LEIRE PAJÍN IRAOLA
Todavía no somos conscientes, pero llegará el momento en el que los sucesos de estas últimas semanas se estudiarán en las facultades de Económicas. Algunos hablan ya de semana negra. Cuesta recordar una concentración tan importante de malos registros económicos.
Los ataques especulativos ponían en jaque a la moneda única, y las bolsas se vieron arrastradas a una espiral bajista. El euro, la moneda que utiliza gran parte de los europeos en su vida diaria, sufría la mayor amenaza de su historia. Como ha manifestado recientemente la canciller alemana, Europa afronta estos días el desafío más grande desde la firma del Tratado de Roma.
Esta es la realidad que ha condicionado el comportamiento político de la mayoría de los estados. De hecho, una vez más se ponía de manifiesto el carácter global del problema al que nos enfrentamos. Una vez más, los problemas globales necesitaban respuestas globales y concertadas. Había que reaccionar y había que hacerlo cuanto antes.
España, como país que asume la Presidencia europea, tomó la iniciativa. A los tres días de reunirse con urgencia los jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, el Gobierno dio la cara ante los ciudadanos y expuso ante el Congreso de los Diputados un paquete de medidas con el objeto de acelerar la reducción del déficit. No se trataba de ser los primeros, de ponerse medallas. Había que actuar con decisión y hacerlo rápido. La situación era tan grave que cada día de demora, en este nuevo escenario, suponía un riesgo añadido.
Algunos vieron en la actuación del Gobierno una imposición de Europa. Lo que para todos los estados miembros fue una acción concertada, para el principal partido de la oposición en España fue la respuesta improvisada a una obligación. ¿Improvisaron también el resto de países que esta semana han presentado medidas en el mismo sentido? Francia ha reducido la oferta pública de empleo al 50%; Irlanda ha propuesto una rebaja de los salarios de los funcionarios entre el 5% y 15%, en el mismo sentido que Portugal e Italia. ¿Improvisamos todos? Los organismos internacionales creen que no.
Llevamos tiempo diciendo que el exceso y falta de límites del modelo económico de las últimas décadas no era sostenible. No sólo era necesario hacer ajustes, sino reformar todo el sistema.
En el programa socialista de 2004 defendíamos la necesidad de una reforma de las instituciones financieras internacionales, y previo a ello, en 2002, presenté en el Congreso de los Diputados una iniciativa en esta dirección. Cuando España entró en el G-20, defendió una regulación en el mismo sentido. Y sólo hace unos meses, en el último Congreso del Partido Socialista Europeo (PSE), se adoptó el acuerdo de Europeos por una Reforma Financiera, que fijó la implantación de un peaje financiero en nuestra agenda política.
No ha sido fácil. Una parte muy importante de los ciudadanos viene sufriendo en los dos últimos años la crisis económica. Por ello, pedirles más esfuerzo y sacrificio no es sencillo para un Gobierno.
Se ha pedido un mayor esfuerzo a aquellas personas a las que la crisis no ha golpeado con el desempleo; en cambio, sí se ha hecho a aquellas que han mantenido su puesto de trabajo, que tienen estabilidad en los ingresos e, incluso, que han revalorizado su sueldo año a año. No todos pagan con el mismo esfuerzo.
Es cierto que pedimos un esfuerzo colectivo, pero nuestros principios y valores ponen los límites. España entera debe apretarse el cinturón. Esta es la realidad. Lo hacen los pensionistas y funcionarios, pero también, y en primer lugar, el Gobierno y los responsables políticos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los empresarios y las familias. Igualmente se pedirá un esfuerzo solidario a los que más tienen. Que nadie tenga la menor duda. Ha sido en esta legislatura donde se ha aprobado la reforma de la ley Beckham y cuando se ha aprobado la subida de la tasa por rentas de capital.
Los mismos principios y valores que impulsaron durante la pasada legislatura el incremento de las pensiones, el salario mínimo (un 30%), de la cuantía de las becas (80%), de la ayuda a la dependencia; los mismos principios y valores que defendieron las políticas de igualdad, el compromiso con el medio ambiente, el esfuerzo por la cooperación y el desarrollo; los mismos principios que nos hicieron apostar por un cambio en el modelo productivo, son los que hoy nos llevan a tomar las medidas que acaba de aprobar el Gobierno.
No hemos abierto ningún paréntesis. Seguimos defendiendo los principios de la unidad de Europa y por eso luchamos por preservar su futuro. Seguimos defendiendo los principios de la solidaridad, y por eso excluimos del esfuerzo a quienes sabemos que han sido golpeados más duramente por la crisis. Seguimos defendiendo los principios de la igualdad, y por eso pedimos un esfuerzo colectivo.
Entendemos que haya gente que no esté de acuerdo. Tan difícil ha sido tomar la decisión de aprobar las últimas medidas como entender el porqué de este paso y en este momento. Nuestra sociedad está tan madura para asumir estas medidas como para exigirnos contundencia en la necesidad de que todos asumamos parte equitativa en este esfuerzo. Todos, también los que más tienen. Será así. Tendremos que decidir cuándo y ser inteligentes para elegir la fórmula. Que nadie dude de que será así.
Leire Pajín Iraola es secretaria de Organización del PSOE
Ilustración de Iker Ayestaran
JUAN HDEZ. VIGUERAS
El pasado 28 abril, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitaron a la canciller alemana Angela Merkel y, con su ministro de Economía, Wolfgang Schaüble, se reunieron en el Parlamento con otros líderes para vencer sus reticencias sobre la imprescindible ayuda germana para el rescate de las finanzas griegas y para la defensa del euro. Entre tantas noticias sobre Grecia, esta insólita visita de ambos tecnócratas revela, ante todo, el decisivo papel político jugado por Trichet.
Para comenzar, recordemos que el BCE es el banco central más independiente del mundo, asentado sobre un tratado internacional y prácticamente responsable, si acaso, ante Dios y ante la historia. De ahí que se le culpe de su contribución a esta preocupante situación europea, entre otras cosas por la presión que hizo sobre los gobiernos del eurogrupo para que rescataran y avalaran a los bancos tras el estallido de la crisis financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas (The New York Times, “Can Europe Save Itself?”, 29-04-2010).
Asimismo, hay que destacar que para los gobiernos que gestionaron sus economías con rigor –como en el caso de España–, es la falta de armonización fiscal europea entre los propios socios la que agrava la necesidad de cubrir con endeudamiento el déficit presupuestario sobrevenido con la crisis. Y es el propio funcionamiento del banco emisor del euro el que dificulta la financiación de los gobiernos, al convertir los bonos del Tesoro Público que adquieren los bancos de la eurozona en un mecanismo para que estos puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar créditos a las economías.
Ese mecanismo resulta simple de entender si traducimos la terminología al uso. Los bancos utilizan la deuda de los estados para lograr liquidez mediante las operaciones de repo del BCE: préstamos de euros con entrega como garantía de un paquete de valores que el banco se compromete a recomprar al devolver el préstamo. Esto no trae más créditos, pero los bancos hacen un negocio claro y limpio: mientras el BCE les carga un 1% por los euros frescos, ellos pueden sacarles un interés del 5% o más, como vemos en las cotizaciones alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia y otros países europeos. Esta facilidad para acceder al crédito, que pudo justificarse al comienzo de la crisis financiera cuando sufrían restricciones del crédito, los bancos suelen utilizarla para la especulación en esos mercados bursátiles tan respetados. Y así tenemos que son los bancos alemanes y franceses los que tienen bonos griegos en mayor cuantía e, incluso, se sospecha que esos bancos serán los primeros beneficiarios del rescate griego al que se acompaña de un duro ajuste a costa de los asalariados.
Según algunas fuentes anglosajonas, los bancos españoles pidieron prestados 63.000 millones de euros al BCE a través de los mecanismos de repo en diciembre de 2007. Y, por esas mismas fechas, los bancos españoles crearon masivamente valores bursátiles que no tenían mercado, con el único fin de depositarlos en el Banco de Fráncfort, después de que este hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez bancaria. Todo un rescate del sector bancario español orquestado por el BCE sin autorización de ningún Gobierno, puesto que sus estatutos no se lo exigen. Y esos mismos bancos que habían vendido créditos caros con muchas facilidades culpan ahora a los clientes morosos hipotecados.
Más aún, para estas operaciones de repo, el BCE valora los bonos o títulos de deuda pública según la calificación que tres firmas privadas estadounidenses de rating otorgan a la solvencia de los estados del eurogrupo. Lo más grave es que a esa actividad privada, que enjuicia por anticipado la capacidad futura de pago de un país del euro, el BCE le da carácter oficial. Por un lado, prejuzgan los resultados de la política económica de los gobiernos y los coarta; por otro, esas calificaciones alimentan el casino financiero y encarecen el endeudamiento público para salir de la crisis. Como subraya un experto del sector, esa dependencia del BCE de las agencias de rating para los bonos soberanos es como poner en manos de un tercer país el control de sus ingenios nucleares (Financial Times, 24-03-2010). Pero no debe de verlo así el gobernador del Banco de España, que es miembro del Consejo de Gobierno del BCE y prefiere presionar para despidos baratos.
De ahí que, a la vista del éxito de Trichet y Strauss-Kahn al convencer al Parlamento alemán, deberíamos prestar mayor atención al desgobierno del eurogrupo y al nuevo protagonismo europeo del FMI. Desde luego, es obvio que el problema no estriba en que los gobiernos busquen “tranquilizar a los mercados”, sino en controlar por vía democrática unas instituciones europeas que los potencian. Para Grecia, está claro que los especuladores y el entramado institucional europeo aliados al FMI han dejado sin valor las elecciones democráticas de octubre de 2009, arrojando a la papelera el programa de progreso del Gobierno elegido. Y en esta complicada coyuntura, está claro que ese predominio otorgado a los mercados financieros empobrecerá a los griegos y es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de bienestar en los países del eurogrupo.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Iker Ayestaran
CELESTINO CORBACHO
El Primero de Mayo de 1886, la American Federation of Labor había convocado una huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas. En el curso de esa reivindicación, Chicago fue escenario de la masacre de Haymarket Square. Se ignora cuántos trabajadores y trabajadoras murieron en la carga policial que tuvo lugar esa noche, y en la represión que se desató posteriormente. Trascurridos casi 124 años de esa fecha, el pasado 21 de abril, quien es hoy el más relevante de los representantes públicos de Chicago, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nos recibió a los ministros de Trabajo de los 20 países que representan el 85% de la economía mundial.
En 2009, en la cumbre del G-20 de Pittsburg, se nos encargó a los ministros de Trabajo que evaluáramos las medidas de estímulo a la economía y creación de empleo. El documento de recomendaciones, para la cumbre G-20, que se celebrará en Toronto los próximos días 26 y 27 de junio, ya ha sido presentado al presidente Obama.
En la reunión del G-20 de empleo en Washington, los responsables de trabajo hemos concluido que las diversas medidas que ya se han puesto en marcha para reactivar la economía eran necesarias y, además, que se precisa de esfuerzos adicionales para asegurar que la recuperación es sostenida y produce un crecimiento económico con un alto nivel de creación de empleo. El buen resultado de los estímulos a la economía se aprecia con sólo dos datos: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, gracias a los esfuerzos realizados, en el año 2009 y lo que llevamos de 2010 se preservaron o se crearon 21 millones de puestos de trabajo y se redujeron en un 40% las pérdidas de empleo a escala mundial.
A pesar de que el crecimiento ha comenzado a reaparecer en muchas de nuestras economías, el desempleo, a escala mundial, se sitúa en altos niveles históricos y en muchos países las tasas de paro están aumentando todavía. De ahí la necesidad de dar prioridad a la creación de empleo.
La OIT estima que la mitad de los 3.000 millones de trabajadores del mundo están empleados bajo formas precarias de empleo. Por ello, los ministros de Trabajo hemos planteado en este sentido una de las recomendaciones y el Gobierno tiene claro que debe situar la calidad del empleo en el centro de las estrategias económicas.
En las recomendaciones al
G-20 se incluyen también elementos que presiden las líneas de actuación del Gobierno de España, como asegurar una recuperación sostenible y establecer sistemas de protección social adecuados. Se trata, en definitiva, de situar el empleo como elemento central de la agenda de los gobiernos, tal y como lo hace el Gobierno de España.
Si bien en los últimos días la estadística trimestral nos ha llevado a una visión sesgada, la visión global confirma que, en el último año, el paro en España se comporta mejor. En este último año, el desempleo ha crecido menos de la mitad que en el año anterior. Paralelamente, la afiliación a la Seguridad Social también muestra una evolución paulatinamente mejor.
Pero, igual que en los países de nuestro entorno, el paro puede crecer en los próximos meses, de ahí que el Gobierno vaya a seguir aplicando medidas y actuando, pero también precisamos de otro tipo de actuaciones que incidan sobre cuestiones más estructurales de nuestro mercado laboral.
A primeros de febrero, el Gobierno fijó la agenda del Diálogo Social. Una agenda que pasa por reducir la temporalidad y estimular la estabilidad de la contratación, porque la temporalidad es el problema más grave de nuestro mercado de trabajo y es, sin duda, una de las causas por las que en nuestro país se ha destruido más empleo que en otros países de la Unión Europea.
Además, Gobierno e interlocutores sociales también han establecido en la agenda la revisión de la actual política de bonificaciones a la contratación, la mejora de la intermediación laboral y la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, el llamado modelo alemán. Iniciativas que buscan acelerar la creación de empleo y conformar un mercado laboral más eficiente.
Pero si la sociedad española afronta un reto de gran trascendencia social, ese es favorecer el empleo de los jóvenes. El Gobierno ha propuesto articular un programa extraordinario de empleo para jóvenes, en línea con lo realizado en otros países europeos, que implique la mejora de los contratos formativos y el desarrollo de acciones particularizadas para los jóvenes desempleados.
Se trata de un reto de tal dimensión que la acción del Gobierno del Estado no basta para hacerle frente. Gobierno, interlocutores sociales, comunidades autónomas. La universidad, las empresas,… todos tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros jóvenes confianza en su futuro, en su futuro inmediato para que la generación mejor formada de nuestra historia no pague las consecuencias de la crisis más profunda que nos ha tocado vivir a todos. Pero el futuro también pasa por mejorar la capacitación ante los retos que plantean las futuras necesidades de cualificación de la UE.
Para competir en el mercado global, Europa necesita generar productos y servicios más innovadores y de mayor calidad. Empresarios, trabajadores y administraciones debemos invertir en nuevas capacidades, elemento imprescindible para sentar las bases de la futura creación de empleo sostenible y de calidad.
El objetivo de la UE es que en 2020 un 75% de la población entre 20 y 64 años esté ocupada. Para cumplir ese objetivo será imprescindible aprovechar el talento y el conocimiento de todos, en especial el de los jóvenes.
Celestino Corbacho es ministro de Trabajo e Inmigración
Ilustración de Alberto Aragón
VICENÇ NAVARRO
Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y que la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración de Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración de Obama y aprobada en febrero de 2009 por el Congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA), que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra –aprobada en diciembre de 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street)– que expande el gasto público para, además de ampliar la cobertura al seguro de desempleo (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa), crear el máximo número de puestos de trabajo en construcción de in-
fraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora la Administración de Obama está preparando otra ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado, y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradoras de energías.
Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (secretary of the Treasure), Timothy Geithner, subraya que “las inversiones en áreas sociales ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales –como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos–, estos últimos son los que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas crea 1,2 millones en los servicios del Estado de bienestar. Las inversiones que facilitan 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas y 17 en industrias verdes, favorecen 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.
De especial importancia son las inversiones en escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante, pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá más el empleo serán precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el Gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación de empleo público.
Estos datos son especialmente relevantes para España, donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del Estado de bienestar. España es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleo público (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 de Francia, 17 de Dinamarca y 12 de Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.
Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el Gobierno de la Tercera Vía de Gordon Brown en Reino Unido (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto público social aumentando el empleo público en su Servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como Brown ha señalado, “los recortes en gasto y empleo públicos son erróneos y peligrosos en estos momentos en los que necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas en la Unión Europea (incluyendo España)?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
LUIS MATÍAS LÓPEZ
Hay debates absurdos, pero pocos tanto como el suscitado muy a su pesar por el ministro de Trabajo cuando reconoció que tiene un fondo de pensiones privado y recomendó este instrumento de ahorro o previsión como complemento de la jubilación pública. Ha estallado una polémica ideológica allá donde, si acaso, era pertinente una discusión técnica.
Cuando desde el Gobierno se plantea prolongar dos años la edad de jubilación y ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión (lo que recortaría la prestación media), Corbacho debería haber sido más prudente. Aun sin razones que lo justifiquen, se entiende que cale en parte de la sociedad la idea descabellada de que el guardián del sistema público desconfía de él. Las declaraciones incendiarias desde la oposición alientan además la inquietud por un presente difícil y un futuro incierto.
Las propuestas de PSOE y PP presentan diferencias notables en política fiscal, derechos laborales y protección social. Por muy pragmático que deba ser, un Gobierno que se proclama de izquierdas debe legislar para redistribuir la riqueza, proteger a los más desfavorecidos sin castigar a las clases medias, limitar los privilegios de las clases altas, mantener la gratuidad y calidad de servicios esenciales como la sanidad y la educación, y garantizar pensiones dignas.
El catedrático Vicenç Navarro ha publicado en Público dos lúcidos análisis que echan por tierra ideas preconcebidas como que la evolución de la pirámide poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema público de pensiones (no hay una ley natural que obligue a que los ingresos financien las prestaciones) y que estas son generosas, comparadas con las de otros países europeos. En realidad, ni son altas ni, en ocasiones, bastan para mantener un nivel de vida digno, por lo que un recorte resultaría muy doloroso para quienes ni en sueños podrían contribuir a un fondo privado porque apenas si llegan a fin de mes.
Los fondos o planes privados de pensiones (y productos similares, como los Planes de Previsión Asegurados) no son, a priori, ni mejores ni peores que instrumentos de inversión o ahorro más convencionales, como la compra de inmuebles, los seguros de vida o capitalización, los depósitos bancarios o la Bolsa. El pecado original de muchos análisis (incluido el de Corbacho) es que asumen como acto de fe la doctrina oficial de que estos planes son un complemento de las pensiones públicas.
Los fondos acumulan, con aportaciones anuales que no pueden superar los 10.000 euros (12.500 para los mayores de 50 años), un capital que, a la jubilación o en situaciones de emergencia (enfermedad grave, desempleo…) se puede cobrar de golpe o de forma periódica. En este último caso, se asemeja a una pensión privada, temporal o vitalicia, que, unida a la estatal, reduce o elimina la brecha con los ingresos percibidos durante la vida laboral activa. Sin embargo, es factible alcanzar por otras vías un objetivo similar.
Para quien no se fíe de sí mismo, tenga capacidad de ahorro y quiera que le obliguen a hacerlo, sin posibilidad de vuelta atrás, la inversión en un fondo podría ser la más conveniente. Quienes, por el contrario, prefieran controlar sus ahorros, cuentan con un amplio abanico de opciones con diferentes grados de riesgo y resultados no necesariamente peores. De hecho, la mayoría de los planes de pensiones individuales pagan a las entidades gestoras fuertes comisiones (mucho menores en los planes en los que el promotor es la empresa) sobre los derechos consolidados. Eso lastra una rentabilidad que puede llegar a ser negativa, excepto en productos garantizados. En muchos de los otros, se han registrado fuertes pérdidas en los recientes años duros de la Bolsa, en función de su grado de exposición a la renta variable. Son minoría los planes que han batido a la inflación o a los índices bursátiles.
La gran ventaja teórica de los fondos de pensiones es la fiscalidad, ya que las aportaciones que se efectúan se deducen en la base imponible del IRPF, lo que rebaja la cuota del impuesto. Sin embargo, a la hora de la jubilación, tanto si se recupera de golpe el capital como si se percibe en forma de renta, los ingresos se suman a la base imponible, lo que, en cierta medida, compensa el beneficio inicial.
Cada caso es un mundo. Por ejemplo, un trabajador joven que se adscribe a un plan cuando tiene un sueldo pequeño o mediano, pero que logra reunir un capital importante que decide cobrar de golpe al jubilarse, podría perder más dinero en impuestos del que se ahorró en su día. Si opta por la renta, el efecto puede mitigarse o ser el contrario. Dependerá del importe de su pensión pública y de otros ingresos. En el caso de salarios y rentas altas, cuando las aportaciones puedan desgravar al tipo máximo en el IRPF (el 43%), la opción es mucho más clara, ya que esa será, en el peor de los casos, la penalización fiscal si se cobra todo el capital, y menor si se opta por la renta.
La cuestión tiene mucho de técnica, pero no es ajena a la política. Ningún partido propone eliminar los fondos de pensiones, pero hasta no hace mucho, su fiscalidad era escandalosamente favorable. Si los derechos consolidados se percibían en forma de capital, un 40% quedaba exento de tributación. Quien se adhiriese a un fondo hasta el 31 de diciembre de 1996 aún conserva esta opción para aportaciones anteriores a esa fecha y sus rendimientos, pero debe acogerse a la nueva fiscalidad para las posteriores. Aquella fórmula beneficiaba a las rentas más altas. La reforma
reintegra al Estado unos dineros especialmente preciosos en época de crisis. El mismo Gobierno socialista que eliminó esa desgravación suprimió luego el Impuesto sobre el Patrimonio, que afectaba a los más ricos. Un contrasentido que ahora lamenta.
Luis Matías López es periodista
Ilustración de Javier Olivares
VICENÇ NAVARRO
Existe la creencia generalizada en amplios círculos financieros, económicos, políticos, e incluso mediáticos en España, de que el hecho de que los salarios sean bajos en nuestro país se debe a que la productividad de los trabajadores es baja. De ahí que se concluya que, a menos que la productividad de los trabajadores aumente, no se pueden subir los salarios. Es más, en estos momentos de crisis, estos mismos círculos están insistiendo en que hay que bajar los salarios para salir de la crisis. La evidencia existente, sin embargo, no soporta tales tesis. Veamos los datos.
Uno de los documentos más creíbles sobre la productividad en las economías mundiales es el informe que produce anualmente The Conference Board, titulado Performance 2009: Productivity, Employment and Growth in the World’s Economies. En su apartado Productivity, se presenta un análisis detallado de la evolución de la productividad en la mayoría de países de economías avanzadas (incluyendo España) y de los países emergentes (países como China e India) que se están desarrollando muy rápidamente, convirtiéndose en elementos clave de la economía mundial. Pues bien, en la página 15 de tal informe (que analiza el crecimiento de la productividad en los países de la OCDE, el club de países más ricos del mundo), puede verse que el periodo de nuestra reciente historia en el que la productividad por hora trabajada ha crecido más rápidamente fue durante el periodo 1987-1995. La tasa de crecimiento anual (2,3%) fue una de las mayores en este grupo de países. Tal crecimiento, sin embargo, disminuyó considerablemente durante el periodo 2000-2008, creciendo sólo un 0,9%, uno de los porcentajes más bajos en la OCDE. Varios factores explican este descenso, pero uno importante fue el gran crecimiento del sector de la construcción, resultado del boom estimulado por el complejo inmobiliario-bancario que se convirtió en el eje del crecimiento económico español. Este sector –de escasa productividad– absorbía gran cantidad de recursos que podrían (y deberían) haberse invertido en sectores más productivos.
Las responsables del descenso de la productividad promedio del país no eran –como los liberales subrayaban y continúan subrayando– las rigideces del mercado laboral y la supuestamente excesiva fuerza de los sindicatos, sino el comportamiento altamente especulativo del sector inmobiliario y de la industria de la construcción (el precio de la vivienda creció cinco veces más rápidamente que el coste de producirlas) y de los bancos. También son responsables de este boom especulativo las autoridades públicas, incluyendo los equipos económicos de los sucesivos gobiernos, que podían haber prevenido la burbuja inmobiliaria, y las autoridades locales para las cuales el boom inmobiliario significó una gran entrada de recursos. Pero el mayor responsable fue el Banco de España, que regula el sistema bancario y que fracasó estrepitosamente en prevenir la burbuja inmobiliaria, hecho ignorado sistemáticamente por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tiene la osadía (por decirlo de una manera amable) de atribuir la supuesta baja productividad primordialmente a las rigideces del mercado de trabajo.
La productividad promedio del país depende primordialmente de su estructura económica. En realidad, hay muchos sectores productivos y de servicios en España con productividad muy elevada, lo cual explica que, a pesar de que la tasa de crecimiento de la productividad ha disminuido, el nivel de la productividad promedio no es bajo, como los liberales acentúan erróneamente. Según el informe citado anteriormente, el nivel de productividad laboral es actualmente el 74% del nivel de productividad laboral de EEUU (y es sólo ligeramente inferior al canadiense, del 79%, y superior al japonés, del 71%). En cambio, los salarios son mucho más bajos que en EEUU, y el nivel de los ingresos por salarios es sólo un 65% del de EEUU. Lo que hemos estado viendo durante todos estos años es un gran crecimiento de las rentas (y beneficios) de la banca y del mundo empresarial y un descenso, en términos porcentuales, de las rentas del trabajo, y ello como consecuencia de que las rentas derivadas del aumento de la productividad se han distribuido más a favor de los beneficios que a favor de los salarios. Esta situación ha ocurrido, por cierto, en la mayoría de países de la OCDE, resultado de la aplicación de las políticas liberales que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital. Nada menos que Larry Summers, director de la oficina económica del presidente Obama, subrayó que en EEUU “cada familia perteneciente al 80% de la población envía cada año un cheque de 10.000 dólares al 1% de las familias de mayor renta del país” (citado en Howard J. Sherman, The Roller Coaster Economy, 2010, pág. 46). Debería hacerse un estudio semejante en España (uno de los países con mayores desigualdades de renta en la OCDE), pues el cheque que la mayoría de familias envía a las rentas superiores (como consecuencia de la manera en que se distribuyen las rentas que derivan del trabajo) es también considerable.
De estos datos puede concluirse que los salarios no son demasiado altos, sino, al revés, son demasiado bajos. Y que ello se debe no a la escasa productividad, sino al excesivo poder que las fuerzas conservadoras y liberales (próximas al mundo empresarial y financiero) tienen en España. En realidad, el nivel bajo de los salarios es un gran obstáculo para el estímulo económico que el país necesita. La baja demanda, el mayor problema que tiene la economía española (y la europea), se basa precisamente en la gran disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares. La única manera de estimular la economía es, precisamente, a través del gasto público (que, equivocadamente, el Gobierno quiere reducir) y a través del incremento de la masa salarial (es decir, del aumento del número de personas que trabajan y de sus salarios). De ahí que el Gobierno de Obama tenga, entre sus mayores medidas de estímulo, no sólo dedicar 700.000 millones de dólares al gasto público, sino también aprobar una ley que refuerce a los sindicatos, como medida para facilitar el crecimiento de los salarios. No ocurre así en España.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
JUAN CARLOS MONEDERO
Contaba Jesús Ibáñez la historia de un monje zen que quiso dar la última lección a su discípulo. Después de años aprendiendo a diferenciar entre la verdad y la mentira, el aprendiz llegó a la sala de meditación y vio cómo el maestro ponía una vara sobre su cabeza. El anciano habló: “Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza”. El miedo se abatió sobre el joven monje. No tenía mucho más remedio que asumir el golpe. La cercanía del castigo, la certeza de que la sentencia dependía de su respuesta y la propia sorpresa lo postraron a los pies del maestro en una actitud de total sumisión.
Una estaca pende sobre la cabeza de los que vivimos en este país interrogado que llamamos España. Nuestra sala de meditación muestra, por un lado, melancolía, miedo, resignación y frustración. Son los que esperan el golpe. Por otro, rabia, odio, oportunismo y seguridad. Son los que creen en las bondades del castigo. El bastón está firme en las manos de los respectivos maestros. Lo son precisamente por tenerlo en sus manos. Arrodillados, esperamos el castigo.
En el mismo momento en que se discute que los trabajadores tienen que alargar su vida laboral, cuando cobrar una pensión será más dificultoso o habrá que pagar más por los servicios, conocemos que un banco ganó casi 9.000 millones de euros. Los mismos que remuneran los depósitos con intereses que apenas cubren la inflación, que han sido inflexibles con los que no han podido cubrir las hipotecas, los mismos que han justificado con la crisis la necesidad de aumentar los costos de la intermediación bancaria o despidos de trabajadores, los que han negado créditos a pequeños empresarios que se la jugaban todo en ese préstamo, resulta que han vuelto a repetir resultados espectaculares. Menos mal, nos dicen. De lo contrario, sería aún peor.
Al tiempo que observamos cómo la cifra de parados supera los cuatro millones de almas, cuando un millón ya no recibe ningún tipo de ayuda, vemos acuerdos secretos entre partidos para repartirse el botín de la gerencia de una gran caja de ahorros, enredos apenas clarificados gracias a un oportuno micrófono abierto que ayuda a diferenciar entre hijoputas del mismo grupo de presión y adversarios ideológicos de lo que, al fin y al cabo, parece ser también el mismo grupo de presión, eso sí, presentados en diferentes envoltorios que garanticen que, en cualquier caso, el resultado no tendrá sorpresas.
Los trabajadores ven endurecer sus condiciones laborales, y el presidente de la patronal, todo un dechado de virtudes, insiste sin que le tiemble la voz en que la solución no pasa por que los empresarios paguen impuestos, cumplan sus compromisos o contraten y facturen legalmente, sino por acercar las condiciones laborales a las de hace un par de siglos.
Un presidente regional dice que hay que mover el Gobierno de Zapatero, eso sí, después del semestre europeo –cuyo éxito medimos por la cercanía del beso de Obama a la comisura de los labios de la vieja Europa– y la intelectualidad guerrista propone una grosse koalition entre el PSOE y el PP como particular estrategia para que parezca que todo cambia sin mudar de sitio.
España, dicen los eternos sabios
–los mismos que han hundido la economía mundial pero tienen la virtud de gozar de frágil memoria– está en riesgo. La vara pende sobre nuestras cabezas. Cualquier persona responsable sabe que no se puede hacer nada. ¡Son los datos, estúpido! Negar la complejidad de los problemas es una frivolidad. Los partidos políticos nos recuerdan la necesidad de ser responsables: esto es lo que hay. La lógica del sistema no permite cambios sencillos.
La Constitución de 1978 reforzó a los partidos en un país que salía de un régimen donde ser demócrata era delito. Los partidos políticos suelen ser heroicos en la clandestinidad y, con frecuencia, vulgares en la legalidad. La gobernanza, esa nueva palabra que quiere lavarle la cara a la malhadada gobernabilidad, asume el descrédito de los partidos y la dejación del Estado social e invita a la sociedad civil a gestionar lo público. Pero ningún individuo, ninguna ONG o movimiento social tiene los recursos y habilidades de lobbies y grandes empresas. Se acerca el golpe de la inevitable vara.
¿Todo es muy complicado? De acuerdo. Busquemos entonces cambios complicados. Complicados de verdad. Compliquemos esta lógica política que nos ata de pies y de manos. El “que se vayan todos” puede formar pronto parte de nuestro paisaje político. Un verdadero problema. Y hay muchas razones para perder el respeto a nuestros partidos políticos. El conservadurismo hispano, fiel a sus intereses, a sus odios bien construidos, al regalo, único en Europa, de haberles permitido ser demócratas sin haber sido antifascistas, se mueve con soltura en la sala donde la amenaza del castigo sobrevuela nuestras cabezas. Improvisaciones, mentiras, ocultamientos de otros sectores les ayudan. Va siendo hora de levantar todas las caretas.
En el salón de la meditación, el aprendiz titubea. Ante tamaña disyuntiva, la única solución pasa por quitarle la vara al maestro y dictar nuevas reglas. Sin nuevas normas, sólo resta esperar el golpe. “Cuando algo es necesario e imposible –decía Ibáñez–, hay que inventar otra dimensión”.
En democracia, los partidos políticos son necesarios. Pero cada vez es más evidente que no necesitamos diferentes combinaciones de los mismos partidos, sino, precisamente, otros partidos políticos. A poder ser, un poco antes de que se vayan todos.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Jordi Duró
ALFONSO EGEA DE HARO
Mañana finaliza el período de consulta abierto por la Comisión Europea para recibir propuestas de cara a la renovación de la Estrategia de Lisboa. Con la anunciada retirada de los planes de estímulo fiscal y una tasa de desempleo medio del 9,5% en el conjunto de la Unión –la más alta desde que Eurostat comenzó a publicar las series en 2000–, los objetivos que pretendía alcanzar esa estrategia quedan hoy muy lejanos.
La Comisión nos convoca ahora para buscar nuevas fuentes de crecimiento que permitan recuperar los puestos de trabajo destruidos por la crisis y desarrollar un modelo de crecimiento económico más ético, basado en la innovación y atento a la protección medioambiental. Si se cumple el calendario previsto, la nueva hoja de ruta del modelo económico europeo se aprobará en el próximo Consejo de primavera y responderá previsiblemente al nombre de “Europa 2020”. La pregunta inmediata es si la nueva estrategia producirá cambios sustanciales o será un nuevo eslogan con el que aplazar hasta el año 2020 la toma de decisiones, sobre todo en materia social.
El riesgo a que nos veamos sometidos al segundo de los escenarios posibles se deriva, en primer lugar, del documento de trabajo desde el que la Comisión realiza la consulta. En él, lejos de una revisión y evaluación crítica de los resultados obtenidos por la Estrategia de Lisboa, se confirma a esta como el punto de partida de la futura “Europa 2020”. En segundo lugar, el desgaste producido durante el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa apunta a que no habrá reformas de calado en el futuro próximo. Por el contrario, parece que las expectativas abiertas con la ratificación han dado lugar a serias dudas acerca del solapamiento entre instituciones y la pugna por el liderazgo político en el seno de la Unión. En cualquier caso, si la nueva estrategia funciona o no lo sabremos en el año 2020.
Mientras tanto, no parece que a la ciudadanía europea vaya a satisfacerle una nueva estrategia que sólo cambie su denominación. Los efectos de la crisis son cada vez más profundos en la economía real y no se resuelven exclusivamente con una mayor supervisión financiera internacional. Si en el eurobarómetro de otoño de 2008 la principal preocupación de los europeos era la situación económica y la inflación (37%) frente al desempleo (26%); un año después, en otoño de 2009, el desempleo ha pasado a ser la principal preocupación (51%) por encima de la situación económica (40%). Además, en el año que acaba de concluir, sería difícil entender la falta de ambición en la renovación de la estrategia tras las constantes apelaciones realizadas a la ciudadanía para que participara más activamente en el proceso de construcción europeo (recuérdense las elecciones europeas o la ratificación del Tratado de Lisboa).
La referencia constante al futuro, a los planes, estrategias, acciones o programas se está convirtiendo, no obstante, en la seña de identidad de la política europea. Una manera de hacer política que bien pudiera denominarse plan-politik, y que consiste en sustituir el debate y la toma de decisiones por la selección de objetivos genéricos alcanzables en un plazo de 5 o 10 años. Resulta entonces que los resultados de estos planes y estrategias son difícilmente evaluables, dada la multitud de factores que pueden surgir durante su ejecución; baste pensar en las sucesivas ampliaciones de la Unión.
La futura estrategia “Europa 2020” parece seguir este esquema. El gran reto, se dice también, consiste en hacer frente a la creciente competencia internacional de unos mercados emergentes con unos costes laborales significativamente más bajos que los europeos. El mantenimiento de los niveles europeos de protección social depende así de la victoria en esta competición económica a partir de un modelo basado en la innovación.
Sin embargo, este diagnóstico resulta incompleto al no tener en cuenta la notable transformación interna que ha sufrido la Unión Europea en esta década y sus características de crecimiento. El proceso de ampliación en 2004 aumentó en un 20% la población de la UE, generando sólo un aumento del 5% del PIB comunitario. Las disparidades económicas en el seno de la Unión, especialmente entre regiones, se han incrementado notablemente. Además, la prosperidad económica se concentra en grandes núcleos urbanos: el 44% del PIB comunitario es generado por el 32% de la población distribuida en torno al pentágono formado por cinco grandes centros urbanos (Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo).
Ante esta situación, una estrategia “Europa 2020” más ambiciosa pasaría por buscar no sólo el crecimiento y la innovación sino también el empleo y la cohesión. Para ello, resultaría necesario una mayor integración de los distintos programas y, en especial, el de “Europa 2020” con la política de cohesión y las perspectivas financieras. En estas dos últimas áreas, los programas presentan un horizonte temporal diferente: 2007-2013. La integración de programas exigiría, al mismo tiempo, reequilibrar la importancia entre los objetivos de crecimiento y empleo. Este se percibe como un medio de aquel, de manera que sólo el empleo cualificado y el que aporta mayor innovación recibe la atención. El contexto actual aconseja invertir los términos y hacer del empleo un fin en sí mismo. Para ello no basta con fijar unos objetivos comunes a largo plazo y confiar la innovación a unos gobiernos nacionales limitados, de otro lado, por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se requiere, por el contrario, avanzar en el gobierno económico europeo y completar la política monetaria común con una política fiscal a nivel europeo dirigida al empleo.
Alfonso Egea de Haro es profesor de Ciencia Política. Analista de la Fundación Alternativas
Ilustración de Jordi Duró
VICENÇ NAVARRO
Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde comienzos de la década de los años ochenta (iniciadas por los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y por el presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tarde a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar 1,4 millones de dólares en el año 2007 (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población, el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúsculo. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% de la población en 1974, en 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies, abril de 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los super ricos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% de la población.
Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que Bush lo bajara. Pero, aun cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta.
Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no cree que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En un editorial, el Financial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas que sugería para su protección (02-06-09).
Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al Gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa.
Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado.
En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al Gobierno que establezca una comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales. Incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales –la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país– significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Juan Ossorio
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO Y CÁNDIDO MÉNDEZ
El pasado año, la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de afiliados en todo el mundo, puso en marcha uno de los mandatos de su congreso fundacional: organizar una acción internacional centrada en la necesidad de un nuevo modelo de globalización. Para ello, convocó una movilización el 7 de octubre bajo el lema Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Esta Jornada puso a prueba la capacidad de los sindicatos para trabajar en una acción global coordinada. Los objetivos y los mensajes eran pocos y claros: trabajo decente para todos los trabajadores del mundo; aplicación universal de los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT; cumplimiento efectivo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas; y respuesta sindical a las pretensiones de desregulaciones de normas sociales en el ámbito de la Unión Europea.
Esa primera Jornada Mundial fue un éxito sin precedentes: se celebraron 616 actos en 130 países, convocados por 216 centrales sindicales afiliadas a la CSI y otras 79 organizaciones.
Este año, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se centra en la grave crisis económica que está amenazando el empleo y el futuro de las personas en todo el mundo y que ha estado precedida por décadas de desregularización, ambición y grandes beneficios para una pequeña minoría, responsable de la peor recesión vivida en el planeta. Por ello, es nuestra obligación colocar el trabajo decente en el centro de las acciones de los gobiernos y las instituciones internacionales para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global.
El trabajo decente no es una idea abstracta, sino una necesidad real y una demanda muy concreta de los trabajadores en todo el mundo. El recurso más valorado de la humanidad debe ser el capital humano, y por ello es fundamental protegerlo mediante un trabajo decente a modo de carta de derechos de los trabajadores.
Este año, debido a la crisis, cientos de millones de trabajadores en el mundo no ganarán lo suficiente con su trabajo para superar la línea de pobreza. Cerraremos el año con un dato dramático: 50 millones de trabajadores más engrosarán las listas del paro en el planeta.
La actual crisis económica, financiera, energética, medioambiental, alimentaria, la crisis más profunda desde los años treinta, ha descubierto la ineficacia del actual sistema de gobernanza económica mundial. Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) –Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional– han sido incapaces de predecir la crisis y además sus políticas desreguladoras bien podrían haber contribuido a potenciarla.
La economía de mercado no garantiza el crecimiento ni la justicia social y, como se ha demostrado, ni siquiera la eficiencia económica. Los gobiernos, los sistemas políticos y el diálogo social desempeñan un importante papel a la hora de equilibrar estas interdependencias. Gestionarlas debe ser la labor del sistema político, el Estado y otras instituciones, en contra de lo que preconizan los representantes del rampante neoliberalismo, siempre partidarios de la reducción del Estado. Es precisamente potenciando las capacidades del Estado, modernizándolo, como será posible llevar a cabo con eficacia políticas de desarrollo y de empleo, sociales o macroeconómicas.
En esta nueva movilización, las trabajadoras y trabajadores españoles debemos reclamar los objetivos del sindicalismo internacional democrático y de clase para avanzar en la universalización del trabajo decente, definido por la OIT como aquel que se realiza en el respeto a los derechos fundamentales del trabajo con un salario digno y una protección social básica.
En nuestro propio entorno, además, es el momento de tomar posiciones frente a la intransigencia de la patronal española (CEOE), que ha provocado la ruptura del diálogo social, paralizado la negociación colectiva y bloqueado el desarrollo de 1.500 convenios en nuestro país que afectan a cuatro millones de trabajadores de diferentes sectores de la producción y los servicios.
Exigimos medidas para la creación de empleo, que aumenten la estabilidad, garanticen la negociación de los expedientes de regulación de empleo en las empresas con dificultades e incentiven la igualdad entre hombres y mujeres, la formación, la seguridad y la salud laboral.
Constituye un escándalo y una indecencia que ejecutivos de las finanzas, artífices de estos procesos de especulación y crisis, blinden sus salarios y pensiones multimillonarias, a la vez que exigen al resto de los asalariados que moderen sus remuneraciones y asuman el sacrificio que les corresponde para salir de la crisis.
Es inaceptable que desde esos mismos centros de poder económico y empresarial se den las recetas para salir de la crisis, proclamando reformas laborales que precaricen aún más el empleo y la protección social de los trabajadores, olvidándose que las reformas que deben llevarse a cabo deben comenzar por la regulación financiera internacional, la gobernanza global de Naciones Unidas y la reforma del tejido productivo.
Llamamos hoy a los trabajadores y trabajadoras a colaborar activamente en la defensa de estos objetivos, a participar en todas las acciones y movilizaciones que se realicen en toda España e invitamos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas y sociales a que compartan estas reivindicaciones sumándose a esta Segunda Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO
Cándido Méndez es secretario general de UGT
Ilustración de Patrick Thomas
