Tags: elecciones política política internacional Reino UnidoLUIS MATÍAS LÓPEZ
A veces, para ver de cerca hay que mirar lejos. La situación política y las elecciones en el Reino Unido, que se celebrarán probablemente el 6 de mayo, ofrecen analogías con la situación en España que merece la pena considerar.
En ambos países, hay gobiernos socialdemócratas y oposiciones conservadoras, y se dan más similitudes entre los primeros que entre las segundas. Al contrario que el PP de Mariano Rajoy, los conservadores de David Cameron no recurren al sistemático acoso y derribo, con el exabrupto y la descalificación como armas principales, para segar la hierba bajo los pies de Gordon Brown. Tienen tajo de sobra con las heridas de la recesión (que comienza a remitir), las rebeliones internas del laborismo y la incapacidad del líder de estos para levantar al partido del diván del psiquiatra.
Los sondeos prevén un relevo de Gobierno en Londres. Brown no goza de la limpieza de sangre que da ganarse el cargo en las urnas y su partido lleva más de 12 años en el poder. Parece llegada la hora de la alternancia, mecanismo de saneamiento clave en democracia. La situación es diferente en España aunque, según las últimas encuestas, Zapatero también lo tiene crudo. La crisis no le da tregua, pero a su favor juegan varios factores: que lleva menos de seis años en el poder, que tiene más de dos por delante para recuperar terreno, que su liderazgo en el PSOE es firme y que la alternativa del PP asusta a media España.
En el Reino Unido, las diferencias entre los dos grandes partidos ya no son lo que eran. Los tories han abjurado de las recetas más duras del thatcherismo y se apuntan a un difuso “conservadurismo compasivo”. En el otro bando, con el nuevo laborismo, Blair renegó de la tradición izquierdista del partido. Sin embargo, ante el varapalo que se vaticina, Brown intenta recuperar señas de identidad, si no para ganar sí al menos para evitar una derrota humillante. De ahí promesas como acabar por ley con la pobreza infantil en 2020 o reducir un 50% el déficit para 2014. Tiene razón Timothy Garton Ash: una cata de vinos a ciegas sobre políticas económicas, sociales y de seguridad de ambos partidos mostraría que el 80% de las mismas es intercambiable.
¿Ocurre lo mismo en España? A simple vista, no. Rajoy hace sonar las trompetas del Apocalipsis y promete revocar el entramado legislativo socialista que, según él, lleva el país al caos. El pasado muestra, sin embargo, que una vez en el poder el PP saca el pragmatismo del armario, pacta con los nacionalistas si lo necesita, no revoca avances sociales y no revoluciona la economía. Pese a la crispación actual, un relevo en La Moncloa no tendría por qué ser un tsunami.
Otra similitud es el progresivo de-
sapego popular hacia la política, manchada por una corrupción que en España afecta a casi todos los partidos, aunque su paradigma es el caso Gürtel, que se ceba en el PP. En el Reino Unido no hay metástasis, pero asquea la obscenidad que supone que muchos diputados abusaran de sus privilegios para llenarse el bolsillo.
Allá, y acá, hay un debate sobre el sistema electoral, aunque menos marcado en España, donde sólo lo promueve abiertamente el principal perjudicado, Izquierda Unida. Es una fórmula proporcional corregida que deja las listas en manos de las direcciones de los partidos, que suelen ver la discrepancia con malos ojos. Diputados y senadores tienen una relación más estrecha con las direcciones de los partidos que con los ciudadanos que les eligieron. Otra consecuencia es la dificultad de conseguir mayorías absolutas y la necesidad de formar Gobiernos minoritarios, lo que lleva a una cultura del pacto que tiene muchos detractores, pero también defensores convencidos de que ayuda a fortalecer la democracia y el consenso.
En el Reino Unido se elige un diputado en cada distrito: el que queda primero, gana. Eso permite Gobiernos sólidos, una relación sana y fluida entre diputados y ciudadanos y que el Ejecutivo tenga que negociar sus iniciativas con el grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema, que facilita mayorías absolutas, provoca graves distorsiones.
He aquí un ejemplo, el de los comicios de 2005: con el 35,3% de los sufragios, los laboristas obtuvieron el 55,2% de escaños. En el extremo contrario, los socialdemócratas lograron el 22,1% de votos y sólo el 9,6% de diputados. Además, el trazado de los distritos favorece a los laboristas, lo que puede provocar otra anomalía: que los tories tengan más votos, pero menos parlamentarios. En teoría, es posible incluso la aberración de que un partido monopolice los Comunes si, en cada distrito, queda en primer lugar, aunque sea por tan solo un voto.
La cuestión es ahora sustancial, ya que no se descarta un hung parliament, con mayoría simple de los tories. Eso dejaría la llave del Gobierno en manos de los liberal-demócratas de Nicholas Clegg, los más perjudicados por el actual sistema, como le ocurre a Izquierda Unida en España. Por eso llevan décadas reclamando un sistema proporcional con listas abiertas.
La necesidad de la reforma ya se planteó en 2006 en el informe de un grupo de expertos, y la rescató hace poco un comité parlamentario. Brown sólo promete un referéndum sobre el voto alternativo, que mantendría los distritos uninominales, pero permitiría establecer preferencias sobre todos los candidatos y haría posible la elección de uno de ellos con mayoría absoluta. Un lío que sería largo de explicar. Y un parche que no toca el problema de fondo (la falta de proporcionalidad), que ni laboristas ni conservadores quieren resolver, pero que resurgirá si Clegg es clave para formar Gobierno. Él afirma que su partido no está en venta, pero en política todo depende del precio.
España no es el Reino Unido, pero ambos países deberían mirarse en el espejo del otro: los británicos, en busca de más proporcionalidad; los españoles, en busca de mayor cercanía entre políticos y ciudadanos.
Luis Matías López es periodista
Ilustración de Gallardo
Tags: política política internacionalJOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
El Foro Social Mundial (FSM) está de aniversario. Desde su lanzamiento en el año 2000 se ha convertido en el referente internacional más importante para el grueso de las fuerzas críticas con la globalización neoliberal y ha permitido afirmar un espacio simbólico de oposición.
Nacido bajo el impacto de las movilizaciones de Seattle, conectó con el espíritu del movimiento emergente, apareciendo como una referencia para buena parte de sus integrantes (aunque no para todos). El formato de la propuesta y su concepción de fondo eran funcionales a las necesidades del momento, al abrir un punto de encuentro amplio y flexible, adaptable a un movimiento cambiante, plural y en desarrollo. De ahí su éxito inicial imparable.
En su trayectoria, el FSM ha ido evolucionando en consonancia con la coyuntura política y la de la movilización internacional. Después de una primera etapa de ascenso, de aumento de su visibilidad y de creciente capacidad de atracción, pasado el efecto novedad, el Foro perdió notoriedad, y su impacto e influencia disminuyeron, aunque no su poder de convocatoria. En esta situación ambivalente ha llegado a su décimo aniversario.
En esta década, el movimiento antiglobalización y el Foro consiguieron colocar sus preocupaciones en la agenda pública y desgastar la legitimidad del neoliberalismo, cuya credibilidad se hundió definitivamente con el estallido de la crisis. Pero no obtuvo casi ninguna victoria, más allá del terreno simbólico, con la excepción parcial de algunos países de América Latina.
La combinación entre las dificultades para derribar el neoliberalismo y el impacto de la crisis empujan al aumento del debate estratégico y político en el seno del Foro. Así se ha constatado en los eventos realizados con ocasión del presente aniversario, sin un aparente resultado concluyente acerca de su rumbo futuro. El FSM se fundó sobre la base de un cierto optimismo antiglobalizador, una visión bastante simple del cambio social que escamoteaba los grandes debates estratégicos y, especialmente, sobre la idea de que el movimiento social se bastaba por sí solo para transformar a la sociedad. Diez años después se constatan los límites del discurso fundacional del Foro y del movimiento antiglobalización, y la necesidad de repensarlo para obtener un segundo aliento. El contexto apremia a una mayor clarificación estratégica, sin por ello romper la unidad y la amplitud del proceso. “Pienso que pasamos de la fase de los eslóganes simpáticos de los foros sociales. Si otro mundo es posible, llegó la hora de decir cuál”, nos señalaba ya Daniel Bensaïd en vísperas de la edición de Belem en enero de 2009.
Los foros no son ninguna panacea o fórmula mágica para los movimientos sociales, pero sí experiencias que ayudan a sumar fuerzas. No han comportado de forma mecánica la creación de convergencias duraderas ni el desarrollo de luchas concretas, pero sí han tenido una influencia positiva genérica en esta dirección y han contribuido a crear un clima más propicio al trabajo en común en los lugares donde se han celebrado. Así lo hemos visto el pasado fin de semana en iniciativas como el Foro Social Catalán en Barcelona o el FSM en Madrid, que muestran cómo, en un periodo de dificultad para transformar el malestar social frente a la crisis en movilización colectiva, los foros ofrecen un espacio para encontrarse, verse y debatir.
El gran desafío que tenemos por delante es pasar de las convergencias y las solidaridades simbólicas a las tangibles y al refuerzo concreto de luchas específicas. Las formas que toman las luchas reales son imprevisibles y cambiantes y la articulación de las resistencias sociales no se realiza por decreto. Se trata de un proceso dinámico, con altibajos, que requiere voluntad de trabajo común y habilitar espacios de convergencia y solidaridad que permitan la discusión mutua, crear una cultura de trabajo compartida y aprender a ver los problemas particulares desde una óptica general.
En el debate actual sobre su futuro, marcado por las polémicas sobre si el Foro debe ser esencialmente un espacio de discusión o un instrumento orientado a la acción, conviene recordar que los foros sociales no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al servicio de la discusión y la articulación de campañas y movilizaciones y tienen que ser vistos y concebidos como tales. Tienen sentido si ayudan a avanzar en esta dirección, si no pueden retraer energías de las luchas reales. Como señala Eric Toussaint, del Comité para la Abolición de la Deuda Externa del Tercer Mundo, “necesitamos un instrumento para determinar objetivos, un calendario común de acción, un elemento de estrategia común. Si el Foro no permite esto, tendremos que construir otro instrumento, sin eliminar el Foro”. De ahí la importancia de las asambleas e iniciativas de coordinación internacional de los movimientos sociales que tienen lugar en el marco y el entorno del Foro.
La vitalidad y autoridad simbólica del Foro Social Mundial se han derivado del hecho de ser percibido como la mayor expresión de las luchas contra la globalización neoliberal. El día en que el Foro apareciera como un proyecto desvinculado de ellas, el proceso se deshincharía rápidamente o perdería su utilidad como instrumento para seguir avanzando en la lucha por este “otro mundo posible” del cual ha sido, con sus límites y contradicciones, un estandarte muy importante.
Josep Maria Antentas y Esther Vivas son autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: economía política sociedadVICENÇ NAVARRO
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave.
Pero, ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será probablemente más del doble del existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace cuarenta años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, 8.6% y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 3 veces mayor (Ver el artículo El falso problema de las pensiones. Público, 07.05.09, donde se analiza con detalle el impacto de la productividad en el crecimiento del PIB).
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustraicón de Mikel Jaso
Tags: políticaJOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
La tristeza no es una enfermedad, la depresión sí. El psicólogo Alexander Lowen proponía una metáfora para distinguir entre ambas: la diferencia entre un violín que toca una melodía triste y un violín desafinado. La derecha española, en su corriente mayoritaria, lleva desafinando más de un siglo.
Si hay un tema en el que la derecha sociológica se muestra particularmente desafinada, ese tema es la política internacional. Seguramente porque es en la política internacional donde la derecha sufrió el trauma, que es su trauma fundacional, que la llevó a la depresión que arrastra a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. La pérdida de la Guerra de Cuba en 1898 está en el origen de la depresión de las élites tradicionales de nuestro país, a la par que de sus problemas de identidad nacional, desnortamiento ideológico y patológico sentimiento de ridículo.
Es posible que si las élites españolas hubieran enviado a sus hijos a las guerras coloniales del XIX, en lugar de librarlos pagando dos mil quinientas pesetas de la época, hubiesen tenido menos razones históricas para deprimirse, aunque sin duda habrían tenido más razones biográficas para estar tristes. Decía Maquiavelo que un buen príncipe debe anteponer la salvación de su patria a la de su alma. El problema de liderazgo de la derecha española es que a la salvación de la patria ha antepuesto, además de la salvación de su alma, la seguridad de sus hijos, la integridad de su patrimonio y, en los últimos tiempos, hasta las posibilidades electorales de su partido.
Precisamente fue en Cuba la única vez que España se midió bélicamente con Estados Unidos. Resulta difícil que las mismas élites que usaron como historia edificante en la mitología de la construcción nacional el relato de Guzmán el Bueno pudieran reclamar con éxito el liderazgo del país después de haber hurtado a sus hijos del sacrificio de la guerra. Por eso, en lugar de liderarlo tuvieron que dominarlo. Desde entonces, en alguna parte de su memoria, la derecha ha conservado el recuerdo de que aquella guerra se llevó su liderazgo. De ahí su trastorno bipolar en la relación con Estados Unidos, que va desde el colegueo de Aznar con Bush a los cabezazos de su ministro de Exteriores.
Es curioso ver a los herederos políticos de Cánovas ponerse exigentes con el papel del presidente del Gobierno en su relación con Estados Unidos. Como si la única forma aceptable para ellos en la que puede relacionarse un presidente español con un presidente norteamericano sea la de poner los pies encima de su mesa. Poco casa tanto orgullo nacional(ista) con los reproches que le han hecho al presidente Rodríguez Zapatero por el lapso de tiempo que transcurrió sin que visitara la Casa Blanca. Sobre todo, cuando el motivo por el que no fue invitado fue el poco respetuoso enfado del presidente Bush, incapaz de aceptar una decisión soberana del Gobierno de España en cumplimiento de un deseo generalizado de la ciudadanía de nuestro país.
Da igual si se trata de un secuestro, de una cuestión de asilo o del menú de una recepción diplomática, no hay vez que nos enfrentemos a un asunto de política exterior que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. Dicen algunos psicólogos que detrás de un sentimiento exacerbado de ridículo hay un deseo, igual de enfermizo, de exhibición. El malsano sentimiento de ridículo de la derecha sociológica de nuestro país no es más que el envés de un no menos malsano deseo de exhibición desmedida. Detrás del miedo al ridículo internacional siempre se esconde el imperial espíritu de Perejil.
Ese miedo al ridículo es exactamente el mismo que sufren nuestras élites tradicionales con el tema de los idiomas. Con motivo de la última visita a Estados Unidos del presidente Rodríguez Zapatero, un columnista de la derecha se preguntaba qué puede hacer alguien en Estados Unidos sin saber inglés. Dudo de que un columnista norteamericano le hiciera un reproche del mismo tenor al presidente Obama cuando visitó Alemania por no saber alemán, o se lo haga cuando venga a España por no saber castellano. Claro que, pensar en la simetría y la horizontalidad entre países debe producir mareo a quienes se consideran tan elevados y distintos en nuestro propio país. ¿No late, detrás del reproche al presidente, un complejo impropio de un nacionalista de derechas?
Probablemente, la visión del problema del idioma en la política exterior sea muy distinta entre quienes protagonizaron con su emigración en Francia, Alemania, Bélgica o Suiza la apertura de la España real a Europa y quienes hicieron de la autarquía el rasgo más significativo de su concepción del mundo y del aislamiento la más destacada seña de su política exterior. Los que se preguntan qué se puede hacer en Estados Unidos sin saber inglés es porque ni se imaginan lo que se hizo en Alemania sin saber alemán.
Ahora, nuestra vergonzosa, por avergonzada, derecha sociológica ha vuelto a sus ironías con el asunto de la invitación del presidente Obama al presidente Zapatero al Desayuno Nacional de Oración. Si tuvieran un poco de sentido común comprenderían que, en pos de nuestras buenas relaciones con aquel país, hay infinitamente más coherencia y dignidad en que un presidente laico se sume a una oración, que en que un presidente religioso se sume a una guerra. El libro de Lowen recomendaba, para mejorar el estado anímico, andar descalzo por el piso. Quizás la derecha podría cumplir sus deberes con nuestro país y sentirse mucho mejor consigo misma si, a la hora de afrontar la política internacional en general y nuestras relaciones con los Estados Unidos en particular, empezara por poner los pies en el suelo.
José Andrés Torres Mora es diputado por Málaga y miembro de la Ejecutiva del PSOE
Ilustración de Jordi Duró
Tags: igualdad política política internacional sociedadBIBIANA AÍDO Y HARRIET HARMAN
La paridad en la participación pública de hombres y mujeres sigue siendo un horizonte a conquistar y no una realidad plena. Algo, sin embargo, se mueve; lentamente, pero se mueve en esta y en otras materias que tienen que ver con las políticas de igualdad a escala comunitaria. Mujeres y hombres debemos tener el coraje de zarpar hacia el mar abierto de un mundo igualitario, sin que ningún ancla del pasado nos lo impida.
En 1992, ministras y otras líderes de toda Europa celebraron la I Cumbre Europea Mujeres en el poder, que concluyó con la Declaración de Atenas, capital que acogió aquel encuentro. Tanto la reunión como el documento de referencia supusieron un hito y un impulso determinante para la igualdad y el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad política. La Declaración de Atenas contribuyó a que los países miembros de la Unión Europea aprobaran legislaciones y normas que han permitido avanzar hacia una sociedad europea más cohesionada, más justa y más democrática.
Pero, a pesar de los avances, no hemos cumplido el objetivo: la plena participación de las mujeres en la vida pública y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.
El pasado mes de noviembre, eurodiputadas de los principales grupos políticos protestaban en Bruselas vistiéndose a la usanza de los hombres para denunciar la preponderancia masculina en los puestos de responsabilidad de la UE. Las manifestantes amenazaron con boicotear incluso la constitución de la Comisión Europea si se seguía excluyendo de forma tan manifiesta a las mujeres. La realidad es que el progreso es lento y las cifras globales siguen siendo bajas. Así, sólo el 35% de los parlamentarios europeos son mujeres y sólo siete estados miembros alcanzan el 30% en sus parlamentos nacionales.
Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos para alcanzar la democracia paritaria, porque es el punto de partida para la construcción de una democracia que integre a toda la sociedad. Una democracia que no ponga en cuestión la valía de los 250 millones de europeas. Que valore el mérito, la capacidad y la formación por encima de prejuicios.
La realidad es que, en el contexto europeo, las mujeres constituyen el 60% de las personas que se licencian y los datos estadísticos reflejan que lo hacen con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Aun así, la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de los hombres y su presencia laboral sigue concentrándose en empleos tradicionalmente feminizados y peor remunerados, al tiempo que ocupan menos puestos de responsabilidad y de representatividad en todas las esferas sociales. Tales circunstancias concurren tanto en la política como en el ámbito empresarial, donde la proporción de directoras, por ejemplo, es sólo del 3% en las principales empresas que cotizan en bolsa y sólo uno de cada diez miembros de sus consejos de administración es mujer.
Prescindir de las mujeres no sólo es injusto desde la perspectiva de los derechos, sino que también resulta claramente ineficiente desde el punto de vista económico. La sociedad europea no puede permitirse el lujo de despilfarrar la capacidad, la inteligencia y el capital humano que representa la mitad de la población constituida por las mujeres.
Por esta razón, en el marco de la Presidencia española del Consejo de Europa y a iniciativa de los gobiernos de España y Reino Unido se celebrará mañana en Cádiz la II Cumbre Europea Mujeres en el poder con el objetivo de dar un nuevo impulso a la igualdad como valor político en nuestro proyecto europeo. Esta cumbre coincide con la conmemoración de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing y con un momento clave de transición para Europa, con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa e inmersa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo.
Coincidimos en la necesidad de que este nuevo modelo ha de estar basado en el conocimiento y en la innovación, ha de ser socialmente sostenible, debe incorporar todo el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrar la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas y profundizar en la conciliación de los tiempos de vida. En suma, la prosperidad ha de venir a partir de que se utilicen mejor y de forma más inteligente e incluyente todos los recursos y de aprovechar la capacidad de toda la población.
Hombres y mujeres tenemos que ser necesariamente cómplices de esa aventura común a la que llamamos futuro. No se trata de otorgar favores o privilegios, se trata de entender que la igualdad real y efectiva no se logrará en tanto en cuanto las mujeres no compartan todos los espacios de poder en igualdad de condiciones con los hombres. La falta de presencia de las mujeres impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.
La vieja Europa mira hacia 2020 y, en ese escenario, definitivamente, no pueden estar ausentes las mujeres. Ya es hora de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.
Tenemos que continuar mejorando nuestras democracias, pero ya, definitivamente, sin que el sexo sea en ningún caso motivo de discriminación.
La igualdad de participación de mujeres y hombres es necesaria para reforzar la democracia, esencial en la construcción de una sociedad más representativa, políticamente más dinámica, más solidaria y económicamente más rentable; y constituye un factor de cohesión y justicia social. Parecerían obviedades si no hiciera falta repetirlas, porque, por mucho que conozcamos la música de esas palabras, seguimos sin aprendernos y sin aplicar su letra.
Tenemos una responsabilidad inaplazable; no es tiempo de seguir negando la participación de las mujeres, de seguir hurtándoles los espacios que también son suyos. Ya son demasiados siglos de trabajo, demasiadas generaciones empeñadas en un mismo objetivo.
Luchar por la paridad no sólo beneficia a las mujeres, sino a todos los demócratas, porque se trata de una cuestión de derechos, de reparto de la riqueza y del poder, para el bien común. Esperemos que la Declaración de Cádiz sea la última, la que definitivamente nos permita navegar hacia el rumbo que unos y que otras nos propongamos, sin que nada nos retenga en un mismo muelle eterno. Esperemos que, a partir de este encuentro, el viento de la historia sople definitivamente a favor de una causa que debiera ser de todos los hombres y de todas las mujeres.
Bibiana Aído es ministra de Igualdad de España
Harriet Harman es líder de la Cämara de los COmunes y ministra para las Mujeres de Reino Unido
Ilustración de Alberto Aragón
Tags: economía política política internacionalSANTIAGO ALBA RICO, CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, BELÉN GOPEGUI Y PASCUAL SERRANO
Estos son tiempos para la reflexión en economía. Tras algunas décadas de predominio neoliberal patrocinado por la escuela de Chicago, la economía mundial se encuentra frente a una crisis de consecuencias imprevisibles, pero en cualquier caso gravísimas. Lo mínimo que se podría pedir al espíritu científico es cambiar los paradigmas, invertir las evidencias, reaccionar, en suma, ante esta bancarrota intelectual que impidió diagnosticar y prever la catástrofe que se avecinaba. ¿Es eso lo que se está haciendo?
Hemos conocido distintas versiones más o menos destructivas del capitalismo, lo mismo que del socialismo. Pero, respecto a la lógica interna que distingue a uno del otro, hay algo que debería hoy interesarnos vivamente. El socialismo puede dejar de crecer, el capitalismo no. El socialismo puede ralentizar la marcha, el capitalismo no.
Pensemos en el ejemplo de Cuba. Al hundirse la URSS, Cuba perdió repentinamente el 85% de su comercio exterior. Su producto interior bruto decreció nada menos que un 33% en términos absolutos. Uno puede hacerse una idea de la catástrofe si se piensa que en Europa nos echamos a temblar ante la perspectiva de perder un punto en el crecimiento previsto. Y a ello se unió un endurecimiento del bloqueo estadounidense. Sin embargo, la gente no murió de hambre en Cuba, no perdió sus zapatos, ni su educación, ni su seguridad social, ni tampoco su dignidad. Lo pasaron muy mal, pero no se enfrentaron al fin del mundo como habría ocurrido con semejantes indicadores en los países capitalistas.
En medio de la actual sacudida, cuando el capitalismo destruye cuerpos en África y puestos de trabajo en España, cuando erosiona sin remedio las condiciones de habitabilidad del hogar humano, cuando para ello tiene al mismo tiempo que recurrir al lubricante de las mafias, al estímulo de los integrismos religiosos, a la restricción de los derechos laborales y al recorte de las libertades, en ese momento, todas las miradas se dirigen, en efecto, hacia Cuba… pero para condenarla y hostigarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? ¿El récord de muertos en un solo día? En México. ¿El de sindicalistas y periodistas asesinados? En Colombia. ¿El de pogromos racistas contra inmigrantes? En Italia. ¿Homofobia? En Polonia. ¿Xenofobia institucionalizada y leyes raciales? En Israel. ¿Fanatismo religioso y machismo criminal? En Arabia Saudí. ¿Control de las comunicaciones, suspensión del habeas corpus, tortura, secuestros, asesinatos de civiles? En EEUU. ¿Malos tratos a detenidos, periodistas e intelectuales procesados, periódicos cerrados, corrupción galopante, inmigrantes en centros de internamiento? En España.
Bien, aceptemos que, en este cuadro dantesco, Cuba es apenas un “mal menor”. El que desde Europa y desde España se preste tanta atención negativa al país con menos problemas del planeta –como ha hecho el diputado Luis Yáñez (Público,
9-1-10)– demuestra de sobra, en todo caso, que no es lo malo de Cuba lo que se censura, sino lo que en Cuba se opone a esta lógica dantesca y a sus efectos; es decir, lo que tiene precisamente de bueno.
Los economistas Jacques Bidet y Gérard Duménil recuerdan que lo que salvó al capitalismo en las primeras décadas del siglo pasado fue la organización; es decir, la misma planificación que los liberales identifican horrorizados con el socialismo. Gobiernos e instituciones planificaron sin parar, como siguen planificando ahora, aunque lo hicieron para conservar y aumentar los beneficios y no para conservar la vida y aumentar el bienestar humano. Pero la planificación es ya, como quería Marx, un hecho. Basta sólo cambiarla de signo. En los últimos 60 años, la minoría organizada que gestiona el capitalismo global se ha visto apoyada, a una escala sin precedentes, por toda una serie de instituciones internacionales (el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el G-8, el G-20 etc.) que han concebido en libertad, y aplicado contra todos los obstáculos, políticas de liberalización y privatización de la economía mundial. El resultado salta a la vista.
¿Y si planificásemos al revés? ¿Y si prestásemos un poco de atención positiva a Cuba? Esto no lo hemos probado aún, pero lo que intuimos en la actualidad es más bien esperanzador: a partir de una historia semejante de colonialismo y subdesarrollo, el socialismo ha hecho mucho más por Cuba que el capitalismo por Haití o el Congo. ¿Qué pasaría si la ONU decidiese aplicar su carta de DDHH y de Derechos Sociales? ¿Si la FAO la dirigiese un socialista cubano? ¿Si el modelo de intercambio comercial fuera el ALBA y no la OMC? ¿Si el Banco del Sur fuese tan potente como el FMI? ¿Si todas las instituciones internacionales impusiesen a los díscolos capitalistas programas de ajuste estructural orientados a aumentar el gasto público, nacionalizar los recursos básicos y proteger los derechos sociales y laborales? ¿Si seis bancos centrales de Estados poderosos interviniesen masivamente para garantizar las ventajas del socialismo, amenazadas por un huracán?
Podemos decir que la minoría organizada que gestiona el capitalismo no lo permitirá, pero no podemos decir que no funcionaría. Según una reciente encuesta de GlobeSpan, la mayoría que lo padece (hasta un 74%) apuesta ya por otra cosa.
En su artículo, el diputado Yáñez decía amar a Cuba. Por eso, le deseaba lo mejor: incorporarse al capitalismo, justo cuando este ha demostrado su fracaso y su incompatibilidad, al mismo tiempo, con el bienestar humano y con la democracia, con la dignidad material y con el derecho. Nosotros no amamos a Cuba: respetamos a sus hombres y mujeres por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Quizás a Yáñez le tranquilice pensar en Colombia o en Arabia Saudí. A nosotros nos tranquiliza pensar en Cuba, esa isla donde incluso los límites, los problemas, los errores de la revolución señalan inflexiblemente, desde hace 51 años, la posibilidad histórica de una superación del capitalismo y de una alternativa a la barbarie.
Santiago Alba Rico es escritor
Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía (UCM)
Belén Gopegui es escritora
Pascual Serrano es periodista
Ilustración de Mikel Casal
Tags: filosofía política religiónJOSÉ A. GONZÁLEZ CASANOVA
En este año se cumplirán 30 de la muerte física de Alfonso Comín, cristiano comunista y comunista en la Iglesia. Los nacidos a partir de 1980 es muy probable que no sepan de quién hablo y, casi seguro, no pueden imaginarse a qué me refiero. Les suena, sí, eso del cristianismo, fenómeno algo más antiguo que el comunismo. De este apenas, en cambio, han oído hablar: era, según parece, algo muy malo que ya pasó, como el nazismo. Tal vez vinculan lo cristiano con los dos últimos papas y el cardenal Rouco y, si es así, difícilmente se interesan por mensaje tan casposo. Si llegan a relacionar Iglesia y comunismo por lo que cuentan sus abuelos, los ven unidos en un odio recíproco. Pero si juntan lo vivo a lo pintado, ambos serían más de lo mismo: unos dogmas dictatoriales que, con la excusa de salvar a la Humanidad, cometieron (y aún cometen) inhumanidades sin cuento. ¿Ese tal Comín era, por cristiano y comunista, un inhumano dictador dogmático por partida
doble? Si el articulista va a hablarnos de él, será para cargárselo. ¿O no?
No. Comín no era eso, sino todo lo contrario. Creía firmemente (hoy no se cree con firmeza en casi nada) que ser cristiano tiene poco que ver con los ejemplos de una jerarquía eclesiástica como la actual. Y que ser comunista es justo al revés de lo que la gente cree. Se lo han hecho creer los antiguos dictadores de Moscú y sus jerifaltes satélites, así como los anticomunistas que defienden, hipócritas, el capitalismo en nombre del progreso y la libertad. El cristiano Comín estaba de acuerdo con Marx en que “la miseria religiosa es, por un lado, expresión de la miseria real”, pero mucho más coincidía en que “por otro lado, es la protesta contra la miseria real”. Eso le sirvió para combatir la ideología antirreligiosa de los partidos comunistas y de la Iglesia católica anticomunista. Jesús de Nazaret hubiera apoyado la revolución socialista que pretendía Marx porque coinciden en protestar contra la miseria que produce la explotación. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, convertido, según él, en cueva de ladrones. Walter Benjamin decía que el capitalismo había sustituido el templo por el mercado. No es preciso fusilar a los capitalistas. Basta que devuelvan lo robado. Muchos movimientos campesinos y obreros enarbolaron la cruz cristiana en protesta frente a sus amos explotadores. El llamado “socialismo utópico” se inspiraba en ideales cristianos. El propio marxismo ha sido considerado una “herejía” cristiana. Pero lo es más la ideología del Vaticano. En cambio, las motivaciones éticas y humanistas de Jesús y de Marx eran idénticas en la práctica.
Cuando Alfonso Comín, sin perder su fe cristiana –más bien gracias a ella–, fundó en 1958 el FLP (Frente de Liberación Popular: el Felipe), lo hizo junto a marxistas desengañados del comunismo estalinista y de la socialdemocracia europea. El Felipe era laico y respetuoso con toda religión que defendiese el carácter sagrado de la persona humana, como es el verdadero mensaje evangélico. Diríase que aquellos jóvenes socialistas revolucionarios que luchaban contra el franquismo y el capitalismo en pro de una sociedad democrática, igualitaria y sin clases habían hecho la lectura, práctica y ejemplar, de un quinto evangelio: el Evangelio según San Marx. Pero, llegada la democracia, los comunistas no lograron el apoyo popular que merecían y los cristianos revolucionarios volvieron a las catacumbas. El sociólogo Salvador Giner, al hablar de la actual desmoralización de los españoles (en el triple sentido de inmoralidad, amoralidad y desánimo), pone como ejemplo el desinterés de los ciudadanos por la religión y la política, según múltiples encuestas. Y Giner acierta al concretar, en el caso español, estas dimensiones fundamentales del ser humano: la Iglesia católica y el Partido Comunista o sus herederos.
Sin embargo, Manolo Vázquez Montalbán escribió, a la muerte de Comín, que la relación cristiano-marxista no es un mero problema de conciencia para el creyente metido a revolucionario ni un simple debate académico. Es el resultado objetivo de un reto histórico: la coincidencia entre “las dos fuerzas ideológicas que pueden salvar al mundo de la barbarie irracionalista del capitalismo”. El recordado poeta y novelista, compañero de Comín en el FLP y después en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), lo consideraba “el animal más creíble y l’homme revolté más ambicioso de esperanza que he conocido”.
La esperanza era un principio revolucionario para el marxista “cálido” Ernst Bloch. ¿Cabe este principio, que es también virtud teologal, en la España de hoy, bombardeada como está su población por el raid capitalista?
Hace unos pocos años leí una carta al director de un diario que decía: “El reto de los comunistas cristianos es escapar del dogmatismo existente en el comunismo y en el cristianismo, y luchar por un sitio en ambos movimientos a la vez que luchamos por cambiar la sociedad, siguiendo los caminos que marcaron Jesucristo y Marx. Porque, al fin y al cabo, acaban por converger”. ¿Es un candoroso utópico quien escribió esa carta? Yo la suscribo en mi condición inalterable de marxista-cominista, como entusiasta lector de los Manuscritos económicos-filosóficos de un Marx humanista de 26 años que, dolido por la miseria real, protestaba de ella; y en fin, por compartir con Alfonso Comín su fe en la tierra, que para nosotros sigue siendo tenerla en el ser humano como un dios presente.
José A. González Casanova es catedrático de DerechoConstitucional y escritor
Ilustración de Daniel Roldán
Tags: inmigración política sociedadSAÏD EL KADAOUI MOUSSAOUI
Permítanme que escriba sobre varias noticias aparecidas en los primeros días del año en todos los periódicos, que incumben a varios países de la Unión Europea y que deberían poder analizarse, cada una de ellas, con más profundidad y también en clave local. Todas ellas tienen que ver con la impotencia que genera no saber cómo afrontar un tema tan complejo como es la inmigración.
En Francia están metidos en un debate sobre la identidad francesa planteada e incentivada por el presidente de la República y del cual ya no saben cómo salir. No es que esté mal debatir, todo lo contrario. Es que, simplemente, no se trata de un debate. Es una forma de sacar pecho, muy del estilo Sarkozy, y de intentar dividir a los franceses en ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda.
Conste que, si se tratara de un auténtico debate, yo mismo me sumaría afirmando –en la línea de lo que ya decía el escritor Kateb Yacine hace más de 20 años– que efectivamente debemos estar alerta y poner en su sitio a los radicales que envenenan la convivencia pacífica de las personas haciéndose dueños de Dios e intentando hacernos regresar a la Edad Media. El futuro del Islam, como afirma Mohammed Talbi en su libro Réflexion d’un musulman contemporain, depende de su capacidad de asimilar la modernidad si queremos que los musulmanes no sean testimonios pasivos de su época. Este es un debate que está en todos los países musulmanes y, faltaría más, también puede tener lugar en Europa.
Francia también ha sido noticia por los 2.000 sin papeles (hablar de las personas etiquetándolas de esta forma ya es por sí sola una manera más que humillante de señalarlas) que se han instalado en un edificio vacío del centro de París y un día a la semana celebran la marcha de los sans papiers para denunciar su situación.
Aquí en España, la ciudad de Vic (Barcelona) ha querido hacerse un hueco en la prensa y, cómo no, también ha recurrido al tema estrella para agitar a las masas: la inmigración. Su propuesta de negar el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles ya ha hecho correr suficiente tinta y su alcalde ha podido chupar cámara durante un tiempo nada desdeñable. Aunque finalmente acatará la contundente respuesta del abogado general del Estado –el pasaporte se considera válido y suficiente para empadronarse–, no debemos olvidar que aquella iniciativa fue la de un alcalde de Convergència i Unió que gobierna en coalición con el Partit des Socialistes de Catalunya y con Esquerra Republicana de Catalunya.
Y finalmente, la guinda de este pastel putrefacto: Italia. Gobernada por un populista y con una oposición debilitada por unas interminables discrepancias internas, lleva años alimentando a la población con dosis importantes de pensamiento primario que ha desembocado en una caza al negro peligrosísima. Los episodios de violencia contra los inmigrantes en la localidad de Rosarno son un muy mal síntoma de la salud democrática de Italia y del resto de Europa, que lleva demasiado tiempo riéndole las gracias a Berlusconi.
Una pequeña anécdota antes de continuar. Hace dos años, un amigo marroquí, un psiquiatra reconocido, viajó a Italia para ver a uno de sus hijos. En el aeropuerto perdió un pequeño maletín donde guardaba el dinero, la documentación y el teléfono. Acudió a la Policía para informar de su situación y poner una denuncia. ¿Creen que lo escucharon? Su aspecto lo delataba. Era magrebí y lo detuvieron. Su palabra (la de alguien respetable, se lo aseguro) no le sirvió de nada. Pasó dos días horribles y regresó a Marruecos habiendo vivido en su propia piel la hospitalidad italiana.
Sé que el tema es muy complejo. No soluciona nada despacharlo con acusaciones y/o aludiendo a la xenofobia. La gente humilde y los barrios humildes de todas las ciudades importantes europeas son los que pagan el precio de tener que competir por unos mismos recursos con más gente, los que perciben el cambio experimentado en sus paisajes y un largo etcétera. Allí hay que actuar para que no se conviertan en polvorines a los que cualquier pequeña chispa pueda hacer explotar.
Pero hoy les quiero hablar en clave europea (para denunciar, de paso, que no hay tal clave europea). No podemos presumir de abanderar el respeto de los derechos humanos cuando nosotros mismos nos estamos cebando con los más débiles.
Y no somos tan poderosos como para ir decidiendo quién entra y a quién echamos. La realidad es tozuda. Ni con vallas, cada vez más altas y sofisticadas, ni con un Estrecho vigilado con la última tecnología, ni con sobornos a líderes corruptos como el coronel Gadafi –al que Italia hace la pelota para que, entre sus negocios, esté el de controlar a las personas que pretendan llegar a sus fronteras– se ha conseguido frenar las migraciones. Solamente la crisis está obteniendo algún resultado.
O los científicos encuentran alguna forma barata de inyectar a toda esta gente algún producto que los induzca a dejar de soñar y se conformen viéndose como personas destinadas a aguantar a sus dictadores bien alimentados (en parte por la Europa de los derechos humanos) que los someten a una vida indigna; o nos hacemos mayorcitos de una vez: usted, que quiere vivir en un país y en un continente donde poder tener a los suyos cerca y viajar a verlos si están lejos, que quiere poder soñar con un futuro mejor para sus hijos y sus nietos, que lucha para que no se maltrate a ninguna mujer… ¿cree que todas la personas tienen derecho a querer lo que nosotros? ¿Cree que esta es la mejor forma de defender los derechos humanos?
Detrás de cada inmigrante sin papeles hay una persona que siente.
Saïd El Kadaoui Moussaoui es Psicólogo y escritor. Autor de la novela ‘Límites y Fronteras’
Ilustración de Javier Olivares
Tags: política sociedadGERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS
A la esper
a de la sentencia sobre el Estatut, las encuestas revelan que casi un 60% de la población de Catalunya es partidaria de alternativas federales o independentistas al actual modelo autonómico. Hay una razón de peso: la percepción de la incapacidad de los grandes partidos españoles para asumir una comprensión amplia del pluralismo y del principio democrático. Es en esta clave regeneracionista y republicano-democrática, más que meramente identitaria, como deberían leerse algunas proclamas federalistas o las consultas de autodeterminación celebradas en ya más de 150 localidades catalanas.
Cuando se aprobó la Ley de Partidos, se dijo que todos los proyectos políticos tendrían cabida por vías pacíficas y democráticas. Sin embargo, el régimen constitucional español se ha mostrado reticente ante los mecanismos de participación directa o no convencional de la ciudadanía. Esta actitud se ha expresado en la restringida recepción de la iniciativa legislativa popular o del referéndum. Pero también en los intentos de frenar los procesos participativos ligados a una mayor demanda de autogobierno territorial. La propia configuración del artículo 149.1.32 de la Constitución, que exige la autorización estatal a la convocatoria de referendos autonómicos, es una constatación de ello.
En realidad, la democratización territorial del Estado lleva tiempo lastrada por estas inercias. Con frecuencia, los avances autonómicos han tenido lugar a pesar de la predisposición de los gobiernos centrales de turno. Esta dificultad para entender una realidad territorial histórica, social y culturalmente plural ha marcado la relación con casi todas las comunidades autónomas. Pero sobre todo con Euskadi y Catalunya.
Ya en su momento, el PP hizo de la convocatoria autonómica de referendos un delito sancionado con penas de prisión. Cuando el Parlamento vasco intentó romper este cerco con una ley de consultas, Gobierno y oposición cerraron filas. El Tribunal Constitucional (TC) impugnó la norma, recordando que la Constitución priorizaba la democracia de representantes sobre el principio participativo y que la única vía posible para impulsar estas iniciativas era la reforma estatutaria o constitucional. La interpretación, sin embargo, parecía desmesurada. Ante todo, porque la propia Constitución, a pesar de sus reticencias, asegura apostar por “una sociedad democrática avanzada” que contemple la participación directa, y no sólo mediante representantes, de la ciudadanía. De hecho, es discutible que un gobierno vinculado por estos principios pueda servirse de manera discrecional de su poder de veto sobre la realización de estas consultas, sobre todo cuando exista una clara iniciativa autonómica o local.
Con las intrigas generadas en torno al Estatut, ha crecido el escepticismo ante la vía autonómica. Pero también ante una eventual revisión del marco constitucional que exigiría el visto bueno de unos partidos estatales cuyas convicciones federalistas son débiles, cuando no inexistentes. Esta percepción de callejón sin salida es la que ha alentado la irrupción de una ciudadanía decidida a apelar, no ya al poder de reforma constitucional (las Cortes Generales y, eventualmente, el pueblo español) sino a otro demos diferente (las personas que viven en Catalunya, en este caso) para hacer valer sus derechos. En realidad, las consultas celebradas en los últimos meses no son sino el intento de abrir a la discusión pública un tema vedado de manera repetida por las instituciones estatales. Es un error, por tanto, desacreditarlas como una “pantomima nacionalista”. No es un dato menor que entre las más de 200.000 personas que se han pronunciado haya un número importante de inmigrantes, titulares del derecho a voto por el sólo hecho de ser vecinos de un municipio. Tampoco que haya quienes, sin ser independentistas, consideren que sólo a través del ejercicio “desde abajo” del derecho a la autodeterminación podría abrirse camino una alternativa federal y pluralista. O que entre los partidarios de la independencia haya votantes declaradamente no nacionalistas que sencillamente se confiesan hastiados de limitaciones no justificadas a la voluntad de autogobierno.
Es verdad que la participación en estas consultas no ha ido más allá del 30% de los inscritos en el censo. Pero este porcentaje es similar al registrado en muchas circunscripciones españolas en los comicios europeos o en el referéndum sobre el Tratado constitucional de 2005. Con un elemento diferenciador: las actuales consultas han sido impulsadas desde la sociedad y, al menos en un comienzo, al margen de los partidos, dando un inusitado protagonismo a otros actores. En un clima de rechazo a los escándalos de corrupción y a las formas tradicionales de hacer política, las comisiones promotoras se articularon a través de centenares de voluntarios, asociaciones de vecinos e inmigrantes, sindicatos, grupos ecologistas o de otra índole. Todo ello con recursos escasos, sin ayudas o subvenciones ni una campaña electoral que las precediera.
Sería un acto de miopía desestimar este fenómeno como un simple gesto de esencialismo nacionalista sin ver en él la huella cultural del republicanismo democrático y una inequívoca voluntad de ensanchar los cauces de participación. Aunque la posibilidad de que crezca e incluso se extienda a otros territorios del Estado no es evidente, tampoco cabría descartarla.
Más allá de la sentencia del TC, parece difícil que el actual Estado (reticentemente) autonómico pueda seguir presentándose como una alternativa definitiva. Que la salida sea un enroque neocentralista, alguna variante de federalismo o la independencia dependerá, en realidad, de la noción de democracia y de pluralismo que los actores sociales y políticos involucrados estén dispuestos a asumir.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración de Mikel Casal
Tags: ecología economía políticaPEDRO ARROJO AGUDO
Sin duda, la iniciativa de lanzar una Ley de Economía Sostenible, como base para enfocar estrategias de superación de la actual crisis, debe ser saludada como interesante. Conecta de lleno con las corrientes que reivindican a nivel mundial un nuevo keynesianismo verde, basado en políticas públicas de protección ambiental que impulsen inversiones en energías alternativas y estrategias productivas con baja emisión de CO².
Sin embargo, hay dos factores que quiebran la credibilidad de la ley: la falta de una autocrítica convincente y la ausencia de personas que puedan liderar el cambio propuesto.
A duras penas se ha acabado reconociendo la inviabilidad de prorrogar el modelo de crecimiento que ha imperado, basado en el ladrillo y la especulación financiera; sin embargo, no se ha escuchado una crítica clara al respecto que reconozca la complicidad y la complacencia de todo tipo de instituciones y partidos con esa burbuja inmobiliario-financiera sobre la que se fundaba nuestra pretendida prosperidad.
El presidente Zapatero ha centrado sus esfuerzos en intentar “dar ánimo” a la ciudadanía, frente a la crítica destructiva y ceniza del Sr. Rajoy, inspirada en el principio de “cuanto peor, mejor…”, en lugar de asumir con decisión una iniciativa autocrítica. En política, se sigue pensando que rectificar no es de sabios, sino de débiles; al tiempo que suele confundirse autocrítica con derrotismo. Zapatero debería estudiar el perfil del discurso que llevó a Obama a la Casa Blanca. El actual presidente de EEUU ganó buena parte de su prestigio asumiendo, no sólo una posición crítica frente a las políticas neoliberales de Bush, sino autocrítica frente a las posiciones tradicionales de su propio partido. Construyó un discurso que, lejos de disculpar o minimizar los problemas, los asumía para, a renglón seguido, apelar al esfuerzo de todos y todas, con su “yes, we can”; en lugar de pedir confianza hacia un Gobierno que se supone los resolverá. Un discurso, en definitiva, que reconocía y trataba a los ciudadanos como personas maduras…
Se echa en falta un análisis en boca de nuestro presidente que explicite lo que todos sabemos: que sufrimos una crisis más profunda que otros países de la UE porque nuestro pretendido desarrollo era en gran medida falso, al basarse en una descomunal burbuja, de la que todos, unos más y otros menos, sin duda, somos responsables. Y, lógicamente, tras esa autocrítica deberían enunciarse nuevas políticas para superar los errores cometidos y abrir nuevos horizontes. Reformas, por ejemplo, que rompan la dependencia financiera de nuestros ayuntamientos de la recalificación de terrenos, base de tantas tentaciones especulativas…
Pero más allá de justificar la necesidad de esos cambios desde un análisis crítico consistente, es necesario tener credibilidad y capacidad de liderazgo en la materia de que se trate. Y en este caso se trata de promover un giro en el modelo económico del país, en la perspectiva de lo que a nivel internacional se conoce como el “Green New Deal”, emulando las ideas que Keynes propuso para superar la Gran Depresión de los años treinta. Se trata, en suma, de reenfocar la economía productiva hacia los retos ecológicos del siglo XXI, transformando en oportunidades los graves problemas de insostenibilidad que hemos provocado.
Desde una perspectiva global, es tiempo de cuestionarse seriamente el modelo de prosperidad que hemos construido sobre el mito del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. El que crezca un niño o engorde un hambriento será sin duda bueno y deseable; pero no seremos más felices por crecer y engordar indefinidamente… En un momento histórico en el que se hacen cada vez más evidentes las múltiples crisis de insostenibilidad que hemos provocado, al desbordar y quebrar las capacidades y funciones ambientales de la biosfera, sería un error limitar el diagnóstico de la crisis financiera, o incluso económica, ignorando o relegando a un segundo plano la crisis ecológica. Pero ello supone, no sólo un reto de eficiencia en el uso de los recursos naturales y en la emisión de CO², sino la necesidad de reconocer los límites del planeta y reducir nuestros ritmos globales de consumo. En Almería, en Murcia y en otros lugares, la eficiencia en el uso del agua es alta…Pero aún así matamos eficientemente la sostenibilidad de nuestros ríos y acuíferos…
En todo caso, sin entrar en un debate a fondo sobre la necesidad de cambiar nuestro concepto de prosperidad y sobre lo que debería entenderse por una economía sostenible, creo que, tal y como he reseñado al principio, la iniciativa es interesante. Lo triste es que este reto se lanza desde un Gobierno en el que el Ministerio de Medio Ambiente fue abducido por el de Agricultura. La decisión que asumió Zapatero tras las últimas elecciones, probablemente con dolor en su fuero interno, al sacrificar a Cristina Narbona y disolver el notable liderazgo ambientalista que tuvo su primer Gobierno, entra en flagrante contradicción con la pretendida prioridad de promover un giro verde en nuestro modelo económico. ¿O acaso alguien puede citarme un solo ministro o ministra que proyecte la más mínima credibilidad ambientalista a la hora de promover este giro hacia una economía sostenible?
Zapatero ha sabido mantener sus perfiles en lo social y en las cuestiones de género, lo que sin duda le honra y ha evitado el desplome de su imagen en las duras condiciones de crisis que le toca gestionar. Pero ha perdido totalmente la dimensión ambiental, y eso quiebra su coherencia y su credibilidad en cuestiones clave como la Ley de Economía Sostenible.
Pedro Arrojo Agudo es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza
Ilustración de Javier Olivares
