VICENÇ NAVARRO
Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la
UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.
Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.
Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.
A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.
Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
Ilustración de Mikel Jaso.
JOSEP HUGUET I BOSCA
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha mostrado el gran engaño de la Transición en Catalunya. Zapatero expresó con claridad la meta: “Se ha conseguido el máximo grado de descentralización posible en la España constitucional”. En la descentralización, un poder central decide las políticas a seguir y distribuye los recursos públicos para que sus delegaciones las ejecuten. En la autonomía con recursos no dependientes del Estado se decide exclusivamente y se ejecutan aquellas políticas que por ley le son propias.
El TC ha desmontado las paredes maestras del autogobierno catalán. Primera: la apelación a los derechos históricos y a la nacionalidad como fuente diferencial de autogobierno. Más allá de 1714, Catalunya tuvo existencia legal junto con Euskadi y Galicia en la España democrática del 31 al 36 y es la única comunidad que, reconociendo legalmente la legitimidad de la Generalitat en el exilio en la persona de Tarradellas, validó esta diferenciación histórica. Segunda: el TC elimina el principio básico del autogobierno que se aplica en cualquier Estado compuesto: la existencia definida de competencias exclusivas. Y tercera: niega el derecho elemental a la autoidentificación cuando, de forma obsesiva, elimina la posición preferencial, que no excluyente, del catalán en nuestra legalidad.
¿Cuáles son los antecedentes de la sentencia? Esta se basa en la Constitución y en su bajo techo democrático. En 1978, las fuerzas mayoritarias del catalanismo, en un ataque de responsabilidad
–Catalunya tenía que hacer sacrificios en aras de la democracia–, negociaron mal y engañaron al electorado catalán, reclamando un sí masivo a la Constitución con el argumento de que allí cabían las demandas de autogobierno. La esperanza se perdió después del 23-F, al que sucedieron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y reiteradas sentencias del TC que iban interpretando autonomía como descentralización. Este papel del TC fue otorgado por la Constitución y la ley subsiguiente votada por los catalanistas que ahora se quejan: socialistas, convergentes y ecosocialistas.
Mientras tanto, el pujolismo era una opción perfecta para la “conllevancia”, bien visto desde PSOE y el PP. Alimentaba la llama identitaria de vez en cuando –quiénes se han creído que somos nosotros– mientras practicaba la política de lobby liberal en Madrid, apoyando a gobiernos a cambio de influencia o favores. El modelo autonómico avanzaba cada vez más en descentralización y cada vez con menos margen de maniobra presupuestaria, más déficit fiscal e invasión competencial permanente. Y un Estado central cada vez más irresponsable, que traspasaba la gestión de los servicios reteniendo el poder de decidir en políticas y en capacidad presupuestaria real, endosaba gastos a las autonomías, ponía en marcha programas que invadían competencias y, en cambio, no tomaba decisiones que eran de su responsabilidad.
El Estatut de 2005 quería pasar página. No fue posible. Decía Mas en el Parlamento: “Si hubiéramos mantenido el anterior proyecto de estatuto, la carnicería habría sido más brutal”. Qué cinismo. Como la pareja de Sweeney Todd, los barberos Mas y Zapatero, de Moncloa Street, ya mutilaron brutalmente partes sustanciosas del Estatut de septiembre de 2005: derechos históricos en el prólogo, concierto económico, autocapacitad de organización territorial, etc. De hecho, si la sentencia del TC ha consistido en cuatro declaraciones de inconstitucionalidad y un puñado de interpretaciones es porque el texto pactado por Mas era poco más que revestimiento con cartón piedra del texto del 79. El TC ha puesto en evidencia dos problemas a la vez: las limitaciones democráticas de la Constitución y del propio TC, y el vacío y la ambigüedad del Estatut de la Moncloa.
¿Qué hubiera pasado aguantando el texto surgido del Parlamento? Que la mayoría PP-PSOE hubiera votado en contra del Estatut y no se hubiera llevado a referéndum, quedando claro de entrada lo que ahora ha tardado cinco años en demostrarse, con gran erosión.
Sin embargo, una tercera parte del censo catalán votó a favor del Estatut recortado y es por ello que ERC ha defendido la voluntad democrática, apostando por su desarrollo. Ese es el sentido del segundo Gobierno de izquierdas, así como el objetivo de blindar con acuerdos nacionales tres aspectos básicos para un futuro de libertad y justicia social: pacto por la educación, por la inmigración y por la innovación, destinados a tener ciudadanos formados y nacionalmente cohesionados, garantizar la cohesión social y hacer que la economía catalana pase a ser global y no dependiente de la española. Esquerra ha seguido así una trayectoria coherente. Se abstuvo en la Constitución del 78 por poco democrática, dio apoyo al primer Gobierno de Pujol para consolidar la escasa autonomía y finalmente ha promovido un Gobierno con los federalistas para poder realizar una reforma federalizante del Estado. Las dos vías, autonómica y federal, han quedado abortadas explícitamente tras la sentencia del TC. Es por ello que la historia nos reconocerá el ejercicio de transparencia que hemos provocado. Ahora toca que los ciudadanos de Catalunya, de forma serena pero incansable, inicien con los votos, los argumentos y la organización de la sociedad civil el camino hacia el Estado catalán, el único que nos puede garantizar una plena democracia.
Josep Huguet i Biosca es Conseller de Innovación, Universidad y Empresa, y dirigente de ERC
Ilustración de Mikel Casal
DEAN BAKER
En las últimas semanas ha habido un gran esfuerzo por parte de los conservadores –e incluso por parte de muchos centristas– para alentar el odio contra los trabajadores del sector público por cuenta de sus pensiones. La historia sería que los trabajadores públicos tienen mejores pensiones que sus colegas del sector privado. Al mismo tiempo, la mayoría de los fondos de pensiones estatales y locales sufren un gran déficit, lo que implica que serán necesarios ingresos gubernamentales adicionales para mantenerlos solventes.
La fábrica de ruido de la derecha ha estando instigando la hostilidad contra los empleados públicos. Un columnista de The New York Times incluso apeló a los empleados de la administración pública jubilados a que devolvieran las pensiones por las que habían trabajado y que estaban en todo su derecho de reclamar.
Debemos tomarnos el ataque a los trabajadores públicos como lo que es: un sórdido caso de chivo expiatorio que lo único que pretende es desviar la atención de los verdaderos villanos en esta economía, los chicos de Wall Street y los ineptos estrategas de la política económica que han llevado a la economía a la ruina y que parecen empeñados en dejarla ahí.
Los hechos están claros. Si se consideran la formación académica y la experiencia, los trabajadores públicos cobran un poco menos de media que sus homólogos del sector privado. Tal vez este sueldo más bajo esté compensado por un mejor paquete de beneficios y prestaciones, pero la diferencia de los paquetes de beneficios y prestaciones entre el sector público y el privado quizá no sea tan grande como parece.
En primer lugar, resulta importante tener en cuenta que la probabilidad de que los trabajadores públicos tengan un título universitario es muchísimo más alta que si se considera la sociedad en su conjunto. Mientras que la mayoría de trabajadores cuenta con poco en términos de beneficios o contribuciones vinculadas a sus pensiones, la mayoría de los trabajadores con un título universitario puede disponer de, al menos, una modesta pensión cuando se retira.
Segundo, muchos trabajadores públicos no están cubiertos por la Seguridad Social. Esto significa que lo que reciban como pensión del Gobierno supondrá el grueso de sus ingresos por jubilación; no será un mero suplemento a sus prestaciones de la Seguridad Social. De este modo, la pensión de 22.000 dólares que de media recibía un funcionario jubilado en 2007 difícilmente parece excesiva.
Esto no significa que no existan algunos trabajadores públicos que jueguen con el sistema, ni tampoco que no haya categorías de trabajadores que no reciban demasiado (bomberos y policías tienden a ganar más; por supuesto, esta gente se juega la vida con regularidad en su trabajo a lo largo de su vida laboral). En conclusión, la idea de que tenemos una clase compacta de trabajadores disfrutando de jubilaciones de lujo es un sinsentido que puede ser fácilmente refutado con un vistazo rápido a los datos.
Pero prestemos atención al verdadero problema. Si hay 15 millones de desempleados, no es por las generosas pensiones de los trabajadores públicos. Tampoco esta es la razón por la que millones de dueños de vivienda estén con el agua al cuello por sus hipotecas y afronten la pérdida de sus casas. De hecho, si mañana redujésemos las pensiones de los trabajadores públicos a la mitad, esta medida no crearía ni un solo puesto de trabajo y tampoco salvaría la casa de nadie.
La razón por la que millones de personas están sufriendo es la combinación de la avaricia de
Wall Street y una gestión económica increíblemente mala. Como sabemos, los chicos de Wall Street han salido a flote, con beneficios y bonus de nuevo en cifras récord, gracias a los billones de dólares de rescate que el Gobierno les dio en el otoño de 2008. Si la gente quiere enfadarse con alguien, los bonus multimillonarios que van a parar a importantes hombres de negocios de Goldman Sachs y JP Morgan pueden ser mejor blanco que un maestro de escuela jubilado con una pensión de 3.000 dólares al mes.
El otro blanco apropiado para la ira del público deberían ser quienes aplican las políticas económicas, que han fallado en prevenir este desastre absolutamente previsible. Hay mucha gente que debería estar en el paro por este fracaso colosal y no lo está, empezando por el culpable principal, Alan Greenspan (anterior presidente de la Reserva Federal), que podría ser considerado el peor banquero de la historia. Fue él quien insistió en que todo estaba bien, incluso mientras la burbuja inmobiliaria se expandía hasta un volumen de más de 8 billones de dólares en su apogeo. ¿Pensaba que la burbuja simplemente se seguiría expandiendo para siempre o realmente creía que la economía podía perder 8 billones de dólares en riqueza sin provocar ningún descalabro?
Es aquí donde debemos hablar de pensiones públicas. Greenspan, que se ha jubilado como presidente de la Reserva Federal y, por tanto, no puede ser despedido, recibe según mis cálculos 160.000 dólares al año como pensión del Gobierno. Probablemente no haya nadie que se merezca menos esa pensión que Greenspan. Si hay algún trabajador público jubilado en el país que debería devolver su pensión, ese es Greenspan.
Dean Baker es Codirector del Center for Economic and Policy Research.
Traducción de Borja Novoa
Ilustración de José Luis Merino
ANTONI ABAT I NINET
Las encuestas de opinión pública se han constituido en el último recurso argumental de determinados agentes sociales con el fin de mantener vivo el debate sobre la necesidad de la prohibición del uso del burka y el niqab. Sin embargo, este tipo de instrumentos de medición estadística no puede sobredimensionarse en sociedades democráticas, donde las únicas encuestas válidas y vinculantes son las que ejercen los ciudadanos con su voto. Extraer conclusiones cerradas sobre sondeos de opinión puede entenderse como un ejercicio demagógico y, en cierta medida, tendencioso. Los resultados que señalan las encuestas varían según factores endógenos (universo, unidades estadísticas o la técnica de recolección de datos) y exógenos (después de una violación, la opinión pública demanda el endurecimiento de las penas o incluso la castración química). Por consiguiente, el uso de las encuestas como argumento legitimador de políticas legislativas concretas es cuanto menos poco fiable.
Otro argumento que justifica no utilizar los resultados de encuestas es que son siempre consecuencia de opiniones y no de conocimiento, y este es un dato trascendente en cuestiones de política legislativa que no cabe confundir con superioridades morales o desconsideraciones a la voluntad popular. En definitiva, las iniciativas legislativas no pueden venir determinadas por algunas encuestas de opinión pública.
¿Por qué se regula un campo nuevo? La juridificación es un fenómeno que aparece a la hora de regular nuevos campos jurídicos que van surgiendo. En las sociedades modernas se observa un aumento del derecho escrito, es decir, el aumento de la positivización del derecho. El fenómeno juridificador puede ser entendido como un resultado necesario a la hora de actualizar nuestros sistemas jurídicos en determinadas materias o campos, como por ejemplo las nuevas tecnologías, el uso de transgénicos, energía nuclear o la manipulación genética. Sin embargo, este mismo fenómeno puede tener un lado oscuro consistente en implementar políticas de control social, asimilación y normalización. Es decir, se pueden utilizar las normas jurídicas para generar una objetivación de lo que es legal y racional, señalando como fuera de la ley, prohibido o perseguido lo que queda fuera del paraguas legal. Este ejercicio de asimilación se desvía claramente del que debería ser objetivo primero de los sistemas jurídicos democráticos que es tolerar, respetar y promover la diversidad incluso cuando dicha diversidad genera oposición a las normas y prescripciones legales. Mucho me temo que en el caso que nos atañe nos encontramos ante esta segunda consecuencia del fenómeno juridificador.
Tal y como se ha argumentado hasta la saciedad, la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos no es en la actualidad un hecho jurídico a regular, no existe la percepción en nuestra sociedad de dicha necesidad. Al contrario, la polémica generada y el falso debate orientado por motivos electoralistas o xenófobos ha pretendido en todo momento generar esa necesidad, hasta la fecha sin éxito. Se pretende justificar la necesidad de una normativa sancionadora basándose en el principio de prevención jurídica y en falsas analogías basadas en encuestas de opinión, sin tener en consideración que pueden quebrantarse principios fundamentales básicos, como son el de libertad ideológica, religiosa y de culto, derecho a la libertad y el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. Es una aberración jurídica regular mediante leyes sancionadoras comportamientos que pueden estar amparados en derechos fundamentales. La simple duda debería provocar cierta cautela y antes de promoverse determinadas medidas legislativas, los líderes políticos que las plantean deberían solicitar informes a los órganos competentes en materia constitucional. En este sentido, destaca el hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa haya aprobado casi por unanimidad una resolución sobre el islam y la islamofobia que, entre otros aspectos, desaconseja la prohibición total de los velos integrales que usan las musulmanas. ¿Donde están el bombo y el platillo que acompañan a las noticias negativas sobre el islam? ¿Dónde está la objetividad de determinados medios de comunicación?
Hay personas bienintencionadas que se plantean la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos en defensa de los derechos fundamentales de la mujer, y en este caso nos enfrentamos ante un posible conflicto entre derechos fundamentales, además de con un conflicto entre diferentes acepciones e interpretaciones del derecho de libertad de difícil resolución. En cualquier caso, creo que es la mujer musulmana a la que hay que escuchar y la que debe decidir.
No parece que la coacción, las sanciones legales, el cierre de mezquitas, como ha ocurrido en Lleida recientemente, sean los mejores presupuestos de partida de un debate bien consensuado y donde puedan participar instituciones públicas. En este sentido, el presidente de Estados Unidos y el alcalde de Nueva York iniciaron un proceso de diálogo ejemplarizante para el debate en relación a la construcción de una mezquita y un centro de cultura islámica en la zona cero. El diálogo es necesario para evitar que mañana podamos ser todos víctimas de la objetivación del Estado.
Antoni Abat i Ninet es Investigador del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB) y profesor de Derecho Constitucional y Teoría Legal.
Ilustración de Iker Ayestaran.
JOSÉ LUIS CENTELLA
Las medidas que está desarrollando el Gobierno del PSOE para afrontar la crisis no solamente son antisociales y contrarias al interés general, sino que están llamadas al fracaso, ya que, en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal –cumpliendo los anuncios de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca como medidas para superar el déficit–, opta por otras medidas dirigidas a que los mas débiles paguen el déficit y sufran una salida de la crisis. Algo que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear más incertidumbre social.
El Ejecutivo no plantea ninguna medida que pueda recaer sobre los verdaderos causantes de la crisis, que, como todo el mundo sabe, son la banca y las grandes empresas constructoras que han propiciado un urbanismo especulativo que el propio Zapatero señalaba como causante de la crisis. Como tampoco plantea actuaciones tendentes a la creación de empleo.
El Gobierno de Zapatero propone medidas dirigidas exclusivamente a que seamos las trabajadoras y los trabajadores quienes paguemos la crisis, primero con la reforma laboral y ahora con una pretendida subida de impuestos. Estamos ante un Gobierno que ha pasado de no saber qué hacer, a uno que asume las tesis del capitalismo más salvaje y saca del cajón las viejas recetas fracasadas del Fondo Monetario Internacional, que han sido las verdaderas causantes de la terrible crisis del capitalismo que estamos sufriendo.
Hace tan sólo un año y medio el Ejecutivo acudió con más de 80.000 millones de euros en ayuda de la banca y ahora asistimos a la paradoja de que los rescatadores, los gobernantes, son rehenes de los rescatados cuando ingentes cantidades de euros y dólares han ido en su ayuda a cambio de nada.
A pesar de las declaraciones del Gobierno sobre el cambio de modelo e incluso de salida social a la crisis, la realidad es que hoy en España no se ha dado ni un solo paso efectivo en ese sentido. Los datos indican que la productividad en España es superior a la danesa e italiana, y similar a la alemana, y en todo caso es la que mas ha subido en los países de la UE. Además, tiene un tercio del salario ligado a complementos de productividad, pero se sigue utilizando la necesidad de desregular el mercado laboral como principal receta.
Frente a esta situación, planteamos la necesidad de la unidad de la izquierda para construir una alternativa a la crisis que empiece por reivindicar el valor del trabajo como base de la recuperación de la economía, como elemento generador de riqueza, frente a la especulación como base del enriquecimiento de unos pocos. Y como no estamos hablando de frases hechas desde la demagogia, tenemos que dejar claro que nuestro objetivo es la creación de empleo y el desarrollo de un Estado en el que todo ser humano tenga plenos derechos sociales, y que toda la economía se pliegue a estos objetivos.
Para ello es necesario también plantear una lucha ideológica, una batalla cultural que recupere los valores de la solidaridad y lo colectivo como elementos para hacer frente a la crisis, y dignificar la actuación política desde la recuperación de la ética civil, de lo que llamamos democracia republicana.
Por ello, es importante que las fuerzas de la cultura se impliquen en esta batalla de las ideas para impedir que se imponga un pensamiento único sustentador de la explotación y el colonialismo. Y frente a quienes plantean la salida de la crisis en función de la recuperación del beneficio empresarial, valoremos los resultados de la política del Gobierno en función de la creación de empleo y del avance en los derechos sociales y laborales, para ello planteamos algunos elementos básicos a desarrollar:
1) Situar la consecución del pleno empleo como primer objetivo de toda la política económica, para lo que es fundamental la apuesta por el sector público como motor de la creación de empleo.
2) Universalizar los derechos sociales por ley, lo que significa que hay que dotar de fondos a las políticas sociales.
3) Proponemos desarrollar los servicios públicos.
4) Crear una banca pública que plantee el interés publico en la economía por encima del bancario.
5) Que los trabajadores participen en la planificación de la economía y en el control de las empresas en una democracia participativa frente a quienes quieren situar en los bancos centrales, que no tienen ningún control ciudadano, la dirección de la economía.
6) Reforma fiscal que obtenga el dinero para financiar la salida social de la crisis, la creación de empleo y la universalización de los derechos sociales buscándolo donde realmente está, en manos de la banca y de los grandes capitales. Una reforma que persiga realmente el fraude fiscal y termine con la economía sumergida.
7) Apostar por la defensa de un modelo de desarrollo sustentado en la sostenibilidad ambiental que parta del cambio de la política energética.
8.- Reformas legales para frenar la corrupción, acabar con los paraísos fiscales y regenerar la vida política y empresarial.
Lo importante en estos momentos para la izquierda es demostrar que existe una alternativa real y posible para que la crisis no la paguen los débiles y que a la vez se convierta en una ocasión para cuestionar todo el sistema. Y defender no sólo la necesidad de cambiar de política y de políticos, sino también la posibilidad y la necesidad de cambiar de sistema. No es fácil, porque el sistema está destinando todos sus esfuerzos a ocultar y silenciar a quienes opinan diferente, o a manipular las realidades que evidencian que no sólo otro mundo es posible, sino que existe la posibilidad de construirlo aquí y ahora.
José Luis Centella es secretario general del Partido Comunista de España.
Ilustración de Mikel Casal.
ESTHER VIVAS
En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos, conseguir agua, etc. Entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en estos países recae en las mujeres, un 50% a nivel mundial. Estas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero, a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.
Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos excedentes de sus huertas. Han cargado con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, y ocupado una esfera privada e invisible. En cambio, las principales transacciones económicas agrícolas han estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los hombres en las ferias, con la compra y venta de animales, la comercialización de grandes cantidades de cereales… ocupando la esfera pública campesina.
Esta división de roles asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria, en definitiva de la técnica, y mantiene intactos los papeles asignados como masculinos y femeninos que durante siglos, y aún hoy, perduran en nuestras sociedades.
Sin embargo, en muchas regiones del Sur global, en América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una notable feminización del trabajo agrícola asalariado. Entre 1994 y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector de la exportación agrícola no tradicional. Pero esta dinámica va acompañada de una marcada división de género: en las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empaquetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.
Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado implica una doble carga de trabajo para las mujeres, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de sus familiares a la vez que trabajan para obtener ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Estas cuentan con unas condiciones laborales peores que las de sus compañeros recibiendo una remuneración económica inferior por las mismas tareas y teniendo que trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos.
Otra dificultad es el acceso a la tierra. En varios países del Sur, las leyes les prohíben este derecho. Y, en aquellos donde legalmente lo tienen, las tradiciones y las prácticas les impiden disponer de ellas. Pero, este problema no sólo se da en el Sur global. En Europa, muchas campesinas no tienen reconocidos sus derechos, ya que, a pesar de trabajar en las explotaciones, igual que sus compañeros, la titularidad de la finca, el pago de la Seguridad Social, etc. lo tienen habitualmente los hombres. En consecuencia, las mujeres, llegada la hora de la jubilación, no cuentan con pensión alguna, no tienen derechos a ayudas, cuotas, etc.
El hundimiento del campo en los países del Sur y la intensificación de la migración hacia las ciudades ha provocado un proceso de descampesinización. Las mujeres son un componente esencial de estos flujos migratorios, nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá… las migrantes acaban asumiendo trabajos que años atrás realizaban las mujeres autóctonas, reproduciendo una espiral de opresión, carga e invisibilización de los cuidados y externalizando sus costes sociales y económicos a las comunidades de origen de las mujeres migrantes.
La incapacidad para resolver la actual crisis de los cuidados en los países occidentales, fruto de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y la nula respuesta por parte del Estado a estas necesidades conlleva la importación masiva de mano de obra femenina de los países del Sur global, destinada al trabajo doméstico y de cuidado remunerado.
Frente a este modelo agrícola neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y el respeto a la naturaleza, y que es especialmente virulento con las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; de combatir el monopolio a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Y es necesario que esta soberanía alimentaria sea profundamente feminista e internacionalista, ya que su consecución sólo será posible a partir de la plena igualdad entre hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de producción, distribución y consumo de alimentos, así como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos de las proclamas chovinistas de “primero lo nuestro”.
Hay que reivindicar el papel de las campesinas en la producción agrícola y alimentaria y reconocer el papel de las mujeres de maíz, aquellas que trabajan la tierra. Hacer visible lo invisible. Y promover alianzas entre mujeres rurales y urbanas, del Norte y del Sur. Globalizar las resistencias… en femenino.
Esther Vivas es coautora de ‘Del campo al plato’ (Icaria, 2009)
Ilustración de Patrick Thomas
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
Pocas cruzadas han conseguido abrirse paso con tanta fuerza y en tan poco tiempo como las dirigidas contra el burka o el niqab, dos prendas que ocultan de manera completa o parcial el rostro de algunas mujeres musulmanas. En una de sus últimas apariciones preveraniegas, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció la restricción del uso del atuendo para el otoño, cuando se discuta en el Congreso la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia. Lo que en otro contexto podría haber supuesto un paso adelante en la lucha por la emancipación de todas las mujeres, incluidas las no musulmanas, ha acabado por convertirse, sin embargo, en un empeño de dudosas credenciales ético-políticas. En un nuevo velo bajo el que se ocultan, con hipocresía, un sospechoso celo punitivo y los viejos y clásicos fantasmas de la islamofobia.
Llama la atención, de entrada, que las iniciativas a favor de la prohibición del burka o del niqab hayan surgido de una plataforma de extrema derecha en Catalunya, o que sus principales valedores en el ámbito autonómico y estatal hayan sido las fuerzas políticas conservadoras. Ninguna de estas se ha destacado por impugnar otros velos menos visibles y más interiorizados culturalmente, como los hábitos de las monjas de clausura o ciertas imposiciones de la moda que están detrás de buena parte de los fenómenos de anorexia y bulimia existentes en nuestras sociedades. Tampoco han sido las primeras a la hora de denunciar el carácter patriarcal que subyace a fenómenos como la penalización del aborto, las diferencias salariales entre hombres y mujeres o, en general, la llamada feminización de la pobreza. Tampoco han propuesto, como alternativa, dar voz y poder a las migrantes musulmanas propiciando, por ejemplo, su acceso al derecho de voto y a otros derechos sociales y políticos. Más bien, su celo feminista y laicista sólo parece activarse contra el fanatismo de algún clérigo islamista. En cambio, permanece ciego a otros abusos perpetrados por el Estado, el mercado u otras iglesias, como la católica, que por su propia posición institucional debería ser objeto de un escrutinio mayor.
Ciertamente, la hipocresía del mensajero no implica la falsedad del mensaje. El burka es una forma flagrante de humillación de la mujer, cuyas diferencias con otros velos parciales como el hiyab, la shayla o el chador son evidentes. Que se trate de un caso “extremo” explica, en parte, que la cruzada prohibicionista impulsada por los partidos conservadores haya sido secundada por fuerzas situadas a su izquierda, comenzando por algunos miembros del PSOE. Desde estos sectores, se ha recordado que el burka es una suerte de “prisión ambulante” que vulnera la dignidad de las mujeres. A ello se ha sumado también un argumento de orden público: al cubrir su rostro, impide que puedan ser identificadas a la hora de acceder a ciertos servicios sociales o instituciones públicas.
A pesar de su aparente razonabilidad, estos argumentos presentan varios problemas. Prohibir el burka por su carácter objetivamente discriminatorio puede entrar en conflicto con la libertad de las propias mujeres que, voluntariamente, decidan llevarlo. En estos casos, y aunque se funden en cánones patriarcales execrables, las manifestaciones públicas de opiniones o creencias religiosas se encuentran protegidas, entre otros, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, mientras quitar los crucifijos en las aulas sería obligatorio para un Estado que se defina como laico, la prohibición generalizada del atuendo islámico está reñida con la dignidad de las personas que libremente decidan seguir su tradición, su cultura, sus valores o creencias. Esta es, de hecho, la opinión que en Francia ha emitido la más alta jurisdicción administrativa del país, el Consejo de Estado, frente al proyecto de ley de Nicolas Sarkozy.
Naturalmente, no es lo mismo que una mujer lleve el velo por voluntad propia que por sufrir coacción de la comunidad, el marido, el padre o el hermano. Pero tampoco aquí está claro que la prohibición sea la mejor alternativa. Cuando lo que coacciona es el entorno cultural, la emancipación no puede lograrse esgrimiendo una supuesta superioridad civilizatoria y lanzando a la Policía contra las víctimas, sino favoreciendo la discusión crítica, la persuasión y, sobre todo, otorgando poder político y social a las propias mujeres. Cuando lo que hay, en cambio, es un ejercicio de violencia directa sobre estas, lo lógico sería preocuparse en actuar penalmente contra quien la ejerce, pero no empeñarse en multarlas y obligarlas a cambiar de vestimenta.
Es verdad, por otra parte, que el velo integral puede estar reñido con la necesidad de identificarse en ciertos lugares. Pero esto pasa también con otras prendas y atuendos, como una máscara, una gorra o un pasamontañas. Para garantizar la seguridad, por tanto, no hace falta recurrir a una prohibición específica, con evidentes sesgos discriminatorios: bastaría con una prohibición genérica de ocultamiento de rostro, como ocurre, de hecho, con los protocolos de seguridad que obligan a cualquier persona, hombre o mujer, musulmana o no, a identificarse, por ejemplo, cuando acude a un hospital, a una comisaría o simplemente a recoger a sus hijos de la escuela.
En realidad, cuando se oye a los partidarios de la prohibición del burka o del niqab, es imposible ocultar la sensación de que se está ante una iniciativa electoralista, a la que poco y nada preocupa la emancipación de las mujeres. Hace ya algunos años, se dijo que la guerra de Afganistán liberaría a las mujeres del burka y de otros lazos opresivos. A la luz de los nefastos resultados de aquella empresa, sería de necios emular la operación en nuestros barrios y ciudades. En un contexto de creciente islamofobia, una decisión así sólo agregaría más violencia a la ya existente, al tiempo que consolidaría los dobles raseros y los velos invisibles que atraviesan nuestras sociedades. Como en tantos otros casos, las mujeres más vulnerables serían las más perjudicadas.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Alberto Aragón
JOAQUIM SEMPERE 
Los espectaculares índices de crecimiento de China parecen la prueba concluyente de que los países “emergentes” necesitan capitalismo privado y economía de mercado. Esta fórmula aseguraría el crecimiento, absolutamente indispensable
–al parecer– para acceder a la prosperidad y al bienestar. No obstante, algunos observadores agudos, como Rafael Poch, nos alertan sobre las dificultades que acumula la sociedad china y que le pueden pasar factura en un futuro no lejano, y en especial el aumento de las desigualdades y los efectos ecológicos negativos del actual proceso.
Otra experiencia asiática merece atención, la de Kerala. Kerala es un Estado del suroeste de la Unión India, con 32 millones de habitantes, que por circunstancias especiales ha tenido un Gobierno izquierdista estable desde 1957 gracias al cual ha gozado de un bienestar excepcional mediante un modelo socioeconómico completamente distinto del chino.
Gracias a una reforma agraria, la propiedad de la tierra está muy repartida. Este hecho, junto a una legislación favorable a los trabajadores asalariados (con un salario mínimo muy elevado), un sistema fiscal progresivo y una eficaz lucha contra la corrupción, desemboca en un nivel notable de igualdad social. En la industria coexisten sector público y empresa privada. Los presupuestos de Educación y Sanidad son elevados, y estos dos sectores están muy diseminados en todo el país, incluidas las zonas rurales. Estos factores dan unos indicadores de bienestar que se acercan más a los europeos que a los de su propio país.
Veamos algunos datos básicos recientes. La población por debajo del nivel de pobreza –según los parámetros oficiales del país– es del 3,6% frente al 20% del total de India. La alfabetización alcanza al 87% de las mujeres y al 94% de los varones (India: 38% y 65% respectivamente). La esperanza de vida es de 72 años para las mujeres y de 67 para los varones (India: 63 y 62). Sin tener que recurrir a medidas coercitivas como la política del hijo único de China, Kerala tenía a finales de los noventa un índice de fecundidad de menos de dos hijos por mujer (comparable al de muchos países de Occidente) frente a los cuatro hijos del conjunto de India. Esto se explica tanto por la reducción de la mortalidad infantil como por la educación de la mujer y las políticas antinatalistas. La mortalidad infantil era en 1990 cinco veces menor que en el conjunto de India (5 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos, frente a 26 en la India). No hay que olvidar que la elevada mortalidad infantil es una maldición de muchos países empobrecidos que empuja a las parejas a tener más hijos para que sobreviva el mayor número posible, de modo que se dispara la natalidad y se agravan todos los problemas. Incluso la proporción entre mujeres y varones en la población revela una mejoría. Si en 2001 había en Kerala 1.058 mujeres por cada 1.000 varones, en la India eran 933. Esto indica el éxito logrado en Kerala en la lucha contra el infanticidio femenino, frecuente en el conjunto del país. Desde comienzos de los noventa, los niveles de educación superior han sido de los más altos de Asia, sobre todo en informática e ingeniería.
He aquí, pues, un modelo socioeconómico inmerso en una economía de mercado, incluso globalizada, pero guiado por criterios que anteponen el desarrollo humano al crecimiento económico convencional. El resultado es un alto grado de bienestar e igualdad, que además se basa en una elevada participación democrática.
Y lo que es muy importante: el PIB por habitante en Kerala es menor que en la India: 1.802 dólares en 1990 frente a 2.223 dólares en el conjunto del país. Si se pueden alcanzar los mencionados logros sociales con un PIB por habitante más bajo, tal vez debamos concluir que la obsesión por el crecimiento macroeconómico a toda costa no se justifica. Es mejor dar prioridad al desarrollo humano y a una distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades sociales y culturales. Kerala contradice el mito del PIB como índice óptimo del bienestar, así como el de que sin crecimiento –y menos en los países empobrecidos– no hay bienestar.
Es obvio que no se pueden sacar inferencias simplistas de un caso en el que han coincidido durante medio siglo condiciones muy favorables. Y no se puede descartar que la dinámica competitiva mundial genere situaciones difíciles de manejar desde lo que no es más que un Gobierno regional. No es seguro que Kerala resista mucho más tiempo la presión de un entorno nacional y mundial hostil. Pero lo que sí es seguro es que el caso muestra de manera práctica que son posibles procesos socioeconómicos muy distintos de los que se nos presentan como los únicos viables. En Kerala, el partido gobernante que, en condiciones de libertad, ha ido ganando, solo o en coalición, todas las elecciones durante este medio siglo ha sido el Partido Comunista Marxista de la India.
De todo esto se pueden sacar dos conclusiones. La primera es que hay alternativas que no pasan por la economía de mercado capitalista desreglamentada ni por el crecimiento del producto nacional, sino por dar prioridad al desarrollo humano y a la satisfacción de las necesidades básicas logrando mejores resultados. Y la segunda es que el marxismo tiene posibilidades de adaptación que le permiten mantener su vigencia.
Joaquim Sempere es pofesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Miguel Ordóñez
FÉLIX POBLACIÓN 
El pasado 20 de junio, los Amigos y Familias de la Brigada Abraham Lincoln, que combatió con los Voluntarios Internacionales en la Guerra de España contra el fascismo, adoptó como resolución promover y apoyar la solicitud de que una calle de Madrid –capital de la República defendida por los brigadistas internacionales en 1936– lleve el nombre de Oliver Law, personificando en él a todos sus compañeros, que lucharon por la democracia en España. De los casi 60.000 brigadistas de más de 50 países que participaron en la contienda, perdieron la vida algo más de 15.000. Oliver Law fue uno de ellos.
Fue el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos en dirigir una fuerza militar blanca. Había nacido en el oeste de Texas en 1900 y muy joven ingresó en el ejército estadounidense, donde sirvió como soldado de infantería en la Primera Guerra Mundial. Tras abandonar las fuerzas armadas se trasladó a Bluffton, Indiana, para trabajar en una fábrica de cemento, y más tarde a Chicago, donde fue taxista y estibador. Se afilió al Partido Comunista en 1932 y poco antes de viajar a España había sido arrestado cuando lideraba una manifestación en contra de la invasión italiana de Etiopía.
Oliver Law fue uno de los primeros voluntarios de Estados Unidos en alistarse como combatiente en defensa de la República española. Su experiencia militar y sus cualidades de liderazgo le avalaron primero como jefe de sección en una compañía de ametralladoras. Cuando el batallón Lincoln fue reorganizado, después de la batalla del Jarama, Law fue ascendido a capitán, tras ser transferido el comandante Martin Hourihan al Estado Mayor del regimiento. Oliver Law sólo estuvo al mando del batallón Abraham Lincoln durante los primeros días de la ofensiva de Brunete. El 10 de julio de 1937, en la cuarta jornada de aquella campaña, resultó mortalmente herido mientras comandaba un asalto al llamado Cerro del Mosquito, área geográfica correspondiente al municipio madrileño de Villaviciosa de Odón. En la ladera de ese cerro que desciende hacia el río Guadarrama perdió la vida, junto a una decena de sus compañeros, el primer ciudadano estadounidense negro que alcanzó el grado de capitán en combate sobre tropas blancas.
Contaba hace unos años Harry Randall, camarógrafo y fotógrafo de la Brigada Abraham Lincoln
–integrada por 2.800 voluntarios norteamericanos–, que la Lincoln fue la primera unidad del ejército norteamericano compuesta por soldados de todas las razas. Jamás había ocurrido antes ni ocurriría después, en la II Guerra Mundial, donde las tropas de Estados Unidos seguían siendo segregacionistas. Es conocida la anécdota de un coronel estadounidense durante su visita a España en 1937, cuando a la vista del capitán Oliver Law le preguntó si no le daba vergüenza lucir un uniforme con galones, a lo que Law respondió: “En España los galones se obtienen por lo que merecemos, no por nuestro color”. En ese sentido se cita también la frase que dejó escrita el último de los afromericanos fallecidos de la Brigada Lincoln,
Jimmy Yates: “En España fue donde por primera vez, siendo negro, me sentí libre”.
Hace unos meses, el colectivo castellano Yesca, integrado por jóvenes antifascistas, promovió una campaña bajo el nombre de Placa-placa, cuyo objetivo era denunciar la presencia de la numerosa simbología franquista en las calles y plazas de diversas localidades del centro peninsular, entre las que no podía faltar Madrid. Estimaba el citado colectivo, dado que la permanencia de esos nombres y símbolos constituye una ofensa para todo aquel que aspire a una sociedad libre y democrática, que no era preciso esperar por más tiempo a que se aplicase la Ley de Memoria Histórica en vigor. Puesta en marcha su campaña entre el mes de octubre del año pasado y febrero del actual, el balance de su recolección arrojó un total de 216 símbolos franquistas retirados en los municipios de Madrid, Pozuelo, Fuenlabrada, Segovia, Toledo y Cuenca.
Que esto esté ocurriendo a las alturas de nuestro vigente periodo democrático y que hasta el momento ni una sola de las calles y plazas de Madrid lleve el nombre de uno de aquellos luchadores, componentes de las Brigadas Internacionales, que durante el otoño de 1936 contribuyeron decisivamente a que la capital de la República no fuera conquistada por el ejército franquista, denota hasta qué punto la Transición primero, y los sucesivos gobiernos socialistas después, han dejado sin la justa reparación y el oportuno y diligente homenaje debidos en vida a quienes se jugaron la vida viniendo a combatir desde sus respectivos países en defensa de la libertad.
El 23 de noviembre de 1936,
reunidos en Leganés los cabecillas golpistas con Franco, optaron por suspender el brutal ataque que había sufrido la capital, después de los cruentos combates de la Ciudad Universitaria. Si el general felón Mola hubo de desistir de tomar café en la Puerta del Sol, tal como se había propuesto a guisa de marcial baladronada, en buena medida se debió al activo concurso de las Brigadas Internacionales en la Batalla de Madrid. Las primeras unidades desfilaron por la ciudad cuando Franco pretendía abrirse paso a través de la Casa de Campo, sin poder franquear a la postre el Cerro Garabitas.
Hay una fecha anual desde 1987 dedicada a Oliver Law y a la Brigada Lincoln por el Ayuntamiento de Chicago. Tarde, pero a tiempo para la historia, el de Madrid debería también honrar el nombre de Law.
Félix Población es escritor y periodista.
Ilustración de José Luis Merino
GUSTAVO DUCH GUILLOT
Dice Susan George en su último libro, Sus crisis, nuestras soluciones, que “todas estas crisis proceden de las mismas políticas neoliberales establecidas por los mismos actores (…). Podríamos gozar de un mundo limpio, verde, rico y justo, donde todos y todas pudiéramos vivir dignamente. A su lógica, debemos oponer la nuestra. No es tan complicado si comenzamos por invertir los términos”. Por ejemplo, y ya se ha presentado en estas páginas, frente al paradigma del crecimiento permanente como supuesto motor de desarrollo, hagamos de esta crisis la oportunidad para retroceder unos pasos del camino andado y reprogramar un decrecimiento (no forzado, como el actual) saludable para un planeta caliente.
Bajo esa misma lógica nuestra, ¿qué pasaría si volteáramos –al menos en parte– el esquema dominante que ha llevado al sector primario de la economía de encabezar hasta los años sesenta y setenta las cifras del empleo y de contribución al Producto Interior Bruto a un papel casi residual en las llamadas economías modernas? ¿Qué pasaría si se promoviera ruralizar la economía? O, tomando una propuesta concreta, ¿qué sucedería con el empleo si cuestionáramos las políticas clásicas a favor de la agricultura intensiva en petróleo, por una agricultura ecológica intensiva en mano de obra?
Para ofrecer un pequeño análisis de lo que esta propuesta significaría, tengamos en cuenta unas cifras y unos indicadores.
Cifras. Como sabemos, la población en paro está ascendiendo hasta superar el temido 20%. Mientras, la población activa agraria está en sus niveles más bajos, sin llegar al 5% en el Estado, lo que genera un vacío de pueblos y territorio muy visible por todos nosotros. En los últimos 40 años la población de los municipios de menos de 10.000 habitantes ha pasado de ser el 57% de la población española a tan solo un 23%.
Indicadores. Según datos de la organización Amigos de la Tierra, el Gobierno nos demuestra qué modelo de agricultura está diseñando para el futuro: en el año 2008, en España, se dedicaron 54,3 millones de euros a la investigación en biotecnología agraria y alimentaria (por ejemplo, la de cultivos transgénicos) y 60 veces menos a la investigación en agricultura ecológica, con tan solo 0,9 millones.
Más allá de los demostrados inconvenientes que tiene el modelo de agricultura tecnológica e industrializada (contaminación ambiental, riesgos sanitarios, competencia desleal con los países empobrecidos del Sur, etc.) veamos bajo la lógica
–como dice Susan George– de generación de puestos de trabajo y de producción de alimentos los resultados de cada una de estas agriculturas. Si la comparación la hacemos entre la agricultura ecológica y la convencional (industrializada pero no transgénica) la primera demuestra –según diversos estudios internacionales– un 32% más de capacidad para generar empleo. Por ejemplo, algunos estudios han estimado que la transformación de la producción agraria de Inglaterra y Gales a ecológico supondría un 70% más de empleo en el medio rural. Los datos demuestran que la agricultura campesina y ecológica todavía genera más empleo y tejido económico si se compara con la transgénica. Mientras la agricultura transgénica en España –después de 12 años de fuertes inversiones en el único país europeo donde se permite el cultivo de transgénicos a gran escala– ha generado en torno a 1.950 puestos de trabajo (sumando los generados en las empresas biotecnológicas más los de los agricultores que utilizan maíz transgénico), la agricultura estrictamente ecológica ha generado 14.310 empleos en las empresas del sector más 35.407 productores que nos proveen de alimentos bajo este modelo respetuoso con el medio ambiente.
Es decir, el Gobierno invierte 60 veces más en un modelo de agricultura que genera 25 veces menos empleo que el que demuestra generar la agricultura a pequeña escala y ecológica. Como sabemos, además, el modelo ecológico atrae a gente emprendedora y joven hacia un medio rural despoblado, envejecido y masculinizado.
Considerar otro modelo agrario favorece también las capacidades de nuestro país de suficiencia alimentaria, disminuyendo las dependencias de alimentos importados (la Unión Europea es importadora neta de productos básicos, importa alimentos por un valor de 173.000 millones de euros, mientras que exporta alimentos por 127.000 millones de euros, según datos de la Organización Mundial del Comercio), pues como ha sido demostrado por muchos investigadores la capacidad productiva de la agricultura ecológica no es inferior a la de la agricultura química.
Añadamos pues a las bondades de la agricultura a pequeña escala y ecológica la enorme capacidad de generar empleo sostenible y necesario.
Se podrá argumentar que propuestas que vuelvan la mirada al campo, al tejido económico rural y agrario, son tan solo idealizaciones. Exacto, lo decía John Berger en el epílogo de su novela Puerca Tierra: “Sin embargo, despachar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado y es irrelevante para la vida moderna; imaginar que los miles de años de cultura campesina no dejan una herencia para el futuro…; todo ello es negar el valor de demasiada historia y de demasiadas vidas…”. Y un poco más allá, es despachar la posibilidad de generar una economía ruralizada, más justa, más dinámica.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
Ilustración de Iker Ayestaran
