JUAN LÓPEZ DE URALDE
A estas alturas y con la que está cayendo, todavía hay quien no ve la estrecha relación entre la crisis económica y el deterioro ecológico global. Inmersos como estamos en un modelo cuyo motor es el crecimiento continuado y cuya fuente de energía es fundamentalmente combustible fósil, la base física sobre la que nos asentamos muestra síntomas evidentes de agotamiento que están teniendo un impacto mesurable en la actividad económica. Además, los residuos de esta actividad contaminan gravemente el mundo, poniendo en riesgo nuestra supervivencia.
Las enormes desigualdades sociales y económicas, consecuencia de este modelo injusto, se ven ahora agravadas por una crisis ecológica que no tiene precedentes y que afectará aún más a los más desfavorecidos, haciendo todavía más grande ese abismo social.
La crisis de las hipotecas subprime de 2008 en Estados Unidos comienza con el incremento de los precios del petróleo, que induce la subida de los tipos de interés. A partir de ahí, miles de personas no son capaces de hacer frente a sus hipotecas y estalla lo que sería el comienzo de la actual situación. La evolución de los precios de un combustible como el petróleo está cada vez más en la trastienda de la situación económica global. La Agencia Internacional de la Energía advierte de una nueva fase de subida de precios del crudo, consecuencia de una mayor demanda. Lo mismo está ocurriendo con algunos minerales básicos, cuyo precio sube sin freno.
Hasta hace unos años, el precio del petróleo se había modulado con alzas de producción cuando se producían picos de demanda o bajándola para evitar el hundimiento del precio del barril en momentos de menor consumo. Sin embargo, la flexibilidad de la producción al alza se agota, ya que hay serios indicios de que estamos en el llamado “pico del petróleo”; es decir, máxima producción posible sin que se disparen los costes de producción. Por ello el alza de precios actual puede continuar sin freno y generar nuevas alzas de la inflación y los tipos de interés, arrastrando nuevamente el resto de actividades.
En este contexto se hace especialmente visible el error que supone recortar las ayudas a las fuentes de energía renovable, como ha hecho en los últimos meses el Ministerio de Industria. Las fuentes de energía renovable son el único instrumento de que dispone nuestro país para reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Por ello las decisiones que se toman basadas en el coste de los apoyos públicos al desarrollo de estas fuentes de energía deberían tomarse en función de las tendencias de coste de ambas alternativas (fósil y renovable) y no exclusivamente por el coste puntual. Recordemos también que, desde el punto de vista del empleo, las energías renovables son las que más generan por kilovatio producido frente a otras alternativas. Siendo la creación de empleo un objetivo prioritario, no parece tampoco inteligente el recorte al que se han visto sometidas.
Pero, con todo, el principal impacto ecológico en la economía global viene ya del cambio climático. Recientemente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido de la subida de los precios de los cereales como consecuencia de las malas cosechas de 2010. Esas cosechas desastrosas han sido, según reconoce la FAO, consecuencia en muchos casos de condiciones climáticas adversas. El aumento del precio de los cereales tendrá efectos dramáticos para millones de personas y una vez más se verán más afectadas precisamente las más desfavorecidas. Es posible que esta situación sea la causa de nuevas y masivas hambrunas en este año. En todo caso, va a hacernos la vida mucho más difícil.
Hasta ahora, el problema del hambre ha derivado de la mala distribución de la riqueza y, en especial, de los alimentos. Sin embargo, entramos en una nueva fase en la cual los fenómenos ambientales pueden provocar que la cantidad de alimentos no sólo esté mal distribuida, sino que sea insuficiente para alimentar a toda la población mundial. De hecho, parece que la subida del precio de los cereales ha sido uno de los detonantes de las revueltas sociales en Túnez y Egipto.
2010 ha vuelto a ser el año más cálido desde que se tienen registros. El cambio climático se está agravando y los resultados son cada vez más visibles. A pesar de ello, y de las consecuencias económicas y sociales del mismo, gran parte de la opinión pública, incluida la izquierda, sigue considerando esta cuestión un tema secundario.
La dimensión ecológica de la crisis económica es muy profunda. No hay salida a la actual situación sin un cambio que permita superar el modelo que está siendo la causa del agotamiento de los recursos de la Tierra y está saturando de contaminantes la biosfera y rompiendo los ciclos de la vida. Desde este punto de vista, un planteamiento en el que la visión ecológica debe ser central en la acción política en defensa de un mundo más justo es una necesidad. La ecología política no trata sólo de la protección de especies o de espacios, por otra parte tan necesaria, sino que busca la superación del actual modelo promoviendo un nuevo equilibrio entre la actividad humana y nuestro entorno. Sin resolver la crisis ecológica, no hay salida para la crisis económica ni social. Ni hay posibilidades de construir una sociedad mejor para todos.
Juan López de Uralde es director de Equo
Ilustración de Jordi Duró
VICENÇ NAVARRO
El retraso obligatorio de la edad de jubilación se basa en varios supuestos que son erróneos. Por ejemplo, se ha argumentado frecuentemente, por parte de aquellos autores que favorecen tal retraso, que, puesto que la población vive ahora muchos más años que antes, está también en condiciones de poder trabajar durante más tiempo. Se asume que, al haberse incrementado cuatro años la esperanza de vida en España en los últimos 20 años, la gente muere ahora cuatro años más tarde que hace 20 años, lo cual no es cierto. Los que hacen tal supuesto ignoran cómo se calcula la esperanza de vida de un país.
Supongamos que España tuviera dos habitantes: uno, Juanito, que muere al día siguiente de nacer y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España de dos ciudadanos, la esperanza de vida promedio sería de (0+80):2=40 años. Pero en un país vecino llamado Vecinolandia hay también sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que no muere al día siguiente de nacer, sino 20 años más tarde y la otra vecina, la señora Julia, que, como la señora María de España, muere a los 80 años. La esperanza de vida promedio de Vecinolandia es de (20+80):2=50 años, es decir, diez años más que en España. Pero esto no quiere decir (como constante y erróneamente se asume) que la señora Julia viva diez años más que la señora María. Lo que ha ocurrido es que la mortalidad de los infantes y jóvenes es mucho más baja en Vecinolandia que en España. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos 20 años: la mortalidad infantil y juvenil ha ido descendiendo, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Ni que decir tiene que los mayores (de 65 años y más) también han visto alargada su vida, pero mucho menos que los famosos cuatro años. En realidad, desde el año 1991
ha aumentado sólo 2,3 años.
Un segundo error que se hace es suponer que, puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Esto no es así. En realidad, la edad de envejecimiento se ha adelantado, en lugar de retrasarse.
Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez, investigadores del Centro de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han publicado recientemente el artículo “Mortality and Morbidity Trends: Is there compression of Morbidity?” (“Tendencias de mortalidad y morbilidad: ¿existe una reducción de la morbilidad?”) en la revista Journal of Gerontology (06-12-10) que analiza la evolución de los años de vida saludable (es decir, vida sin enfermedades) que tiene la población en EEUU. Pues bien, tal estudio concluye que una persona que tenga 20 años ahora, tendrá un año menos de vida saludable durante toda su vida que una persona de 20 años de hace diez años, y ello a pesar de que la esperanza de vida del primero sea mayor que la del segundo. Tales autores subrayan que es un error creer que el hecho de que las personas vivirán más años significa que van a vivir más años con salud. Tal supuesto asume erróneamente que las mismas causas que determinan que la población viva más años determinan también que sean años más sanos, lo cual no es cierto.
De ahí la importancia de tomar como indicadores de vida laboral potencial (es decir, el número de años que el trabajador puede continuar trabajando) el número de años saludables durante la vida de una persona, antes y después de los 65 años, en lugar de considerar los años de vida que tendrá a partir de los 65. Tomando aquel indicador –años de vida sanos–, resulta que tal número ha disminuido en EEUU desde 1998. Se vive más años, pero menos años con salud. Un hombre de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de las tres mayores enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Pero estos 45 años descendieron a 43,8 años en el año 2005, es decir, más de un año. En las mujeres jóvenes pasa de 49,2 a 48 años durante el mismo periodo.
Otro indicador es la existencia de problemas de movilidad, definiendo como tal la capacidad de subir una escalera de más de diez escalones, andar más de medio kilómetro o estar de pie más de dos horas sin ninguna ayuda. Un joven de 20 años hoy tendrá –como promedio– 5,8 años de movilidad limitada, comparado con sólo 3,8 años hace diez años, es decir, dos años más. Una mujer joven que tiene 20 años ahora tendrá 9,8 años sin movilidad, comparado con 7,3 años hace diez años.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University.
Ilustración de Mikel Jaso
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
En medio de una fuerte contestación social a su política económica, Nicolas Sarkozy echó mano de la expulsión de miles de familias gitanas para mostrar una imagen de Gobierno duro y de orden. Desde algunos sectores se pensó que la reacción inicial de la comisaria europea Viviane Reding podía suponer una inflexión en la política de la Unión Europea en la materia. A medida que pasan los días, nada parece abonar semejante optimismo. En tiempos de crisis, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a tolerar la utilización de la población gitana o de los migrantes como chivos expiatorios que a impulsar una alternativa genuinamente garantista enfocada hacia los derechos de las personas más vulnerables.
En realidad, Sarkozy coloca a la Unión Europea ante el espejo y no miente cuando afirma que su política, lejos de ser excepcional, se inspira en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países de la región como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.
Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos involucrados a modificar sus políticas. De hecho, muchos dirigentes europeos han reconocido sin sonrojo que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.
Buena prueba de ello es que el Gobierno de Silvio Berlusconi –uno de los principales valedores de Sarkozy– lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez en 2008 en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. La permisividad comunitaria animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como un delito y anunció que tomaría huellas dactilares de los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortarle sin demasiado éxito para que cesara su acoso a la población romaní.
En rigor, la impresión más generalizada es que las instituciones europeas pueden exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de xenofobia extremos y mediáticos. Pero no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta seis meses (y a veces a 12) el período de retención de inmigrantes en centros de internamiento por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras.
Naturalmente, colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, del colapso de los servicios sociales o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil para obtener votos o para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. Que el Gobierno de Sarkozy, de hecho, impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, un recorte de las pensiones en Francia, no debería verse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular intente imitarlo, buscando gitanos o migrantes conflictivos bajo las piedras de cara a las elecciones próximas, tampoco.
Tras el revuelo inicial, los ejecutivos europeos –incluido el de Rodríguez Zapatero– han conseguido que la Comisión esta semana decidiera no sancionar a Francia por discriminación. Simplemente le pide que explique cómo traspondrá en los próximos meses una Directiva sobre libre circulación de “ciudadanos comunitarios” aprobada en 2004. Esta salida blanda, que contrasta con la firmeza que las mismas instituciones exhiben cuando imponen programas de ajuste y lecciones de austeridad, ha sido presentada como un triunfo de la legalidad. Analizada con detenimiento, sin embargo, apenas traduce un uso estrecho y oportunista de la misma. Un uso, en todo caso, muy alejado de la mejor tradición garantista, que tuvo su cuna en Europa y que, en materias como la política migratoria y an-
tirracista, está siendo enterrada por una Unión Europea cada vez más alejada de ella.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Enric Jardí.
JOSEP FONTANA 
En los tiempos en que Margaret Thatcher se enfrentaba al movimiento antinuclear, lanzó una campaña de propaganda con el lema Protect and Survive (Protégete y sobrevive), en el que se decían cosas como “este folleto te explica cómo asegurar tu casa y tu familia contra un ataque nuclear”. Los dirigentes del movimiento contraatacaron transformándolo en Protest and Survive (Protesta y sobrevive), que se convirtió en uno de los grandes lemas de las campañas por la paz y el desarme.
Treinta años después volvemos a estar en una situación parecida, ante una amenaza distinta, pero no menos grave, que pone en peligro nuestra subsistencia y nuestro bienestar. La catástrofe económica de 2008 se produjo al término de 30 años de un proceso creciente de desigualdad que hizo posible que los beneficios de las empresas alcanzaran máximos en 2004. “El otro lado de la cuestión –afirmaba The Economist– es que la parte del trabajo nunca ha sido más baja (…). En los últimos tres años los beneficios empresariales han aumentado en Estados Unidos en un 60%; los ingresos salariales sólo un 10%”. Según cálculos del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la media de los ingresos de los hogares norteamericanos cayó un 4% entre 2000 y 2008, durante unos años de crecimiento económico.
En mayo de 2009, cuando la catástrofe se había traducido ya en empobrecimiento y paro, un documento firmado por 40 economistas –entre ellos los premios Nobel Kenneth Arrow y Robert Solow– analizaba las consecuencias de lo que Paul Krugman ha llamado la época de “la gran divergencia”, y declaraba: “En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de nortea-
mericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente”.
Parecería lógico que la conclusión a que se hubiera llegado a partir de estos datos fuese la de que había que reformar el sistema para hacerlo más equitativo, con el fin de aumentar la demanda y recuperar el potencial de trabajo que la crisis dejaba fuera de uso. Lejos de ello, los beneficiarios de este reparto desigual se están valiendo del potencial que les otorga el hecho de ser los dueños de los medios de información de masas para practicar un lavado colectivo de cerebro cuya finalidad es convencernos de que los males no se deben a sus errores de gestión y a su codicia, sino a que los gobiernos han gastado demasiado en servicios sociales. Su remedio consiste en dejar intactos los mecanismos que aseguran su enriquecimiento, equilibrar los presupuestos estatales disminuyendo el gasto en educación, sanidad o pensiones, y convencer a la inmensa mayoría de los perjudicados para que se resignen a un futuro con altas tasas de paro y un descenso de sus niveles de vida. Como ha dicho Mark Weisbrot: “Los medios de difusión de masas son, en el siglo XXI, una de las fuerzas más poderosas que bloquean el progreso económico y social. A ellos se debe que decenas de millones de norteamericanos estén convencidos de que los déficits del presupuesto son más importantes que las vidas arruinadas por el paro”.
Más grave resulta aún la complicidad de los gobiernos, que aceptan la situación y se limitan a aplicar medidas cosméticas inofen-
sivas para apaciguar al público. Los mecanismos de formación de opinión que maneja la derecha representan una amenaza que no se atreven a desafiar. En Estados Unidos, donde los medios de Murdoch dirigen el ataque, un personaje tan turbio como Dinesh D’Souza ha publicado en Forbes un artículo, “Cómo piensa Obama”, en que nos desvela el misterio de la política del actual presidente de Estados Unidos: lo que Obama se propone, con medidas como la de ofrecer atención médica a unos 50 millones de norteamericanos que carecen de ella, es seguir las ideas antiimperialistas de su padre, que era un keniata de la tribu luo, con el fin de destruir Estados Unidos.
Más seria aún es la amenaza que representa el populismo ultraconservador del Tea Party, ese aquelarre que Will Bunch ha retratado en The Backlash, que está sostenido y financiado por un grupo de billonarios empeñados no sólo en conservar los privilegios fiscales alcanzados con Bush, sino en avanzar hacia la destrucción de lo poco que queda del Estado del bienestar.
Entre sus patrocinadores principales están los hermanos Charles y David Koch –dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, propietarios de industrias altamente contaminantes–, quienes, a través de Americans for Prosperity, financian toda una serie de grupos que combaten la reforma sanitaria, los sindicatos, las medidas para prevenir el cambio climático, etc. Para entender cuál es el mundo que aspiran a crear, baste recordar que en 1980 David Koch se presentó a las elecciones por el Libertarian Party con un programa que proponía la supresión de la Seguridad Social, del FBI, de la CIA, del Departamento de Energía y de las escuelas públicas, entre otras instituciones del Estado.
Este es el futuro con el que nos amenaza la derecha y del que una socialdemocracia en quiebra no es capaz de defendernos. Si aspiramos a sobrevivir, sólo nos queda volver a organizarnos para protestar.
Josep Fontana es historiador.
Ilustración de Federico Yankelevich
MARINA NAVARRO
Desde hoy y hasta el miércoles, más de 140 jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Naciones Unidas organiza en Nueva York en el marco de la Asamblea General. De este encuentro se espera que salga un plan de reactivación que ayude a impulsar la lucha contra la pobreza extrema en los próximos cinco años.
Los preparativos de esta importante cita coincidían con la publicación, la pasada semana, de una nueva encuesta del Eurobarómetro: nueve de cada diez europeos considera muy importante la ayuda al desarrollo y está a favor de mantenerla o ampliarla. Para la ciudadanía europea, a pesar de la crisis, la solidaridad no está en recesión y los líderes que hoy se dan cita en Nueva York deberían considerar estos datos como un claro mandato para seguir firme y decididamente trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM).
También el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, ha manifestado que “las promesas se hacen para cumplirlas” con la intención de remarcar que esta cumbre debe rescatar el espíritu y entusiasmo del año 2000 –cuando se acordaron los ODM– y fijar medidas concretas para dar el impulso necesario para estas metas en los próximos cinco años.
Con un horizonte fijado en 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio buscan reducir la pobreza y el hambre, garantizar la educación primaria universal, la igualdad de género, evitar las muertes de madres y niños, hacer frente a enfermedades como el
sida o la malaria, mejorar el medio ambiente y fomentar una alianza mundial por el desarrollo. Pero, a menos de cinco años de esta fecha límite, los avances logrados se ven amenazados por una crisis económica sin precedentes, menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y reducciones de la ayuda de los países donantes. Se calcula que, desde 2009, hay 100 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema en el mundo, mientras que desde 1990 a 2005 se había conseguido disminuir esta cifra en 400 millones. Además, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y pueden tener un impacto devastador –tanto en países ricos como pobres–.
La actual crisis no puede ser una excusa para no responder ante la urgencia de fomentar un desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Resulta inadmisible la lentitud con la que se ha logrado mejorar la vida de los sectores de la población más pobres y vulnerables, y el efecto que la crisis económica, climática y alimentaria ha tenido en sus vidas.
Los ODM han demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar las vidas de las personas y existen ejemplos concretos de países que han conseguido avanzar significativamente en su consecución. Son precisamente estas buenas prácticas en las que se deben inspirar los debates y medidas que salgan de esta cumbre. Países como Malawi, por ejemplo, que en cinco años ha logrado pasar de una situación de hambruna a cosechas excedentarias gracias a unas instituciones gubernamentales eficaces, al apoyo de las organizaciones internacionales y a una renovación tecnológica. O como Burundi, Ghana, Mozambique y Tanzania, que han conseguido alcanzar la educación primaria universal tras eliminar los derechos de matrícula en los distritos más desfavorecidos con los recursos adicionales derivados de la cancelación de su deuda externa. Pasando también por Eritrea, que pudo iniciar un intenso programa de salud encaminado a reducir la mortalidad infantil en el país gracias a los recursos y al apoyo proporcionado por los países ricos y organizaciones de las Naciones Unidas. En tres años, de 1999 a 2002, el número de niños vacunados en el país aumentó de un 9,6% a un 76%.
Todos estos ejemplos demuestran que cuando la comunidad internacional apoya las políticas de desarrollo puestas en marcha por los países pobres, cuando existe voluntad política, el éxito es posible. Por ello, esta cumbre es de vital importancia.
El rol de los países desarrollados, incluido el de España y el de la Unión Europea, como primer donante mundial, es determinante en esta semana. Cabe recordar que existen compromisos ya contraídos para aumentar la cantidad y la eficacia de la ayuda al desarrollo y para mejorar el acceso a los mercados para las exportaciones de los países pobres. Según Naciones Unidas, sólo con el 1% de los recursos aportados para el rescate de las entidades financieras en 2009 podría erradicarse el hambre en el mundo. Pero sólo Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia han alcanzado o superado el objetivo del 0,7% y hasta ahora, la ayuda para los países más pobres está muy por debajo de la meta fijada para 2010.
No es pues posible defraudar a los miles de millones de personas que esperan que la comunidad internacional cumpla con su promesa de acabar con la pobreza extrema antes de 2015. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es factible si existe la voluntad política y se movilizan los recursos necesarios para ello. Confiamos en que se haga realidad.
* La Campaña del Milenio de Naciones Unidas es una entidad impulsora de la iniciativa ¡Haz ruido por los Objetivos de Desarrollo del Milenio!, apoyada por todas las organizaciones vinculadas a la ONU en España: ACNUR, ART-PNUD, FAO, OIT, OMT, Oficina de Naciones Unidas para la Década del Agua, UNICEF España, UNIFEM España (parte de ONU Mujeres), UNRIC y UNRWA
Marina Navarro es coordinadora en España de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas
Ilustración de Javier Jaén
PABLO SAPAG M.
Chile celebra estos días el bicentenario del comienzo de su independencia de España. No lo hace, sin embargo, como lo había previsto la élite que lo gobierna desde hace dos siglos. Ese homogéneo y compacto grupo avistaba una fiesta de consumo interno con la que apuntalar una unidad nacional siempre precaria y amenazada por desigualdades económicas y sociales que se alimentan de otras aún más complejas y permanentes: las raciales y culturales. Lejos mucho tiempo del interés de una prensa internacional que lo ha convertido en alumno aventajado de un neoliberalismo sin anestesia que se sostiene en la espiral del silencio, el bicentenario sorprende a Chile, sin embargo, convertido en estrella mediática de América Latina. Una región en la que este año se suceden conmemoraciones similares.
La efeméride chilena, no obstante, disputa ya a un México en horas muy bajas el escaso interés histórico de la prensa internacional. La misma que tardó dos semanas en informar suficientemente de la tragedia de los 33 mineros sepultados a 700 metros de profundidad en una mina chilena. Sólo la noticia de que estaban vivos, difundida al mundo por un presidente Sebastián Piñera, que asumió el riesgo político de implicarse personalmente en su búsqueda, hizo que Chile y sus mineros dieran la vuelta al mundo. Momento de gloria para un Piñera tan poco conocido en el mundo como su propio país. El problema es que el rescate llevará semanas, si no meses, lo que lejos de desinflar el interés mediático lo alimenta, de ahí un despliegue informativo internacional que no tenía a Chile como protagonista desde los tiempos del dictador Pinochet. Así, lo que prometía ser una muy periodística y rápida historia humana con final feliz para todos, obliga a buscar otros enfoques noticiosos de mayor profundidad, pero también más incómodos.
Emergen entonces otras realidades de una sociedad en la que el 15% de población blanca y culturalmente europea gobierna a una mayoría compuesta por un 70% de mestizos y un 10% de indígenas. La tragedia de la mina ha puesto negro sobre blanco esos perfiles y roles. La inmensa mayoría de los atrapados son mestizos, lo delatan su aspecto físico y su nombre. Los que desde de arriba organizan su rescate después de hacer la vista gorda ante las precarias medidas de seguridad de la mina son, casi sin excepción, todos blancos y de apellidos tan centroeuropeos como los de los dueños del yacimiento. A partir de esos datos tan básicos, en Chile, uno de los países más de-
siguales del mundo según su índice Gini, es casi imposible equivocarse a la hora de caracterizar social y económicamente a la población. Por algo menos de 700 euros, en un país en el que casi todo cuesta igual o más que en España, los 33 mineros se la jugaban cada día en una mina insegura de la que sus dueños obtenían millonarias ganancias. Esa pobreza y desigualdad explican que un ex futbolista profesional que fue compañero de Iván Zamorano en un equipo de la primera división chilena haya bajado a la mina. Franklin Lobos lo hacía para pagar los estudios universitarios de sus dos hijos en un país que, en relación a los sueldos, está considerado entre los más caros del mundo en ese y en otros rubros. Entre otras cosas, porque un Estado mínimo –que es el resultado de un sistema tributario escasamente progresivo– apenas subsidia nada.
La prolongación del encierro en la mina también ha permitido a la prensa internacional descubrir que desde un mes antes del
derrumbe un número casi igual de presos mapuche mantenían una huelga de hambre. El traslado al hospital de varios de ellos ha terminado por desinflar la euforia tras el hallazgo con vida de los 33 mineros a los que se ha querido convertir en símbolo del bicentenario y del Chile recién admitido en la OCDE por sus “envidiables índices macroeconómicos”.
El llamado conflicto mapuche es tan largo como el propio Chile, histórica y geográficamente hablando. La “gente de la tierra” reclama precisamente eso, la devolución de una mínima parte de las tierras que les fueron expropiadas por un Estado de Chile que no se conformó con lo heredado de la Corona española. También reclaman el reconocimiento étnico a un Estado que se ha esforzado como pocos en América Latina por homogeneizar a la población desconociendo la realidad demográfica y cultural de un país donde se llama “pueblos originarios” a los mapuche y otros indígenas, paradójico reconocimiento semántico de que otros no lo son, aunque mandan y mucho.
La élite no oculta su preocupación. Varios de sus miembros, sean de Gobierno o de oposición, racial y culturalmente homogéneos, aseguran que la muerte de uno de esos mapuche procesados en su día por la Ley Antiterrorista en vigor desde la época de Pinochet daría al traste con los fastos del bicentenario. Peor aún, “dañaría la imagen internacional de Chile”. Es lo que realmente espanta a una clase dirigente que hasta que aparecieron con vida unos mineros que apenas habrían sido un breve en cualquier periódico “de clase mundial” contaba con un silencio cómplice justificado por intereses empresariales o por un sistema mediático que discursiva y económicamente busca al menos una historia de éxito por continente –Suráfrica, por ejemplo–. Esta vez la gran mayoría de chilenos mestizos e indígenas –muchos de ellos inconscientes de su condición– son los auténticos protagonistas, dejando al descubierto un modelo contradictorio y poniendo en entredicho la imagen proyectada al exterior de un Chile sólo a la medida de su excluyente y todopoderosa élite.
Pablo Sapag M. es Profesor de Historia de la Comunicación Social e investigador en la UCM
Ilustración de Federico Yankelevich
WOLFGANG KALECK
GONZALO BOYE TUSET
Mientras los europeos de bien disfrutábamos de esas vacaciones a las que nos acostumbró el Estado del bienestar,
Sarkozy, imitando a Berlusconi, deportó a unos 700 gitanos de origen rumano; como en Italia, la excusa fue la supuesta relación entre inmigración y delincuencia. La verdad, sin embargo, dista mucho de ser así y la medida adoptada por el presidente francés no tiene otra explicación que la creciente xenofobia que nos recuerda procesos masivos de expatriación propios de la historia europea más reciente.
En Italia fue la violación de dos mujeres lo que desencadenó las medidas implementadas por
Berlusconi; en Francia, los desórdenes provocados por la muerte de un sin techo fallecido mientras huía de la policía. Hechos aislados que son usados para justificar la idea de inmigrante=delincuente.
La realidad de los sin techo (gens du voyage) en Francia dista mucho de ser la que se nos ha presentado toda vez que existirán unos 400.000 gens du voyage franceses (ninguno de ellos expulsados) de los que sólo 15.000 serán de etnia gitana rumanos; del total de 400.000, equivalen al 0,00025%, cifra que puede considerarse como un error de cálculo que no justifica el trato dado a dicha población, tan europea como
el resto de nosotros, los que estábamos veraneando.
Estas deportaciones, que ahora trascienden por razones de política interna, no son más que la continuación de las realizadas por Francia en 2009 cuando trasladaron forzosamente a 10.000 gitanos rumanos en 44 vuelos. Es decir, estamos ante una política perfectamente establecida y no ante una respuesta histérica a un problema puntual y, justamente por tratarse de una política del Estado francés
–siempre imitable–, es por lo que debemos preocuparnos.
Cuando Rumanía ingresó en la UE, presiones francesas y de otros impusieron periodos de moratoria en materia de libre circulación de personas –contenidas en el artículo 23.2 del Acta de Adhesión de Rumanía y Bulgaria–. Francia es uno de los países que mantiene en vigor el aplazamiento de la plena incorporación rumana al espacio común europeo que, encontrando algún sustento legal, no debería encontrar ni comprensión, ni aceptación ni respeto en el plano de la moral y, sobre todo, de los principios que dicen regir a dicho Estado: libertad, igualdad y fraternidad.
Libertad restringida por la decisión política de Sarkozy al detener o retener, lo mismo da, a un grupo significativo de rumanos (por ser gitanos), deportándolos a su país de origen.
Igualdad brutalmente atacada con este proceso de deportaciones porque sólo afecta a los sin techo de etnia gitana y nacionalidad rumana, no así a la gens du voyage de origen francés o de algún origen más aceptable para el presidente galo.
Fraternidad destrozada porque no hay nada menos amistoso que el trato dado a dicha comunidad en lo que, como ya dicen en Francia, no es más que la “etnitización” de un problema que va mucho más allá del origen de las personas sin techo.
La idea central con la que se nos vendió el concepto de “una Europa sin fronteras” se sustenta en la libre circulación de personas, mercancías y capitales pero, al respecto, no es irrelevante la directiva 38/2004 por la cual se establece una salvedad a dicha libertad ambulatoria amparada en cuestiones de “orden público”, directiva gestada como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el asunto Donatella Calfa, y base legal sobre la que ha actuado Sarkozy quien, además, cuenta con la comprensión de Basescu, presidente de todos los rumanos… que no sean gitanos.
Dicha directiva, en sus artículos 27 y 28, prohíbe la expulsión de los menores de edad y de quien acredite un arraigo superior a diez años y, para su aplicación, exige el respeto de los principios de proporcionalidad, audiencia y responsabilidad individual del afectado. Nada de esto ha sido respetado por Sarkozy con la oposición de algunos de sus propios diputados como Jean-Pierre Grand e, incluso, las manifestaciones contrarias de amplios colectivos sociales comprensivos de los propios gitanos franceses y aplaudida discretamente en España, por muchos, y, sin disimulos, por el PP de Badalona. Las razones de orden público son aplicables de forma personal, es decir, a cada persona por sus propias actuaciones, pero jamás a colectivos enteros y, mucho menos, por razones étnicas como sucede con los gitanos de origen rumano.
Si realmente la Europa que nos piden ayudar a construir es la de la libre circulación de personas, capitales y mercancías, dicha libertad debe ser extensiva a todos y no sólo a quienes cumplan unos determinados cánones aceptables para los colectivos más reaccionarios de este continente que, cada día más, tiende a repetir errores del pasado reciente; la Europa unida funcionará en la medida que compartamos valores y derechos garantizados para todos, con independencia de la etnia a la que pertenezcamos.
Ante este problema, Alemania debería jugar un papel relevante que su propia historia le demanda en virtud de los casi 500.000 gitanos asesinados durante el nazismo, no debiéndose olvidar que ese exterminio vino precedido de unas campañas de propaganda y actos de discriminación como los actuales; esta vez no podemos permitir que las cosas lleguen tan lejos y el resultado final depende de todos nosotros.
Wolfgang Kaleck es presidente del European Center for Constitutional and Human Rights y Gonzalo Boye Tuset esabogado
Ilustración de Miguel Ordóñez
JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CASANOVA
El mes pasado se conmemoró el nacimiento, en 1860, del compositor y director de orquesta bohemio de estirpe judía, Gustav Mahler.Durante medio siglo, su figura y su obra se han visto sometidas a la interpretación impuesta por Theodor Adorno, el filósofo de la Escuela Crítica de Frankfurt, que hizo de Mahler el paradigma musical de la decadencia cultural y espiritual de la Modernidad. Tal visión llegó al gran público a través de los filmes de Visconti (Muerte en Venecia) y Ken Russell (Mahler) que difundieron la imagen de un ser atormentado,neurótico y obsesionado por la muerte; imagen que se trasladó a una ejecución de su música entre exagerada e histérica y meláncólica y funeraria. Con todo, se ha impuesto finalmente el verdadero Mahler.Analizada sin prejuicios ideológicos, su música resulta ser expresión genial de una actitud ante la vida, la sociedad y su época declaradamente crítica, combativa y, sobre todo, esperanzada. Es un caso único de compositor comprometido con los ideales más humanistas de su tiempo y un sarcástico, debelador de la sociedad burguesa y capitalista.
Mahler se incorporó, muy joven, al círculo wagneriano, vegetariano y socialista que en Viena presidía Pernerstorfer. Allí intimó con Victor Adler, también de estirpe judía, fundador del socialismo austríaco y el dirigente político de mayor prestigio entre la clase obrera:una especie de Pablo Iglesias, aunque algo más intelectual y marxista.Su amistad con Mahler duró hasta su muerte. De Adler aprendió el músico la acción reformadora posibilista que construye una comunidad cultural y social de individuos rescatados de la marginación propia del capitalismo clasista. El socialismo sería la creación de un ser humano completo. La cultura se ha de abrir al proletariado y el arte ha de ser un servicio público más allá del interés decorativo al que lo había reducido la burguesía acaparadora e insolidaria. Adler organizó los primeros desfiles obreros del Primero de Mayo en el Prater vienés. En su Tercera Sinfonía, Mahler expresa la energía creadora de la naturaleza con una marcha que a Richard Strauss le recordaba uno de esos desfiles. Se cuenta que al toparse Mahler una vez con una ruidosa manifestación obrera exclamó radiante “¡Son mis hermanos!”. Pero era la suya una fraternidad exigente. Como director de la Ópera de Viena, sometía a sus trabajadores a una disciplina férrea y a un perfeccionismo excesivo, que le hicieron, paradójicamente, algo impopular.
Su critica social encontró en un cancionero popular alemán del siglo XVII, Das Knaben Wonderhorn (que narra las tragedias humanas de la Guerra de los Treinta Años) una hermosa base para aunar la condena al militarismo y la defensa de los humildes. La Cuarta sinfonía concluye con un regocijante banquete celestial que San Pedro y Santa Úrsula ofrecen a los pobres de la Tierra. Pero la denuncia va más lejos. En la Sexta sinfonía, una marcha terrible anticipa de forma visionaria miles de botas nazis avanzando amenazadoras. La Octava, estrenada en Munich el 12 de septiembre de 1910, es un clamor de mil voces por la paz de Europa a punto de romperse por el belicismo nacionalista e imperialista, que condujo cuatro años después a la Primera Guerra Europea. Asistió al concierto Thomas Mann, el cual, emocionado, escribió a Mahler: “Usted es el hombre que, a mi juicio, expresa el arte de nuestro tiempo de la forma más profunda y sagrada”.
En la obra sinfónica de
Mahler abundan los scherzos demoniacos, sárcasticos, para describir con estilo expresionista la sociedad vienesa, irresponsable, cínica y frívola (la Kakania de Musil), que también denunciaba el periodista Karl Kraus. Una sociedad híbrida de aristócratas y burgueses, decadente de verdad. Pero siempre predominan en sus sinfonías los finales esperanzados como premio al sufrimiento y al esfuerzo humanos. El hombre se redime a sí mismo luchando contra la adversidad. Nada de su sacrificio se pierde. Ernst Bloch, el filosofo judío de “marxismo cálido”, era un apasionado de Mahler, al que veía como paradigma musical del Principio Esperanza y una encarnación contemporánea de la utopía socialista. Según Bloch, “la gran obra mahleriana se convierte en un destello, en una estrella de la anticipación y en un canto consolador en el camino de retorno a través de la oscuridad”. El mismo Mah-ler confesaba: “Como compositor no seré reconocido en vida. Esto sólo ocurrirá cuando haya muerto. Yo soy, en expresión de Nietzsche, un hombre fuera de su tiempo”.
¿Por qué surgió el mito Mahler? Norman Lebrecht lo ha resumido así: “Mahler fue el primer compositor que buscó soluciones espirituales y personales en la música, indagando dentro de sí remedios para la condición humana”… De ahí que Klaus Tennstedt declarara en 1985 que “los jóvenes buscan valores que han sido destruidos”. Mucho después de su muerte, Mahler sigue luchando contra un mundo terrible. Devuelve a la gente su sentido del sentimiento, del temor, de la indignación”. Leonard Bernstein justificaba su actualidad con un impresionante recorrido de los males del mundo contemporáneo (Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Hungría): “Sólo después de todo esto podemos escuchar su música y comprender que él ya lo había imaginado”. En fin, el musicólogo Josep Soler corroboraba la profecía de Mahler “Mi tiempo llegará” con esta audaz afirmación : “Sus sinfonías llegarán a ser consideradas entre el gran público como las sinfonías por excelencia,despla-zando,muy probablemente, a las de Beethoven”.
José A. González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Ilustración de Javier Olivares
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO
Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta información –particularmente los “expedientes policiales”– refleje la intensa y sistemática actuación represiva de la Brigada Político-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposición democrática. Representaba, además de otros cuerpos policiales, la institucionalización de la represión bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.
La Brigada Político-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisarías o centros de detención habilitados –sin poner al detenido a disposición judicial–, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos políticos que había en España a principios de 1961. Su actuación fue denunciada en su día por Justicia Democrática, haciendo constar la presencia de un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, la persistencia de “torturas policiales en régimen de expresa impunidad” y que “las brigadas político-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”.
Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifestó que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se referían al periodo 1975-1977. El estudio exigirá acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a un pasado remoto”. Será difícil determinar el alcance de dicha destrucción. En el Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial constituida en 2004 se dice que “ni la contienda en sí, ni la Transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación”.
No es este el criterio del profesor Reig Tàpia, quien sostiene que “desde fechas anteriores a las últimas elecciones generales previniendo lo que parecía una
inevitable victoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos”. Pero, ciertamente, destrucción hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamación de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: “Hay que tener en cuenta que con la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc”. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigación que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisión Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Histórica, afirmaba “la absoluta primacía de los archivos como fuente de conocimiento del pasado histórico, no solamente para los historiadores, sino también para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares”. Y, en segundo lugar, porque es una muestra más del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos “el derecho de acceso a los fondos documentales” depositados en los archivos públicos.
Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tomás y Valiente: “El derecho de todos a una información veraz no es sólo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que un derecho individual de cada español, es un derecho fundamental…”.Y reclamaba su plena satisfacción de manera generosa frente a una interpretación tan restrictiva que representara su denegación.
Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción
Ilustración de Jordi Duró
TONI RAMONEDA 
El pasado 12 de agosto, una delegación francesa compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU como consecuencia de los desalojos de poblados gitanos realizados por el Gobierno de Sarkozy. Desde que a finales de julio el asalto a una comisaría por parte de un grupo de miembros de la comunidad gitana rumana (roms, según los franceses) en Grenoble atizara la ira del Gobierno galo, los miembros de esta etnia, a menudo habitantes de poblados de caravanas más o menos sedentarios, se han convertido en el centro de una nueva estrategia de comunicación política del Elíseo. Sarkozy construyó su identidad política mediante un discurso centrado en la seguridad y la tolerancia cero. Y cuando todos los datos muestran el fracaso de su acción como ministro del Interior y presidente –un fracaso especialmente importante en los suburbios de las grandes ciudades francesas–, el asalto a una comisaría por parte de miembros de una comunidad con escaso peso político en el país se convirtió en la ocasión perfecta para retomar el discurso de la seguridad y hacerlo acompañado de hechos.
De este modo, los desalojos de poblados ilegales se reprodujeron durante eagosto e incluso las imágenes violentas que se publicaron sobre estas acciones (un vídeo en el que se ve a un niño de 3 años arrastrado por la policía o a una mujer embarazada desmayada en medio del tumulto) le sirven a Sarkozy como reclamo hacia los votantes de extrema derecha que le votaron en las pasadas elecciones presidenciales y que se sentirían ahora desengañados ante su tibieza. Por eso, los desalojos son tanto una estrategia política para mostrar la firmeza del Gobierno como una estrategia de comunicación dirigida a un electorado que, en las últimas elecciones regionales, se había vuelto de nuevo hacia el partido de Le Pen. En este sentido, el argumento con el que el Gobierno francés defiende su actuación es muy elocuente: “Todas las políticas llevadas a cabo por Francia tienen como objetivo la igualdad de los derechos de la mujer, la protección de los más vulnerables contra el tráfico de seres humanos y la preservación del primero de los derechos humanos, el derecho a la seguridad”, afirmó la delegada francesa ante la ONU. Machismo, tráfico de seres humanos e inseguridad aparecen así íntimamente ligados, según el discurso oficial del Gobierno francés, con el fenómeno migratorio: el discurso tradicional de la extrema derecha.
Hasta ahora, los partidos franceses habían acordado construir un cordón sanitario en torno al partido de Le Pen con el objetivo de evacuar su discurso fascista de la República. Sin embargo, la utilización política de la seguridad y de los derechos humanos por parte de Sarkozy supone el reconocimiento institucional del discurso nacionalista del líder de la extrema derecha.
En el marco institucional republicano, el Estado tiene el deber de asegurar la seguridad de sus ciudadanos para que estos puedan ejercer su libertad. Por eso, el Estado se dota de instituciones defensivas ante posibles agresiones externas (el Ejército) y de instituciones de control del orden público (Policía). Pero también, por esta misma razón, el Estado organiza sistemas de protección social (asistencia sanitaria, pensiones de vejez, subsidios de desempleo, normativa laboral…) que aseguran a los ciudadanos la posibilidad de ejercer su libertad, pues los liberan, en mayor o menor medida, de las intervenciones arbitrarias que podrían entrabarla.
Así es como se entiende, desde un punto de vista republicano, el derecho a la seguridad. Ahora bien, la noción de derechos humanos es un concepto basado en el universalismo: se trata de valores que todo ser humano es susceptible de reconocer como tales, independientemente de su cultura, su pertenencia religiosa o su nacionalidad. Cuando el Estado francés invoca el derecho a la seguridad para justificar los desa-
lojos de poblados ilegales y la reconducción de sus habitantes a Rumanía y a Bulgaria, se entiende que, para mejorar la seguridad de los ciudadanos franceses, es necesario (y aceptable) aumentar la inseguridad de unos ciudadanos (los gitanos rumanos y búlgaros) que no sólo no tienen ninguna razón para volver a sus países de origen, sino que además sufren allí mayor discriminación de la que padecen en Francia. El derecho a la seguridad deja, por lo tanto, de ser un derecho universal (se reduce a quienes pueden gozar de la nacionalidad francesa) y su invocación se convierte en una forma de instrumentalizar uno de los fundamentos del Estado republicano y de asumir, con ello, que no es el Estado sino la nación la garante de los derechos humanos. Y así es como el discurso republicano se convierte en nacionalista y excluyente.
Los brutales desalojos en Francia nos muestran, pues, los límites de la tradición republicana: se trata de poblaciones cuya integración es problemática porque se definen, precisamente, como opuestas al principio mismo de integración y, por lo tanto, su asimilación comporta, de hecho, su desaparición. Poner el énfasis en la seguridad como derecho podría ser una forma de individualizar la cuestión, recordando que el respeto al Estado republicano no pasa por la integración nacional, sino por la responsabilidad ligada al ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. Ello conlleva, sin embargo, reconocer que por encima de toda identidad colectiva se sitúa la responsabilidad hacia lo colectivo; que por encima de la identidad nacional están los derechos humanos: que la República vale más que la nación.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación
Ilustración de Federico Yankelevich
