ALBERTO MONTERO SOLER 
El pasado 6 de agosto, la portada de este periódico interpelaba al lector con una pregunta acompañada de dos fotografías. La pregunta era “¿Para qué sirve estar en Afganistán?” y las fotografías eran de Aisha, una joven afgana de 18 años cuyas orejas y nariz habían sido mutiladas a cuchillo por su marido para resolver lo que él consideraba una grave afrenta. De esa forma, Público se hacía eco del debate que la publicación de unas fotos similares de Aisha en la portada de la revista Time estaba generando a nivel mundial y que centraba la atención en el papel de las fuerzas de ocupación en Afganistán.
Desde mi punto de vista, existe otra manera de enfocar el debate (discusión que cobra ahora trágica actualidad a raíz del asesinato, el miércoles pasado, de dos guardias civiles y un traductor españoles, y el intento de asalto a la base de Qala i Naw). De repente parece como si las tropas de ocupación llevaran años en ese país para defender los derechos de las mujeres afganas y que, a la vista de las fotografías de Aisha,
el resultado no se está alcanzando. Parece como si los discursos que se emplean para camuflar una ocupación militar dejaran de ser proclamas propagandísticas para convertirse en razones ciertas y de la suficiente solidez como para sentar las bases de un debate real con consecuencias tangibles.
Vivimos tiempos de memoria frágil y a los invasores les resulta necesario refrescar el argumentario con el que camuflan sus verdaderas razones, apelando al sentimentalismo más primitivo. Creen que basta con mostrarnos el rostro desfigurado de una niña para hacernos creer que cada bombardeo tiene como finalidad la defensa de los derechos de las mujeres afganas y que, así, desvían nuestra atención y olvidamos las verdaderas razones de su presencia en aquel país.
Pero, puestos a entrar al trapo, es decir, suponiendo que la defensa de los derechos de esas mujeres constituyera la principal razón de la ocupación militar, lo que no debemos permitir es que nos impongan las preguntas y hasta las respuestas en ese debate. Lo primero que deberíamos hacer sería cambiar los términos del mismo y plantear abiertamente la cuestión como ellos suelen hacerlo cuando de otras cuestiones se trata. Hablemos, por ejemplo, de eficiencia, de si los medios empleados se corresponden con los fines perseguidos; de si la inversión de recursos realizados hasta el momento está teniendo algún efecto positivo sobre la que dicen que es la razón última de esta ocupación. Y, en el caso en que ese resultado no se esté dando, preguntémonos si existe alguna alternativa. Porque, si los resultados son negativos y si las alternativas existen pero no se implementan, la conclusión que cabe extraer es que alguien está engañando a alguien.
De entrada, algo debe estar haciéndose muy mal cuando la Misión de Asistencia en Afganistán de las Naciones Unidas (UNAMA) acaba de publicar que el número de víctimas civiles en ese conflicto ha sido de 1.271 muertos en los primeros seis meses del año, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior. Un resultado que tampoco debería asombrarnos si recordamos que Barack Obama no sólo ha mantenido la política belicista de George W. Bush, sino que la ha intensificado, solicitando un incremento de un 6,1% en el gasto militar con respecto al pico máximo al que llegó en tiempos del primero. Además, ha multiplicado por tres el número de soldados estadounidenses en el país desde que asumió la presidencia de EEUU, sin que las haya reducido desde que recibió el Nobel de la Paz.
Estos datos suponen una primera evidencia de que no son los derechos de las mujeres afganas lo que está en juego. ¿O es que alguien puede pensar que EEUU se habría gastado hasta el momento en Afganistán decenas de miles de millones de dólares para defender esos derechos? ¿Tan importantes son estos para la Casa Blanca? Es más, si efectivamente son tan importantes, ¿por qué EEUU y el resto de gobiernos comparsa permiten que se forme un Gobierno títere integrado en gran medida por los mismos señores de la guerra que han masacrado a la población afgana y, especialmente, a sus mujeres? ¿No sería mejor darles un mayor peso en la política real del país a las mujeres y perseguir a los señores de la guerra por sus crímenes contra estas?
Nadie puede pensar en serio que la emancipación de la mujer afgana se conseguirá a base de bombardeos y masacres. Es mucho más útil pensar que la libertad para las mujeres de ese país sólo se logrará a base de educación y de una transformación radical de las condiciones sociales y económicas del país, como ha ocurrido en otros estados de la zona, como Bangladesh.
Si coincidimos en que esa es la verdadera vía de emancipación de las mujeres, el debate sobre la ocupación de Afganistán quedaría rápidamente saldado apenas tuviéramos en cuenta que con el millón de dólares que supone el mantenimiento anual de un soldado estadounidense en Afganistán, podrían construirse 20 escuelas. O que con el mantenimiento de 246 soldados, se podría financiar un plan de mejora de la educación en todo el país.
La verdadera transformación social es la que se produce a través de la educación. Es lo que intentan a diario organizaciones como CARE, que tiene 295 escuelas en Afganistán a las que han asistido más de 50.000 niñas sin que las atacaran los talibanes. Eso es lo que genera esperanza, expectativas de cambio, respeto y dignidad para las mujeres afganas. Y eso es lo que destruyen cada día las “tropas de liberación” con sus bombardeos. Estos son los términos del debate sobre los que valdría la pena discutir.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación CEPS
Ilustración de Miguel Ordóñez
SAÏD EL KADAOUI
El ramadán, cuyo ayuno desde la salida hasta la puesta del sol es uno de los preceptos sagrados del islam, ya está aquí y, aparte de desearles un muy feliz mes de ramadán a todos los musulmanes, me gustaría aprovechar esta coyuntura para dar eco a algunas de las discusiones que en torno al islam se dan en Marruecos, para luego acabar comentando otros aspectos que incumben de forma más directa a nuestro país.
Frecuentemente aparece en el semanario Tel quel, un magacín independiente que leo regularmente desde esta otra orilla, algún debate de interés que incumbe a esta religión.
Cualquiera que viaje a Marruecos comprobará con sus propios ojos lo que se dice en el número 434 de este magacín. Esto es, asistimos a una revivificación de la práctica religiosa en todas las clases sociales y en todas las edades de la población, aunque este hecho no es óbice para el aumento de prácticas secularizadas, como el progresivo aumento del número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, el aumento del consumo de alcohol por parte de la población local o la rentabilidad en interés bancario (el islam considera el interés bancario, todo él, una usura).
He releído otros artículos publicados en diferentes números de esta revista, todos ellos cuestionando, matizando y debatiendo sobre el hecho religioso en Marruecos. A modo de ejemplo diré que el profesor y poeta Driss Alaoui afirmaba (T.Q., núm. 339) que en verdad el ramadán se ha tornado con el tiempo en un mes de excesos. Excesos de todo tipo menos de trabajo, ironizaba. Era consciente de la dificultad de introducir cambios en el ramadán; imagino que debe de referirse a aminorar las exigencias del ayuno, a acortar la duración de este, a permitir que se puedan ingerir líquidos o, quizás, y a mi juicio mejor todavía, a la no obligatoriedad de esta práctica para los ciudadanos musulmanes de Marruecos
–la gran mayoría, como ya se sabe–.
Asimismo, planteaba la necesidad de desarrollar una cultura de la libertad donde los rituales, cualesquiera que sean, se circunscriban a la esfera individual. Se abonaría el terreno así, comenta, para que en algún momento se puedan plantear dichas reformas. Tengo curiosidad por saber, y lo digo sin ironía, si estas ideas y propuestas también las planteaba en su época de ministro, ya que tuvo varias carteras a lo largo de la década de los noventa.
En otro de sus números (T.Q., núm. 417) se hablaba de los marroquíes que se convierten al cristianismo a pesar del acoso y de las amenazas de muerte reiteradas que reciben.
La expulsión, del todo incomprensible, de algunos ciudadanos europeos y americanos por supuesto proselitismo no cambiará en nada, más bien al contrario, la determinación de la gente que, dándose la libertad de escoger –faltaría más– elige cambiar de religión.
Por otro lado, en el núm. 427, se recogía la noticia de que la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC) había celebrado los días 28 y 29 de mayo un coloquio sobre el aborto. Se decía que, como sucede frecuentemente en el islam, las interpretaciones varían. Los sunitas pertenecientes a la escuela Malikí, mayoritarios en el Magreb, condenan el aborto desde la concepción; las escuelas Hanibal y Shafi’í lo autorizan los primeros 40 días del embarazo; mientras que la escuela Hanifa los 120 primeros días. El sociólogo Abdessamad Dialmy opinaba que el legislador no debe ser prisionero de la opinión malikí.
Abdellah Tourabi, politólgo especializado en el mundo árabe y musulmán, escribía (T.Q., núm. 358) que el Corán siempre ha sido objeto de lecturas, interpretaciones y visiones diametralmente opuestas. Algunas pueden enfatizar la paz, la tolerancia y la justicia y otras legitimar la opresión, la violencia y el oscurantismo. Aboga por una lectura racional y no literal. En definitiva, cree que es necesario leer el texto sagrado de los musulmanes teniendo en cuenta las necesidades de nuestro tiempo.
Concluyendo: el debate existe, el islam se cuestiona, el comportamiento religioso de la población se estudia. Otra cosa es lo que el psicoanalista egipcio Moustapha Safouan denunciaba en un entrevista concedida a este magacín (núm. 358). Decía que las fuerzas políticas de los países árabo-musulmanes controlan la religión para ganar legitimidad y protegerse.
Ahora sí, cambio de orilla.
Me atrevería a afirmar que muchos de los que algún día decidimos –o decidieron por nosotros– salir del país, lo hicimos con el
anhelo de más libertad. Y, por esto mismo, a muchos nos escandaliza y nos indigna que existan líderes religiosos que aquí, en Europa, quieran apoderarse del islam y aprovechen las frustraciones y las necesidades espirituales de muchos musulmanes para intoxicarles con interpretaciones violentas del Corán. Defienden una religiosidad incompatible con los derechos y las obligaciones de un país democrático. Y, lo peor, zanjan cualquier debate diciéndonos lo que el islam permite o prohíbe. En estos días pienso especialmente en Abdelwahab Houzi, imán del oratorio más grande de Lleida, clausurado por el Ayuntamiento por exceso de aforo y
reabierto el día 9 de este mes. Estas semanas ha sido noticia porque se ha dedicado a echarle un pulso al alcalde de la ciudad en vez de predicar la cultura de la paz y el diálogo con sus feligreses. Parece ser que su islam no entiende de diálogo y sí de confrontación y coacción al ayuntamiento y también a una parte de la comunidad musulmana, a la que divide en función del grado de sumisión a su dogma.
Gente como este líder religioso es peligrosa y hay que decirlo en voz muy alta.
Procurarle al islam un lugar digno en Europa es también no ceder al chantaje de los fanáticos.
Saïd El Kadaoui es psicólgo y escritor
Ilustración de Javier Jaén
RICARD VINYES
Las insistentes noticias que desde hace unos años han circulado sobre extravíos y desapariciones de menores durante la posguerra española generan con frecuencia asombro, extrañeza e incluso escepticismo, a pesar de la solidez de los datos documentados. Resultante de esa extrañeza surge una reflexión condescendiente. Quizá sea cierto, pero probablemente sucedió en casos aislados, provocados por los efectos sociales de una derrota, la desbandada que le sigue y la intensa miseria material y humana que la acompaña. Como consecuencia de ello ocurrió, probablemente, ese episodio terrible, ese episodio reprobable, ese episodio de todas las posguerras.
Sin embargo, extravíos, pérdidas y desapariciones infantiles no sucedieron como efecto natural de la miseria y el desorden de cualquier posguerra, no fueron el resultado de una derrota, sino de una victoria. Su realidad no fue un episodio, sino un proyecto organizado y bien estructurado para conseguir la reeducación masiva, la transformación de existencias.
Cuando las deportaciones y pérdidas infantiles en España han aparecido como una realidad masiva empíricamente comprobada, ha surgido rápidamente la analogía argentina. No es extraño, porque ha sido el caso más conocido gracias a la persistencia de los familiares organizados en efectivas asociaciones que difundieron las noticias y reclamaron a hijos y nietos. Sin embargo, las diferencias entre ambos casos son muy grandes.
De Argentina procede el primer estudio elaborado que tenemos sobre desapariciones políticas, me refiero al informe presentado por la Comisión Nacional sobre la Desa-
parición de Personas, presidida por Ernesto Sábato y publicado en 1985. La comparación entre las seis tipologías establecidas en el informe argentino y las tipologías propias del caso español ayuda a comprender la lógica interna de una zona de riesgo de desaparición y los caminos que llevan a ella.
Pero en el caso español la comparación permite entender la segregación, incluso la pérdida, no como un accidente derivado del desorden social de posguerra –con la consiguiente banalización de los hechos–, ni tampoco como una persecución, sino como un elemento estructural de las prácticas represivas del nuevo Estado. Estas prácticas fueron moralmente justificadas y argumentadas en una teoría social –la Segregación Total– creada en origen por el Ejército sublevado gracias a un instrumento institucional –el Instituto de Investigaciones Psicológicas, constituido en 1938 por mandato del general Francisco Franco en el telegrama 1565– y desarrollada posteriormente por las instituciones del Estado, su burocracia y un ordenamiento jurídico específico.
En Argentina, las desapariciones fueron resultado de practicar la guerra sucia contra aquellos que eran considerados incómodos para el régimen, bajo el nombre global de “izquierdistas” o “subversivos”. En España no. La pérdida y desaparición procedió del proyecto de purificación pública del país. Es decir, de la depuración que el Estado consideró necesario establecer con la división estructural entre vencedores y vencidos. Por tanto, la clandestinidad de las actuaciones argentinas no existió en España. Jamás hubo Centros Clandestinos de Detención; muy al contrario, fue el nuevo Estado quien efectuó la institucionalización del proceso legal, administrativo y burocrático que facilitó las deportaciones y pérdidas infantiles; y se mostró orgulloso de ello, presentándolo como un acto benéfico.
La violación de los derechos humanos en el caso español fue tan sistemática y exhaustiva, en tiempo de paz, como lo permitieron las posibilidades del Estado. Sus actos no fueron esporádicos, ocasionales o accidentales, sino deliberados y organizados legalmente, excepto en el caso de los raptos producidos en distintos países europeos por agentes del Servicio Exterior de Falange, donde sí tuvieron que actuar clandestinamente para efectuar el secuestro, según describe un sorprendente, exhaustivo y tremendo informe de dicha organización, fechado en 1949.
Los desaparecidos, en un contexto represor general, deben ser considerados como una categoría de “maltratados” que deja de tener presencia física o civil, ese es el caso argentino. Pero en el español, el elemento esencial, lo relevante y genuino, no fue la desaparición física o civil, sino la proscripción civil, la cual se mantendrá toda la vida: un hijo de rojo, un hospiciano del Auxilio Social o convento será siempre portador del estigma. El comandante psiquiatra AntonioVallejo Nágera lo describió de maravilla: “Y legarán a sus hijos un nombre infame: los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados”.
Por ese motivo la singularidad del caso español en ese asunto consiste en que el franquismo construyó una culpa pública e histórica, la redención de la cual tan sólo era posible sufriendo y participando en la obra del Estado, convertido en redentor con la inestimable, desinteresada e imprescindible ayuda de dios.
Pero sí hay algo en común. El texto de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) concluye: “Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento”. Lo escribió Sábato en aquel informe, y eso sí puede escribirlo también cualquiera de nosotros.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustración de César Vignau
VICENÇ NAVARRO
Existe una interpretación de la crisis económica y financiera española, muy generalizada en los establishments financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea (y también de España), que atribuye tal crisis al excesivo gasto público (incluyendo el gasto público social de su Estado del bienestar), financiado a través de un elevado endeudamiento público que ha alcanzado niveles insostenibles. De esta interpretación deriva la percepción de que en España estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, exigiéndose como medida de resolución de la crisis la implementación de políticas de austeridad y reducción de gasto público. Los datos, sin embargo, no apoyan tales tesis.
España tiene uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Según los últimos datos de la UE-15 (el grupo de países de nivel de riqueza más similar al nuestro), España tiene un gasto público social por habitante de 5.526,4 euros estandarizados (moneda utilizada para comparar la capacidad adquisitiva del euro en países con distinto nivel de vida), la cifra más baja de la UE-15 (cuyo promedio es 7.464,3). En realidad, España se gasta en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Lo cual quiere decir que nos gastamos nada menos que 68.000 millones de euros menos de lo que debiéramos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. En realidad, España tiene recursos (para mantener e incluso ampliar su subdesarrollado Estado del bienestar), pero lo que pasa es que, en contra de lo que sostiene el dogma neoliberal, vive por debajo de sus posibilidades. El problema no está en que España no tenga recursos. El problema está en que el Estado (central, autonómico o local) no los recoge. Las sucesivas reformas fiscales llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y socialistas determinaron una gran regresividad fiscal y una disminución de la capacidad de generar recursos por parte del Estado.
Un tanto semejante ocurre en cuanto al supuestamente hiperbólico endeudamiento público. La deuda pública en España bajó durante el periodo 2000-2007, pasando de ser el equivalente al 59,3% del PIB al 36,2%. El déficit del Estado bajó también, alcanzándose un superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Tanto la deuda como el déficit eran de los más bajos de la UE-15. De ahí que el argumento de que la crisis (que comenzó en 2007) la generó el excesivo gasto público (incluyendo el social) o la exuberante deuda pública no tenga ninguna validez.
Las causas de la crisis en España han sido la explosión de dos burbujas. Una fue la inmobiliaria (tal sector inmobiliaria-construcción creció del 7,5% del PIB en 2000 al 10,8% en 2006), que, al explotar en 2007, generó un descenso de su actividad económica de un 87%. La otra burbuja fue la bursátil, que había alcanzado un máximo del 125% del PIB en 2007 y cayó hasta un 54% del PIB. Estos estallidos de las burbujas crearon un enorme vacío de la demanda (que se había ido acentuando ya antes, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital), que sólo la intervención del Estado puede resolver. De ahí que recortar el gasto público ahora que hay una muy escasa demanda es profundamente erróneo, pues agudizará la recesión.
El Center for Economic and Policy Researh de Washington D.C. (en cuyo consejo director hay dos premios Nobel de Economía, Robert Solow y Joseph Stiglitz) acaba de publicar un informe sobre la situación de la deuda pública española donde sus autores, Mark Wesisbrott y Juan Montecino, además de criticar las políticas de austeridad exigidas a España por la UE y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizadas por el Gobierno español, presentan varias alternativas para salir de la crisis –“Alternativas a la austeridad fiscal de España” (27-07-10).
Prologan sus propuestas con la observación de que la deuda pública española no es excesiva. Pero más importante que la cifra de la deuda pública total o bruta es la deuda neta, es decir, la deuda que el Estado debe a los inversores privados y que es la que configura el valor de los intereses que el Estado debe pagar a los compradores de los bonos del Estado. En España, la deuda neta es baja (más baja, de nuevo, que el promedio de la UE-15). A pesar de ello, los intereses de la deuda son altos, debido a que los mercados financieros no se fían de que el Estado pueda pagarla como consecuencia de lo que llaman la “fragilidad de la economía española”, la manera diplomática de decir que no estamos creciendo. De ahí la enorme importancia de estimular la economía.
Pero para hacerlo se necesita un cambio en el comportamiento de las instituciones europeas incluyendo el Banco Central Europeo (BCE), el cual, por paradójico que parezca, no actúa como un banco central de la UE. Si lo fuera haría lo que un Banco Central hace, es decir, ayudaría al Estado, tal como hace el Banco Central de EEUU
–el Federal Reserve Board (FRB)–,
mediante, por ejemplo, la impresión de moneda con la que comprar deuda pública del Estado. El Estado federal estadounidense ha impreso moneda equivalente al 8% del PIB, comprando con ella deuda pública, además de ayudar a las empresas productivas y también a la banca (pasándose de generosa en esta ayuda). En la UE, el Banco Central sólo ha ayudado a la banca (también en términos muy generosos) y sólo últimamente, y a regañadientes, a los estados. Weisbrott y Montecino calculan que, si el BCE comprara en dos años una cantidad de deuda pública española equivalente a un 4% del PIB (transfiriendo los intereses de la deuda al Estado español, tal como hace el FRB) permitiría la inversión de un 3,9% del PIB en creación de empleo, estimulando el crecimiento económico y, con ello, la reducción del déficit. Alternativamente, el Estado español podría aumentar la deuda neta, incrementando la inversión pública para crear empleo. No hacerlo es un suicidio económico.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
ANTONIO ESTELLA
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, tuvo el mérito de revitalizar en 2008 una antigua discusión, promovida originalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre las nuevas bases para medir el progreso de nuestras sociedades. En efecto, Sarkozy convocó, en febrero de aquel año, a un grupo de sabios liderados por el profesor Joseph Stiglitz para hacer un ejercicio aparentemente técnico pero de un calado normativo y prospectivo de la mayor intensidad. Sarkozy les pidió a los sabios la elaboración de un informe en el que se propusiera una nueva forma de medir el desarrollo económico y el progreso social. Es decir, en lugar de solicitar un informe sobre las nuevas concepciones de desarrollo económico y progreso social en el mundo, se solicitó un informe sobre una nueva forma de medir el progreso económico y social.
Sin embargo, bien es cierto que una cosa lleva, de forma completamente natural, a la otra: si decimos que hay que adoptar nuevas mediciones sobre el crecimiento económico, porque las que hay no capturan con suficiente intensidad determinadas variables, lo que estamos diciendo, en realidad, es que debemos cambiar no solamente la métrica, sino también nuestra propia concepción de lo que es la prosperidad.
La estrategia de poner el énfasis en la métrica, antes que en el concepto de prosperidad, parece, por tanto, una forma bastante inteligente de abordar el problema de fondo, que es el del cambio de nuestro modelo económico. Los propios miembros del panel así lo reconocen cuando dicen: “Este informe es sobre mediciones y no sobre políticas, y por tanto no discute cómo nuestras sociedades podrían avanzar a través de la acción colectiva hacia la consecución de determinados objetivos. Sin embargo, como lo que se mide de manera inevitable conforma lo que se pretende conseguir (…), el informe y su implementación puede tener un impacto significativo en la forma en la que nuestras sociedades se miren a sí mismas y, por tanto, en la forma en la que las políticas [económicas] se diseñen, implementen y valoren”.
¿Qué tipo de mediciones proponen estos expertos, y qué desarrollo ha tenido esta cuestión? En esencia, lo que este panel de expertos propone es que no se insista tanto en medir el crecimiento económico, entendido en términos de producción, y se pase a un tipo de medición que nos hable del bienes-
tar de la gente. Además, añaden que la medición del bienestar de la gente debe situarse en un contexto de “sostenibilidad”. Bienestar y sostenibilidad, pues, como grandes ejes de nuestras nuevas mediciones (léase: como grandes ejes de nuestro nuevo modelo económico). El mensaje es, por tanto, claro: si conseguimos sociedades con más bienestar y más sostenibles, tendremos un mundo más próspero. Si por el contrario fracasamos, tendremos más de lo mismo: crecimiento medido en términos, simplemente, de lo que somos capaces de producir, y no de cómo repercute ese crecimiento en nuestro bienestar y en el de las siguientes generaciones.
Más concretamente, cuando hablan de bienestar, los expertos a los que me refiero señalan que se trata de un concepto multidimensional, que incluye variables como el estándar de vida de la gente (aspectos materiales como la renta, el consumo, o la riqueza) pero también otros aspectos como la salud, la educación, las actividades personales, la participación política y la gobernanza, el capital social, el medio ambiente, la seguridad…Por otro lado, cuando hablan de sostenibilidad, no solamente hablan de cuestiones medioambientales, sino, además, de la necesidad de crear un stock suficientemente amplio de capital humano, social y físico. Es decir, cuando hablan de sostenibilidad, de lo que en realidad están hablando es, ni más ni menos, que de recuperar el compromiso ético y moral que las generaciones presentes deberíamos tener y mantener con las futuras.
Los trabajos de la comisión liderada por Stiglitz han revitalizado, como decía antes, la discusión que se llevaba produciendo sobre esta cuestión en el seno de la OCDE desde hace tiempo. De esta manera, la Comisión Stiglitz se ha vinculado al Foro Mundial que la OCDE
ha promovido sobre la materia. Por su parte, en nuestro país ya se ha iniciado el trabajo para disponer de un informe como el de la Comisión Stiglitz, dirigido por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, el Instituto Nacional de Estadística y el Club de Roma. Este proceso cuenta, además, con el apoyo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Pero, por ahora, lo cierto es que el debate es un debate de expertos que ha tenido poca relevancia en el ámbito político, no digamos ya entre la opinión pública.
Demos por buena la estrategia de la Comisión Stiglitz y pongamos, esta vez al menos, los bueyes delante del carro. Hablemos de una nueva métrica de la prosperidad como forma de hablar de las nuevas bases sobre las que se asiente el nuevo modelo económico que emerja tras esta crisis que padecemos. Si al final conseguimos crear sociedades que produzcan bienestar duradero para todos y cada uno de nosotros, y no simplemente sociedades cuyos ciudadanos sean piezas más o menos permutables de una gran maquinaria orientada a producir por producir, podremos empezar a decir, ahora sí, aquello ya tan manido de que nada será igual tras esta crisis económica.
Antonio Estella es reponsable del Área de Internacional de la Fundación IDEAS
Ilustracion de Federico Yankelevich
VICENÇ NAVARRO
Una vez más se ha desatado una campaña de descrédito internacional contra el Gobierno de Chávez de Venezuela, intentando relacionar tal Gobierno con bandas terroristas colombianas. El presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe (pocos días antes de traspasar su mandato al nuevo presidente, Juan Manuel Santos) publicó toda una serie de fotografías y documentos que, supuestamente, mostraban tal apoyo del Gobierno de Chávez a los terroristas colombianos. Y, como era de esperar, los medios escritos y televisivos españoles de mayor difusión colaboraron extensa y activamente en esta campaña anti Chávez.
Lo que tales medios no han dicho es que esta campaña no es nueva. Todo lo contrario, era muy predecible. Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de América Latina, había predicho hace ya varios meses en el rotativo británico The Guardian que estas acusaciones aparecerían ahora, cuando la nueva asamblea (la Asamblea Nacional) será elegida en septiembre. Venezuela ha tenido 13 elecciones o referendos desde que el presidente Chávez fue elegido en 1998. Y cada vez, antes de las elecciones, se han hecho las mismas acusaciones de complicidad del Gobierno Chávez con los terroristas y/o con el narcotráfico colombiano. No era, pues, de extrañar que aparecieran de nuevo, y así ha ocurrido. La historia se repite.
Pero ¿hay algo de cierto en ello? No, según una de las personas que probablemente sabe más sobre este asunto, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de EEUU, responsable de vigilar las actividades terroristas en el hemisferio sur. El pasado 11 de marzo, frente a las preguntas en el Senado de EEUU del senador John McCain (que fue candidato republicano a la Presidencia en las últimas elecciones de EEUU), sobre las conexiones del Gobierno de Chávez con las fuerzas terroristas, el general Fraser contestó (y cito textualmente): “Hemos estado vigilando la situación muy de cerca y no hemos podido comprobar que exista una conexión entre el Gobierno y los terroristas”. Esta contestación indignó al ultraderechista McCain, que llamó, en protesta, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El Departamento de Estado llamó al general al día siguiente y el jefe de la oficina latinoamericana, Arturo Valenzuela, le pidió a Fraser que, por razones políticas, utilizara otra expresión, diluyendo su negativa. Al día siguiente, el general Fraser corrigió su testimonio.
Otra voz nada sospechosa de simpatías chavistas es nada menos que Angelino Garzón, el nuevo vicepresidente del Gobierno colombiano bajo la Presidencia de Santos (sucesor de Uribe, del que fue su ministro de Defensa). Tal señor ha alabado a Chávez por haber alentado a las guerrillas colombianas (los llamados terroristas) a dejar las armas y abandonar su estrategia de lucha armada. En una entrevista a Radio Quito de Ecuador, Garzón dijo (y cito textualmente): “Yo valoro muy positivamente las declaraciones del presidente Chávez en las que les dijo a las guerrillas colombianas de que su lucha armada no tenía sentido”. En esta cita, el vicepresidente de Colombia hacía referencia a unas declaraciones que el presidente de Venezuela había hecho unos días antes, indicando que la lucha armada de las guerrillas estaba siendo utilizada por las ultraderechas en Latinoamérica –y apoyada por EEUU– para intervenir en América Latina. El presidente Chávez añadió: “No hay condiciones en Colombia para que puedan alcanzar el poder. Y están proveyendo la excusa para que el poder militar estadounidense penetre en Colombia y desde ahí ataque a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba”. Santos había invitado a Chávez a las fiestas de inauguración de su periodo presidencial, el 7 de agosto. En este contexto, las declaraciones de Uribe intentaron romper esta posibilidad de diálogo.
Venezuela tiene una frontera de 1.375 millas, gran parte de la cual limita con las selvas que bordean Colombia, de difícil penetración. El director de Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha indicado que “es difícil controlar aquellas fronteras. Uribe se enfada porque Chávez no controla el lado venezolano, pero el hecho es que Uribe tampoco puede controlar el lado colombiano”. En realidad, y tal como indica Mark Weisbrott (The Guardian, 28-07-2010), el Gobierno de EEUU tampoco puede controlar satisfactoriamente la movilidad de armas, drogas y personas en sus fronteras con México, y ello a pesar de tener más recursos y tecnología que el Gobierno venezolano.
Estos son datos que el lector no habrá leído en los medios españoles de mayor difusión. Otros datos que el lector tampoco ha leído en aquellos medios incluyen el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha criticado, una vez más, el deplorable estado de los derechos humanos en Colombia, definiéndolo como un Estado en que la impunidad en la violación de tales derechos caracteriza la situación en aquel país. El portavoz de tal comisión, Fabián Salvioli, presentó como ejemplo palpable de esta situación el caso de los “falsos positivos”, personas asesinadas por ser “terroristas” que no tenían nada que ver con la guerra en aquel país, asesinatos que se realizaron para poder mostrar éxitos en su campaña militar presentando a los asesinados como miembros de la guerrilla.
Y otra noticia silenciada es que el presidente Uribe amenazó al magistrado Yesid Ramírez por pedir al fiscal del Estado que investigase al hijo del presidente, Tomás Uribe, por corrupción y compra de votos en las elecciones de 2006.
Estas y muchas otras noticias no aparecen en los cinco rotativos de mayor difusión del país, cuya militancia anti Chávez diluye su supuesta imparcialidad informativa debida al público. El lector debería exigir mayor equilibrio en la cobertura que de la realidad dan los medios, pues es imposible saber lo que ocurre en el mundo, incluyendo Latinoamérica, sin una mayor diversidad en la información proveída en ellos.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University.
Ilustración de Mikel Jaso.
NICOLE THIBON
El 14 de julio, un barco fletado por Libia con ayuda humanitaria para la franja de Gaza atracó en el puerto egipcio de El Arish, después de que ocho buques de guerra israelíes lo hubieran rodeado previamente y, bajo amenaza de utilizar la fuerza, le impidieran continuar su travesía hacia el territorio palestino ocupado para descargar unas
2.000 toneladas de alimentos y medicinas. El 31 de mayo pasado, comandos armados israelíes interceptaron una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que trataba de romper el bloqueo israelí, en una operación en la que dieron muerte a nueve activistas turcos. “Descubrimos que hubo errores profesionales”, dijo el general Giora Eiland. Por otra parte, “volveremos”, dicen los activistas turcos, mientras varias tentativas –de Naciones Unidas, Irán, Libia, Catalunya y otras– se ponen en marcha con la intención de forzar el bloqueo israelí.
Sobre el bloqueo, son muchos los errores, mentiras y omisiones que circulan. “Nunca vi un Ejército tan democrático que se plantee tantas cuestiones morales”, escribe Bernard-Henry Lévy. Opinión tan firme no impide examinar los hechos.
La estrecha banda de Gaza, con un total de unos 370 kilómetros cuadrados, contiene 1,6 millones de habitantes y está sometida a un estricto bloqueo desde junio de 2007 –cuando Hamás llegó al poder– con el fin de debilitar el movimiento islamista responsable de disparar cohetes sobre su territorio. El 18 de mayo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió que se pusiera fin al bloqueo. Para Ban Ki-moon, el embargo israelí “no es sostenible”.
El último informe de la Comisión Europea sobre la banda de Gaza puntualiza lo que para Netanyahu no tiene otro objetivo que el defensivo y militar. Según este informe, todos los sectores económicos y sociales están afectados. En 2009, el paro representaba el 38,6% de la población activa, lo que situó a Gaza en el número 188 del rango mundial en este rubro. Un 70% de la población vive por debajo del límite de pobreza, y la Oficina de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estima en 300.000 el número de refugiados que viven en la pobreza más extrema, o sea, tres veces más que en 2007.
Para la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), más de un 60% de familias viven en estado de inseguridad alimenticia, y un 90% de la población depende de la ayuda de las agencias de la ONU. En febrero de 2009, había que recaudar urgentemente 479 millones de euros para que la población de Gaza no muriera de hambre. Sin embargo, la agricultura era uno de sus recursos no sólo para la alimentación local sino para la exportación. Sin las restricciones impuestas al transporte de mercancías, millones de toneladas de frutas y flores se podrían vender en el extranjero como en los años anteriores al bloqueo. Pero hoy un 46% de las tierras cultivables son inaccesibles y los agricultores ya no representan sino el 7,4% de la población –frente el 12,7% de 2007–. A causa de la limitación de las importaciones de ganado, de material de riego y de abonos, el sector agrícola está en estado catastrófico. Y así como las zonas cultivables, igualmente las zonas costeras se han reducido y la pesca ha menguado en un 47% en 2008 y 2009.
El sector industrial no sufre menos: el 95% de las 3.750 fábricas han cerrado o han sido destruidas, mandando al paro al 94% de sus obreros. Hay pérdidas en todos los sectores y, en particular, en la industria alimenticia (37,1 millones de dólares), la construcción, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. Según un informe del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), tres cuartos de las infraestructuras destruidas o dañadas por la operación militar Plomo fundido de diciembre de 2008 en la banda de Gaza no están reparadas, mientras que un 82,5% de las escuelas está en ruinas, como la mayor parte de carreteras y puentes. “Las restricciones en la importación de cemento hacen imposible reconstruir 12.000 casas dañadas o destruidas” en dicha operación.
Por razones de seguridad, Israel rehúsa publicar la lista de artículos autorizados o prohibidos, que fluctúan según el momento. Según el periódico israelí Haaretz, 40 productos estarían hoy autorizados (80, según la BBC), eran 4.000 antes del bloqueo. La interdicción afecta evidentemente todo lo que pueda servir para fabricar explosivos y cohetes. Pero también los “productos de lujo” como el cilantro, el chocolate y el café soluble, “que no serían consumidos por el público sino solamente por los dirigentes de Hamás ricos y corrompidos”, explicaba hace poco un comandante del Ejército israelí. “No hay crisis humanitaria en Gaza”, afirmaba recientemente Daniel Carmon, embajador adjunto de Israel ante Naciones Unidas. ¿Es una opinión o un hecho?
“Desde un punto de vista moral y humanitario, es inconcebible castigar a la población civil de Gaza por querer penalizar a sus dirigentes. Pero Gaza no es un problema humanitario, es un problema político” sostiene Robert Malley, ex consejero de Bill Clinton y actual director para el programa sobre Oriente Próximo del International Crisis Group. “La política llevada a cabo hasta hoy está en punto muerto… Es el resultado de la actitud de varios actores, inclusive Estados Unidos, Europa y países árabes. ¡El fracaso moral, humanitario y político en el tratamiento de la cuestión de Gaza debería ser tema para una comisión investigadora!”.
Más que una opinión, esto es una propuesta. ¿Constructiva?
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Jordi Duró
Richard Gowan 
Rara vez la Corte Internacional de Justicia atrae la atención de los medios. Su decisión de que la declaración de independencia de Kosovo no fue ilegal ha suscitado la especulación (en gran medida alarmista) sobre la posibilidad de que otros movimientos separatistas sigan el ejemplo de Kosovo.
Los hechos de la semana pasada provienen directamente de la campaña de represión de Yugoslavia contra la población albana en los años noventa. Si las fuerzas de seguridad de Slobodan Milosevic hubieran mostrado un poco de moderación en aquel momento, hoy Kosovo sería, incontestablemente, territorio serbio.
Es fácil minimizar las atrocidades yugoslavas retrospectivamente. En medio de la crisis de 1999, los rebeldes de Kosovo (muchos de ellos hoy en el Gobierno) manipularon la crisis y llevaron a cabo sus propias atrocidades contra los serbios en cuanto tuvieron ocasión.
Aun así, a pesar de la complejidad del caso de Kosovo, el hecho de que Yugoslavia utilizara brutales tácticas para suprimir a los albanos transformó un conflicto local en una crisis internacional.
Es muy importante recordar esta lección cuando asistimos a nuevos ataques a minorías, como la persecución de la minoría uzbeca en Kirguistán de este año, en la que más de 2.000 civiles han muerto a causa de la violencia de las fuerzas de seguridad kirguises el pasado junio. Y la persecución continúa.
Hasta la fecha, poco han hecho las principales potencias para solucionar la crisis de Kirguistán, salvo enviar ayuda humanitaria y autorizar una pequeña misión policial para supervisar la evolución de la situación. Esta reticencia no es sorprendente. Con los presupuestos militares recortados a causa de la crisis financiera, y la guerra de Afganistán yendo tan mal, la intervención humanitaria se ha quedado fuera de la agenda.
Las cuestiones de derechos humanos y las tensiones interétnicas reciben cada vez menos atención por parte de las capitales occidentales. Los activistas acusan a la Administración de Obama de priorizar las buenas relaciones con las grandes potencias intolerantes, como Rusia y China, en detrimento de las causas justas. Los países que lideran la UE han adoptado una línea pragmática similar. Por su parte, Alemania está centrada en reforzar sus lazos con Rusia.
Occidente parece haber aceptado que presionar a países como Burma, Sudán o Zimbabwe a cuenta de los derechos humanos es contraproducente: ahora se estila la diplomacia silenciosa con los regímenes incómodos. Puede que esto sea inevitable: cada vez es más difícil desautorizar a los gobiernos africanos y asiáticos, que prefieren una aproximación más tranquila. En las Naciones Unidas, las grandes democracias no occidentales –incluyendo a Brasil, India y Suráfrica–, se alinean junto a China y Rusia contra cualquier asunto que parezca una interferencia de Occidente en los asuntos de otros países. Algunos alegan que aquel énfasis en los derechos humanos era contraproducente. Paul Collier, de la Universidad de Oxford –a día de hoy probablemente el académico más influyente en aspectos de desarrollo– ha argumentado que un grado de represión por parte de los gobiernos quizás sea el precio que merece la pena pagar para evitar el gran horror de una guerra civil.
Esto puede ser cierto en teoría, pero existe un problema en la práctica. ¿Qué se supone que debemos hacer en casos como el de Kirguistán, donde el abuso en materia de derechos humanos es claramente el detonante del conflicto? ¿Y qué ocurre con un caso como el de Sudán, donde la escalada de violencia interétnica crece en el sur del país, en vísperas de un referéndum de secesión para la región en enero de 2011?
Por si estos escenarios pudieran parecer demasiado ajenos a los intereses nacionales europeos como para preocuparse por ellos, podemos añadir Irak a la lista. A medida que las fuerzas estadounidenses abandonan el país, el peligro de un estallido de violencia entre los kurdos y los árabes va creciendo, avivando a su vez la inestabilidad en las áreas kurdas de Turquía e Irán. Esta situación podría hacer estallar una ulterior ola de violencia en la región.
En todos estos casos parece que no va a funcionar intentar construir y reforzar complejos marcos legales para defender los derechos humanos y a las minorías. Y tratar de resolver los conflictos redibujando el mapa, al estilo Kosovo, podría causar más daño. Aunque probablemente la independencia de Kosovo no llegará a desestabilizar los Balcanes, tratar de forjar un estado kurdo independiente en Irak sería la receta para una guerra general.
Los gobiernos europeos, mientras tanto, deberían dedicar más esfuerzos a analizar cómo las violaciones y los conflictos étnicos pueden desestabilizar la ultraperiferia, la zona comprendida desde el norte de África hasta Asia central, y preparar a los mediadores para que puedan afrontar nuevas amenazas a medida que surgen. Esto debería ser prioritario para el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, que ganaría credibilidad a ojos de los gobiernos extranjeros si pudieran atajar este tipo de crisis.
En un momento de congelación de presupuestos, invertir más en la prevención de conflictos y en la promoción de los derechos humanos puede ser algo difícil de vender, pero la alternativa es una nueva generación de Kosovos.
Richard Gowan es investigador principal del European Council on Foreign Relations
Traducción de Borja Novoa
Ilustración de Javier Olivares
PEDRO ZEROLO
La Conferencia Internacional sobre el Sida, celebrada la semana pasada en Viena, ha puesto de manifiesto la preocupación de los organismos internacionales encargados de minimizar el impacto de esta pandemia y de los propios activistas ante el hecho de que la actual situación de crisis global pueda, como está ocurriendo y denunció el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, detraer recursos económicos destinados a tratar de frenar la extensión de una enfermedad que afecta a 33 millones de personas, de las que más del 50% desconoce su estado serológico, y que en tres décadas ha ocasionado la muerte a 25 millones de mujeres y hombres.
El lema de la conferencia ha sido “Derechos aquí y ahora”, pero, como hemos denunciado muchos participantes, no hay derechos cuando diez millones de personas no pueden recibir tratamiento.
Se estima que más de cinco millones de personas recibían ya tratamiento contra el VIH a finales de 2009, un millón más que el año anterior. A pesar de que el dato es positivo, sólo representa un tercio de las personas que deberían estar recibiendo tratamiento con urgencia. Son cifras aportadas por los expertos que han participado en esta conferencia. A la vista de estos datos, estamos lejos de conseguir la meta fijada hace una década por los líderes mundiales de que en 2010 el tratamiento debería ser universal. Según las últimas estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (ONUSIDA), el acceso al tratamiento podría evitar diez millones de muertes antes de 2025 y un millón de nuevas infecciones. Por ello, debemos seguir trabajando por la cobertura universal en el acceso a los tratamientos; debemos reducir la transmisión sexual del VIH y promover su detección precoz. Además, está en nuestras manos luchar contra el estigma y la discriminación que aún hoy existe ante la pandemia y que invisibiliza a las personas que viven con el VIH, y podemos y debemos capacitar a los jóvenes para que se protejan frente al VIH.
En mi encuentro con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, abordamos algunos de los retos y preocupaciones que tiene por delante este organismo, y que sin duda compartimos. El primero es el reto de mantener el VIH y el sida en la agenda política de los gobiernos, algo que siempre ha sido difícil, pero que ahora, ante las nuevas prioridades políticas producidas por la crisis, corre el riesgo de convertirse en una tarea aún mayor. El segundo aspecto, relacionado con el anterior, se centra en la necesidad de dar un fuerte impulso al activismo social en torno a esta pandemia, explorando nuevas formas en su desarrollo que permitan aumentar su liderazgo social, un activismo que hoy más que nunca se hace necesario renovar para seguir presionando a los gobiernos a que mantengan sus compromisos con el VIH. Finalmente, otra de las preocupaciones de ONUSIDA se centra en la dificultad de concienciar a los gobiernos para que los recursos destinados a la prevención vayan encaminados a financiar programas en aquellas poblaciones más vulnerables al VIH. Se trata de una mala praxis que también existe en América Latina y el Caribe. Según las últimas tendencias epidemiológicas de 2009 para esta región, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres conforman la mayor proporción de las nuevas infecciones y su probabilidad de contraer el VIH es tres veces mayor, seguidos por las personas que ejercen la prostitución y los usuarios de drogas inyectables. Pues bien, a pesar de estos datos, sólo una insignificante fracción de los programas de prevención del VIH desarrollados por los gobiernos de la región están orientados a estas poblaciones, algo que sin duda dificulta, cuando no hace imposible, que podamos invertir el curso de la pandemia en esta zona. No debemos olvidar que el Caribe es, después del África subsahariana, la zona más afectada por el VIH y ocupa el segundo lugar entre las prevalencias más altas en adultos, lo que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar programas preventivos con las poblaciones afrodescendientes e indígenas, que son también otro de los ámbitos olvidados de esta pandemia.
Pensábamos que la anterior Conferencia Internacional de 2008, celebrada en México, supondría un verdadero cambio de rumbo en el desarrollo de las políticas regionales en materia de prevención, pero lamentablemente este cambio no se ha producido, y son ya muchos los activistas que alzan su voz para denunciar que el machismo, el racismo, la homofobia, la transfobia…, así como el prejuicio y el desinterés de una mayoría de gobiernos latinoamericanos, están provocando lo que ellos denominan “genocidio silencioso” de estas poblaciones. Tenemos ante nosotros el desafío de impulsar los cambios razonables para evitar que esta situación se prolongue por más tiempo, así como empezar a trabajar desde ahora para que los retos y necesidades que esta pandemia provoca en Latinoamérica emerjan con fuerza en la próxima Conferencia Internacional de Washington en 2012.
Pedro Zerolo es embajador de ONUSIDA para América Latina y el Caribe y Secretario Federal de Movimientos Sociales del PSOE
Ilustración de Miguel Ordoñez
PERE VILANOVA
La decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya (TIJ) era muy esperada, y no sólo por las partes en el contencioso en torno a la proclamación de independencia de Kosovo. Las razones son obvias, dado el valor simbólico de dicha decisión jurídica, y las diversas actitudes adoptadas por muchos gobiernos al respecto. De ahí el insólito caso de la Unión Europea, cuyos miembros han estado divididos en dos grupos de veintidós a cinco (entre ellos España). Que la Unión Europea lleve diez años intentando construir una política exterior y de seguridad común (ahora, con el Tratado de Lisboa, la Política Común de Seguridad y Defensa), y en un caso como el de Kosovo tenga posiciones dispares, es muy significativo, pero es una cuestión política interna de la UE.
Sugerimos una lectura atenta (no se preocupen, ocupa 12 líneas) de la declaración de la alta representante Ashton. Subraya involuntariamente lo básico: la Unión Europea no reconoce ni deja de reconocer estados, esta es una competencia de cada uno de los estados soberanos que la componen. Si todos juntos deciden una cosa en este ámbito, ello tiene más peso político. Europa occidental ya estuvo dividida sobre la tragedia de Yugoslavia entre 1989 (cuando Belgrado derogó unilateralmente el estatuto de autonomía de Kosovo, ¡en marzo, casi dos años antes de las independencias de Eslovenia y Croacia!) y 1995.
El TIJ ha convertido en el eje principal de su dictamen precisamente esta doble idea. Por un lado una declaración de independencia, en sí misma, no esta prohibida ni atenta contra ninguna disposición del derecho internacional (que el tribunal llama, en inglés, “ley internacional general”). Por otra parte, ningún Estado está legalmente obligado a reconocer (o a no reconocer) un nuevo Estado recién proclamado. En su momento procesal, cuando Naciones Unidas admite en su seno un nuevo Estado, se formaliza así la normalización de la nueva entidad internacional. Pero el tribunal recuerda que una cosa es la proclamación de independencia y otra el reconocimiento de este nuevo Estado. Kosovo ya está reconocido, antes de esta decisión jurídica, por 69 estados, y reúne todos los elementos doctrinales que estipulan las teoría jurídicas declarativa y constitutiva (territorio, población, instituciones públicas) en esta materia.
La decisión del TIJ es muy precisa, y no cabe sino recomendar su atenta lectura: se aprende mucho de derecho internacional y de sentido común. El TIJ recuerda que es competente para pronunciarse, aunque en este caso mediante dictamen no vinculante (para ello es necesario el consentimiento expreso de las partes), establece una muy completa relación de precedentes y recuerda que esta competencia le da derecho a pronunciarse estrictamente sobre lo que se le pregunta. Es decir, no se concede a sí mismo ninguna potestad expansiva. No se olvide que la iniciativa de llevar el tema al tribunal es de Serbia, y que los términos de la demanda los estableció Serbia. Y en este sentido, el tribunal contesta con toda precisión: Serbia puede considerar que, en relación a su ordenamiento interno, Kosovo no tenía ese derecho a la secesión. Pero en sede de derecho internacional, esa proclamación no contraviene ninguna disposición jurídica vigente. El TIJ, en su rigurosa argumentación, no deja ningún extremo por contestar, y entra en el tema de la integridad territorial de un Estado soberano. Y recuerda que la competencia de Naciones Unidas (y de su Consejo de Seguridad) en materia de garantizar dicha integridad territorial se aplica pero exclusivamente en las relaciones entre estados soberanos, es decir, en caso de agresión, anexión o despiece territorial de un Estado por otro u otros. De lo que se deduce que, en síntesis, la secesión de Kosovo es una cuestión que durante una larga etapa es de orden constitucional interno de Serbia, pero, como bien explica (con un nivel de detalle abrumador) el TIJ, a partir de 1999 –al pasar Kosovo a una administración internacional directa por parte de Naciones Unidas–, entra en una fase diferente, con un mandato expreso del Consejo de Seguridad para buscar una forma de solución política definitiva.
El TIJ, por cierto, reivindica el buen nombre de Martii Ahtisaari (denostado injustamente dentro y fuera de Kosovo por mucha gente), que se limitó a cumplir el mandato que le dio Naciones Unidas a final de 2005 para encarrilar el futuro de Kosovo. Su dictamen no era vinculante, pero el tiempo ha confirmado su diagnóstico.
Ahora asistiremos a un torrente de debates basados en agravios comparativos y analogías abusivas. Sería interesante, en estos debates, saber cuántos habrán leído la sentencia además de opinar sobre ella. Pero es inútil esperar racionalidad en cosas tan sensibles políticamente. El mundo, entre 1945 y 2010, ha visto cómo Naciones Unidas ha pasado de 51 estados a 192, y el TIJ también recuerda multitud de casos y de supuestos: pocas veces estos procesos han sido pactados o sin graves desacuerdos; Naciones Unidas no crea estados, sino que levanta acta de su reconocimiento por otros estados en su momento; y –el TIJ insiste en ello– cada caso es ad hoc. Es decir, lo de Kosovo es un caso específico y no tiene más valor de precedente que otros casos anteriores. Todos distintos. Invocar el derecho para proclamas políticas apresuradas es imprudente e improcedente, sobre todo sin haber fundamentado bien dicha invocación. El derecho internacional necesita ser tomado en serio, y sólo los estados pueden apuntalarlo. A ver si nos ponemos a ello.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la Universitat de Barcelona
Ilustración de José Luis Merino
