Vicenç Navarro
Desde el inicio de la época neoliberal, la mayoría de los países de la Unión Europea (incluyendo España) han implementado políticas de reducción de impuestos, con un aumento muy notable de su regresividad. Como consecuencia, las rentas del capital y las de los grupos más pudientes de la sociedad han visto reducir sus impuestos de una manera muy marcada, aumentando así sustancialmente sus ingresos. Durante la década 1996-2006, los beneficios empresariales aumentaron un 33% en la media de la Unión Europea de los Quince (UE-15) y un 36% en la zona euro. En España, tales incrementos fueron incluso superiores. Las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15). Este aumento de las rentas de capital tuvo lugar a costa de las rentas del trabajo. La masa salarial (que mide tales rentas) descendió muy marcadamente, pasando de representar el 70% de la renta nacional en la zona euro, en el año 1992, al 62% en el año 2005, descenso que fue, incluso, más acentuado en España, donde pasó de representar el 72% de la renta nacional al 61%. Ello fue resultado de que el crecimiento de la riqueza del país no se estaba distribuyendo equitativamente. Mientras los beneficios empresariales crecían de forma exuberante, los costes laborales aumentaron sólo un 18,2% durante el periodo 1999-2005 en la zona euro, un crecimiento, incluso, mucho menor en España, donde tales costes laborales subieron sólo un 3,7%, cinco veces menos que en la zona euro.
Este descenso de la masa salarial (que ocurrió independientemente de los ciclos económicos y a pesar del aumento de la población activa) fue una de las mayores causas de la crisis económica, crisis que se debe a la falta de demanda. Las familias de las clases populares (la clase trabajadora y clases medias) intentaron sustituir la reducción de la masa salarial endeudándose (proceso facilitado y estimulado por las empresas financieras), lo cual pudieron hacer gracias al precio de su aval, la vivienda, que fue subiendo. Pero cuando el mercado inmobiliario colapsó, las familias se quedaron con enormes deudas, que, además de no poder pagarlas, tampoco pudieron obtener créditos para liquidarlas. A este problema de la demanda, consecuencia del descenso de la masa salarial, se añadió la crisis financiera, resultado directo de la exuberancia de las rentas del capital y sectores pudientes de la sociedad, los cuales no invirtieron –a través de la banca– en las empresas productivas, pues la rentabilidad de tales empresas era baja, consecuencia de la falta de demanda. No era rentable invertir en la industria automovilística, por ejemplo, pues había un descenso muy marcado de la demanda de coches, resultado de que la gente no tenía dinero para comprarlos. De ahí que invirtieran en actividades especulativas, tales como el sector inmobiliario, alcanzando unos niveles de beneficios del complejo bancario-inmobiliario-construcción escandalosamente altos, inflándose los precios de la vivienda un 32%.
Este complejo fue el motor del crecimiento económico en España y su enorme poder político y mediático es una de las mayores causas del retraso en la recuperación económica en España (ver Navarro, V., Las rigideces del mercado bancario-inmobiliario en www.vnavarro.org). Incluso hoy, cuando el precio de la vivienda ha descendido en otros países (como EEUU) hasta un 30%, en España sólo ha descendido un 8%. Si no se da un descenso mucho mayor, no se reavivará el mercado de la vivienda, y con ello la recuperación económica. La solución de la crisis exige una reversión de esta enorme polarización de las rentas, que ha sido facilitada por unas políticas fiscales regresivas, que han beneficiado las rentas del capital y las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta situación es particularmente acentuada en España, ya que tiene la menor carga fiscal de la UE-15, y cuyo Estado es el menos redistributivo de tal grupo de países. Varios estudios internacionales han mostrado que la intervención del Estado español (a través de sus políticas impositivas y de gasto público) es una de las que en la UE-15 altera menos la mala distribución de la renta, con una enorme concentración de la renta en los grupos superiores, siendo uno de los países de tal comunidad con mayores desigualdades sociales.
Estas políticas fiscales y la consiguiente enorme polarización de las rentas tienen no sólo un coste económico elevado (las economías más eficientes en la Unión Europea incluyen las escandinavas, de tradición socialdemócrata, que tienen una polarización social menor), sino también un gran coste social (tenemos el gasto público, incluyendo el gasto público social per cápita, más bajo de la UE-15) y un coste político elevado (el grado de distanciamiento de las clases populares hacia el Estado es de los más elevados de la UE-15), coste que es particularmente acentuado para las izquierdas gobernantes, que han promovido políticas fiscales semejantes a las de los gobiernos de derechas. Estos últimos gobiernos se han beneficiado de tales políticas, pues sus políticas fiscales han conseguido movilizar a sus bases electorales, que han sido beneficiadas con tales políticas regresivas. No así los gobiernos de centroizquierda, que han alienado a sus militantes (el partido socialdemócrata alemán perdió la mitad de sus militantes durante el Gobierno Schröder) y a sus bases electorales, y que hoy se encuentran en una crisis profundísima. De ahí que se requieran cambios muy notables de las políticas fiscales para que estos gobiernos de centroizquierda (incluyendo el español) recuperen el apoyo popular. Para ello tienen que recuperar unas prácticas y una narrativa que enfatice que las clases dominantes (término prácticamente desaparecido del discurso político, dando a entender que no existen) del país son responsables de la crisis y tienen que poner los recursos para resolverla.
Presentar el tímido aumento de impuestos de los grupos más pudientes como necesario para cubrir el déficit del Estado transmite una visión gestora con escasa capacidad de movilización entre sus bases electorales. Las izquierdas deben recobrar los valores y el lenguaje de izquierdas, subrayando que hay que redefinir la mala distribución del poder económico (que determina también el poder político), revirtiendo unas políticas fiscales liberales que han sido, durante todos estos años, muy exitosas para una minoría a costa del sacrificio de la mayoría de nuestra población.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Patrick Thomas
Antonio Baylos
El desgarro entre estables y precarios, que en el caso español adquiere proporciones alarmantes, es actualmente uno de los elementos centrales del desarrollo del discurso economicista sobre el despido que se presenta, de forma invertida, como una propuesta en positivo por el empleo. El uso intensivo del trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, sitúa a los sujetos que se encuentran en esa posición –definidos por ser mujeres, jóvenes o inmigrantes– en una condición
desigual en lo que respecta a disfrutar las garantías que el sistema jurídico-laboral prevé para tutelar el empleo. En contraposición, por tanto, a los insiders, estos trabajadores precarios, outsiders, no gozan de las garantías “ordinarias” de la legislación laboral frente al despido. Esta desigualdad material se quiere remediar afirmando que existe una disfunción económica en el sistema de tutela judicial sobre el empleo y el control subsiguiente sobre los actos del empresario de rescisión unilateral del contrato de trabajo que favorece esta escisión entre temporales y estables.
Las propuestas que se ofrecen a la opinión pública como respuesta actual a la situación de un mercado de trabajo dual en plena crisis económica insisten en que la solución es la reducción de las garantías generales para todos los trabajadores, sobre la base de que, en la práctica, una parte importante de los mismos, los trabajadores precarios, carece de ella. Y así, la CEOE propuso un “contrato de crisis” en el que reivindicaba un libre desistimiento de la relación laboral durante los dos primeros años de vigencia del contrato, con 8 días de indemnización. Cumplidos esos dos años, el empresario podía transformar el contrato en “indefinido no fijo”, con una indemnización de 20 días por año de servicio con 12 meses como tope final. Esta propuesta hoy se ha sustituido por el pomposo nombre de “contrato del siglo XXI”. Más enjundia reviste el modelo presentado en un manifiesto firmado por cien economistas de excelencia denominado Propuesta para la reactivación laboral en España y que se viene a denominar “contrato único”. En este proyecto desaparecen todos los tipos de contratación temporal salvo el contrato de interinidad, y se establece un único tipo de contrato indefinido para las nuevas contrataciones, con un tipo de indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador, que inicia en torno a 10 días en el primer año de servicios y va subiendo hasta el quinto año, en donde se estabiliza hacia delante en 33 días por año de servicio. Con este sistema, que “unifica las causas de despido” según sus autores, se mantiene sin embargo el control judicial restringido a los “despidos discriminatorios”.
Estas propuestas hablan siempre de la creación de empleo en un mercado laboral eficiente como el resultado seguro de utilizar la fórmula mágica de estas nuevas formas contractuales. Desgraciadamente para sus auspiciantes, los trabajadores y sus organizaciones representativas se obstinan en ver en las mismas un fuerte incremento de la libertad de las empresas para despedir y la propensión declarada al abaratamiento de los costes indemnizatorios del despido. En realidad, estas propuestas de reactivación laboral expresan también una opción decidida por la descausalización de la figura del despido, con la eliminación consiguiente del control judicial y la conversión del acto de despido en un libre desistimiento indemnizado. Sus defensores no entran a valorar el más que previsible efecto de sustitución de viejos contratos de trabajo indefinidos por los nuevos contratos únicos, ni la deriva hacia el desistimiento individualizado del contrato de supuestos colectivos relacionados con causas económicas, organizativas o productivas. La causalidad en la contratación temporal y el principio que liga la duración indefinida del contrato con el desempeño de actividades permanentes y estables de la empresa no tienen razón de ser ante un planteamiento como el reseñado, que sólo valora el coste económico de la libertad de despido. Reduce el control judicial de la extinción unilateral del contrato al área de la nulidad como consecuencia jurídica de un acto discriminatorio del empleador y lo limita a estos casos exclusivamente, puesto que el resto de los despidos se liberan del acceso a la tutela judicial mediante el pago de la indemnización asociada a la libre rescisión del vínculo contractual.
Subyace a estas propuestas la normalización del despido como un acto de mera significación económica que resulta socialmente irrelevante, pero es evidente que las cosas no son así. El despido tiene importantes consecuencias sociales y políticas para las personas que se ven privadas de su empleo. Es un acto de fuerza –un acto violento– que rompe el ligamen social de la persona que trabaja y la coloca fuera del circuito del goce de los derechos básicos que son la base de la ciudadanía. La pérdida del trabajo implica una degradación de la condición ciudadana de quien lo sufre, una alteración de ese estatus en una democracia madura que le coloca en una situación de subalternidad política y social. Cualquier propuesta para el empleo tiene necesariamente que partir de esta consideración. El trabajo –y los derechos asociados a él– ocupa el centro de la sociedad democrática.
Antonio Baylos es Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha
Ilustración de Jordi Duró
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
Con frecuencia, la discusión sobre las salidas a la crisis viene condicionada por el significado previo que se le atribuye a ciertos actos. Que un acontecimiento sea presentado como “natural” o “patológico”, “razonable” o “inaceptable” incide claramente en las alternativas capaces de hacerse un lugar en la agenda política y social. Dos hechos ocurridos recientemente ilustran bien este fenómeno. Por un lado, la insistencia de la patronal CEOE en reformar el mercado laboral para obtener un despido más barato, y por otro, la aprobación en el Congreso del proyecto de ley sobre el “desahucio express”, que pretende agilizar los desalojos en materia de arrendamientos urbanos.
En un libro reciente –El despido o la violencia del poder privado–, los juristas Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey constatan cómo bajo la lente neoliberal el despido aparece como un acto banal, un simple ajuste técnico al que el empresario puede recurrir legítimamente para no disminuir sus beneficios. Desde esta óptica, los trabajadores son percibidos como un instrumento para que la empresa obtenga beneficios. No son ciudadanos con derechos y con un proyecto vital dentro y fuera del espacio laboral, sino burda energía productiva puesta a disposición de la libertad de empresa. Frente a este tipo de lecturas, los autores proponen partir de un presupuesto diferente: contemplar el despido como un acto de fuerza; como un ejercicio de violencia por parte del empresariado que, en un contexto como el actual, supone privar a millones de personas de derechos básicos de integración y participación en la vida familiar, social, económica y cultural.
En buena medida, este análisis podría extenderse también a la figura de los desalojos. A menudo estos son vistos como el producto natural de una ruptura contractual entre iguales. La existencia de miles de personas endeudadas que no pueden pagar una hipoteca o de inquilinos que no pueden afrontar el alquiler son un obstáculo para la maximización de las rentas por parte de inmobiliarias, grandes propietarios de vivienda o entidades financieras. Al igual que el trabajador que aspira a hacer valer sus intereses en el mercado laboral, el endeudado o el inquilino que pretenden esgrimir su derecho a una vivienda segura son estigmatizados como un factor de inaceptable rigidez en el mercado inmobiliario. En el fondo, serían los culpables de que no haya empleo y vivienda para todos. Por eso, cuando el Gobierno impulsa un proyecto que agiliza los desahucios, o cuando los lobbies ligados a la patronal piden que se abarate el despido, el imaginario que se evoca es semejante: de un lado, empresarios, promotores, inmobiliarias y bancos a los que, como propietarios o creadores de riqueza, se debe estimular; de otro, trabajadores, pequeños deudores e inquilinos que deberían aceptar la flexibilización, por el bien de todos.
A pesar de su carácter supuestamente aséptico, este punto de vista oculta que un desalojo puede ser un acto tan violento como un despido. Una persona que pierde la casa, y que posiblemente ha perdido su empleo, se ve bruscamente arrojada a un escenario de precariedad donde todas sus expectativas vitales se tornan inciertas. Desde su integridad física y moral hasta su vida privada y familiar. Una situación que, lejos de ser la simple ejecución de un contrato entre iguales, esconde con frecuencia actos de prepotencia, no de pequeños propietarios, sino de influyentes poderes privados.
Como bien apuntan Baylos y Pérez Rey, es violencia del poder privado que empresas que han obtenido cuantiosos beneficios abran expedientes de regulación de empleo con el propósito de que sus acciones coticen al alza. Es violencia del poder privado que los propietarios de pisos con inquilinos mayores de edad y con renta antigua utilicen el mobbing o acoso inmobiliario para hacerse con rentas especulativas. Y es violencia del poder privado que bancos y cajas que pactaron cláusulas abusivas con miles de familias pretendan apurar las ejecuciones hipotecarias o seguir cobrando deudas fraudulentas, incluso cuando han recibido ayudas públicas sufragadas por toda la ciudadanía.
Lo que ocurre es que, mientras este tipo de actuaciones sean institucionalmente vistas como legítimos emprendimientos particulares y no como ejercicios antisociales de la libertad de empresa o de la propiedad privada, las alternativas “sensatas” a la crisis quedarán reducidas a un estrecho elenco de medidas. Ayudas, estímulos y garantías para los más fuertes y recortes de derechos o prestaciones a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. Por el contrario, si se hiciera visible la trama de arbitrariedad privada que hay detrás de los miles de despidos y desalojos que la crisis está instigando, sería más fácil defender la razonabilidad de otras salidas. Así, por ejemplo, de una distribución de recursos que en lugar de ir de los bolsillos de la ciudadanía a los responsables de la crisis se dirigiera a satisfacer derechos sociales largamente postergados. Desde una reducción de la jornada laboral que permitiera, trabajando menos, trabajar a todas y todos, hasta la introducción de una renta básica de ciudadanía tan universal como el derecho a la salud y la educación, o la utilización de las viviendas hoy infrautilizadas para impulsar un parque público de alquiler.
Si el origen de los grandes beneficios y de las rentas especulativas de los últimos años tiene mucho de ilegítimo, ¿cómo no aceptar su incisiva penalización por vía fiscal? ¿Y cómo no rechazar, por el contrario, unos despidos y unos desalojos que, en muchos casos, parecen premiar a quienes han actuado en contra del interés general?
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Gallardo
VICENÇ NAVARRO
La publicación de mi artículo “Por qué votan a la ultraderecha” (Público, 18-06-09) hace dos semanas ha creado un gran revuelo dentro y fuera de estas páginas que continúa en la Red. Subrayaba en aquel artículo que una de las causas de que sectores de la clase trabajadora votaran a derecha y ultraderecha era la gran inseguridad laboral y social que tales sectores tienen, y que se perciben amenazados por los inmigrantes, con los cuales compiten por puestos de trabajo y recursos sociales. La respuesta al artículo ha sido intensa. Pero, antes de responder, quisiera aclarar una nota biográfica. En mi juventud, en los años sesenta, escogí trabajar como médico en el barrio más pobre y con mayor número de inmigrantes que existía en la Barcelona de entonces: el Somorrostro. Después, cuando trabajé en EEUU (después de un periodo de exilio en Suecia y Gran Bretaña), combiné mis responsabilidades académicas con mi asesoría a Jesse Jackson Sr. (dirigente del Rainbow Coalition –la coalición de derechos civiles de EEUU–), discípulo predilecto y sucesor de Martin Luther King. Espero que estos antecedentes aclaren mi actitud personal en la defensa de los derechos de los inmigrantes, sean de la raza que sean.
Dicho esto, creo que algunas de las respuestas al artículo no parecen apercibirse de que el empresariado ha estado utilizando la inmigración (y el racismo que esta puede estimular) para dividir a la clase trabajadora, objetivo que ha sido facilitado por la enorme inseguridad que existe en las clases trabajadoras de la mayoría de países de la Unión Europea (UE), y muy en particular en el sur de Europa, donde las izquierdas han sido relativamente débiles. Han sido los países nórdicos, donde las izquierdas han sido más poderosas, los que han experimentado menos tensiones raciales. La causa de ello es precisamente que estos países son los que garantizan mayor seguridad laboral y protección social a todos sus ciudadanos, consecuencia de la fuerza de los sindicatos y de los partidos de centro izquierda e izquierda, que han gobernado aquellos países por períodos de tiempo más largos desde la II Guerra Mundial.
Tuve el gran privilegio, durante mi vida en el exilio, de conocer en Suecia a dos economistas –Gunnar y Alva Myrdal– que tuvieron una gran influencia en mí cuando cambié de carrera y pasé a estudiar Economía. Ambos eran economistas (Gunnar Myrdal recibió el Premio Nobel de Economía en 1974) que influenciaron en gran manera en las políticas económicas y sociales de Suecia y otros países escandinavos. Cuando, en los años cincuenta, el Estado sueco se apercibió de la posible escasez de recursos humanos, los Myrdal aconsejaron al Gobierno socialdemócrata sueco a que estimulara la entrada masiva de la mujer al mercado de trabajo, mediante el desarrollo de una extensa infraestructura de servicios a las familias que permitiera a sus miembros compaginar las responsabilidades familiares con sus proyectos laborales. El Gobierno sueco les hizo caso y creó la red más extensa que haya existido en Europa de escuelas de infancia y servicios domiciliarios, que ayudaron a las familias y a sus miembros a integrarse en el mercado laboral. El porcentaje de mujeres en el mercado laboral alcanzó las cifras de participación laboral semejante a la de los hombres (82%) en sólo diez años. Cuando esto ocurrió, se abrieron entonces las fronteras suecas de una manera muy selectiva, permitiendo la entrada de inmigrantes de países con afinidades culturales semejantes a las existentes en Suecia. Hasta 1995, la mitad de los inmigrantes en Suecia eran finlandeses. Esta entrada de inmigrantes fue acompañada de una campaña de producción de viviendas (un millón de viviendas en un país que tenía entonces siete millones de habitantes) que estaban disponibles para todos los ciudadanos y no sólo para los ciudadanos de bajas rentas o inmigrantes. El Gobierno socialdemócrata promocionó a la vez políticas de pleno empleo, con prohibición de salarios bajos. Se evitó, con ello, crear guetos de inmigrantes, y también se dificultó que se utilizara a los inmigrantes para bajar los salarios. Por cierto, esta prohibición de salarios bajos fue una de las mayores causas de que aumentara la productividad. Cuando al empresario se le dificulta que pague salarios bajos, invierte en sus puestos de trabajo para aumentar la productividad y poder producir más con menos trabajadores. Cuando, por el contrario, el empresario tiene a su disposición un gran número de personas dispuestas a trabajar con salarios bajos y condiciones laborales pobres, no tiene ningún estímulo para aumentar su productividad. Esto es lo que ha pasado en España durante el periodo de rápido crecimiento basado en mano de obra barata, con un gran porcentaje de inmigrantes.
Esta no fue la vía escogida en Suecia, donde los sindicatos y las izquierdas eran fuertes. El Gobierno socialdemócrata no permitió que los salarios fueran bajos. En realidad, todo trabajador tenía que recibir el mismo salario por el mismo tipo de trabajo, independientemente del lugar de trabajo y de la empresa. Esta medida, conocida como la Norma Meidner, estimuló la capacidad productiva del país. Y promocionó a todos los trabajadores, beneficiando también a los inmigrantes.
Estas políticas explican que haya existido una integración exitosa de los inmigrantes y que no hayan aparecido grandes tensiones raciales en aquel país. Ahora bien, la desregulación de los mercados de trabajo, desarrollada por la coalición conservadora-liberal que ha gobernado Suecia estos últimos años, ha generado tensiones raciales, confirmando aquel principio que anuncié en mi previo artículo: a más inseguridad laboral y menor protección social, mayor caldo de cultivo para el racismo.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Gallardo
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Existe una visión ingenua de la Historia, optimismo trascendental que considera que en las civilizaciones y, en general, en la humanidad no es posible la marcha atrás. Pero lo cierto es que cuando una sociedad retrocede a las premisas ideológicas del pasado, casi es seguro que los resultados terminarán siendo también los mismos. Desde principios de los ochenta, la economía internacional ha asumido un proceso involutivo, renunciando progresivamente a los principios ideológicos que se habían aceptado como intangibles, al menos en los países occidentales, y volviendo a los presupuestos que regían en el siglo XIX. Los resultados tienen que ser forzosamente parecidos a los de aquella época. En realidad, lo que llaman globalización, en buena medida no es otra cosa que adherirse a aquellas premisas. No puede, por tanto, extrañarnos que ahora se retorne a unas condiciones laborales que creíamos totalmente superadas.
El Consejo de Ministros de Empleo y Política Social (¡qué ironía!) de los 27 acaba de aprobar una directiva por la que se deroga la jornada de 48 horas semanales, establecida nada menos que en 1917 por la OIT, y se admite que el empresario y el trabajador puedan pactar una jornada mayor, hasta 60 horas, incluso 65. La semana de 48 horas semanales fue una de las primeras reivindicaciones de la clase obrera. Conquista social que no fue gratuita. De hecho, la fiesta del trabajo se celebra el primero de mayo para conmemorar la masacre que se realizó en Chicago en 1886 con los manifestantes que reclamaban la jornada de 48 horas. Se puede entender, pues, que desde distintos ángulos se haya contemplado la medida como una quiebra fundamental de los derechos laborales que se creían consolidados.
No obstante, como cabía esperar, en nuestro mismo país se han alzado voces que pretenden justificar el acuerdo. Se alude a la complejidad de la sociedad actual y a que, por lo tanto, todos los trabajos no son iguales (¡menudo descubrimiento!), y, dada esta heterogeneidad, conviene dejar a las partes libertad para que pacten la jornada que crean conveniente, de manera que no se imponga una norma sobre casos dispares.
Como siempre, se acude a una falacia. No se trata de imponer una jornada uniforme para todos los trabajadores, sino tan sólo un máximo de horas que las partes no pueden contravenir, puesto que hablar de libertad económica es en la mayoría de las relaciones laborales un completo sofisma. El trabajador se ve en la obligación de aceptar las condiciones que imponga el empresario. “Libertad para morirse de hambre”, como afirmaba Marx. Es la misma libertad de pacto que condujo al mundo descrito por Dickens y otros muchos autores, en el que los niños y las mujeres estaban sometidos a jornadas abusivas que hoy nos parecen imposibles. Por ello, a lo largo del siglo XX fue tomando cuerpo una consideración tuitiva del derecho laboral que mantenía la necesidad de que el Estado estableciese unas condiciones mínimas e irrenunciables que las partes no podían violar. Es esta salvaguarda la que ahora se pone en cuestión.
Hay quien quiere explicar el acuerdo tomado en Luxemburgo por el desequilibrio de fuerzas que en la actualidad existe en la Unión Europea, donde la socialdemocracia ha desaparecido casi en su totalidad y gobiernan partidos de derecha en los principales Estados, al tiempo que se han incorporado nuevos países que han pasado recientemente de sistemas de economía centralizada al capitalismo salvaje. Pero este planteamiento supone quedarse en una capa muy superficial del problema sin ahondar en las causas últimas. La verdadera causa se encuentra en la progresiva aceptación en materia económica de un discurso que nos retrotrae al siglo XIX y la introyección de los mismos presupuestos básicos, libertad absoluta de mercados y capitales. En estas condiciones, resulta imposible que no vaya desapareciendo progresivamente todo el andamiaje construido alrededor del Estado social.
El argumento más fuerte esgrimido por los defensores de la desregulación del mercado laboral es el de la competitividad. En definitiva, se trata de aplicar el dumping social, pero este mismo dumping social desbarata la forma de razonar de los que alegan que la directiva ahora aprobada por el Consejo de Ministros europeo no impide que cada país continúe aplicando su propia normativa. Incluso los países que ahora se han opuesto a su implantación no tendrán más remedio que ir flexibilizando la legislación, si no quieren perder cuota de mercado.
El hecho de que la mayoría de los gobiernos europeos sea de derechas y que la socialdemocracia esté en decadencia no constituyen la causa sino que son más bien el efecto, el efecto de un hecho mucho más radical. Hemos construido un espacio económico bajo unos parámetros tales que las políticas de izquierdas ya no son posibles. Los partidos progresistas, cuando gobiernan, se ven obligados a aplicar las mismas medidas que los de derechas.
En estas circunstancias, no puede extrañarnos que los ciudadanos, en las raras veces que son consultados, terminen votando en contra o absteniéndose, que es aún peor. Así ocurrió con la Constitución Europea. Así sucede con el Tratado de Lisboa. Irlanda, único país en el que se ha celebrado un referéndum, se inclinó por el no y, tal como se expresó uno de los más prestigiosos diarios europeos, el no habría sido el resultado si Gran Bretaña, Francia o Alemania se hubiesen atrevido a consultar a los ciudadanos. Los ciudadanos interpretan que, tanto con la Constitución como con el nuevo tratado, sus Estados pierden soberanía a favor de no se sabe qué instituciones políticamente irresponsables. Pero aciertan tan sólo parcialmente, ya que, por desgracia, hace ya bastante tiempo que sus gobiernos han ido perdido soberanía, entregándola en aras de eso que eufemísticamente llaman mercados.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Ilustración de Iván Solbes
TOMÁS HERREROS Y RAÚL SÁNCHEZ CEDILLO
Los últimos años muestran señales inequívocas de mutaciones fundamentales en el mundo de las relaciones laborales, que ponen de manifiesto el lado oscuro de la sociedadred. Al trabajador fordista, industrial, de contratación indefinida, varón, blanco y de mediana edad, le acompañan hoy nuevas figuras de la relación laboral, más móviles, más flexibles, discontinuas, con un fuerte componente juvenil, migratorio y femenino, pero con un elemento común, la precariedad, que se expresa en condiciones de trabajo más frágiles o anómalas y, cómo no, en el plano salarial.
Si a ello le añadimos lo que sucede fuera del trabajo (por ejemplo, en la vivienda, en los servicios públicos o en la privatización de la formación), la precariedad se manifiesta en forma de lo que se conoce como la precarización del conjunto de la vida.
No obstante, una de las paradojas que definen nuestro tiempo es la exclusión representativa e institucional de este precariado. Los dos grandes sindicatos se muestran incapaces de conectar con los deseos y las necesidades de esa nueva fuerza de trabajo.
Más allá de las explicaciones que hablan de una derechización sindical –que en más de un caso llegan a ser ciertas–, resulta más plausible buscar respuestas en el marco de la inadecuación de tales sindicatos a las condiciones en las que hoy se ventila la relación entre trabajo y capital.
La crisis de las tres separaciones clásicas del trabajo del siglo XX (entre lugar de trabajo y lugar de vida, entre producción y reproducción y entre salario y renta) hace difícil imaginar que la incapacidad sindical sea una tendencia coyuntural, atribuible a la incapacidad de sus dirigentes.
Obliga, por el contrario, a pensar y analizar formas renovadas de sindicalismo, útiles para que esas nuevas figuras laborales puedan conquistar nuevos derechos sociales que se amolden a la experiencia de un trabajo y una vida que, extendidos en el campo social, se confunden cada vez más.
En este contexto, surgen experimentaciones que van más allá del marco sindical que hasta ahora hemos conocido, y que sugieren otras formas de expresión y organización. Una de ellas es el Mayday, la fiesta de este precariado, iniciativa surgida en Milán y que desde 2005 se ha extendido a distintas metrópolis europeas (véase euromayday.org) .
De esas movilizaciones sorprenden al menos tres rasgos. El primero es que, en efecto, en ellas se movilizan decenas de miles de personas y en cierto modo reinventan la cita el 1º de Mayo.
El segundo es la expresión de demandas que van más allá de la relación salarial, atendiendo a cuestiones como la vivienda, la libre movilidad de los migrantes, el copyleft, así como la renta básica de ciudadanía o la valorización del trabajo de cuidado. De hecho, podríamos decir que problematizan no solo el lugar de trabajo, sino también la vida en su caída bajo relaciones de beneficio.
Por último, resalta la forma festiva, alegre y desinhibida de sus manifestaciones, con música, carrozas, que recuerdan más a las marchas del Orgullo gay que a las manifestaciones de los grandes sindicatos.
En el caso español, –Las Mayday Parades tendrán lugar hoy en Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona y Terrassa– vale la pena situarlas en el contexto más amplio de las nuevas movilizaciones que emergen en el marco de la precarización: la reivindicación de la vivienda digna, la okupación y la creación de centros sociales autogestionados, la reivindicación de condiciones laborales aceptables para trabajadores/as sociales, domésticas (y migrantes), de los transportes públicos, la reivindicación de condiciones de libertad para los creadores culturales (y aquí entra de lleno la crítica de la legislación sobre propiedad intelectual), las protestas que emergen en las universidades públicas por la insatisfacción cada vez más manifiesta ante el rumbo depredador que cobran la educación y la investigación, y en consecuencia las condiciones de explotación del trabajo de investigadores, docentes y becarios/as.
A todo ello se añade en el Mayday el malestar ante los obstáculos que impiden que los migrantes accedan a una ciudadanía normal, sometidos a instituciones democráticamente inaceptables como los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Estos nuevos movimientos y reivindicaciones se sitúan hoy de lleno en el marco de la recesión económica provocada por la privatización y financiarización del deficit expending keynesiano en forma de endeudamiento privado de las familias (caso de las subprimes).
Todo ello podría abrir una coyuntura política incierta: ¿cómo atender estas y otras reivindicaciones en el marco de la crisis? ¿Serán capaces las insuficientes y en buena parte caducas políticas de bienestar españolas y europeas de dar una respuesta no represiva a los nuevos movimientos frente a la precarización de la vida?
Estamos convencidos de que en esta coyuntura el terreno de la conquista de nuevos derechos universales pasa por la transformación de las políticas de bienestar, avanzando hacia un Welfare 2.0 que se configure con arreglo a las necesidades de nueva democracia de la galaxia del precariado, esto es, el derecho a la libre movilidad del trabajo (también migrante), el derecho a la libre producción y compartición de saberes y bienes digitales (copyleft) y, por último, el derecho a una renta básica universal que permita compaginar la flexibilidad de la relación salarial con la seguridad de la renta y de los derechos.
De no ser así, cabe esperar tormentas a corto y medio plazo.
Tomás Herreros y Raúl Sánchez Cedillo son miembros de la Universidad Nómada y del colectivo Mayday
Ilustración de Miguel Gallardo
CARLOS TAIBO
Al calor de la polémica que, días atrás, han suscitado las estimaciones del Fondo Monetario en lo relativo al crecimiento de la economía española, en los circuitos políticos y mediáticos nadie –absolutamente nadie– se ha preguntado si no conviene que empecemos a recelar de las presuntas virtudes de ese crecimiento que tanto nos preocupa. A duras penas puede sorprender, sin embargo, semejante silencio en un escenario en el que ni siquiera las fuerzas políticas más claramente emplazadas en la izquierda, y aparentemente más innovadoras, han asumido –ahí está, para testimoniarlo, la campaña electoral recién cerrada– ninguna suerte de consideración crítica de un axioma económico que, como tal, se antoja insorteable. Para qué hablar, al respecto, de los sindicatos mayoritarios, que hace tiempo se deshicieron de cualquier querencia de contestación seria del orden económico existente.
Aunque sobran los datos que invitan a recelar de ello, lo cierto es que el crecimiento económico se nos presenta como la panacea resolutora de todos los males. A su amparo –se nos dice– el desempleo se mantendrá en niveles razonables, los servicios sociales no retrocederán y haremos frente a la pobreza y a la desigualdad. La monserga correspondiente, nunca acompañada de argumentos sólidos que ratifiquen su buen sentido, obedece ante todo al propósito de cancelar cualquier reflexión sobre algunas de las secuelas, nada despreciables, que –éstas, sí, fáciles de comprobar– se siguen del crecimiento. Citemos entre ellas el despliegue de agresiones medioambientales acaso irreversibles, un progresivo agotamiento de materias primas que reduce peligrosamente los derechos de las generaciones venideras o, en suma, la visible ausencia de políticas que, en serio, atiendan a una distribución más justa de los recursos y no fíen ésta en las virtudes mágicas de alguna interesada superstición económica.
Claro es que la apuesta omnipresente por el crecimiento tiene una consecuencia adicional en la consolidación de lo que más de uno ha entendido que era un modo de vida esclavo. Al fin y al cabo, el esquema principal en el que se asientan muchas de nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas es el que bebe de la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más podamos consumir. Clive Hamilton, un profesor australiano que se ha interesado por estas cosas, ha llamado la atención sobre una de las paradojas del momento: “Después de habernos explicado durante décadas que seremos libres si permitimos que el mercado haga lo que antes hacían los gobiernos, ahora los neoliberales nos dicen que no podemos zafarnos de los dictados del mercado”.
Y, sin embargo, frente a la ausencia de respuesta, que empieza a ser dramática en la izquierda política y sindical, se barrunta un principio de reacción que nace de la vida cotidiana de muchos de los habitantes del Norte desarrollado. El recién mencionado Hamilton ha tenido a bien rescatar el resultado de una encuesta que concluye que un 42% de las mujeres y un 54% de los varones preferirían trabajar menos horas. Cada vez se hace más común –precisemos que hablamos de países del Norte en los que los servicios sociales se hallan razonablemente asentados y la riqueza acumulada es más que notable–, por otra parte, que quienes han perdido su puesto de trabajo confiesen sentirse más felices una vez se ha hecho valer esa circunstancia, tras haber acometido sin pesar una más que posible, y sensible, reducción de sus niveles de consumo. Se acumulan, en suma, los estudios que concluyen que, a partir de determinado nivel de ingresos, el incremento en estos últimos –por lógica resultado de un aumento paralelo en la carga de trabajo– a duras penas proporciona ganancias en materia de felicidad objetiva.
A circunstancias similares a las invocadas se refirió el fallecido André Gorz cuando habló de la necesidad de “obligar al capital a poner el ahorro en tiempo de trabajo a libre disposición de una sociedad en la que dejen de predominar las actividades sometidas a racionalidad económica”. Por detrás se aprecia algo importante: un designio de agarrar por los cuernos el toro sagrado del trabajo en general –releamos, por cierto, El derecho a la pereza, de Lafargue– que, huyendo de la lógica productivista e insolidaria que todo lo inunda, vaya más allá del muy loable propósito de encarar la maldad intrínseca del trabajo asalariado. Hablo –conviene precisarlo una vez más– de muchas de las realidades que se hacen valer en el mundo rico, y no de las propias de otros lugares en los que, aun así, se impone que se sopesen críticamente, también, las presuntas bondades del crecimiento y del desarrollo, y que se busquen horizontes marcados por otros valores.
Que el debate sobre el crecimiento y sus virtudes no haya germinado entre nosotros, en el escenario que nos es más próximo, resulta tanto más llamativo cuanto que la aparente bonanza registrada en los últimos años por la economía española mucho le ha debido a algunas de las formas más depredadoras de aquél. Si triste ha resultado ser la aceptación de un crecimiento que mucho le debía al negocio inmobiliario, y ello pese a que todos teníamos conocimiento de sus dobleces, hora es de preguntarse si una cabal recesión no puede convertirse en afortunado y poderoso estímulo para que tiremos por la borda algunos de los prejuicios que nos atenazan. Lo que hay que reivindicar, en las palabras de Serge Latouche, es “una sociedad fundamentada más en la calidad que en la cantidad, en la cooperación más que en la competición, una humanidad liberada del economicismo, que busque la justicia social como objetivo”.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Daniel Roldán
