VICENÇ FISAS
Hace ahora diez años, inicié en el País Vasco un ejercicio confidencial, al que puse el nombre de Contrastes, por el que invitaba a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento vasco a contestar unos cuestionarios que les enviaba periódicamente y que luego discutía directamente con ellos y sistematizaba para que vieran los puntos de acuerdo, los de desacuerdo y aquellos que convenía matizar. A pesar de que era un momento de mucha tragedia y tensión por los atentados de ETA, en el ejercicio participaban todos los grupos políticos, desde Batasuna al PP, lo que le daba un valor extraordinario, por único, y seguramente por su carácter confidencial, aspecto que se respetó en todo momento por parte de los participantes. El ejercicio duró dos años y medio, y terminó por la ilegalización de Batasuna.
Pasada una década, no traiciono ya la confidencialidad del ejercicio si hago pública su existencia, con el propósito de ver si en ese espacio de tiempo hemos cambiado de parecer y hemos madurado en algunos puntos de los que se trataron. Y me gustaría poner el énfasis en el desarrollo de las opiniones de la izquierda abertzale, porque considero que ha sido, es y será un actor clave en lo que ha de suceder en el País Vasco. No el único, evidentemente, porque el futuro vasco será el resultado de la confluencia de muchas evoluciones, sin excepción. Y es justamente aquí donde veo el nudo gordiano de la cuestión: el logro del consenso suficiente es lo que permitirá pasar de la histórica y perversa lógica matemática del 51% de los votos a la lógica surafricana de mayorías más amplias, que establecen unas reglas del juego buscando el concurso de la mayoría de los participantes. Fue hace diez años cuando la izquierda abertzale, Batasuna concretamente, y como resultado de un largo debate interno, empezó su primera aproximación al cambio de paradigma. Lo plasmó en un documento o plan de paz en febrero de 2001, en el que por primera vez abogó por aceptar que en el País Vasco hay diferentes expresiones políticas que hay que respetar, y que nadie puede imponer sus proyectos políticos sobre los demás.
Ocurre, sin embargo, que ahora estamos en un momento de tránsito hacia este momento, precedido por etapas que son percibidas de forma confusa. De ahí algunas polémicas. Puedo afirmar, con conocimiento de causa, que las cosas se mueven y por la buena dirección. La izquierda abertzale, hoy día, ya ha asumido plenamente lo del consenso suficiente. Le ha llevado diez años de maduración, pero puedo asegurar que es un tiempo habitual para este tipo de cosas. Los que nos dedicamos a procesos de paz trabajamos por décadas, no por años, y así ha sido en el País Vasco. En los socialistas ocurre algo parecido: han tenido su avanzadilla en Gema Zabaleta y Jesús Eguiguren, cuyas tesis de hace siete u ocho años no podían compartir la mayoría de sus compañeros de filas, pero que poco a poco van teniendo más partidarios.
Son personas que se han caracterizado por ver el futuro, y que por ello han tenido que tropezar con las dinámicas más lentas de las mayorías. Pero no son los únicos. Hace 12 años, una parlamentaria de Batasuna me comentaba que su proyecto no era para el presente inmediato sino para 20 años vista, y lo que la motivaba a trabajar eran sus hijos, que en ese futuro jugarían en paz con los del PP. No es tampoco extraño que hayan sido mujeres, muchas de ellas unidas en la organización Ahotsak, las que hayan protagonizado iniciativas de encuentro con una mirada puesta en un futuro en paz. Jone Goiricelaya y Gema Zabaleta han sido muy valientes en este sentido, y llegará un día en que se les reconocerá lo que han hecho, y lo han hecho entre otras cosas porque son mujeres y madres y quieren dejar a sus hijos otro escenario, uno en el que la violencia sea cosa del pasado.
Mario Onaindia, un dirigente del Partido Socialista de Euskadi que antes había sido militante de ETA y que en 2000 fue el encargado de dar respuesta al ejercicio Contrastes, me decía entonces que el mundo de Batasuna no iba a evolucionar, olvidando su propio tránsito de las armas a la política. Pero factores internos y externos han hecho posible el cambio, y hoy día la izquierda abertzale apuesta al juego democrático, con todas sus reglas, y está madura para rechazar la violencia. Ese paso es importante, y no se me escapa que para llegar a donde estamos ha influido decisivamente la presión del Gobierno con su política de “legalidad por renuncia clara e inequívoca de la violencia”.
El paso siguiente debería ser, desde mi punto de vista, alentar la participación política de una izquierda abertzale completamente desligada de ETA, una organización condenada a dejar las armas y autodisolverse a corto plazo. Y si las cosas son así, es mejor que quienes han conducido este tránsito hagan política en la calle y en el escaño, y no que permanezcan en prisión. Estamos en una auténtica transición hacia la paz en el País Vasco, y está cercano el día en que ETA será historia. Toca, pues, avanzar en los acontecimientos y preparar una nueva etapa de diálogo que permita la reconciliación de una sociedad que durante décadas ha vivido dividida.
Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB
Ilustración de Jordi Duró
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
No conozco personalmente a Jesús Egiguren. Pero he seguido su trayectoria con cierto detalle desde que contribuyó de manera decisiva a lanzar el proceso de paz impulsado en la primera legislatura de Zapatero para acelerar el final de ETA. El papel que ha desempeñado Egiguren en todo este tiempo ha sido sin duda incómodo, pues ha tenido que aproximarse al mundo etarra buscando vías de salida a un problema que lleva enquistado varias décadas y a propósito del cual el diagnóstico oficial establece que no hay más alternativa que una política represiva dentro de los límites marcados por el Estado de derecho.
Sus esfuerzos le han valido toda clase de ataques y vilipendios por parte de la prensa reaccionaria. Egiguren, sin embargo, es una de las personas que más han hecho para acabar con el terrorismo en España, al margen de que, como cualquier otra persona, haya podido cometer errores en un contexto tan endiabladamente complejo.
Quienes minimizan su tarea repiten machaconamente que el proceso de paz fue un fracaso y significó un retroceso en el combate contra ETA. Curiosa apreciación. El proceso de paz, ciertamente, no acabó con el terrorismo. Sería absurdo afirmar lo contrario. Era una apuesta de indudable riesgo, cargada de incertidumbre. Diversos elementos impidieron que se llegara a un acuerdo: fundamentalmente, las divisiones en el seno de ETA y la cobarde subordinación de la izquierda abertzale a los terroristas. Hubo otros factores que tampoco ayudaron, como el exagerado activismo judicial contra Batasuna o la división que se produjo en la opinión pública española como consecuencia de una politización insólita de este asunto por parte de la derecha.
Reconozcamos, pues, que fue un proceso fallido o fracasado. Ahora bien, si admitimos este diagnóstico, si consideramos que el único criterio para juzgar el proceso de paz consiste en determinar si acabó definitivamente con el terrorismo, no nos queda más remedio que concluir asimismo que la política represiva basada en el acoso policial y judicial a ETA ha sido todavía un fracaso mayor, incomparablemente mayor, pues llevamos más de 40 años tratando de acabar con ETA por esa vía y no lo hemos conseguido. ETA ha logrado el triste record de ser la organización terrorista más longeva en activo de Europa. Cuando se opone el proceso de paz a la vía policial y se dice que aquel fue un fracaso y esta un éxito, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Visto con algo de perspectiva y con categorías menos esquemáticas que las que suelen utilizarse, debe reconocerse que el proceso de paz tuvo algunas consecuencias no enteramente negativas. En primer lugar, el proceso de paz trajo el periodo más largo de nuestra historia democrática sin víctimas mortales. Aquello, extrañamente, puso al país en un estado de máxima agitación, mientras que las aguas volvieron a su cauce en cuanto ETA volvió a asesinar y el Gobierno recuperó el discurso habitual de la firmeza.
Además, el proceso mismo contribuyó de forma crucial a transmitir la impresión entre las bases de la izquierda abertzale de que el tiempo de las armas había tocado a su fin. Tras más de tres años sin víctimas mortales, estaba claro que ETA no iba a lograr mucho mediante la actividad terrorista. De hecho, la violencia de ETA tras el proceso ha sido considerablemente menor que aquella otra que sufrimos tras la tregua de 1998-99. Desde que ETA rompió el alto el fuego en diciembre de 2006, ha asesinado a 12 personas. Tras el final de la tregua del pacto de Lizarra, ETA causó 47 víctimas mortales. En este sentido, el alto el fuego de 2006 no parece que fuera una tregua trampa ni sirvió para que ETA
se rearmara y se reorganizara.
Por último, las disensiones internas en el seno de ETA como consecuencia del proceso de paz son bien conocidas a estas alturas y han contribuido decisivamente al debilitamiento de la organización terrorista. Y, más importante todavía, el hecho de que el Estado se mostrara dispuesto a negociar con los terroristas posibilitó que se abriera una brecha entre la rama política y la rama armada del movimiento. Esa brecha ha ido ahondándose desde entonces, según se ha puesto de manifiesto en la evolución de Batasuna en los últimos tiempos.
Estos logros no habrían sido tales sin la apuesta valiente y decidida de Egiguren. Egiguren considera ahora que pueden darse algunos pasos a fin de que Batasuna introduzca la máxima presión sobre ETA para que esta pare de una vez y, si eso no es factible, para que Batasuna rompa el cordón umbilical con ETA. Su postura consiste en utilizar la política de forma inteligente, mediante el palo y la zanahoria. Está de acuerdo en que la Justicia y la policía apliquen toda la fuerza posible contra ETA, pero también cree que se pueden ofrecer incentivos positivos para que Batasuna evolucione en la dirección que todos deseamos. Se trata, en suma, de mantener un fuerte acoso al terrorismo a la vez que se facilita la opción de desenganche de Batasuna.
Algunos piensan que es mejor no correr riesgos y esperar a que la situación madure por sí misma gracias a la tarea de las fuerzas de seguridad y a la aplicación de la Ley de Partidos. Es una postura razonable. Pero también es razonable y merece la pena discutir la postura de Egiguren, orientada a acelerar lo que de todas formas parece previsible que acabe sucediendo. Con todo, el clima sofocante que se ha impuesto en el debate sobre el terrorismo, en el que sólo resultan aceptables mensajes simplistas y contundentes, hace parecer escandaloso este tipo de propuestas.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología de la Universidad Complutense
Ilustración de Mikel Casal
JOSÉ MARÍA BENEGAS
Las recientes declaraciones de Jesús Eguiguren planteando la necesidad de diseñar un nuevo escenario en el que se contemple la legalización de Batasuna y medidas relacionadas con los presos de ETA, han reabierto la polémica sobre el final de la banda terrorista.
El atentado de la T-4 tuvo consecuencias que no se pueden ignorar cuando se trata de diseñar la estrategia antiterrorista y el horizonte del final de la violencia. Una fue la constatación, una vez más, de que ETA rompe de modo abrupto y unilateral las treguas que declara, burlando la buena fe de los gobiernos que intentan un final negociado. Así fue en Argel, en Lizarra, y en la última ocasión perpetrando el atentado de Barajas. Hoy sabemos que durante el transcurso de las treguas se van imponiendo las posiciones más duras que propician la ruptura y la vuelta a la violencia. Conocedores de esta circunstancia y de la experiencia acumulada, ningún gobierno democrático va a volver a intentar el final del terrorismo por esta vía.
La segunda consecuencia del atentado de la T-4 fue que produjo indignación en el seno de Batasuna por resultar incompresible. Y actuó como revulsivo, reforzando las posiciones de quienes piensan que, en las actuales circunstancias, el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos instrumentalmente no sólo es inútil, sino que tiene elementos y consecuencias negativas para sus propósitos, como lo son la ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes y el amplio rechazo social que hoy tiene el terrorismo en la sociedad vasca. Desde esta perspectiva, dirigentes de la llamada izquierda abertzale han dado pasos, desde luego tímidos, en la dirección de señalar que apuestan por vías exclusivamente democráticas para defender sus objetivos. Sin embargo, no se da el paso de la definitiva desvinculación de ETA y la condena rotunda de sus acciones y del terrorismo.
Los dirigentes de Batasuna no han considerado la paz como una estrategia en sí misma, tal y como hizo Gerry Adams, sino como una circunstancia en la que pueden alcanzarse logros políticos que resuelvan “el conflicto” o medidas de gracia para los presos. Este es el planteamiento que se ha hecho siempre que ETA ha declarado una tregua. Teórico final a cambio de logros políticos que no se han conseguido democráticamente. Este planteamiento no ha sido aceptado por los diferentes gobiernos del Estado puesto que, de haberlo hecho, hubiera supuesto la legitimación de la violencia para alcanzar objetivos políticos en un sistema democrático.
Desde el punto de vista de la estrategia antiterrorista desarrollada por el Gobierno, se trata de que Batasuna y ETA entiendan que no va a producirse un final negociado en ninguna circunstancia porque, entre otras razones, la oportunidad que se brindó en su día se repudió dramáticamente con un brutal atentado que causó dos muertos. Tienen que convencerse de que esto va a ser así y que sólo caben las vías políticas sin violencia y, en caso de no aceptarse, la cárcel. He aquí el error de Eguiguren. Su planteamiento reabre la posibilidad de que pudiera haber un final negociado y genera nuevas esperanzas de logros políticos, aunque sean mínimos. El error se acrecienta cuando ni el PSE ni el Gobierno del Estado están de acuerdo con estos planteamientos. Se puede nadar a contracorriente, pero contra tanta corriente no es posible.
La ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes, la espectacular acción policial plagada de éxitos, están logrando que Otegui y compañía interioricen que no hay otro final diferente a su desvinculación de la violencia de ETA o su disolución sin ningún trueque político. El transcurso del tiempo, en contra de lo que piensan algunos, juega a favor de que esto se produzca en algún momento.
Soy menos optimista en cuanto a la disolución unilateral de ETA. Ojala esté equivocado y no sea así. El sistema de sustituciones que tiene ETA ante la detención de sus dirigentes y el papel nulo de estos cuando entran en prisión en cuanto a la dirección de la organización –a diferencia de lo que ocurría en el IRA, que tenía una estructura verdaderamente militar y los generales lo seguían siendo en la cárcel y con mando– no facilita la autodisolución. En general, los sustitutos no tienen historia, ni autoridad, y en muchas ocasiones son muy jóvenes. Es muy difícil que, concurriendo estas circunstancias, se atrevan a asumir la responsabilidad de dar el paso hacia una disolución unilateral de la banda. Podrían declarar una nueva tregua indefinida, ante la cual el Gobierno no debe variar un ápice su estrategia, pero es difícil que proclamen el cese definitivo de la violencia y su autodisolución.
En estas circunstancias, no debe descartarse una dilución de la organización terrorista. Un final sin final explícito. Una de-
sintegración con coletazos. Incluso una escisión sin futuro o un atentado que obligue a Batasuna a pronunciarse. En todo caso, debemos todos ser muy prudentes. Mantener la unidad democrática y la eficacia policial siendo conscientes de que la batalla que estamos librando es por la libertad y la convivencia democrática. Y la podemos ganar definitivamente.
José María Benegas es diputado del PSOE por Vizcaya
Ilustración de Iker Ayestaran
NICOLE THIBON
En la mañana del pasado lunes 29 de marzo, en plena hora punta, explotaron dos bombas en el metro de Moscú, una en la estación Park Kulturi, antes conocida como Gorki Park, y la otra en la estación Lubianka, zona de siniestra memoria y patrullada con intensidad por la policía. Los dos atentados suicidas sumaron 40 muertos y 121 heridos, y la responsabilidad de ambos ha sido reivindicada.
El primer ministro Vladímir Putin reaccionó rápidamente y con encomiable energía: pidió a las fuerzas de seguridad del país que “limpiaran las cloacas” en busca de los responsables del doble atentado. Hay que “extraerlos, a la luz de Dios, del fondo de las canalizaciones. Es una cuestión de honor”. Y precisó: “Quienes preparan la sopa o lavan la ropa” de los que ponen bombas deberán responder igualmente del crimen. El presidente Medvédev, en lugar de recurrir a adjetivos grandilocuentes, decidió visitar por sorpresa Daguestán, en donde otros dos atentados suicidas habían tenido lugar poco después.
Sin embargo, no es la primera vez que el blanco es el espléndido metro de Moscú. En febrero de 2004 tuvieron lugar atentados similares en los que 34 personas hallaron la muerte en un tren que se acercaba a la estación Paletevskaia. Seis meses después, un kamikaze se hizo estallar en el exterior del metro moscovita, dejando diez muertos.
Al margen de la situación en Chechenia, y cualesquiera que sean las opiniones de los ciudadanos rusos sobre las contundentes reivindicaciones de los independentistas caucásicos, muchos rusos comienzan a pensar que la falta de seguridad podría tener su origen en los Servicios de Seguridad mismos.
Mediocre espía del KGB, los servicios secretos de la época, y tras años de desempleo, Putin entra en la alcaldía de San Petersburgo. En 1998, ya bajo el Gobierno de Boris Yeltsin, llega a dirigir el FSB, sucesor del KGB, y de allí pasa a conseguir el rango de primer ministro, en 1999.
Ahora bien, en la medianoche del 8 al 9 de septiembre de 1999, en el número 19 de la calle Gurianova, un edificio de nueve pisos se derrumba sobre sus residentes, dejando 94 muertos y 249 heridos. Cuatrocientos kilos de explosivo habían sido colocados en el subsuelo junto a las pilastras de los cimientos del inmueble. Cuatro días después, a las cinco de la mañana en la avenida Kachirskoye, una bomba colocada en una casa de apartamentos de ocho pisos deja 119 muertos y 200 heridos. Otras dos ciudades de provincia también sufren atentados. El manifiesto problema de seguridad pide con naturalidad la solución de un Gobierno fuerte. La prensa, en esta época todavía relativamente libre, señala en los alrededores la presencia de un coche del FSB cargado de explosivos y advierte de que un diputado de la Duma denunció un atentado en la ciudad de Volgodonsk dos días antes de que, efectivamente, tuviera lugar en la dirección indicada. Los criminales, designados con sus nombres por las autoridades, no son arrestados. Ninguna investigación parlamentaria es autorizada. Hay fuertes sospechas de que el Gobierno está intentando acallar el asunto.
Dos meses después de los atentados y a causa de la alarma social, Boris Yeltsin dimite y deja el Kremlin en manos de Putin, que toma el poder para no dejarlo. A partir de ello, se desencadena la segunda guerra de Chechenia, la prensa queda controlada –por no decir amordazada– y los periodistas demasiado curiosos son simplemente asesinados. Los periódicos de más de 100.000 ejemplares son comprados por amigos del presidente y del FSB, y los jueces se convierten en meros servidores del poder. Según The Economist, “hay muchos indicadores de que los jefes de la seguridad gozan de una combinación de poder y dinero sin precedentes en la historia de Rusia”. Pero los atentados se interrumpen y, con un 75% de votos según los sondeos, Putin llega a la cima de su popularidad.
Hoy, el Putin primer ministro ya no goza de la popularidad del Putin presidente. Como respuesta a los últimos atentados, el FSB reclama “nuevas medidas, más duras” y, naturalmente, un aumento del presupuesto. Pero nadie parece contemplar la posibilidad de tratar las raíces del mal, es decir, el polvorín independentista y martirizado del Cáucaso. Sin ninguna estrategia antiterrorista, es como si la política del Gobierno “centrara sus esfuerzos en la lucha contra el pueblo y no contra los terroristas”, escribe Nicolás Petrov, del Centro Carnegie de Moscú. Juzgado responsable de la falta de habilidad del Comité Nacional Antiterrorista, creado en 2006 –el número de atentados subió de 48 en 2007 a 876 en 2009– Putin llega a ser abucheado por manifestantes que piden su dimisión, y la población tiende a confiar más en Dmitri Medvédev.
Qué casualidad: justamente cuando Putin pierde gran parte de su popularidad, los chechenos programan una nueva serie de atentados. Donde algunos ven la incapacidad y total falta de estrategia antiterrorista del Gobierno, otros hablan hoy en Moscú de la complicidad entre Putin y los Servicios Secretos. El politólogo Andréi Piontkovsky, ex director del Centro de Estudios Estratégicos, resume así los últimos diez años: “Septiembre de 1999: terror en Moscú. El primer ministro Putin se convierte en presidente para salvarnos. Marzo de 2010: terror en Moscú. ¿El primer ministro Putin volverá a ser presidente para salvarnos otra vez?”.
Nicole Thibon es periodista
Ilustración de Miguel Ordóñez
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
El intento fallido de atentado en un vuelo hacia Detroit ha reabierto el debate sobre los controles aeroportuarios y, al tiempo, sobre las medidas de prevención contra ataques terroristas. A juzgar por las reacciones suscitadas a uno y otro lado del Atlántico, los partidarios de endurecer la vigilancia con técnicas supuestamente más incisivas como los escáneres corporales han tomado una vez más la delantera. En sus declaraciones públicas no han dudado en exhumar el mantra cansino de la defensa de la seguridad. El gesto, sin embargo, tiene no poco de fraudulento: por su dudosa eficacia para prevenir atentados, por su elevado coste económico y por la inaceptable amenaza que supondría para libertades y derechos crecientemente cercados.
La obsesión securitaria en los aeropuertos es de larga data. Pero llegó al paroxismo con los atentados del 11-S,
que mostraron que un avión podía ser no sólo un instrumento de chantaje en caso de secuestros, sino un arma de destrucción. Como respuesta, justamente, George W. Bush creó la poderosa Administración de Seguridad del Transporte (TAS), con el propósito de detectar y prevenir posibles actos terroristas. Con un presupuesto que en el año 2008 ascendía a los 4.700 millones de euros, la TAS asumió el encargo de coordinar controles y detectar “perfiles de riesgo” a lo largo del país, incluidos los aeropuertos. Para ello, autorizó el acceso a bases de datos y sistemas de reservas de las compañías aéreas, multiplicó los controles previos al embarque, muchos de ellos carentes de toda publicidad e, incluso, creó una lista de personas a las que había que vigilar (watch list) o, directamente, prohibir volar (no fly list).
No pasó mucho tiempo para que el poder que estas medidas concedían a policías y vigilantes privados se revelara como fuente de innumerables abusos. Confiscaciones arbitrarias de pertenencias personales, registros ilícitos de teléfonos móviles y ordenadores, cacheos humillantes a migrantes o a estadounidenses de origen árabe, pero también a personas mayores y niños. La prensa y algunas organizaciones, como la conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, denunciaron que en las listas de sospechosos de terrorismo figuraban monjas, periodistas, ex agentes de seguridad y hasta el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.
A pesar de las escasas salvaguardas garantistas de estas políticas, la Unión Europea acabó por plegarse a ellas. En 2006, la Comisión Europea aprobó un vergonzoso reglamento por el que se establecían normas secretas para garantizar la seguridad aérea. También aquí se consintieron, sin escrutinio público alguno, controles arbitrarios y sin cobertura legal, como la obligación de pasar descalzos y sin cinturón por el detector de metales. La presión de algunos europarlamentarios y de asociaciones de defensa de derechos humanos llevó a la Comisión a enmendar parcialmente su política. Un nuevo reglamento de 2008 hizo públicas muchas de las prohibiciones vigentes. Pero no frenó los abusos y trajo consigo nuevas vulneraciones al derecho a la intimidad y a la libre circulación de las personas.
En realidad, el reciente intento de atentado navideño era una buena oportunidad para revisar una política que, en palabras de la propia secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, “ha fallado miserablemente”. Pero a lo que hemos asistido, en cambio, es a una huida en falso que viene a reforzar la idea de que cualquier objeto (un zapato, un frasco, un pliegue en la ropa) y cualquier persona (la que tiene ciertos rasgos étnicos, pero también la que se pone nerviosa o protesta) pueden ser sospechosos de terrorismo.
Los expertos coinciden en que, más allá de su carácter intrusivo para la intimidad de las personas, los escáneres de cuerpo desnudo –cuyo coste gira en torno a los 112.000 euros– serían incapaces de detectar sustancias escondidas en las cavidades corporales. Y que incluso si se incorporara tecnología que lo permitiera, esta implicaría serios riesgos para la salud de los eventuales pasajeros. Lo cierto es que tales artilugios alimentan la ilusión orwelliana de poder neutralizar tecnológicamente a un enemigo por definición difuso y cambiante. Por eso, no han tardado en añadirse a la vasta panoplia de dispositivos supuestamente diseñados para combatirlo controles del iris, retratos en tres dimensiones, cribado de huellas dactilares, análisis de gestos o cabinas de ondas milimétricas.
En realidad, los registros y vejaciones que hoy se perpetran en los aeropuertos no pueden verse como un hecho aislado. Son el reflejo de prácticas cada vez más extendidas en otros ámbitos de la sociedad que han colocado a buena parte de la población bajo sospecha, consintiendo su fichaje, localización y rastreo permanentes. En ese contexto, blandir el argumento de la seguridad para justificar un nuevo ajuste en el torniquete del control no deja de parecer un fraude. Por la creciente inseguridad que estas políticas generan (sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población) y por su frecuente ineficacia para conseguir los objetivos que dicen perseguir (el supuesto terrorista de Detroit, no hay que olvidarlo, figuraba en las famosas listas norteamericanas de sospechosos). Tal vez sea hora, más bien, de comenzar a exigir que los propios vigilantes sean vigilados y que los controles sean tan sólo los estrictamente necesarios. Y de recordar, para ello, la preclara advertencia lanzada hace ya tiempo por Thomas Jefferson: “Quien esté dispuesto a sacrificar un poco de libertad para sentirse seguro, no merece ni lo uno ni lo otro”.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello son miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
Pere Vilanova
Se cumple el octavo aniversario del fatídico 11-S y empieza a ser necesario hacer un balance mínimamente riguroso de sus consecuencias. O, mejor dicho, del balance que ofrece eso que denominamos genéricamente Al Qaeda, pero también del balance de las políticas de respuesta que se han aplicado a esta amenaza. Políticas de respuesta que se han dado desde las democracias y desde otros actores de diversos tipos, incluyendo regímenes autoritarios de perfiles muy variados. Parece obvia la importancia de ese ejercicio y, sin embargo, o no se ha hecho todavía, o se ha hecho parcialmente. Es verdad que en el quinto aniversario del 11-S hubo diversas reflexiones y análisis, pero probablemente venían muy condicionados por la proximidad del acontecimiento o por su aura conmemorativa.
El balance merecería ser exhaustivo, pero ello excedería en mucho las dimensiones del presente artículo. Ha de ser además una obra colectiva, abordada desde diversos ángulos, pero sobre todo esta evaluación ha de ser un ejercicio constante, permanente, al margen o en paralelo a las declaraciones políticas, institucionales o conmemorativas que las diversas acciones terroristas susciten. Son o deberían ser dos cosas distintas. Al Qaeda –propagandas interesadas aparte– no ha triunfado; de hecho su balance es pobre en relación a sus propias expectativas. No ha conseguido acercarse al listón más elevado de su programa, aunque es bien cierto que incluso actuando a niveles más bajos o consiguiendo algunos atentados aquí y allá, sigue siendo un problema muy serio de seguridad para todos nosotros. Por ejemplo, en relación a –aparentemente al menos–su ambición de derribar gobiernos (árabes o no), y de instaurar califatos islámicos, su balance es nulo, cero total. La estabilidad de los gobiernos árabes que Al Qaeda ha vilipendiado más (su casi totalidad, empezando por Arabia Saudí) no se ha visto decisivamente amenazada. La agenda política de Marruecos, Líbano, Siria, incluso Egipto, no viene marcada por una supuesta centralidad de Al Qaeda. Su implantación en Líbano es marginal (en dos campos palestinos, situación ya de por sí aislada y marginada en suelo libanés) y nula en Palestina, donde Hamás resolvió hace poco y a tiro limpio la primera puesta en escena de Al Qaeda en Gaza.
Algunos analistas insisten en que se expande por el Magreb y en realidad se puede considerar que su aparición en Mauritania y regiones afines saharianas o subsaharianas es una prueba de su marginalización, su dificultad de crecer en Marruecos o incluso en Argelia (comparado con los días álgidos del GIA en los años noventa). La invasión de Irak propició su aparición en dicho país, donde no estaba (Bin Laden consideraba a Sadam Husein un blasfemo y un hereje), pero a día de hoy la agenda de inestabilidad de Irak viene determinada por las fragmentaciones inter e intra comunitarias, las provocaciones terroristas contra los chiíes a cargo de grupos suníes, la inestabilidad política interna e institucional. Pero Al Qaeda no es el actor central en Irak. Incluso en Afganistán, una vez ISAF se ha decidido a desconstruir la foto fija del concepto talibán, se ha visto lo ya sabido por muchos expertos. El término debe ser insurgencias (en plural), comprensible sobre todo desde las tradiciones y estructuras sociales, étnicas y lingüísticas más ancestrales. Al Qaeda fue una operación de import-export que hoy en día tiene mucha influencia en diversas partes de la frontera entre Afganistán y Pakistán, sobre todo en Waziristán y en algunas zonas de diez de las 34 provincias de Afganistán. Por cierto, Al Qaeda no tomará el poder en Islamabad, y, si el actual Gobierno paquistaní (civil y surgido de un proceso electoral) hubiese de caer, sería por un golpe de Estado, según un ciclo perfectamente fechado de alternancias civiles y militares desde 1948 hasta hoy. Y así sucesivamente.
En cuanto a nuestras democracias: los gobiernos han resistido bien, el consenso social contra el terrorismo en general ha salido reforzado de la prueba y, si alguna influencia política ha podido tener, es en dos direcciones. Una, inevitable, se verá próximamente en procesos electorales en Alemania o Reino Unido; es bastante lógico y tiene que ver con la relación entre la opinión pública y los gobiernos en momentos de crisis. La segunda no era inevitable y tiene que ver con excesos en el terreno de los derechos humanos, civiles y políticos. Ese debate lleva ya tiempo abierto, en Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental, los medios de comunicación han demostrado su utilidad (sobre todo, el poder de la imagen), y nuestras sociedades de opinión han probado su solidez. Si se mide la cuestión en términos de rendimiento, las políticas de respuesta antiterrorista basadas en actuaciones policiales y judiciales, a nivel nacional y a nivel de coordinación supranacional, han mostrado un grado de eficiencia muy superior (y no sólo en lo moral) a experimentos como Guantánamo u otros agujeros negros.
Nadie niega ni el problema de Al Qaeda ni su gravedad. Precisamente porque políticamente ha tocado techo, su limitado poder de reclutamiento se traducirá en (intentos de) acciones terroristas muy agresivas. Pero no debemos otorgarle el rol central en la compleja agenda actual de la seguridad global. Además del cambio climático y otros riegos de perfil diverso, la crisis financiera internacional, las relaciones transatlánticas, las migraciones, el problema del acceso al agua, los muchos conflictos regionales, el cibercrimen, las mafias y el narcotráfico, el G-20, el G-8 y su actuación al margen de las instituciones internacionales existentes, etc. Todo esto es muy serio, muy complicado. No todo es obra de Al Qaeda. De hecho, en este marco global es un actor cada vez más marginal.
Pere Vilanova es Catedrático de Ciencia Política (UB) y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Iker Ayestarán
José Manuel Rodriguez Uribes
El terrorismo, a diferencia de otros modos de violencia organizada y frente a otros delitos especialmente violentos, se presenta como un proyecto político que busca instaurarse por la fuerza. Esto vale con carácter general y también para el caso de ETA. Los terroristas (victimarios en la dialéctica con sus víctimas) abusan de su libertad hasta extremos inhumanos y delictivos, desde la ensoñación fanática de un mundo que anhelan dominar imbuidos en argumentos de identidad, étnicos o religiosos. Quienes les acompañan ideológicamente, como ha reconocido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de Batasuna, incurren en ese mismo abuso, contaminados por la acción violenta de los primeros, a los que ni condenan ni convencen para que dejen de matar. Por eso está justificado, como dice el tribunal, declararlos ilegales.
Unos y otros, los terroristas y su soporte ideológico, practican, de un lado, la nefasta filosofía del fin justifica los medios y, por otro, la dialéctica schimittniana del odio, incompatible con la amistad cívica de la democracia, pero sobre todo lo que hacen, unos y otros, es abusar de su libertad, de la que tienen gracias al constitucionalismo democrático al que, paradójicamente, pretenden destruir. La civilización sólo puede asegurarse si todos renunciamos a parte de nuestra libertad natural. Lo explicaron muy bien en los albores de la modernidad Locke, Hobbes, Rousseau y Kant. Hoy esto tiene más sentido en sociedades cada vez más complejas, plurales y diversas, y el País Vasco es un buen ejemplo de esa pluralidad multicultural.
Recordar esto es tan importante para la deslegitimación y erradicación final del terrorismo como la represión policial y la aplicación de las normas penales por los jueces. Es la pedagogía de la libertad como libertad limitada a partir del valor absoluto de la dignidad humana, que nunca debe ser sacrificada en aras de un fin que, además en este caso, se convierte en particularmente perverso porque se hace utilizando la muerte, el secuestro, la extorsión, la coacción o el chantaje, es decir, la violencia en toda su amplitud, tal y como la describió
Hannah Arendt. Es la libertad absoluta de unos, afortunadamente una minoría, frente a la libertad autolimitada del resto, la mayoría. Que la libertad también tiene sus límites puede concretarse en dos principios normativos que operan completándose entre sí, cerrando el círculo de lo justificado en el espacio público-político, de lo razonable (y de lo posible) en una sociedad civilizada. A saber:
1. El respeto a todas las ideas siempre que no se defiendan mediante la violencia. En el fondo late aquí el clásico dilema en torno a los límites de la tolerancia. Norberto Bobbio lo resolvió básicamente bien, señalando el límite de la tolerancia precisamente en la intolerancia. Todo es tolerable menos la intolerancia, es decir, menos la violencia, o mejor, la pretensión de imponer por la fuerza nuestras convicciones o nuestra visión del mundo. Javier de Lucas, a mi juicio con buen criterio, dio hace unos años una vuelta de tuerca más al dilema y extrajo una implicación que al menos teóricamente tienen una fuerza argumentativa irreprochable. La tesis, resumiéndola mucho, vendría a decir que en sociedades democráticas, igualitarias y con derechos, el espacio que queda para la tolerancia como valor es muy reducido (otra cosa es su comprensión como virtud privada, forjadora del carácter de las personas, casi siempre positiva). Porque entre lo intolerable y los derechos no cabría ya lo tolerable. Si algo está prohibido, no debe ser tolerado (vg. Sentencia sobre Batasuna); y si está permitido, forma parte del libre ejercicio de la libertad, de nuestros derechos, y tampoco cabe aquí la intromisión tolerante de los terceros, particularmente, aunque no sólo, del Estado.
Dicho esto, el terrorismo es intolerable e intolerante. Está castigado por el Código Penal al igual que su apología o la humillación a las víctimas y por eso se persigue, con particular éxito en los últimos años. La voluntad de secesión o de independencia como ideología forma parte, por el contrario, de lo permitido en un Estado como el español, que consagra entre sus valores superiores el pluralismo político. Sólo debe ser combatida con argumentos de racionalidad democrática y de legalidad, formal y procedimental, nacional e internacional. Y esto nos conduce a la segunda de las condiciones, a saber:
2. El respeto a todas las ideas (no violentas) siempre que se respeten además las vías, reglas y requisitos previamente establecidos para llevarlas a cabo. Se trata de la otra condición básica para la convivencia en paz y en libertad y para saber a qué atenernos. Es el segundo límite a nuestra libertad y supone el respeto escrupuloso a las reglas del juego y la imposibilidad de cambiarlas sobre la marcha o al margen de los procedimientos (pre) establecidos. Sin este límite, que opera a modo de muralla, solo cabe la guerra de todos contra todos y la segura extinción del más débil. En suma, es el respeto al Derecho por el que lucharon los republicanos de todo tiempo. La ley como garantía de los más vulnerables frente a la arbitrariedad y el abuso de autoridad de mayorías o de minorías violentas. Es, por último, una expresión del principio de igualdad, muy reforzado éticamente en nuestra Constitución con el apoyo especial a las minorías por encima incluso de su real representatividad.
En estos dos principios, que se presentan como límites o condiciones de la libertad, aplicados por igual para todos, radica la razón última que justifica que nuestro modelo de convivencia pueda ser presentado como el mejor de los modelos posibles, difícilmente sustituible. Esta es la grandeza de la democracia constitucional, que nos garantiza a todos que nuestros proyectos de vida o nuestra visión política estén limitados. Es la paradoja de la libertad: en sus límites está su mejor razón.
José Manuel Rodriguez Uribes es Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.
Ilustración de Patrick Thomas
MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ
Llevo años señalando que el fin de ETA pasa por el PNV. Llevo años denunciando la ambigüedad de este partido.
El PNV es un partido formalmente democrático y condena la violencia terrorista. Pero, al mismo tiempo, cada vez que los tribunales de justicia ilegalizan los apéndices políticos de ETA (HB-ANV), clama contra las sentencias. Cuando la Guardia Civil detiene a dos asesinos etarras con violencia, porque huyen, lanza la sospecha de tortura.
El PNV condena la violencia, pero su discurso político coincide plenamente con los postulados etarras: la independencia de Euskadi.
Y ayer, en su calculada ambigüedad, ha dado un paso más, ha cometido la mayor de las ignominias. Ayer, en Mondragón, el PNV ha impedido relegar del cargo de alcalde a la cómplice del asesinato de Elías Carrasco en vísperas de las elecciones generales.
Todas las personas de bien de este país estamos perplejas ante tan repugnante decisión. El PNV se ha quitado la careta y ha confirmado con hechos la falsedad de su discurso. Ni siquiera ha aceptado la Alcaldía que se le ofrecía. Y no lo ha hecho por cobardía.
Digamos las cosas claras. En el País Vasco, los que defienden la Constitución, y por lo tanto la libertad y la unidad de España, tienen que sobrevivir escoltados y mirando de reojo. Ésos son los militantes del PSOE y el PP. Los que no necesitan escoltas son los nacionalistas; es decir, los del PNV y HB. Esos no corren ningún riesgo.
He dicho muchas veces que los mayores héroes de la actualidad son aquéllos que se presentan a las elecciones en el País Vasco en las listas de partidos no nacionalistas.
Si en el resto de España ya es un problema animar a gente de valía a presentarse en candidaturas regionales y municipales, imaginemos este escenario: un padre de familia honesto de Arrasate, por ejemplo, que ante el panorama que se vive en su territorio tiene un arrebato de conciencia y siente la necesidad de arrimar el hombro, decide presentarse a las elecciones en las listas de ese Ayuntamiento, bajo las siglas del PSOE o el PP. Llega a casa por la noche y reúne a la familia para decirles que ha tomado esa decisión trascendental como un deber cívico. Ahora bien, a partir de ese momento unos señores altos y armados acompañarán las vidas de los suyos, revisarán con minuciosidad su correo y sospecharán de cualquier bulto que esté en su entorno. La familia tendrá que acostumbrarse a agacharse a mirar los bajos del coche… y aun así, deberán estar preparados para lo peor.
En este escenario, no es de extrañar que hasta yo mismo haya sido candidato a las elecciones municipales en Llodio, pueblo natal del lehendakari Ibarretxe y lugar que no he visitado nunca, por uno de los partidos constitucionalistas. En todas las elecciones mi partido envía al País Vasco más de 200 carnés de identidad cántabros para rellenar listas.
Incluso alguna vez he tenido la oportunidad de espetarle al lehendakari que así se las ponían a Fernando VI. Con rivales escoltados, está claro que lo del País Vasco es un caso de falta de libertad único en Europa. Si eso me ocurriera a mí en Cantabria y mis rivales tuvieran que llevar escolta, yo renunciaría a ser candidato de manera fulminante.
Y desalojar de la Alcaldía de Mondragón a ANV, apéndice de ETA según sentencia, habría significado mojarse y dar un paso que habría supuesto entrar en el punto de mira de las pistolas etarras. ¡Sois unos cobardes! Las gentes de bien os repudian.
No sé que hará José Luis Rodríguez Zapatero, pero yo en su caso no querría esos votos para la investidura ni regalados. Ése sería un gesto agradecido por todos los españoles, sobre todo los familiares de las mil víctimas de los sicópatas etarras y, muy especialmente, la madre, la mujer y las hijas de Isaías Carrasco, a las que abracé en Mondragón el día del entierro.
Si no hay una rectificación fulminante, por favor, presidente, no aceptes los votos de los cobardes… Están contaminados.
Miguel Ángel Revilla Roiz es presidente de Cantabria
Ilustración de Iván Solbes
JAVIER SÁDABA
Me piden que dé mi opinión sobre el atentado que ha costado la vida al ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. No es fácil. Porque rápidamente se tergiversan las palabras, haciendo casi imposible la comunicación. Algunos tienen ya un esquema a disposición y dicen siempre lo mismo en este tipo de situaciones. No es mi caso. Otros mirarán más de frente que de reojo a las próximas elecciones para ver a quién favorece este atentado. Tampoco es mi caso.
¿Desde dónde hablar, entonces? Pienso que habría que distinguir dos niveles. Uno es el moral y el otro, el político. Desde un punto de vista moral es totalmente inaceptable un tipo de acción como el que acabamos de padecer. Primero, porque no se debe matar, torturar o humillar a nadie. Sólo en los casos extremos de legítima defensa se puede permitir una
reacción que acabe con la vida de otro. Si tal circunstancia no tiene lugar, entonces estamos ante un acto reprobable, que coloca sobre quien lo ha realizado toda la repulsa de una comunidad que no haya dimitido de sus sentimientos morales.
En segundo lugar, nos encontramos con la forma en cómo se ha hecho. Isaías era socialista y un miembro activo de su partido. Se simpatice o no con su ideología o con la política de su partido, no tiene ningún sentido eliminarle por eso. De esta manera, no sólo se mata a una persona o a unas ideas sino que se genera un miedo circundante que muestra uno de los peores males de los humanos: atemorizar extendiendo el círculo del terror a modo de supremo argumento. En tercer lugar, la muerte de una persona se utiliza como una pieza dentro de un tablero en el que se intenta enviar un mensaje. Sea el que sea dicho mensaje, es absurdo que la vida de una persona se convierta en el peón que se adelanta en la jugada. Y, finalmente, si de lo que se trata es de reaccionar ante unas denunciadas torturas o la ilegalización de ANV, la respuesta es cruelmente desproporcionada, brutalmente ejecutada.
Existe, a otro nivel, el punto de vista político. Muchos pensarán que todo ello es fruto de una insensata negociación con ETA. Creo que en esa negociación, todavía oscura, no se ha actuado con la prudencia, sabiduría y consejo que hubieran sido convenientes. Pero en modo alguno es reprobable la negociación en cuanto tal. Los mismos que se han opuesto y oponen tajantemente a ella no ven mal, por ejemplo, que los que llaman en Colombia “narcoterroristas” puedan negociar con el Gobierno de esa nación. Y a los mismos que se les llena la boca con la afirmación, sin matices, de que un estado de derecho no negocia con violentos desactivan, minimizan, destruyen o son incapaces de poner en pie un estado en el que la participación libre e informada de la gente lo convierta, realmente, en algo digno. Este Gobierno ha podido tener muchos defectos. No ha sido, sin embargo, el de la negociación, en cuanto negociación, uno de ellos.
Es hora de volverse a la izquierda abertzale. Ha habido tímidos gestos de desaprobación, como han sido los de ANV de Mondragón, que ha abandonado el Ayuntamiento por varios días, o la nota de LAB lamentando la muerte de Isaías. Pero eso no basta. Además, no se puede ser solidario con los familiares sin condenar a quien ha disparado. En caso contrario, se cae en una clara contradicción. Es como decir que lamento la ofensa que te han hecho, pero soy indiferente respecto a quien la ha causado. Y, por otro lado, continuar sosteniendo que las condenas a nada llevan es, de nuevo, caer en la contradicción. Porque dicha izquierda abertzale está condenando o pidiendo que se condenen constantemente las violaciones a los derechos de una parte significativa de los vascos.
Ha llegado la hora, una hora que lleva mucho tiempo esperando, de saber conciliar las reivindicaciones que uno considera justas, con los métodos adecuados. El pacifismo ni es un brindis al sol ni una actitud débil. Todo lo contrario. De ahí que, en vez de recurrir al siempre contundente recurso a la violencia, lo que se tendría que hacer es formar gente que sepa argumentar, defender con razones sus ideas y utilizar todos los medios, incluida la desobediencia civil en casos graves, para poner al descubierto sus ideales; y, al mismo tiempo, el deseo de que se cumplan, si es eso lo que la gente quiere. La gente no es, por cierto, una amalgama surgida de nuestra imaginación. La gente es cada uno de los individuos que se manifiestan, en democracia, con sus votos, en un sentido o en otro, o con su abstención. Una reconversión de la incultura de la violencia a la real y cotidiana cultura de la argumentación y movilización ciudadana es una de las asignaturas pendientes en Euskadi.
En otras ocasiones, he protestado contra, por ejemplo y entre otras cosas, la ilegalización de Batasuna o de ANV. No cambiaré de opinión a no ser que se me ofrecieran razones que hasta el momento desconozco. Pero nobleza obliga. Y la moral tiene sus imperativos. Uno de ellos, al margen de decir, a corriente o contracorriente, lo que uno piensa, consiste en ser imparcial. Traducido a nuestro caso, en negar la actitud violenta, pedir que se modifique tal modo de proceder, reeducar todo lo que se pueda e instalar un pacifismo fuerte. Y, concretamente, afirmar que la muerte de Isaías Carrasco es inmoral, irracional y, más aún, cruel.
Javier Sádaba es catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Diego Blanco
JOSÉ LUIS SANCHÍS
A punto de terminarse la campaña electoral más democrática y más interesante de las celebradas hasta ahora, ETA ha intentado condicionar el final de la misma con un burdo remake del 11-M. Un asesinato del estilo más cobarde contra un trabajador vasco que ocupó una concejalía en el Ayuntamiento elegido en 2003 y que ni siquiera llevaba escolta.
Este crimen es probablemente una venganza contra el Estado o una reacción mafiosa desesperada contra los innumerables golpes que las fuerzas policiales y la justicia ha dado a los etarras en los últimos años y meses.
Para los 35 millones de electores a los que se ha dedicado una larga, variada y novedosa campaña, que ha implantado para siempre los debates electorales en televisión, no se ve qué pinta este acto más propio de un delincuente que de un grupo terrorista en fase terminal, repudiado socialmente y acosado por la justicia y las fuerzas policiales.
Las reacciones de la consolidada democracia española la víspera del día de reflexión está siendo la propia de una sociedad de excelencia política: la solidaridad del líder popular con los socialistas y la oferta de unidad; la consternación serena del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha reiterado su voluntad de liderar la lucha de todos contra esta anormalidad anacrónica en una España moderna, integrada en Europa y que ocupa un puesto destacado en el mapa político mundial.
La Federación de Municipios ha programado las manifestaciones en todos los ayuntamientos del Estado el próximo lunes, después de haber terminado la tarea más importante de la celebración de la fiesta principal de la democracia. Los medios de comunicación han reflejado esta unidad de los demócratas que no puede ser afectada en sus actividades trascendentales del día de las votaciones generales por un burdo intento de alterar la normalidad de nuestra vida con la muerte de uno de los nuestros.
Dolor es lo que ha producido la muerte de Isaías Carrasco, por él mismo, un hombre bueno, por su mujer María Ángeles y sus tres hijos. Y por la gran familia de todos porque el vil asesinato es un conato de atentado contra España, contra la sociedad entera.
Este hecho impactante y absurdo puede ser el revulsivo definitivo para la condena social generalizada contra la existencia y el mismo concepto de ETA, también de la sociedad vasca, sin excepción significativa. En el peor momento, de la forma más inoportuna, nos ha afectado desagradablemente y puede haber sido el último o uno de los últimos atentados que nos hará crecer y ser más fuertes en una democracia como la española, plural y diversa en su geografía política, en su diversidad cultural, consolidada después de una ejemplar transición y una práctica de la alternancia.
Todas las ideas caben y se defienden en la política española, pero no tiene sentido ni objetivo racional alguno este intento esquizofrénico de luchar con ataques de alimañas que salen de sus madrigueras para atacar en forma vil y execrable.
El Gobierno ha reaccionado con el propósito de acabar con ETA lo antes posible y a partir de la noche del domingo, el Gobierno propiciado por la decisión popular tendrá el mismo propósito ya que debemos considerar un antes y un después de este absurdo atentado incomprensible e incomprendido. El ahora y el después será la unanimidad de pensamiento y acción contra la supervivencia de los últimos asesinos enloquecidos y desesperados de un banda que tuvo en otros tiempos un importante apoyo social y que nos llevó en un pasado cercano que parece ya lejano de desunión en la táctica de lucha contra este residuo de un pasado extraño.
El domingo, 26 o 27 millones de españoles iremos a votar, elegiremos nuestros representantes, ellos elegirán al nuevo presidente de Gobierno y la democracia continuará su habitual y ya rutinario diario de bitácora teniendo, entre otras muchas responsabilidades importantes, el terminar con este residuo odiado de nuestro pasado.
José Luis Sanchís es asesor empresarial en imagen y comunicación, consultor político y director de campañas electorales
Ilustración de Álvaro Valiño
