TERESA GONZÁLEZ
Esta semana hemos recibido una buena noticia en relación con la epidemia del VIH/sida. ONUSIDA presentaba en Shanghai el último informe sobre el estado mundial de la pandemia y ofrecía datos esperanzadores en la lucha contra la enfermedad. Entre las grandes cifras destaca la reducción en el número de nuevas infecciones y el aumento de personas viviendo con VIH, gracias a la extensión de los tratamientos antirretrovirales.
Es uno de los datos alentadores tras años de lucha contra una enfermedad que afecta de forma directa a 33,4 millones de personas en todo el planeta y que, en el caso del África subsahariana, donde vive el 67% de las personas VIH positivas, ha agravado la situación de pobreza. Estos avances deben servir para demostrarnos que las estrategias de prevención y de tratamiento dan resultados.
Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia al igual que no arrojamos la toalla cuando la epidemia crecía sin freno. Todavía existen ámbitos y grupos de población a los que los métodos de prevención y detección y los tratamientos con antirretrovirales (ARV) llegan con dificultad.
La incidencia del sida en las comunidades rurales –especialmente en Asia y África, donde más de la mitad de la población vive en el campo– es profunda y la enfermedad supone una doble carga para las familias. La propia enfermedad en sí, por un lado, y la necesidad de prestar atención a los enfermos, por el otro, debilita la productividad agrícola y la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades. Esta situación se da en un contexto en el que los habitantes de las zonas rurales en los países pobres suelen encontrarse especialmente desfavorecidos en términos de servicios sociales y sanitarios básicos.
Una de las tendencias que se vienen observando en los últimos análisis es que, si bien el número de nuevos casos se ha estabilizado, en las comunidades rurales los datos no llaman al optimismo. El propio informe de ONUSIDA pone como ejemplos los casos de Angola y Kenia, donde la incidencia del VIH entre los adultos aumenta en las zonas rurales, o de Burundi, país en el que la prevalencia del virus en los jóvenes ha disminuido en las ciudades pero se ha incrementado en el campo.
Otro de los estudios de ONUSIDA señalaba que la prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes atendidas en los dispensarios prenatales había disminuido en 14 de los 17 países, pero en cinco de ellos la disminución sólo se ha producido en las zonas urbanas. En Haití, país que padece la mayor epidemia del Caribe, se habían documentado niveles importantes de comportamientos de alto riesgo en las zonas rurales. Así mismo, en República Dominicana, su vecino en la isla, la población rural tenía un 20% más de posibilidades de tener el VIH que sus compatriotas de las ciudades y en las fincas donde se extrae el azúcar la prevalencia del VIH es cuatro veces mayor.
Las prácticas de riesgo, la falta de conocimiento sobre la enfermedad, la lejanía de los centros donde se dispensa tratamiento y la escasez de medios económicos para llegar a ellos hacen de las zonas rurales un espacio al que, quizás, es más difícil llegar.
En el ámbito sanitario, los retos que plantean las comunidades rurales son especialmente exigentes en países con sistemas sanitarios ya de por sí débiles. Así le ocurre a Leonardo, persona con VIH que vive en Angola. Para llegar a Benguela, a 70 kilómetros de su hogar y donde está el centro más cercano en el que puede recibir tratamiento, tiene que pagar 500 kuanzas (cinco euros) de transporte al día, cuando su salario diario como zapatero es de un euro.
En las raras ocasiones en las que un dispensario rural puede proveer medicamentos antirretrovirales, continúa siendo necesario viajar a las grandes ciudades para poder realizar las pruebas de control de la enfermedad.
Por ello, resulta imperativo integrar el diagnóstico y el acceso a los tratamientos en la estructura de la salud primaria, el primer nivel de atención. Las actividades de la lucha contra el sida deben estar lo más cerca de las poblaciones aisladas.
Las mejoras que ofrece esta estrategia son evidentes. Así, la población prefiere pasar consulta en su centro de salud habitual que desplazarse a un centro alejado pero especializado en sida. Esto permite luchar contra la estigmatización ligada al VIH, ya que las personas no delatan su condición de seropositivas al entrar en el centro, preservando así su derecho a la intimidad y previniendo su estigmatización y aislamiento.
Los médicos rurales también se enfrentan al desafío de la observancia del tratamiento. Por ejemplo, el cumplimiento de los tratamientos contra la tuberculosis, una de las enfermedades oportunistas del sida, debe ser estricto para evitar la resistencia a los fármacos. La cercanía al paciente con sida, que en muchos casos padece también tuberculosis, reduce la tasa de abandono del tratamiento de esta última. En Benin, hemos reducido las tasas de abandono de un 33% a un 15%.
El sida ha supuesto una movilización social sin precedentes de las sociedades civiles del Sur y del Norte, que han conseguido que no se diera por perdida una guerra que se pensaba imposible de ganar. En estos momentos, uno de los campos de batalla contra la enfermedad en los países en desarrollo se libra en las zonas rurales, la última frontera para una epidemia que necesita ser abordada de una forma integral.
En este sentido, el esfuerzo para combatir la enfermedad puede y debe contribuir al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. De hecho, el sida podría servir de acicate en beneficio del tratamiento de otras patologías crónicas y de la mejora del conjunto del sistema de salud de estos países. Aprovechémoslo.
Teresa González es presidenta de Médicos del Mundo
Ilustración de Javier Jaén
ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ
Las noticias de Five Channel en la televisión pública británica fueron presentadas recientemente, y durante toda una semana, por James Partridge, presidente de Changing Faces, cuya cara está severamente desfigurada a causa de un accidente de coche que sufrió a los 18 años.
La BBC ha vuelto a liderar una apuesta innovadora en el terreno de la información pública, no exenta de polémica y de debate social. En una rápida encuesta de YouGov, al 44% de los espectadores habituales de ese informativo les pareció una buena idea la iniciativa; el 64% aseguraba que no cambiaría de canal a pesar del impacto visual causado por el rostro del presentador; y otro 20% reconoció que se sentiría muy incómodo ante la pantalla y dudaba de su capacidad para resistirlo.
El debate sobre el uso de duros testimonios personales para generar conciencia social no es nuevo. Durante años, las campañas de publicidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España han sacudido nuestras sensibilidades hasta extremos difícilmente soportables. A pesar de ello, han obtenido resultados evaluables que siguen mejorando año tras año. Pero la experiencia de la BBC no pretende alertar sobre los peligros de la conducción temeraria, sino que estudia cómo la presencia habitual, en un canal de máxima audiencia, de personas estigmatizadas e invisibilizadas a causa de su físico puede favorecer el cambio de mentalidad y la modificación de actitudes prejuiciosas hacia ellas.
No es la primera vez que la televisión promueve la visibilidad de colectivos sociales minoritarios. La popular cadena musical MTV, a partir de una idea de Matt Stone y Trey Parker (creadores de la rompedora serie de culto South Park), ofreció a personas con discapacidad mental la conducción y presentación del programa norteamericano How’s your news? Fue un éxito total. De audiencia, claro.
Se plantean serias dudas sobre los límites de tales iniciativas o, mejor dicho, sobre su capacidad para conseguir cambios reales en nuestras opiniones, en nuestras conductas y en nuestra manera de ver el mundo y a las otras personas. La propia BBC, que ensaya la presencia de nuevos rostros, no ha tenido reparos en sustituir, hace unas semanas y en medio de una gran polémica, a presentadoras veteranas muy queridas y valoradas por la audiencia por otras caras simplemente más jóvenes. Hasta la ministra de Igualdad británica, Harriet Harman, tuvo que intervenir en la Cámara de los Comunes para pedir su reingreso por considerar que se había excluido a personas muy reconocidas simplemente por una cuestión de edad.
Hay algo perverso en el hecho de que no quepan las canas en la pantalla pero sí las cicatrices. Hay un riesgo grave para la ética pública si se confunde la necesaria igualdad con la mera visibilidad de lo que escapa de la “norma estética” y, al mismo tiempo, se evita la presencia en pantalla, por ejemplo, de personas con más peso, arrugas o canas de lo debido, supuestamente menos atractivas en términos de audiencia o de telegenia. Parece que esas canas son atractivas en ellos y, en cambio, un problema en ellas.
La invisibilidad de muchas personas que pertenecen a colectivos minoritarios, socialmente marginales o en riesgo de serlo, con graves lesiones faciales o corporales fruto de agresiones, accidentes o enfermedades, es un problema real. Y supone una nueva exclusión añadida contra la que hay que luchar buscando la plena normalización de su presencia en todos los ámbitos. También en los medios de comunicación, y más aún en los públicos. La lucha por la igualdad de todas las personas es una tarea inexcusable en una sociedad que no quiere ver, no quiere oír y no quiere escuchar aquello que la sacude moral, ética o estéticamente. La invisibilidad resulta mucho más cómoda y tolerable que el compromiso.
Pero la solución no puede ser, simplemente, la reivindicación de lo ignorado o invisible asociado a campañas concretas o a experiencias piloto, ya que puede quedar atrapada en la búsqueda de nuevas audiencias o de notoriedades que pueden ser contraproducentes.
Si la estrategia de comunicación, en este caso mediática y televisiva, se reduce a una combinación de una mayoría de imágenes y personas aceptables, en términos de marketing y posicionamiento, con un pequeño toque de otras imágenes y situaciones que bordean lo insólito o lo morboso, no hay avances reales. Y sí una posible manipulación de sentimientos.
La diversidad no debe tratarse simplemente como excepcionalidad puntual, a riesgo de ser la coartada ética o estética de lo políticamente correcto, mientras se mantienen en el fondo los estereotipos y los clichés de lo que se considera normal pero que enmascaran otras discriminaciones más sutiles. Necesitamos un debate profundo que apueste con valentía por abrir nuevos caminos que no tengan marcha atrás y que entienda la diversidad en todo su sentido y en todas sus manifestaciones.
Daniel Innerarity, profesor de filosofía y Premio Nacional de Ensayo en 2002, nos plantea en su libro La sociedad invisible la siguiente pregunta: “¿Qué es mejor, socialmente hablando, una buena observación o una buena crítica que genere nuevas teorías y formule los problemas de diferente manera para que sean posibles nuevas soluciones?” En definitiva, ver a quienes no se ve habitualmente en pantalla puede sorprendernos e incluso provocarnos desasosiego o dudas. Pero no garantiza, necesariamente, que pensemos en ello de manera crítica. La reflexión social es algo más que la digestión de las nuevas visibilidades. Necesitamos nuevas imágenes de realidades ignoradas, sí. Pero la diversidad real y cotidiana de nuestras sociedades, con toda su complejidad, es algo más que la visibilidad de los olvidados.
Antoni Gutiérrez Rubí es asesor de comunicación
Ilustración de Jordi Duró
ARIANE ARPA
La agricultura es probablemente la actividad humana que más depende del clima. Nuestros abuelos miraban al cielo para calcular el momento de la siembra. Hoy, en Bangladesh, Mohammad Iliasuddin trata de seguir la enseñanza de sus antepasados pero se queja de que “desde hace varios años el clima ya no coincide con lo que esperábamos tradicionalmente”. Un problema similar sufre Florence Madamu, en Uganda, que asegura que “ahora la estación seca es más larga y dura hasta finales de septiembre, y cuando llueve lo hace tan torrencialmente que el agua destruye nuestros cultivos”. La evidencia científica se ha visto confirmada con los testimonios recogidos por Intermón Oxfam en los países donde trabajamos. Y el mensaje es siempre el mismo: con cambios de estación cada vez más impredecibles, lluvias erráticas y torrenciales, sequías más frecuentes y temperaturas extremas, cada vez es más difícil decidir cuándo sembrar o cosechar.
Y es que 150 años enviando gases a la atmósfera han alterado el ritmo de las estaciones y la temperatura del planeta. La ciencia nos dice que será muy difícil evitar un calentamiento de más de dos grados: el umbral hacia un cambio climático catastrófico e irreversible. La opulencia de una minoría tiene un precio demasiado alto e injustamente repartido. En las zonas templadas –donde están la mayoría de países industrializados– los inviernos más suaves y las lluvias más abundantes podrían incluso resultar favorables a la agricultura, al menos por un tiempo. Pero, cuanto más cerca del Ecuador, más acusado y dañino será el impacto.
En las regiones más castigadas las cosechas disminuyen, las plagas y enfermedades se extienden y la falta de agua mata de sed al ganado. Tres de cada cuatro personas que sufren la pobreza viven en estas latitudes y dependen de la agricultura y ganadería para su subsistencia. Los riesgos que enfrentan son demasiado altos, y su capacidad de adaptación, limitada. La producción de cereales en el África Subsahariana, casi carente de sistemas de riego, podría caer a la mitad de aquí a 2080 a causa de la sequía. Mientras, los temporales, cada vez más frecuentes en el sudeste asiático, inundarán muchos arrozales. Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI), los cultivos de regadío serán los más afectados, entre ellos el arroz, el alimento del que dependen más personas en el mundo. El dato más alarmante es que 25 millones de niños más sufrirán malnutrición en 2050.
La combinación de peores cosechas y más población conducirá a nuevas subidas abruptas de precios en el futuro. ¿Cómo alimentar al mundo en el año 2050? Con más de 9.000 millones de personas, la mayoría en zonas muy castigadas por los cambios en el clima, el reto parece inmenso. Aunque contamos con los medios para hacerle frente sin necesidad de esperar que se produzcan avances científicos milagrosos. Es el momento de impulsar la agricultura familiar, las semillas locales y los métodos tradicionales de producción, más resistentes a los cambios. También se necesitan nuevas tecnologías, pero que respondan a las verdaderas necesidades de los campesinos y campesinas. Una de las claves consistirá en desarrollar variedades que produzcan razonablemente bien en un amplio rango de condiciones climáticas, en lugar de concentrarse en variedades altamente productivas pero que sólo funcionan en condiciones óptimas. Con métodos agrícolas más sostenibles, además, se reducirán significativamente las emisiones provenientes del cambio de uso del suelo o por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados.
Nuestros países ya se están preparando. Desde hace tiempo contamos con extensas redes meteorológicas y sofisticados modelos que reproducen el crecimiento de los cultivos en diferentes escenarios climáticos. Mientras, para el mundo en desarrollo, los 7.000 millones de dólares anuales que se necesitarían para adaptar la producción al clima están fuera de su alcance. Por eso necesitan apoyo. Por eso y porque además es lo justo. No son los causantes del problema –las tres cuartas partes de los gases en la atmósfera proceden de los países ricos–, pero están siendo los primeros en sufrirlo.
La financiación va a ser uno de los principales escollos a salvar en las negociaciones sobre el clima. Además de reducir primero y de manera profunda sus propias emisiones, los países ricos deben ayudar a los países en desarrollo para que crezcan de forma menos contaminante que nosotros. Y también a adaptarse a los cambios ya inevitables. El 0,1% de la riqueza del mundo industrializado sería suficiente para proteger a los países en desarrollo de las consecuencias futuras del cambio climático y asegurar un mañana más próspero, estable y seguro para todos. Pero hasta ahora el compromiso es mínimo, y los pocos pasos que se están dando pretenden obtener estos recursos de los fondos ya comprometidos para ayuda al desarrollo.
La semana pasada asistimos en Roma a una deslucida cumbre mundial sobre la alimentación. Mientras el contador de personas hambrientas supera por primera vez los mil millones –una de cada seis personas en el mundo ve violado su derecho a la alimentación–, la ausencia de los líderes de los países ricos ha demostrado una total falta de compromiso y ambición. El Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad para 2015 parece cada vez más lejano, y se hace urgente ya definir un plan de rescate si queremos evitar el fracaso.
En diciembre, en Copenhague, tenemos la oportunidad de alcanzar las bases para un nuevo acuerdo mundial sobre el clima que sea justo y seguro. Pero el tiempo apremia. Una parte del éxito de este acuerdo se medirá en los compromisos de reducción de emisiones y en los fondos a disposición de los países en desarrollo. Pero el verdadero éxito o fracaso se contará en vidas humanas.
Por todo ello exigimos a nuestros gobernantes que actúen ya.
Ariane Arpa es directora general de Intermón Oxfam
Ilustración de Enric Jardí
ESTHER VIVAS
El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
Así lo ha puesto de relieve la campaña No te comas el mundo, en el marco de las movilizaciones de estos días con motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) de diciembre, donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.
Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra que resulta de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), la deforestación (15-18%), el procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y los residuos orgánicos (3-4%).
Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.
Intensivo, porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad al cuidado del medio ambiente y a la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.
Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO². Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas… para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.
Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en busca de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que, en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de estos se cultivan también a nivel local.
Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.
Pero, a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático, y la agricultura campesina, local y agroecológica –como señala el centro de investigación GRAIN– puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de 50 años, restituyendo así el porcentaje eliminado desde la década de los sesenta.
Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promoviendo circuitos cortos de comercialización y venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta dos tercios del actual exceso de CO² en la atmósfera. El movimiento internacional La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.
Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático, como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige justicia climática, frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la justicia social, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.
Esther Vivas es Autora de Del campo al plato’ (Icaria, 2009)
Ilustración de Enric Jardí
VICENÇ NAVARRO
El día 17 de octubre fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, lo cual fue motivo de un elevado número de conferencias sobre la pobreza, que por unos días fue un tema visible en los medios de comunicación más importantes del mundo, aún cuando en España tal visibilidad fue limitada. En los países desarrollados se acentuó, una vez mas, la necesidad de “ayudar” a los países pobres, incluyendo el envío de alimentos y fondos. También se acentuó en varios foros internacionales la necesidad de transferir conocimientos y nuevas tecnologías de los países ricos a los países pobres, para incrementar la productividad de sus sectores agrícolas, los más importantes en sus economías.
Esta atención mediática del tema pobreza se repite, año tras año, por estas fechas. Y mientras, ocho millones de niños mueren al año de malnutrición (uno cada dos segundos), el equivalente de los muertos que causarían 43 bombas atómicas –cada una como la lanzada en Hiroshima–, bombas que explotan cada año sin producir ningún ruido. En realidad tal número de muertos forma tanta parte de la realidad que nos rodea que ni siquiera aparecen en la primera o última página de los rotativos más importantes del mundo.
Lo que hace moralmente intolerable esta situación es que desde el punto de vista científico sabemos cómo resolver tanto el problema de la pobreza como sus consecuencias, de las cuales el hambre es la más dramática. Y la situación paradójica es que la pobreza no se debe a la falta de recursos. En realidad, el planeta tiene suficiente tierra fértil para alimentar diez veces a la población hoy existente (FAO, 2008). En los países económicamente desarrollados, los estados están incluso subvencionando a los agricultores para que no produzcan más alimentos. Pero lo que es aún más intolerable es que se llame a estos países pobres, cuando no lo son. Los países así llamados tienen poblaciones predominantemente pobres, pero los países en sí no lo son.
¿Por qué entonces se produce y reproduce la pobreza? Si analizamos el país más pobre del mundo (hay una larga lista de candidatos a tal distinción), veremos que las raíces de la pobreza son fáciles de ver, si quieren verse. El diario The New York Times, de orientación liberal, que publica de vez en cuando algunos informes que no encajan en tal sensibilidad, escribió uno sobre la pobreza en Bangladesh, uno de los países que se puede identificar como más pobre (24-11-05).
Tal informe estaba escrito por un grupo de economistas que habían visitado tal país. Entre sus muchas observaciones destacaban las siguientes: “Las raíces del problema de la pobreza en Bangladesh están en la enorme concentración de la tierra (el mayor medio de producción en una economía agrícola) en aquel país. Sólo el 16% de la población rural controla dos terceras partes de toda la tierra cultivable, mientras que el 60% de la población tiene sólo un acre”. Por otra parte, el informe añadía que “la introducción de las nuevas tecnologías –como nuevos fertilizantes– acentúa todavía más la polarización en la propiedad de la tierra, pues sólo los grandes propietarios pueden tener acceso al crédito y a otros factores necesarios para poder explotar y utilizar nuevas tecnologías”.
En cuanto a la “ayuda” que proviene del exterior, el informe señalaba que “los propios oficiales encargados de la ayuda a los necesitados en Bangladesh reconocen (en conversaciones privadas) que sólo una fracción minúscula de los millones de toneladas de alimentos que llegan al país, como parte de la ayuda exterior, termina en las manos de las familias hambrientas que lo necesitan. Los alimentos del exterior los canaliza el Gobierno, quien los vende a los militares, a la Policía, a las clases medias de las ciudades…”. El informe concluía que “el enorme potencial productivo de tierras enormemente fértiles es tal que Bangladesh podría alimentar a una población muchas veces superior a la actual”.
Pero el alimento que se produce no se consume, en su mayor parte, en Bangladesh, pues no existe suficiente capacidad adquisitiva para la compra de alimentos por parte de la mayoría de la población. En lugar de ello, se exporta, sobre todo a los países de mayor nivel de renta, reproduciéndose así una economía basada no en el consumo y demanda interna, sino en el consumo externo y las exportaciones. Parecería que lo más lógico fuera que se creara tal demanda interna, redistribuyendo los recursos (incluyendo la tierra) para permitir el desarrollo de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.
Ahora bien, la estructura de poder, monopolizada por los grandes agricultores, se opone a tales cambios redistributivos. Como bien señalaba el citado informe, “el Parlamento del supuestamente democrático sistema político (Bangladesh aparece en la tipología de países, preparada por el Departamento de Estado de EEUU, como una democracia) está controlado por los grandes agricultores. El 75% de los miembros del Parlamento tiene grandes extensiones de tierra, con lo cual las posibilidades de cambio son muy pequeñas”. El sistema económico y político sostenido en parte por un Ejército y en parte por sistemas de información y persuasión (con conexiones con grupos mediáticos extranjeros), tiene escasas posibilidades de cambio. La Constitución del país, escrita por aquella estructura de poder, pone por escrito la imposibilidad de generar tal cambio. De ahí que la defensa de aquella estructura de poder se presenta como la defensa de la democracia.
Estas son las causas de la pobreza y del hambre y malnutrición en el mundo. Y cuando la población “pobre” se moviliza para cambiar esta situación, se la acusa de violar el orden democrático. El caso de Honduras es el más reciente, pero dudo que sea el último. Estas son las causas de la pobreza en el mundo, que raramente aparecen en los medios de persuasión.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Casal
JOAQUIM SEMPERE
En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300 muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”, reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security, que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo –y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia, “incluidas sus aguas territoriales”.
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia, porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Ossorio
VICENÇ NAVARRO
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE), muestra cómo España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su Estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España.
Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo de visita al médico general de la sanidad pública más corto (seis minutos) de la UE-15. Este hecho, que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, lo que dificulta una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad.
Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del general Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de facto de la derecha española, el PP, a condenar por nombre aquel régimen y sus continuas ambivalencias, oponiéndose a esta condena una y otra vez, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regímenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón– por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país.
La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del Estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el Gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del Estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social (continuada y expandida por el Gobierno Aznar), que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa social. Los ingresos al Estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social, se habían invertido en reducir el déficit del Estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su Estado del bienestar.
El Gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE) es superior al existente en 1993, cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero, además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del Estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España son asumidos por la mujer.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Enric Jardí
JACQES DIOUF
En las próximas cuatro décadas, la población mundial crecerá en 2.300 millones de personas y se hará más rica. Satisfacer la demanda de los 9.100 millones de habitantes del planeta en 2050 exigirá producir un 70% más de alimentos que hoy en día. Por tanto, a no ser que tomemos ahora las decisiones adecuadas, nos arriesgamos a que el día de mañana la despensa mundial esté peligrosamente vacía.
Sobre todo porque en los próximos años el sistema alimentario mundial debe hacer frente al creciente desafío del cambio climático –que puede reducir la producción agrícola potencial hasta en un 30% en África y hasta en un 21% en el conjunto de los países en desarrollo–, y también afrontar plagas y enfermedades transfronterizas más graves que afecten a animales y plantas. Al mismo tiempo, el sector tendrá que hacer frente a una reducción de la mano de obra agrícola –ya que unos 600 millones de personas se desplazarán del campo a las ciudades– y a una mayor competencia por la tierra y los recursos naturales, incluyendo la procedente del sector de la bioenergía.
Nuestra respuesta a estos desafíos determinará cómo podremos alimentar al planeta el día de mañana. Pero igual de importante es ocuparnos de que la gente esté alimentada hoy en día. Esto supone acabar con la difícil situación de 1.020 millones de personas que actualmente sufren malnutrición, actuando de forma decidida para erradicar el hambre completa y rápidamente.
Con la Revolución Verde del pasado siglo, el mundo consiguió evitar una hambruna masiva en Asia y América Latina en la década de 1970, dedicando el 17% de la ayuda al desarrollo a proyectos de irrigación, sistemas de producción de semillas, fertilizantes y forraje, carreteras rurales e instalaciones de almacenamiento.
Al afrontar un desafío similar hoy en día, el camino a seguir debe ser necesariamente diferente. Además de impulsar la inversión en agricultura, necesitamos usar de una forma más eficiente la energía, los insumos químicos y los recursos naturales y centrarnos más en las necesidades de los pequeños campesinos y las familias rurales que viven de la agricultura.
En este sentido, un reto importante será el del agua, ya que necesitaremos de forma simultánea ampliar la superficie de regadío usando proporcionalmente menos agua. La clave para cuadrar este círculo reside en la captación y almacenamiento de aguas y en técnicas que mejoren la eficiencia en el uso del agua y la humedad del suelo.
A medida que disminuya la población rural y agraria, la agricultura será cada vez más intensiva en capital –y conocimientos– para producir más alimentos y de mayor calidad para una población urbana más rica y numerosa. Por tanto, se necesitarán inversiones importantes porque los futuros aumentos de la producción deben proceder casi en su totalidad de incrementos sostenibles de los rendimientos y de una mejor intensidad de cultivo, más que de un incremento de la superficie cultivada. De allí también la importancia de invertir en investigación y desarrollo.
Los campesinos necesitarán también capacitarse para aprender nuevos métodos y tecnologías, y ello requerirá invertir en educación y extensión agraria. Muchas de estas inversiones procederán del sector privado y de los propios campesinos.
Sin embargo, para que las inversiones privadas en agricultura sean atractivas, también se deben dedicar importantes cantidades de dinero público a infraestructuras, educación, tecnología y sistemas de extensión. Se necesitan inversiones en instalaciones y equipamientos. Aparte de la simple agricultura de subsistencia, no tiene sentido producir alimentos a no ser que haya carreteras y vehículos que permitan llevarlos a los mercados, que efectivamente exista un mercado y que el producto pueda ser almacenado y conservado.
Pero ni la financiación ni las cosechas récord serán capaces por sí solas de asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan. Si la gente pasa hambre hoy en día no es porque el mundo no esté produciendo suficientes alimentos para todos, sino porque estos no son producidos por el 70% de las personas pobres cuyo principal medio de vida es la agricultura y, paradójicamente, no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Por tanto, alimentar a todo el mundo en 2050 requerirá también estrategias de reducción de la pobreza, redes de protección social para productores y consumidores y programas de desarrollo rural. Se necesitará una mejor gobernanza y el establecimiento del modelo de condiciones socioeconómicas que mejore el acceso de la gente a los alimentos. También es importante una reforma del sistema de comercio agrícola de forma que no sólo sea libre, sino también equitativo.
Estos temas estarán presentes en los debates de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Roma del 16 al 18 de noviembre, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los 192 estados miembros de la FAO tomarán decisiones importantes sobre las políticas y estrategias que aseguren que todo el mundo tenga comida suficiente hoy y el día de mañana.
En 2050 qué comer dejará de ser un problema para muchos de los que ya tenemos una cierta edad. Pero considero que es mi deber, como seguramente también es el nuestro como comunidad global, hacer todo lo que esté en nuestras manos para desterrar el fantasma del hambre para siempre y asegurar que nuestros hijos y nietos puedan comer dignamente y disfrutar de una vida saludable.
Jacques Diouf es director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Ilustración de Mikel Jaso
GUSTAVO DUCH
El próximo 16 de octubre llegamos a una de esas fechas señaladas desde las Naciones Unidas –el día Mundial de la Alimentación– que este año se presenta con un dato, mejor dicho, con una bofetada escandalosa: 1.020 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. Más que nunca. Coincidiendo con la fecha aparecerán nuevos informes acompañados de recomendaciones y algunas promesas. “Oficialmente” se explicará el incremento de la cifra en 100 millones por la crisis financiera que hizo bajar las donaciones a los países más necesitados y por las condiciones climáticas cada vez más duras. Otros estamentos irán más allá y añadirán que estos niveles de pobreza tan graves son consecuencia de una falta de voluntad política, de un desentenderse de la situación. Pero no, digo yo que no, que todo lo contrario, que es claramente una realidad provocada por una voluntad política de mantener un mundo por encima de otro. De sostener un mundo aplastando los recursos de otros. Ahí están, como novedad en los análisis de este año, la especulación con los precios de los alimentos y la adquisición de tierras de cultivos alimenticios para otros usos, dos atropellos que argumentan mi postura.
La crisis alimentaria iniciada en 2007 pareció despertar la preocupación de los estamentos internacionales y algunas iniciativas para afrontar la gobernanza de la alimentación y la agricultura a nivel global han aparecido en escena. Existe consenso en cuanto a la ineficacia de los mecanismos institucionales actuales, pero no respecto a cómo solventarla. Durante estos días se debate sobre las supuestas soluciones. Por un lado tenemos la propuesta del G-8 de crear una nueva “Alianza Global sobre la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, mientras que algunos gobiernos y colectivos de la sociedad civil abogan por la renovación y el fortalecimiento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (la Agencia de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas). No es una discusión baladí. Los defensores de las políticas económicas neoliberales defienden un espacio de coordinación donde se otorgue poder de decisión, además de a los gobiernos, al sector privado y a las instituciones financieras internacionales, es decir, a la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Encontrar en la mesa de coordinación a representantes de empresas como Monsanto o Nestlé –por nombrar un par– junto con los actores que han contribuido a la desregularización de la agricultura, no es desde luego aceptable para muchos gobiernos del Sur, que reclaman un papel de liderazgo para la FAO, una institución del sistema de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto de igual valor.
Más allá del espacio de gobernanza, es clave conocer la estrategia a implementar y, otra vez, creo, deberíamos mirar hacia Ginebra –sede de las Naciones Unidas–, desarrollando políticas desde la perspectiva de los derechos humanos y no hacia Washington –sede del Banco Mundial, por ejemplo–, insistiendo en políticas neoliberales. El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación. Como tal se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se desarrolla en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tomar como eje de acción el Derecho a la Alimentación es aceptar que los pueblos y sus poblaciones deben tener acceso permanente a la alimentación. Derecho a alimentarse, es decir, a producir sus alimentos accediendo a los recursos que los hacen posible: tierra, agua y semillas. Si se acepta este enfoque, los estados tienen entonces la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el Derecho a la Alimentación desde sus responsabilidades territoriales y extraterritoriales.
Y también supondría un despliegue legislativo que defendiera a tantas personas de la vulneración de su derecho a alimentarse. Al respecto quisiera citar dos ejemplos que ha documentado el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición. El primero es el caso de la India, que, a pesar de un incremento significativo del PIB, presenta tendencias de aumento de la pobreza. El Gobierno de la India ha promovido el cultivo de agrocombustibles para reducir su dependencia energética y –dicen– incrementar puestos de trabajo agrícolas. Si el Gobierno hubiera seguido las directrices del Derecho a la Alimentación como prioridad frente a intereses de grandes corporaciones como Daimler Chrysler, no se hubieran generado los impactos provocados sobre las poblaciones campesinas locales: sustitución de cultivos de subsistencia, escasez de agua por la alta demanda de los cultivos energéticos, destrucción de tierras y bosques dedicadas al pastoreo y más dificultades para acceder a la madera como combustible.
El segundo ejemplo es el caso de Zambia, donde las producciones de miel y leche generan alimentos, ingresos y empleos a muchas familias, pero su Derecho a la Alimentación se ve vulnerado esta vez por los acuerdos comerciales entre Zambia y la Unión Europea, que llevarán a competir a los productores locales con las grandes corporaciones europeas, fuertemente subsidiadas.
Decía al principio que el hambre no es sólo un problema de negligencia, sino una cadena de intereses a favor de unos pocos. Contra esos intereses debe centrarse cualquier estrategia de lucha contra el hambre. El enfoque desde los derechos ha avanzado en los últimos años. Desde la sociedad civil se elaboraron las Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la Alimentación que fueron aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Ahora faltaría que dejaran de ser voluntarias.
Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire
Ilustración de Iker Ayestaran
Josep Maria Antentas
Justo cuando se cumple un año del estallido de la “gran crisis”, el G-20 afronta su nueva cumbre en Pittsburgh. Este tercer round, después de los encuentros de Washington y Londres, llega en medio de una intensa cháchara desplegada por los principales gobiernos acerca del fin de la crisis. El coro de voces es claro: lo peor ya pasó, la recuperación se aproxima y enfilamos la recta final. Asunto concluido. Y dentro de poco tiempo, business as usual. Quizá, en el fondo, la cosa no era tan grave. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Como señala el economista francés Michel Husson: “Suponer que la recesión pueda ser borrada por una minirrecuperación es no ver más allá de la punta de la nariz (…). Los próximos meses verán, pues, ponerse en marcha un nuevo bucle recesivo alimentado por dos mecanismos que no actúan aún. En primer lugar, la demanda salarial va a acabar por estancarse debido a la bajada del empleo y el bloqueo de los salarios. A la vez, las medidas destinadas a reabsorber los déficits presupuestarios van a anular progresivamente el efecto de arrastre de los gastos públicos y sociales sobre la actividad económica. Tenemos, al contrario, ante nosotros varios años de crecimiento deprimido y de medidas de austeridad destinadas a enjugar los planes de relanzamiento”.
A pesar de la retórica grandilocuente de la anterior reunión del G-20 y su pompa escenográfica, las medidas adoptadas durante este año por los principales gobiernos del mundo han buscado transferir el coste de la crisis a los sectores populares, socializar pérdidas y apuntalar los cimientos del modelo económico, sin cambios significativos del mismo, más allá de la corrección de algunos “excesos” negativos desde el punto de vista del propio funcionamiento del sistema. Contrariamente a algunas ilusiones, a menudo sacadas de lecturas poco sólidas de los años treinta y haciendo abstracción de las diferencias de contexto, no ha habido giro neokeynesiano alguno. La crisis, como indica el filósofo Daniel Bensaïd, “es también, aunque no guste a los profetas de la salida de la crisis gracias a los prodigios de un New Deal verde, una crisis de las soluciones imaginadas para superar las crisis pasadas”. Bajo el impacto del shock del hundimiento de Wall Street y las medidas de rescate bancario, algunas voces desde la izquierda hablaron hace un año de forma excesivamente optimista del “fin del neoliberalismo”. Lo acontecido ha sido distinto. El neoliberalismo ha sufrido una crisis de legitimidad muy profunda y las falacias y contradicciones del discurso neoliberal han quedado más descubiertas que nunca. Pero esto no significa que las políticas neoliberales estén enterradas, ni que la salida a la crisis haya comportado una ruptura con el paradigma neoliberal, ni la adopción de medidas favorables a los intereses populares. Para ello haría falta construir otra correlación de fuerzas entre capital y trabajo. No habrá reformas espontáneas desde arriba sin más.
La incapacidad para arrancar cambios significativos en las políticas dominantes se explica fundamentalmente por la debilidad de la respuesta social frente a la crisis. El desfase entre el malestar social y el descrédito del actual modelo económico y su traducción en movilización colectiva es claro. Las respuestas a la crisis, sobre todo en los centros de trabajo, son limitadas, eminentemente defensivas, de poco alcance, y la mayoría, con algunas excepciones, han terminado en derrotas. Esta dinámica es favorecida, además, por la política de concertación de los grandes sindicatos. Ante un contexto de crisis, las reacciones de los sectores populares pueden estar dominadas por el desánimo, el miedo y el egoísmo, o por la rabia ante la injusticia, la movilización colectiva y la solidaridad. Pueden orientarse hacia opciones progresistas y de izquierda o girarse hacia alternativas populistas y reaccionarias. A pesar de la tibieza de la respuesta colectiva ante la crisis no hay que sacar de ello conclusiones pesimistas o prematuras. Conviene recordar, por ejemplo, que después del crack de 1929 el movimiento obrero norteamericano tardó cuatro años en responder, pasar a la ofensiva y sacudir el panorama político y social del país. Estamos, pues, todavía en una primera etapa. Las promesas de moralización del capitalismo entonadas desde hace meses y las proclamas recientes de que lo peor ya pasó tienen en común el intento de negar el carácter sistémico de la crisis y de evitar que la misma abone el cuestionamiento del propio sistema económico. Nicolas Sarkozy lo señalaba bien claro hace un año en su discurso de Toulon, justo después de la debacle de Wall Street: “La crisis financiera no es la crisis del capitalismo, es la crisis de un sistema alejado de los valores fundamentales del capitalismo a los que, en cierto modo, ha traicionado. Quiero decírselo claro a los franceses: el anticapitalismo no ofrece ninguna solución a la crisis actual”.
¿Seguro? En realidad, la crisis económica, transformada en grave crisis social, en conjunción con la crisis ecológica, energética y alimentaria plantea con más fuerza que nunca la necesidad de una ruptura con el actual orden de cosas. Sin duda, el anticapitalismo aparece hoy como un doble imperativo, moral y estratégico, insoslayable. Lo vamos a recordar estos días desde las calles de Pittsburgh.
Josep Maria Antentas es Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de Mikel Jaso
