta explicación es que es falsa y los números son erróneos. En realidad, los números eran precisamente contrarios a lo que todos aquellos individuos y agencias habían indicado. El presidente de la compañía de encuestas Gallup, en una entrevista que dio a Voice of America (09-07-09), mostró los datos reales. Indicó que la encuesta realizada por su agencia mostraba que el 46% se oponía al golpe militar que depuso al presidente y sólo un 28% lo apoyó, precisamente al revés de lo que las derechas han citado. The New York Times (10-07-09) sí que publicó aquellas cifras correctamente, como también lo hizo The Associated Press. Hasta hoy, ninguno de los autores, medios o agencias que informaron incorrectamente de los resultados de aquella encuesta ha pedido disculpas por aquel error (o manipulación), ni tampoco han clarificado que era un error. Tampoco es cierto que el presidente Zelaya fuera impopular antes del golpe, tal como han indicado aquellas voces de derechas. Según una encuesta Gallup realizada el 8 de febrero, el 53% de los hondureños tenía una opinión favorable del presidente Zelaya y sólo un 23% la tenía favorable de Micheletti, que lideraba, en la práctica, la oposición al presidente.
Hoy, la mejor prueba de que hay oposición al golpe militar es el propio estado de sitio, enormemente represivo, con completa anulación de las libertades elementales en una democracia, incluida la libertad de prensa. Si hubiera tal apoyo generalizado al gobierno golpista de Micheletti, no se necesitaría tal brutal represión.
Otra justificación que se le ha dado al golpe militar es la necesidad del golpe para impedir la continuación de Zelaya como presidente, lo cual hubiera ocurrido de hacerse el referéndum. Aquí, de nuevo, la falta de veracidad es la norma. En primer lugar, lo que se llama referéndum no era tal. Era una encuesta (la Encuesta de Opinión Pública, Convocatoria de Asamblea Constituyente), que estaba gestionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El presidente tenía plena autoridad, según la Ley de Participación Ciudadana de 2006, de pedir al INE que realizara tal encuesta. En tal pregunta de la encuesta, no se hacía ninguna referencia a la reelección del presidente. Se pedía a la ciudadanía su opinión sobre la conveniencia de que la Asamblea, que la población elegiría el día de las próximas elecciones en noviembre, se encargaría de escribir una nueva Constitución. La versión actual de la Constitución fue escrita en 1981 y fue aprobada al término de la dictadura militar (que tuteló su preparación), que impuso toda una serie de cláusulas que protegen el enorme poder económico y político de la oligarquía que rige el país, así como de los intereses extranjeros, predominantemente estadounidenses, que han tenido una enorme influencia en la vida económica y política de aquel país (la expresión “república bananera”, utilizada para referirse a un país gobernado en la práctica por una compañía bananera, se utilizó precisamente para definir a Honduras).
La enorme hostilidad de la oligarquía hondureña a que se modificaran tales privilegios garantizados en aquella Constitución fue la causa real del golpe militar. En cuanto a la continuidad de Zelaya en su mandato, el calendario –incluso si se hubiera iniciado el proceso constituyente– impediría que Zelaya continuara, pues el proceso constituyente no es un proceso inmediato y el mandato terminaría cuando se eligiera una nueva Asamblea. Este hecho, como otros, es ignorado en la constante manipulación derechista.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University.
Ilustración de Mikel Jaso
RODRIGO VÁZQUEZ DE PRADA
Componiendo una de esas tremendas ironías de la Historia, los últimos años de la dictadura y primeros de la democracia española vieron caer las publicaciones que más habían combatido al franquismo y luchado por las libertades. En 1976, Cuadernos para el Diálogo. En 1982, la decana de todas ellas y la que, de forma más completa, encarnaba la lucha contra la sinrazón: Triunfo. Lo que no pudo hacer la dictadura lo hizo la economía de mercado, un instrumento tan contundente como el otro para acallar las voces críticas.
Triunfo fue, sin duda, una obra colectiva escrita por un largo centenar de periodistas e intelectuales. Pero –justo es decirlo– fue, al mismo tiempo, un empeño profesional dirigido y soportado, contra viento y marea, por el periodista y licenciado en Derecho alicantino José Ángel Ezcurra Carrillo (Orihuela, 1921), que la creó en 1946 como revista de cine, tras haber trabajado desde muy joven como guionista y obtenido galardones como el Premio Nacional de Guiones, en 1942.
Sin embargo, en 1962, dio un vuelco radical a su contenido y la convirtió en un semanario de información general y pensamiento, poniendo, por encima de todo, “la razón ideológica sobre la razón económica”. Porque, sin retirar nunca su atenta mirada a la ficción cinematográfica –para ello reunió en torno suyo a críticos como García de Dueñas, Diego Galán y Fernando Lara–, dio cabida en Triunfo a la realidad política y social de aquellos años, a la larga marcha hacia las libertades que protagonizaban el movimiento obrero y los universitarios e intelectuales españoles. Ezcurra Carrillo hizo que fluyeran por sus páginas las alternativas democráticas y de izquierda a la dictadura del general superlativo, contribuyendo, de forma esencial, a la educación cultural y artística de muchos demócratas, al dedicar una especial atención a la recuperación de la obra de los intelectuales del exilio y atraer las firmas de escritores extranjeros de primera línea.
Durante 20 años, escribieron en ella periodistas e intelectuales españoles de la talla de Eduardo Haro Tecglen, subdirector de la publicación y, sin duda, el analista más lúcido de las relaciones internacionales durante la guerra fría, Víctor Márquez Reviriego, su redactor jefe por excelencia, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo García Rico, Luis Carandell, Jesús Aguirre, Juan Goytisolo, los economistas agrupados en Arturo López Muñoz, Enrique Miret Magdalena, José Luis Abellán, o Carlos Castilla del Pino, y otros extranjeros como Umberto Eco, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Ian Gibson.
La dictadura fue implacable ante la valiente y decidida apuesta de Triunfo, contra la que empleó toda la batería de medidas cercenadoras de la libertad de expresión de la legislación franquista: mutilación por la censura de muchos artículos, incoación de diversos expedientes, comparecencias del director ante el tenebroso Tribunal de Orden Público, cuya siniestra actuación denuncia en profundidad el juez Juan José del Águila en una exhaustiva obra; secuestros de la tirada, como la del número en que Montserrat Roig entrevistaba a Andreu i Abelló, en julio de 1975; y, en fin, suspensiones de la revista durante varios meses.
En junio de 1971, tras la publicación de un número dedicado al matrimonio, Triunfo fue suspendida –es decir, cerrada– durante cuatro meses. Triunfo obtuvo entonces una respuesta solidaria de muchos de sus lectores, que adelantaron el valor de sus suscripciones para que la revista pudiera paliar, de alguna manera, las consecuencias económicas de su forzado silencio. En septiembre de 1975 fue nuevamente cerrada durante otros cuatro meses, al tiempo que se le impuso una multa de 250.000 pesetas: supuestamente por la publicación, en abril, del artículo de José Aumente “¿Estamos preparados para el cambio?”. Una sanción que, a pesar de los indultos concedidos por el “primer Gobierno de la Monarquía” para los llamados “delitos de Prensa”, fue forzada a cumplir íntegramente. El tardofranquismo amordazó la voz de Triunfo en los últimos meses del dictador y la revista no pudo pronunciarse ante la muerte de Franco hasta comienzos de 1976… Pero, además, y, aunque hoy pueda parecer realmente increíble, algunos de sus lectores también sufrieron de forma directa la persecución de que fue objeto esta emblemática revista: en 1973, cuatro alféreces de la Academia de Infantería de Toledo fueron fulminantemente expulsados, acusados, entre otras cosas, de leer Triunfo…
Ahora, la memoria de esta publicación ha vuelto a ponerse de relieve con motivo de la reciente constitución de la Asociación de Amigos de la revista Triunfo. ¿Un canto a la nostalgia de aquellos años? En absoluto. Tal como subrayó el filósofo José Luis Abellán, presidente del Ateneo y socio de honor, la asociación no nace con ningún interés en “el regodeo lírico del pasado”. Triunfo fue un auténtico semillero de ideas y quiere seguir siéndolo. Fue una plataforma intelectual unitaria de la izquierda antifranquista y la asociación quiere continuar su fructífero camino en la democracia. En el actual panorama español, en el que no cesan de oírse los cantos de sirena de los “fundamentalistas del mercado”, la experiencia acumulada por Triunfo y su equipo quiere servir de marco de debates y reflexiones en los medios intelectuales y políticos de la izquierda. Un marco en el que se puedan plantear los argumentos necesarios para renovar positivamente la sociedad actual.
Rodrigo Vázquez de Prada es Periodista. Directivo de la Asociación de Amigos de la Revista Triunfo
Ilustración de Patrick Thomas
NAOMI WOLF
Estamos en la Era de la Teoría de la Conspiración? Hay evidencias que sugieren que estamos viviendo una especie de era dorada de la especulación que cobra forma, habitualmente, en Internet y que se propaga de manera viral por todo el mundo. En el proceso, se extraen teorías de la conspiración que a veces llegan a inyectarse en el corazón mismo de la política.
Esto lo aprendí cuando di por casualidad, en mi búsqueda de nuevos proyectos, con historias on line que adoptan narrativas de manipulación. Existen algunos temas importantes. Uno frecuente en EEUU es que las elites globales están tramando –a través del Grupo Bildeberg y del Consejo de Relaciones Exteriores, entre otros– establecer un “Gobierno del Mundo”. A veces, entran en juego detalles folclóricos: los Iluminados, los francmasones, los Rhodes Scholars o, como siempre, los judíos.
Los sellos de esta narrativa son familiares para cualquiera que haya estudiado la transmisión de ciertas clases de historias en tiempos de crisis. En términos literarios, esta teoría de la conspiración se asemeja estrechamente a Los protocolos de los mayores de Sión, al describir una elite global esotérica con un gran poder y objetivos perversos. Históricamente, tiende a existir el mismo conjunto de temas: un cambio transformador terrible y descontrolado liderado por cosmopolitas educados.
Los estudiosos de la Alemania de Weimar saben que las desarticulaciones y los traumas repentinos motivaron a muchos alemanes a volverse receptivos a teorías simplistas que parecían dar respuesta a su confusión y ofrecer un significado más amplio para su sufrimiento.
De la misma manera, el Movimiento de la Verdad del 11-S asegura que el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas fue un “trabajo desde dentro”. En el mundo musulmán, existe una teoría generalizada de la conspiración según la cual los israelíes estaban detrás de esos atentados, y que todos los judíos que trabajaban en los edificios ese día se quedaron en su casa.
Por lo general, estas teorías salen a la superficie en lugares donde la gente no tiene un buen nivel de educación y falta una prensa independiente y rigurosa. La explosión actual de teorías de la conspiración se ha visto alimentada por las mismas condiciones que provocaron su aceptación en el pasado: un rápido cambio social y una profunda incertidumbre económica. Un “enemigo” claramente identificado con un “plan” inconfundible es psicológicamente más reconfortante que la evolución caótica de las normas sociales y las acciones –o anomalías– de un capitalismo irrestricto. Y, si bien las teorías de la conspiración suelen ser claramente irracionales, las cuestiones que abordan son muchas veces saludables, aun si las respuestas, frecuentemente, no hay por dónde cogerlas o, simplemente, son erróneas.
Muchos ciudadanos creen, y con razón, que sus medios de comunicación no investigan ni documentan los abusos. Los diarios de la mayoría de los países avanzados están en crisis, y el gasto en investigación suele ser lo primero que se recorta. La concentración de la propiedad y el control de los medios alimenta aún más la desconfianza popular, lo que favorece un escenario para que la investigación ciudadana ocupe ese vacío.
De la misma manera, en una época en la que los cabilderos corporativos tienen mano libre a la hora de darle forma –si no redactar– las políticas públicas, mucha gente cree, nuevamente con razón, que sus funcionarios electos ya no los representan. De ahí su impulso por creer en fuerzas ocultas.
Finalmente, hasta la gente racional se ha vuelto más receptiva a ciertas teorías de la conspiración porque, en los últimos ocho años, en rigor de verdad, hemos visto algunas conspiraciones sofisticadas. La Administración Bush conspiró para llevar a cabo una guerra ilegal apelando, para ello, a la evidencia fabricada. ¿Ha de sorprender, entonces, que tanta gente intente encontrar sentido en una realidad política que en verdad se ha vuelto opaca? Cuando hasta los comisionados del 11-S renuncian a sus propias conclusiones (porque se basaban en evidencias obtenidas a través de la tortura), ¿sorprende acaso que muchos quieran una segunda investigación?
La tendencia de los medios tradicionales de evitar corroborar lo que en realidad es noticioso en las teorías de la conspiración en Internet refleja, en parte, un sesgo de clase. Estas teorías son consideradas vulgares, de manera que hasta las cuestiones válidas o los datos bien documentados desenterrados por investigadores ciudadanos tienden a ser considerados como radioactivos por los periodistas formales altamente educados.
El problema real de estas teorías frenéticas de la conspiración es que deja a los ciudadanos emocionalmente agitados pero sin un cuerpo sólido de evidencia en el que basar su visión mundial y sin direcciones constructivas hacia dónde conducir sus emociones. Esta es la razón por la que muchos hilos de discusión pasan de la especulación ciudadana potencialmente interesante al discurso del odio y la paranoia. En un contexto febril, sin una buena validación editorial o herramientas para investigar las fuentes, los ciudadanos pueden ser fustigados por demagogos, como pudimos ver en las últimas semanas en los mítines de Sarah Palin después de que algunas teorías de Internet pintaran a Barack Obama como un terrorista o en connivencia con terroristas.
Necesitamos cambiar el flujo de la información en la era de Internet. Los ciudadanos deberían organizar nuevas entidades online en las que se pague un honorario por reportajes de investigación directos, sin presiones corporativas mediante. Estos investigadores deberían ser capacitados en periodismo básico: encontrar buenos datos, confirmar historias con dos fuentes independientes, utilizar citas de manera responsable y evitar el anonimato (es decir, estar dispuestos a estampar su nombre, como hacen los periodistas convencionales).
Así es como los ciudadanos pueden ser tomados –y ellos mismos tomarse– seriamente como investigadores. En un tiempo de mentiras oficiales, la energía investigadora saludable debería arrojar luz, no sólo generar calor.
Naomi Wolf es ensayista y cofundadora de American Freedom Campaign
Copyright: Project Sindicate, 2008
www.project-syndicate.org
traducción de Claudia Martínez
Ilustración de Patrick Thomas
GASPAR LLAMAZARES
El indescriptible gacetillero y difamador profesional Federico Jiménez Losantos ha puesto en la picota al rey con unas declaraciones [lo acusó de corrupto por recibir al presidente de Venezuela Hugo Chávez] acordes con su estatura moral y política. En este caso no es nuestro disgusto que se critique al monarca. Pero una vez más se hace hoguera de lo accesorio y se orilla lo sustancial. Si fuera por comentar las novedades del personaje antes citado, no vale la pena la molestia, el sujeto se explica por sí mismo.
Sí merecen comentarios que los insultos recurrentes a no importa quién se sufraguen con dinero público a través de la Conferencia Episcopal. Dice mucho de la jerarquía eclesiástica en nuestro país y de sus no-límites. Ha sido parte esencial de la estrategia de la crispación y, conociendo la molicie institucional de la Iglesia, le costará tiempo cambiarla. Hay aquí un problema más de los que constan en el debe de la Transición española. Pero ese es asunto de otro artículo.
Importa también que la relevancia pública que se da a los insultos tenga que ver con la ubicación del personaje que los padece: no constan preocupaciones ni perplejidades significativas cuando su columnilla diaria ha destripado a personas de la izquierda, seamos líderes democráticos, presidentes del Gobierno, jefes de Estado… En este caso, va de suyo que un neofascista tenga como oficio denigrar a la izquierda. Pero, cuando las palabras tocan a prohombres de la patria, entonces la cosa cambia. Las sentencias judiciales en su contra seguirán y pondrán en evidencia que la derecha extrema ha abusado (y lo seguirá haciendo) de sus plataformas públicas para subvertir la democracia deshumanizando al adversario. Es lo que hizo el fascismo en su momento. Bauman lo llama adiaforización. Cuando el otro es menos que un ser humano se le puede tratar peor que a un animal. Es lo que ha venido haciendo la derecha contra nosotros con la complacencia, a menudo, de sectores pretendidamente de izquierdas.
Ahora le toca al rey. Sus comentarios se han dirigido contra aspectos personales en un tono insultante. Suponemos que la justicia obrará con parecida rotundidad que en el caso de esos chavales que quemaron las fotografías del rey. ¿Alguien se acuerda de lo que dijo entonces la derecha? ¿Esto es menos o más importante? Será una prueba para saber si existen o no dos varas de medir en relación con el tratamiento a la monarquía, según de qué mano venga el comentario o la acción.
Pero ni lo de las fotografías tenía sentido alguno, ni estos comentarios traspasan el umbral del anecdotario. Losantos deberá demostrar las graves acusaciones que se desprenden de la entrevista, en cualquier caso. Pero, a la derecha extrema que Losantos representa, lo que le molesta no es la monarquía, sino no tener la monarquía que a ellos les gustaría.
A nosotros nos molesta la institución. No la persona. En realidad no es una molestia. Es una posición de principios: queremos y postulamos que todas las instituciones del Estado estén sujetas al principio democrático. Es decir, que la polis esté en condiciones de decidir sobre su viabilidad y validez. Lo que nos parece fuera de lugar es el mantenimiento de una institución al margen del control público, fuera de la capacidad de deliberar y decidir sobre sus actuaciones. La monarquía no sólo no tiene encaje democrático en nuestros tiempos, sino que tiene, además, difícil justificación desde cualquier punto de vista. No es verdad que nos represente a todos y todas quien no ha sido elegido por nadie.
Tiene gracia en estos días comprobar la probidad democrática de algunos ilustres periodistas renegando de la condición democrática de Evo Morales por haberse sometido al escrutinio popular mediante un referendo revocatorio. Que lo haga el rey, nosotros le aplaudiremos. Son estos tiempos interesantes, al fin y a la postre, en los que algunos, atrapados por sus palabras de antaño, enseñan sus vergüenzas autoritarias en el escenario democrático de estos días. Cuando en Bolivia o Venezuela dirigentes populares y democráticos piden a la gente que se pronuncie democráticamente sobre su continuidad, algunos se ponen puntillosos y se escudan en la no constitucionalidad de la medida para no tener que explicar su posición real, sus afinidades y su aversión a procesos que, simplemente, desprecian.
El problema no consiste, a nuestro juicio, en si el rey está suficientemente o demasiado protegido. Si la consecuencia de ese debate es hacer amarillismo con las figuras de la Casa Real, el empuje democrático que el debate pueda tener se habrá vertido inútilmente en la alcantarilla de la política-espectáculo. A nosotros nos importa si se abren canales y opciones para que podamos preguntar y preguntarnos como comunidad política: ¿de verdad necesitamos en el siglo XXI una monarquía en nuestro país?
Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida
Ilustración de Iván Solbes
CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
“Un poco fuerte lo que está usted diciendo, ¿no?”, me interrumpió la presentadora de la Cadena Ser poco antes de invitarme a terminar de una vez y expulsarme del programa. Al contrario, muchos comentarios de Internet se muestran perplejos ante tan agria reacción, pues lo que se estaba mencionando no era nada del otro mundo: el apoyo de los medios de comunicación venezolanos y españoles al golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
Se trataba de un debate (25/07/2008) con William Cárdenas, presidente de una organización que quiere llevar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional. Es asombroso. La Cadena Ser, en representación al parecer del pueblo venezolano, invita a un señor que, seis años después de los hechos, sigue repitiendo por radio y televisión que Chávez ordenó disparar contra una indefensa manifestación opositora, provocando una matanza, y que eso fue lo que originó su derrocamiento.
Esta fue, en efecto, la noticia que en su momento airearon a los cuatro vientos los periódicos venezolanos y también los españoles, incluido, desde luego, El País. Lo sorprendente es que, seis años después, en la Ser se siga aceptando esa versión sin rechistar, y que, en cambio, se ponga el grito en el cielo al escuchar la cruda realidad: que esa versión de los hechos fue la coartada principal para dar un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional de Chávez, y que, desde el principio, se contaba con la colaboración de los medios para propagarla. No hay más que recordar las palabras del vicealmirante golpista Ramírez Pérez, el propio día 11 de abril: “Tuvimos un arma fundamental: los medios de comunicación. ¡Gracias!”.
Por supuesto, si el golpe de 2002 hubiera triunfado –provocando un río de sangre que sin duda todavía seguiría corriendo a día de hoy–, los medios habrían podido oficializar esa versión sin problemas. El apoyo de la prensa española al pinochetazo contra Chávez fue bochornoso y también la forma en la que esgrimieron su coartada. El editorial del 13 de abril de 2002 de El País aseguraba que “la gota que había colmado el vaso” fue “la represión protagonizada por la policía y francotiradores adictos a Chávez”. El día 14 se afirmaba que “los tiroteos de grupos chavistas causaron hasta 24 muertos” y se hablaba de “mártires de la democracia muertos a balazos por manifestarse en la calle contra el ex presidente Hugo Chávez”. El día 13, un titular de El País se refería al presidente golpista Pedro Carmona como “El hombre tranquilo” (“Nacido para el diálogo”, lo consideraba El Mundo), y lo erigía (¡en tanto que jefe de la Patronal!) en “representante de casi el 80% de los 10 millones de trabajadores venezolanos”. A los manifestantes que pidieron la restitución del orden constitucional se les denominó “muchedumbre desquiciada”, mientras que a los que asaltaron la embajada de Cuba y agredieron a los diputados se les llamó “resistencia civil”. A los militares que se mantuvieron leales al orden constitucional, El País del día 14 los llamó “focos aislados de insurrección castrense”. El editorial del día 13 instaba a la Unión Europea a contribuir a “un régimen democrático normal y estable en Venezuela” (¡aprovechando el golpe de Estado!), y se pedía que Chávez diera “cuenta de sus desmanes ante los tribunales”.
Como es sabido, centenares de miles de personas que salieron a la calle en defensa de la Constitución, lograron –contra todas las previsiones– abortar el golpe de Estado. Los medios venezolanos siguieron mintiendo y llamando al magnicidio como si tal cosa (en ningún país del mundo ha habido jamás tanta libertad de expresión como en Venezuela); para los medios de comunicación españoles, sin embargo, la situación era muy delicada, pues habían apoyado abiertamente un golpe de Estado y no iba a ser fácil disimularlo.
La decisión fue seguir mintiendo y, a día de hoy, siguen haciéndolo. Ahora bien, sólo un activista como William Cárdenas tiene ya la osadía de seguir con el cuento de la masacre. Eso sí, resulta insólito que la Ser se lo trague como si nada, a estas alturas, al tiempo que se escandaliza porque se cuente lo que ya nadie puede honestamente poner en duda. La mayor parte de los muertos fueron chavistas. Los francotiradores y la policía metropolitana que dispararon contra la población estaban a las órdenes del alcalde Alfredo Peña, el máximo opositor de Chávez en aquel momento. La matanza había sido planeada por los golpistas. Se trataba de utilizar a la población civil para que “pusiera los cadáveres necesarios sobre la mesa”, tal y como decía el telegrama que el embajador español envió al Gobierno de Aznar ese mismo día (y que Moratinos –se recordará– leyó en el Congreso). La prueba fundamental de la matanza, el vídeo que se utilizó para jalear el golpe de Estado, en el que se veía a unos chavistas disparando contra la “manifestación indefensa”, estaba trucado. Así lo reconoció su mismísimo autor, Luis Alfonso Fernández, que, por cierto, había sido ya galardonado con el Premio Periodismo Rey de España. Durante el juicio contra los chavistas (que resultaron absueltos) reconoció que estos jamás dispararon contra ninguna manifestación, sino contra la policía metropolitana que los estaba cosiendo a balazos. Y reconoció que la voz en off que gritaba que estaban disparando contra la manifestación había sido superpuesta en los estudios de Venevisión (el canal del Grupo Cisneros, que mantiene intereses compartidos con Prisa en América Latina).
No habría hecho falta esperar tanto para saber la verdad: pocos días después de los acontecimientos, Le Monde Diplomatique había ya demostrado que todo era una burda patraña. Pero seguir mintiendo seis años después es grotesco. ¡Basta ya! Lean el Latinobarómetro de 2008. Es la encuesta independiente más prestigiosa sobre temas latinoamericanos. Venezuela saca 22 puntos en grado de confianza en la democracia a la medida de Latinoamérica; 16 puntos en confianza en los partidos políticos; 31 puntos en satisfacción con la situación económica. Que comenten estos datos y dejen de mentir.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Mikel Jaso
MANUEL CAMPO VIDAL
Abrir la puerta de los debates electorales Cara a Cara ha sido muy difícil, pero se ha logrado. Era un portalón pesado, cerrado durante quince años, y con varias cerraduras. No bastaba con abrir una y después otra. Existía una combinación de todas para franquear el paso. Pero, además, faltaba mover el portalón.
Una sola persona no puede lograr eso. Injustamente se me ha atribuido el mérito en exclusiva. A dos personas –y va por Fernando Navarrete, co-negociador y co-director después de los debates, además de excelente realizador– tampoco. Además de abrir las cerraduras, hay que mover el portalón sobre goznes oxidados. Para ello ha sido necesaria la energía de muchas personas. Citaré algunas: ayudó la perseverancia de Gloria Lomana y Maurizio Carlotti de Antena 3 para conseguir esos debates. Se llevaron en exclusiva el Solbes-Pizarro con Matías Prats como moderador, felicidades, pero contribuyeron en buena medida a los debates Zapatero-Rajoy. También ayudó el empeño de Daniel Gavela de Cuatro, los buenos oficios de José Miguel Contreras de La Sexta, o de Pedro Piqueras de Telecinco y tantos otros que empujaron ese portalón.
Y no hay que olvidar la contribución de TVE. Con el magnífico programa Tengo una pregunta para usted, que presentó Lorenzo Milá, divisamos una señal esperanzadora sobre los debates. Si el presidente Zapatero se atrevía a inaugurar en directo un programa con un formato no experimentado en España y si Mariano Rajoy también aceptaba, podía deducirse que los Cara a Cara no eran solo un sueño.
Pero todo eso no bastaba: había que negociarlos, y ahí surgió la dificultad principal aportada por el propio mapa actual de la comunicación. En 1993 había dos debates disponibles –lógico, porque la campaña electoral española es muy corta– y solo dos cadenas privadas en abierto, Antena 3 y Telecinco. La batalla fue entonces conseguir el primero y además pactar las condiciones con los partidos sin referencia anterior alguna. Ahora había cinco posibilidades razonables: las dos de 1993, más Cuatro, La Sexta y, sin duda, TVE, cuyo presidente Luis Fernández, fue votado por unanimidad por los consejeros de los partidos políticos en el nuevo Estatuto de RTVE. Dos debates para cinco cadenas. Difícil de repartir.
La Academia había hecho una propuesta discreta que decía ésto: “Es tiempo de que cadenas y partidos negocien. Si no se llegara a un acuerdo, sepan de nuestra disponibilidad a organizar una señal neutral para acceso de todos los que lo deseen”.
Es lo que terminó sucediendo, como saben. La negociación fue relativamente sencilla con los partidos y algo más complicada en la búsqueda de moderadores que no estuvieran en este momento identificados con una sola cadena. Podían conducirlo magníficamente docenas y docenas de profesionales y nadie ponía en duda su equilibrio en una convocatoria de esta naturaleza. Pero con Ana Blanco veríamos desde la señal común a TVE, con Matías Prats a Antena 3, con Angels Barceló a la Ser, con Carlos Herrera a Onda Cero, con Juan Ramón Lucas a RNE y así sucesivamente. Pero lo mismo sucedía, interpretaron los partidos, con personas vinculadas a puestos de dirección de grandes medios.
Al final quedó una lista, que por lo visto ya se conoce hasta en Cuba, con muy pocas personas, entre las que estaban Fernando Onega, Fernando González Urbaneja, que tenía el plus de ser el presidente de los periodistas españoles, Luis Mariñas, que moderó el González-Aznar en Telecinco magistralmente, Olga Viza y alguno más.
Ya conocen el resultado. Y también cómo se desarrolló el primer Cara a Cara. Quienes dudaban de la eficacia de un debate con intervenciones medidas en el tiempo comprobaron que, si los candidatos lo deseaban, el debate se produciría igual y con ritmo garantizado, además. ¡Y vaya si hubo debate! Caben otros formatos, pero no podían comenzar a discutirse a diez días del primero de ellos, cuando los partidos los encargaron definitivamente a la Academia. Tiempo habrá para discutir formatos. El reto era organizarlo en diez días y la excelencia profesional de dos docenas de académicos y académicas lo hizo posible.
La audiencia ha sido espectacular. Los trece millones de personas que lo siguieron como media –hasta veinte entraron en algún momento– suponen más de la mitad de la población que veía televisión esa noche y lo siguió hasta el final. Pero hay emisoras locales, de TDT y otras señales que lo transmitieron y cuya audiencia no se mide. Súmenlos. Más los oyentes de radio. Y los que ven los canales internacionales de TVE en Europa y América, o el Canal Internacional de Antena 3. O los internautas de todo el mundo. Este es el primer debate español del siglo XXI, en plena Sociedad de la Información. Casi todo el debate está colgado en YouTube. No hay país del que no tengamos noticia de que se siguiera, incluso en grupo. En Portugal, Argentina, Venezuela, Chile y México, apasionó. Hay constancia de ello.
La televisión y el resto de medios, los periodistas y la Academia de Televisión debemos un reconocimiento a Zapatero y a Rajoy. Sin su aceptación personal, los Cara a Cara no hubieran llegado. Y los negociadores agradecemos a Pío García Escudero y a José Blanco, dos personas educadas, respetuosas, que nos dieran su confianza. Puede argumentarse que el debate interesaba a sus líderes, pero otros tuvieron la oportunidad de concederlos en su momento y prefirieron no correr riesgos.
Y créanme: por más que los asesores pacten todos los detalles imaginables, cuando el debate comienza, no valen documentos, ni matices. Es una propuesta política contra otra, expresada con toda la fuerza y eficacia con que se pueda. Es lo que vimos la noche del 25 de febrero de 2008 y sin duda veremos el 3 de marzo.
Manuel Campo Vidal es periodista y sociólogo
Ilustración de Iván Solbes
