ARIEL JEREZ
En las universidades, se producen tensos abucheos de estudiantes en los actos electorales generando situaciones que la opinión pública condena de manera unánime. Tras el incidente protagonizado por Rosa Díez en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, el fragor electoral lleva a buena parte de los políticos y creadores de opinión a pedir
mano dura ejemplarizante.
Por ejemplo, una columna ha aprovechado para titular lo acaecido como “fascismo rojo” cuya “voluntad de destruir al otro es inequívoca”. En su desarrollo argumental, llega a poner en relación la acción estudiantil con el terrorismo de ETA y los atentados suicidas. En reciente Consejo de Gobierno de la universidad, algunos miembros pedían expulsiones e investigaciones policiales, exigiendo a las autoridades académicas progresistas rectificar una permisividad que, por “efecto de imitación”, conduce a una escalada de violencia.
Habría que preguntarse si estos posicionamientos no son excesivos para el normal funcionamiento democrático de nuestra esfera pública. Esta equiparación de toda expresión de confrontación política con violencia criminal puede conducir a una inhabilitación del espacio público como expresión del disenso intelectual y el conflicto social. Estos recortes dificultan una reflexión que abogue por abordar los conflictos sociales con soluciones más complejas e integradoras desde el punto de vista democrático.
La parcialidad informativa es una cuestión clave en todo este proceso. Desconsiderar que en los acontecimientos de la facultad madrileña “los radicales” no llegan a “reventar” la conferencia permite ignorar cuán violentos fueron los enfrentamientos entre los estudiantes y el sofisticado dispositivo de seguridad. La conferencia tuvo lugar sin incidentes posteriores y sin la presencia de los disidentes, gracias a la cuidada selección que hace la seguridad en la puerta del acto.
La actitud de los estudiantes bien es cierto que podría haber sido más edificante, por ejemplo, participando en el debate, demostrando la supuesta superioridad de sus argumentos; entre otras cosas, hubiesen evitado el triste titular “El campus donde no se deja hablar”. Pero, lamentablemente, este estado de cosas tiene muchos otros reflejos en una esfera pública que no se caracteriza por su apertura y su pluralismo deliberativo. En este contexto, la atención se centra en la “violencia de los antisistémicos” y el conflicto queda desvinculado de una problemática mucho más compleja: la dificultad de disentir en torno al tratamiento que recibe el conflicto vasco.
Un final dialogado y negociado de la violencia es una postura posible en una sociedad plural, legítima y con posibilidad de ser defendida por la izquierda, sin tener que convertirse en cómplices de los terroristas. Al ser considerado un tema tabú, no se dispone de información alternativa con un mínimo pluralismo de fuentes y puntos de vista diferentes en los análisis.
Pero no es un déficit sólo de la prensa. A pesar de que se afirma que la universidad es el espacio natural del diálogo y del conocimiento, no nos puede sorprender que las dinámicas consensuales imperantes se conviertan en intelectualmente asfixiantes en esta particular esfera pública. En un Seminario Internacional Complutense, Salidas a la violencia en el conflicto vasco, celebrado en la misma facultad en la primavera de 2007, entre más de una docena de ponentes, sólo dos defendieron de manera inteligible su apoyo a una solución dialogada. Debemos subrayar la ausencia de representantes de importantes posiciones en la disputa (soberanistas, abertzales, federalistas de Ezquer Batua, Elkarri). Un escenario de exclusión que fue contestado por los estudiantes radicales con un acto sobre la represión de los movimientos sociales (con el telón de fondo de las huelgas de José Ignacio de Juana Chaos), que, según denuncian los promotores, tras tensas negociaciones, no pudo celebrarse por problemas técnicos (incluyendo corte de luz en el aula programada).
A pesar de la afamada politización de esta facultad, los profesores progresistas nos mantenemos al margen de este importante debate para la democracia: la gestión del diálogo y la violencia ante los conflictos sociales. No podemos perder de vista que la lucrativa centralidad que gana su criminalización en la agenda informativa sirve para marginar discusiones clave desde el punto de vista de la distribución de la riqueza social y del bienestar cultural. Tampoco que, con escasos mimbres, estos colectivos de estudiantes intentan promover una reflexión intelectual y una acción política frente a déficits sociales y democráticos más que evidentes. En estos entramados, están los activistas desobedientes que reclaman que “otro mundo es posible” y, con las tecnologías de comunicación a su alcance, intentan reinventar ciudadanías más participativas, más comunitarias y más emancipadoras.
Los llamados radicales también hacen política y, al igual que Rosa Díez, necesitan visibilidad. Ya a nadie se le escapa que, en la sociedad mediática, la estructura de oportunidad informativa precede a la política, y la estrategia televisiva determina la posibilidad de pasar de las agendas públicas a las informativas y políticas-electorales.
Todos deberíamos lamentar que, en la mezquina lucha por la visibilidad en este cerrado contexto mediático, la deliberación queda totalmente marginada, al mismo tiempo que la violencia, informativamente enaltecida, alimenta la confusión en el no debate sobre los conflictos sociales y políticos. Sólo así se puede entender la maniquea disputa de las etiquetas de fascistas y antifascistas en un país que vivió cuarenta años de franquismo.
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y activista social
Ilustración de Mikel Jaso
MERCEDES GARCÍA ARÁN
La Sentencia de la Audiencia Nacional condenando a cuarenta y siete miembros de organizaciones como KAS o EKIN por integración o colaboración con ETA plantea una vez más las delicadas relaciones entre la ley penal y los actos con móvil político, o, lo que es lo mismo, los límites penales de la acción política. Algunas de las primeras declaraciones sobre esta sentencia, como el comunicado del PNV, denuncian que se haya realizado un proceso judicial “inspirado en motivaciones políticas” y amparado en la Ley de Partidos, “norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales”. Lleva razón en cuanto a lo cuestionable de la Ley de Partidos, pero no en su relación con esta sentencia. En efecto, muchos juristas nos hemos pronunciado públicamente en contra de la Ley de Partidos y su limitación del derecho de asociación, pero al hacerlo, reclamábamos también que el único límite de dicho derecho fuera el Código Penal: sólo cuando la asociación tuviera como finalidad la comisión de delitos, debía ser considerada ilegal y sus miembros sancionados penalmente por los concretos actos delictivos, no por su adhesión ideológica a la organización. Por coherencia, los que así nos pronunciamos estamos ahora obligados a admitir que se compruebe si procede aplicar el Código Penal que es lo que se ha aplicado en este caso, y no la Ley de Partidos.
El siguiente paso es la valoración de la sentencia y su adecuación a la legalidad. Aquí se ha denunciado su supuesto carácter político, utilizándose este término en un sentido peyorativo. A mi juicio, una sentencia no es “política” sólo porque provoque efectos políticos. Criticamos el carácter político de una decisión judicial cuando se retuerce o se desprecia el sentido de la ley para obtener un resultado político que la ley no pretende. Creo que eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo, con un retorcido argumento, liquidó la histórica e indiscutida forma de computar el cumplimiento de las penas para conseguir prolongar la condena de el etarra Henri Parot, ante la campaña mediática y la alarma generada por la proximidad de su libertad. O cuando se actuó de forma similar buscando imputaciones para prolongar la prisión del terrorista De Juana Chaos.
La sentencia que ahora comentamos, puede compartirse o no, pero argumenta la prueba de los hechos y la calificación de los mismos según el Código Penal con un resultado admisible en términos jurídicos. No creo, en este sentido, que se trate de una sentencia “política”, aunque pueda tener efectos políticos.
El Código Penal español, en materia de terrorismo, ha sido justamente criticado como legislación de emergencia escasamente taxativa que, por ejemplo, define muy ampliamente el delito de colaboración con banda terrorista, lo que, por sí solo, merecería un comentario aparte. Pero tanto la colaboración como la integración en organización terrorista –los principales delitos apreciados en la sentencia– pueden y deben ser aplicados a concretos actos exteriorizados que van más allá de la mera adhesión o pertenencia ideológica a una organización. La sentencia pone un especial cuidado en delimitar los hechos calificables como integración o colaboración, afirmando expresamente que no todos los acusados de integrar KAS pueden ser considerados miembros de ETA, sino que ello depende de la intensidad de los concretos actos que desarrollen, (folio 630), esto es, no se sanciona lo que se dice o lo que se piensa, sino lo que se hace.
Con ello llegamos al principal problema jurídico, pero también de mayor repercusión política: se considera que un entramado de organizaciones diferenciadas nominalmente de ETA, forman, en realidad, parte de esta organización, lo que permite condenar a sus miembros y dirigentes por integración en banda armada. La repercusión política de esta afirmación es lo que provoca mayor inquietud e incluso, asusta, porque se refiere a organizaciones en distintos frentes que gozan de considerable arraigo, lo que supone reconocer la base social del terrorismo. Éste es el dato que impide confiar exclusivamente en la respuesta penal y lo que ha obligado a buscar una salida dialogada, reiteradamente cegada por la propia organización terrorista. La posibilidad de que un sector de la sociedad vasca se sienta criminalizada y de que el problema se enquiste todavía más es, seguramente, lo que preocupa a los partidos y organizaciones de Euskadi que han rechazado esta sentencia pese a repudiar claramente la violencia y ser –como vascos–, víctimas de ETA.
La sentencia recoge un abundante material probatorio en el que basa la subordinación de las organizaciones enjuiciadas respecto de ETA. Relaciones de unidad de acción y dependencia orgánica y finaciera que, por otra parte, eran sobradamente conocidas antes de este proceso. Jurídicamente, por tanto, se cumplen los requisitos de la prueba y la calificación jurídica que, en todo caso, es susceptible de recurso. Políticamente, la repercusión de esta sentencia está por ver, pero preocupa la posibilidad de estigmatización de todo nacionalismo y la consiguiente radicalización de unas y otras posiciones. El tribunal, ¿debería haber considerado estas consecuencias políticas y evitado una condena tan amplia? Francamente, despues de haber criticado, entre otras, sentencias como las de los casos Parot y De Juana, por su búsqueda de efectos políticos, yo no me siento capaz de reclamar que otras sentencias busquen efectos similares, aunque sea en sentido contrario.
Mercedes García Arán es Catedrática de Derecho Penal
Ilustración de Gallardo
JAVIER SÁDABA
Acaba de hacerse pública la sentencia de un juicio que ha durado años y que se ha gestado a la sombra de los distintos vaivenes e intereses políticos. Ha sido conocido como el macroproceso 18/98. Lo comenzó el juez Baltasar Garzón y se supone que, una vez finalizado, ha quedado descabezado lo que sería el entorno de la punta más violenta del independentismo vasco. En el juicio se condena a más de 500 años a 47 personas, todas vascas, acusadas de pertenecer, de una u otra manera, a ETA. No he leído la fundamentación de la sentencia ni pertenezco al gremio de expertos en la materia.
Los doctores, por tanto, tienen la interpretación jurídica y para ellos es, por tanto, la tarea. Lo que me ha sorprendido, o mejor, lo que no me ha sorprendido es el saludo alborozado de tanto difundidor de consignas, denominando a dicha sentencia “histórica”. Es de suponer que si en vez de 500 años hubieran sido 5.000, la sentencia se consideraría aún más histórica, y así hasta el infinito. Bonita forma de acoger con imparcialidad y neutral honestidad un juicio. Un juicio, como indiqué, lleno de trancas y barrancas. Lo normal, algo en nuestros días ideal, es que se hubieran ofrecido argumentos y contraargumentos, de modo desapasionado. En vez de ello, todo un huracán de loas condenando al silencio a quien se atreva a poner una coma.
Todavía me ha sorprendido, o no me ha sorprendido, que personas obligadas a cuidar con mimo y celo el lenguaje hablen de “entramado” y de “entrañas” (al final va a parecer un asado argentino). Este lenguaje metafórico, en vez de aclarar, confunde. Porque diluye los conceptos y posibilita que se haga pasar el gato de una determinada ideología por la liebre de la violencia. Yo conozco a alguna de las personas condenadas y, estoy convencido, tienen que ver con la violencia lo que tendría que ver un padre franciscano o, si se quiere apurar más, un padre capuchino.
Y por acabar con las sorpresas, me sorprende que alguien piense que con este tipo de escarmientos se resuelva un problema o se cierren las heridas. La violencia es reprobable, sin duda, y los errores que haya podido cometer el campo, numéricamente nada despreciable, del independentismo es probable que no sea pequeño. Pero el asunto no es ése. O, al menos, no es sólo ése. El asunto es que por muchos mazazos que se den existe un subsuelo de reivindicaciones. Y tales reivindicaciones han de ser atendidas con todo el espíritu y la paciencia que la democracia, que no sea sólo se palabra, exige. Todo lo demás es echar leña al fuego. Entiéndase bien, en modo alguno se trata de justificar actitudes del todo improcedentes en una sociedad que, por imperfecta que sea y lo es, tiene cauces e incluso laberintos para que las cosas puedan cambiar. De lo que se trata es de saber ser demócratas. Y lo que hay que conseguir es radicalismo, y no fundamentalismo, democrático.
Los partidos políticos estatales, en su mayoría, se han alegrado de la condena. No lo han hecho los vascos. Todo lo contrario. Piensan, más bien, que estamos ante una injusta penalización de ideas. Y es que tales partidos, con sus virtudes y sus defectos, pertenecen, de una u otra manera, al subsuelo antes citado. Naturalmente que en esta finta a favor de los condenados habrá mucho de oportunismo. Por desgracia, este vicio parece consustancial a cualquier partido político. Aun así, han comprometido, al menos, su palabra. Me gustaría saber qué es lo que van a decir partidos, grupos o movimientos de la izquierda clásica y que podríamos considerar más real. Y es que no se ve por qué partidos como IU no deberían estar de acuerdo con las protestas y críticas procedentes de Euskadi. Desgraciadamente los partidos, me gustaría equivocarme, pronto pasan de ser de izquierda a colgarse del brazo de los que se autotitulan de izquierda. Cuando los problemas pueden quemar, hay que dar la cara, saber estar a la contra o romper la corrección política, corren a hacer la ola con los que mandan. Es una pena. Cuando las elecciones aprietan, se suele ser ciego a las propias convicciones y quedarse bizcos de tanto mirar a una y otra parte para conseguir votos. Y es que los votos son la materia de la que se nutre la conservación del poder. De ahí que se pongan todos, o casi todos, en fila. En fila hacia lo que otorga poder. Y no hacia la verdad, y las necesidades de la gente. Una labor imprescindible de cualquier movimiento emancipatorio consistiría en mostrar sinceramente al ciudadano que muchas veces hay que desnudarse y confesar que no sabemos por lo que optar o que es mejor no votar.
A Sabino Ormazabal le han caído 9 años de cárcel, no mucho menos de las penas a las que acostumbra a condenarse a asesinos o violadores confesos. A Iñaki O’Shea le han premiado con uno más. Me precio de ser amigo de ambos, aunque en los últimos tiempos he tenido más contacto con Sabino. Jamás vi en él concesión alguna a esa violencia que la sentencia dice condenar y que el ojo del juez, corregido y aumentado por los bienpensantes obedientes a lo que en el momento convenga, ha escudriñado. Me imagino que lo que acabo de escribir no servirá de excusa para que se me acuse de formar parte de ningún entramado. A no ser que a alguien se le ocurra, y candidatos a tales ocurrencias hay muchos, crear un nuevo concepto jurídico: la existencia del entramado del entramado.
Javier Sádaba es catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Enric Jardí
JAVIER SÁDABA
No son pocos los que opinan que los problemas del País Vasco no tienen solución. Para que la tenga se deberían ir poniendo los medios más adecuados de forma que lográramos, si no el paraíso, una vida política sin la tensión y los sufrimientos que actualmente padecemos. Tales problemas tienen una dimensión relacionada con la violencia y otra, con la política. Ambas están, sin duda, unidas e insensato sería negarlo. Hace pocos meses ha finalizado en fracaso la negociación que se entabló, previo acuerdo parlamentario, entre el Gobierno y ETA. El fracaso puede contemplarse desde perspectivas distintas y, como ocurre habitualmente, las culpas habría que repartirlas entre todos los participantes.
Me gustaría, en este punto, ya que es casi unánime la opinión que carga todos los males en una parte, fijarme en lo que al Gobierno corresponde. La negociación estaba en su punto. No ha habido conflicto de características semejantes que no haya necesitado, de una u otra manera, de un final en el que las partes se han sentado ante una mesa. Pero una cosa es aprobar la negociación y otra tener muchas dudas sobre la forma en la que se ha negociado. Me refiero a dos puntos que considero claves. En primer lugar, no sabemos qué es lo que el Gobierno negociaba. Sabemos lo que opinan ETA, Batasuna, el PNV, el PP y todas las siglas que deseemos añadir. Seguimos sin saber qué es lo que propone el Gobierno español. Sólo hemos oído generalidades o repetir que el límite es la Constitución y el Estado de Derecho. Pero la Constitución admite modificaciones, luego es vacío hablar de ella sin añadir nada más. Y el Estado de Derecho no es tanto el conjunto de las instituciones, muchas veces inerte, sino el conjunto de los ciudadanos que se mueven, cambian y, sobre todo, deciden. Y, en segundo lugar, de una ingenuidad supina sería pensar que ETA va a limitarse a negociar sólo la salida de la cárcel de sus presos. Cualquiera que conozca mínimamente sus escritos sabrá que no dice que es ella la que va a determinar qué tipo de país ha de ser el de los vascos, pero sí que quiere que se les consulte. Y a ello, supongo, no va a renunciar fácilmente. Si se tratara exclusivamente de los presos, no habría casi necesidad de negociación. Se me dirá que ETA no es nadie para tutelar la vida política de los vascos. Sin duda. Y vaya por delante que sin ETA, al margen de la maldad moral de la acción violenta, es muy probable que los vascos estuvieran más cerca de obtener lo que reclaman que bajo la sombra de las armas. Por eso, y valga este inciso, no creo que tengan razón los que piensan que el anuncio con fecha de una consulta ayude a ETA. Todo lo contrario. Como es bien sabido, a mayor acción política suele suceder menor uso de recursos extremos y marginales. Esto nos lleva a otro intento de solución que tiene que ver con la última iniciativa del Presidente del Gobierno Vasco.
Efectivamente, Ibarretxe ha propuesto una consulta que, en principio, está diseñada para favorecer un referéndum de autodeterminación. Las protestas no se han hecho esperar. Se le ha llamado alucinado, se ha dicho que es una aventura y un desvarío. Y estas lindezas han salido de la boca de partidos de todos los colores, lo cual demuestra cuánto se asemejan cuando se pasa de cuestiones accidentales a las más sustanciales. Detrás de esta actitud de rechazo hay dos aspectos que convendría estudiar por separado. Uno es legal y es innegable que la legalidad es discutible. Y, por lo tanto, no es de extrañar que se le exija al lehendakari, una vez que participa de la legalidad española, que justifique su propuesta. Pero más importante aún es la postura de fondo que anida en el rechazo frontal a que los vascos puedan expresar sus preferencias a la hora de determinar cuál quiere ser su relación con el Estado español. En esta postura lo que existe es una primitiva y profundamente nacionalista sensación de desgarro si los vascos quisieran reivindicar algún tipo de soberanía. Tal postura lo único que manifiesta es apego emocional a signos del pasado y poca flexibilidad. Como escribió un conocido filósofo, los estados en un tiempo no existieron, actualmente existen y en un futuro podrían volver a no existir. No se entiende, por tanto, cómo algunos se aferran a un concepto de unidad que suena más a viejo organicismo que a una concepción libre de prejuicios respecto a cómo los distintos pueblos puedan formar parte de un lienzo que, al final, ha de ser internacional. Es cierto que la violencia lo embadurna todo, pero uno tiene la sospecha de que sin violencia también saldrían a la escena los fantasmas de la escisión traumática de una parte de España como si ésta fuera un cuerpo orgánico. Todavía más, algunos reprochan al lehendakari que de esta manera está dando bazas al PP. Este tipo de pseudoargumentación es bastante penoso. Se mira con lupa a una posible consecuencia para denigrar un acto. Y, lo que es más importante, la hipotética autodeterminación, al margen de que sea un derecho, fluye de las exigencias democráticas. Es la democracia, expresada a través de los individuos, la que sustenta las normas y no al revés.
El problema es, obviamente, complicado. Pero es necesario reabrirlo con todas las dificultades que presenta y no reducirlo a tiras y aflojas al servicio de los intereses de los grupos políticos. En este sentido, ¿se ha puesto en marcha algún foro que debata con claridad lo que está pasando? ¿Se ha propuesto alguna conferencia o reunión, pública y amplia, en las que se expresen con toda libertad las posturas al respecto? Parece que no. Y es esencial si se quieren ir poniendo las piedras que construyan un edificio en paz. Se objetará que todo lo dicho quedaría sepultado mientras exista la violencia. Habría que pedir a la izquierda abertzale que articule con detalle su proyecto político. De esta manera sería un movimiento autónomo y no un simple eco. Y de esta manera se iría haciendo inútil la violencia. Y a ETA habría que recordarle que los fines, por excelsos que sean, se juegan en los medios. Un medio malo destruye un fin bueno. Matar o intentar matar a un concejal o a un escolta, y es un ejemplo lamentablemente reciente, no sólo muestra lo malos que pueden ser los medios, sino cómo la misma noción de medio se ha pervertido de tal manera que todo vale. Cuando sólo vale lo que es bueno, en los fines y en los medios.
Javier Sádaba es catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
