VICENÇ NAVARRO
Una de las políticas fiscales que han caracterizado el pensamiento neoliberal reproducido en la mayoría de partidos gobernantes en la Unión Europea, tanto de derecha como de centro izquierda, ha sido la reducción de impuestos. Se decía que tal bajada de impuestos liberaba la capacidad creativa, tanto de los ciudadanos como de las empresas, estimulando así la economía. En España, no sólo la derecha –tanto española (PP), como catalana (CiU)– sino también la izquierda gobernante (PSOE), enfatizaron la conveniencia de bajar los impuestos. El presidente Zapatero inició su mandato con el dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Antes, los gobiernos del PP habían hecho de esa bajada el elemento central de su política fiscal.
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las de-
sigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
En política, y particularmente en política exterior, la realidad define en gran medida la agenda. Objetivos claros y voluntad de cumplirlos conforman el resto. De ambos elementos, realidades y ambiciones, ha habido en la recién finalizada Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la segunda fase de la crisis económica nos han impuesto retos que hemos gestionado, sentando las bases para permitir futuros avances en ambos terrenos. Pero la Presidencia ha sido mucho más que eso. Teníamos una visión clara de algunos intereses estratégicos que había que recuperar o impulsar, de decisiones a tomar para mejorar la vida de los ciudadanos europeos. Y por ambos caminos ha transitado nuestro semestre.
Sabíamos que ser la primera Presidencia tras los profundos cambios que introducía el Tratado de Lisboa no iba a ser tarea fácil. Pero, además, entrañaba una enorme responsabilidad. Levantar un nuevo esquema institucional suele terminar dependiendo más de cómo se va construyendo en la práctica, que de las previsiones iniciales. Nuestro objetivo era consolidar un presidente del Consejo Europeo y una alta representante que iniciaban su andadura. En cada gesto, en cada reunión, en cada declaración, España estaba estableciendo precedentes. Conscientes de ello, hemos actuado buscando unas instituciones fuertes y asentadas, condición indispensable para que la Unión pueda desarrollar su papel de actor global. Haber logrado cerrar el acuerdo para la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, el futuro servicio diplomático europeo, es prueba visible de que hemos conseguido nuestros objetivos.
La Presidencia comenzó con la segunda ola de la crisis económica: la inestabilidad de la deuda soberana en la zona euro. Mejorar la coordinación europea en la lucha contra la crisis era nuestro primer objetivo. Pero los acontecimientos se precipitaron llevándonos a retos concretos a los que había que responder: el fondo de rescate de Grecia y el vehículo de estabilización del euro, dotado con 750.000 millones, fueron las mejores respuestas posibles. El camino queda así abonado para la necesaria mejora de los mecanismos de gobierno económico y fiscal.
Una realidad muy dura fue el terremoto en Haití, en el que coordinamos la respuesta europea en ayuda humanitaria y para la futura reconstrucción del país. O los efectos en la navegación aérea de la nube de ceniza creada por el volcán islandés, a la que respondimos con criterios que permitieron abrir los cielos de forma coordinada y segura.
Pero, más allá de dar respuestas a esas realidades, hemos hecho política exterior europea en aquellos campos en los que las nuevas instituciones todavía no estaban preparadas o debían atender otras prioridades. Así, en los Balcanes Occidentales, región clave para la seguridad y la estabilidad de nuestro continente, hemos relanzado la perspectiva europea de la región. En la simbólica ciudad de Sarajevo, sentamos a Serbia y Kosovo a la misma mesa, en clara demostración de que la cooperación y el diálogo son el único camino para incorporarse a Europa.
La relación con Estados Unidos ha ocupado un lugar central en nuestro semestre. El objetivo era claro: avanzar hacia una nueva agenda transatlántica tras la entrada en vigor de Lisboa. Así, hemos revitalizado el Consejo Económico Transatlántico, pieza clave para hacer frente conjuntamente a la crisis, y el Consejo Transatlántico de Energía, foro para actuar conjuntamente en materia de seguridad energética. Tras un primer rechazo del Parlamento Europeo hacia el Acuerdo SWIFT sobre transferencia de datos bancarios, la Presidencia termina con la firma de un nuevo acuerdo que, todo parece indicar, podría aprobarse próximamente. Si a todo ello añadimos la primera declaración conjunta sobre cómo combatir el terrorismo, o el acuerdo de cielos abiertos, cabe preguntarse si es preferible una cumbre sin contenido a los avances sustanciales obtenidos. Que cada uno haga su opción entre forma y fondo. Yo hubiera preferido tener los dos, pero nunca sacrificaré el segundo a la primera.
Por esa misma razón aplazamos la cumbre de la Unión para el Mediterráneo (UPM). Pero, entretanto, la Presidencia ha culminado el complejo andamiaje institucional de la UPM y facilitado los avances en las conversaciones entre israelíes y palestinos. Las bases para la consolidación del proceso están puestas.
Iberoamérica era otra opción estratégica clara. A las razones habituales se suman elementos nuevos: la fortaleza con la que la región está respondiendo a la crisis y la presencia de Brasil y México entre las potencias emergentes del nuevo orden mundial. Relanzar las relaciones con Mercosur, la Comunidad Andina y Centroamérica era el reto. En Cuba, la Unión ha respondido al diálogo abierto entre la Iglesia y el Gobierno cubanos, una iniciativa que está dando sus primeros frutos en materia de derechos humanos. Esa iniciativa requería tiempo y se lo hemos dado.
Asimismo se han impulsado las relaciones con socios estratégicos de la UE como Rusia, Marruecos, con un primer encuentro de máximo nivel, China, Japón y Pakistán. En todas ellas hemos introducido a la nueva Europa salida del Tratado. La solidaridad y la cooperación al desarrollo han sido también ejes de nuestro semestre por encima de los problemas financieros. Hemos trabajado para seguir ayudando al cumplimiento de los objetivos del milenio y asegurar que la Unión tuviese hechos sus deberes para la reunión de septiembre en Nueva York.
Acaba así una Presidencia distinta de cualquier otra pasada, y me atrevería a decir que futura, por su peculiar situación en la historia institucional de la Unión. Generosidad con las nuevas instituciones y eficacia eran los principios que nos guiaban. Creo que hemos respondido a ellos y ayudado a la construcción europea en uno de los momentos más delicados de su historia.
Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ilustración de Javier Olivares
VICENÇ NAVARRO
Una lectura de nuestra realidad que se ha generalizado en las culturas políticas y mediáticas de nuestros países es que vivimos en un mundo globalizado en el que los estados están perdiendo poder, reemplazados por mercados centrados en grandes empresas financieras e industriales (llamadas multinacionales) que se han constituido como las unidades de actividad económica en el mundo. Las derechas neoliberales aplauden esta evolución, a la cual consideran responsable de una enorme prosperidad. Sectores de las izquierdas gobernantes, por el contrario, se lamentan de esta evolución y resaltan los costes que tales cambios significan para las instituciones democráticas, pues asumen que, en este escenario, lo económico es lo que determina lo político. Y concluyen que, en un país pequeño –como España–, atrapado en este sistema globalizado, poco puede hacer el Estado, excepto seguir lo que la globalización (los mercados financieros y comerciales) le exige. Parecería, pues, que no hay otra alternativa que reducir el gasto público y reducir los salarios.
Tal teoría, sin embargo, es errónea. Los países escandinavos están entre los países más globalizados del mundo. Debido a su pequeño tamaño, su economía está muy integrada en la economía europea y mundial. La suma de sus exportaciones e importaciones sobre su PIB es la más elevada del mundo. Y, sin embargo, tienen los estados del bienestar más desarrollados y los salarios más elevados de Europa. La causa de ello es que las relaciones de poder (entre ellas las de clase, pero también las de género) tienen una configuración favorable a las clases populares. Las clases trabajadoras, en alianza con las clases medias, han desarrollado unos elevados estados del bienestar (caracterizados por la universalización de los derechos laborales y sociales) y un alto nivel de vida, en contraste con los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España), donde el dominio histórico de sus estados por las derechas ha determinado estados del bienestar escuálidos, unos salarios bajos y un bajo nivel de vida. Acusar de despilfarro y exuberancia de gasto público en estos países como la causa de la crisis del euro, como están escribiendo autores neoliberales, es risible.
Las izquierdas deben recuperar el análisis de clases, olvidado desde hace tiempo, para entender nuestras realidades y entender que, en contra de lo que se está promoviendo, los estados continúan teniendo un papel central y que las relaciones de poder de clase en cada país son el factor determinante de su desarrollo económico y social, así como de la manera como responden a la crisis. Es más, las mal llamadas multinacionales son en realidad empresas transnacionales, es decir, basadas en un Estado, que operan en varias naciones. Y es imposible entender su comportamiento internacional sin comprender la relación de tales empresas con el Estado en el que se ubica su sede central.
La construcción de la Unión Europea (un paso que valoro positivamente) se hizo en base a una arquitectura institucional neoliberal (que considero negativa; ver la sección Europa en www.vnavarro.org), resultado de la enorme influencia de la banca alemana sobre el Estado alemán, consecuencia, a su vez, de la debilidad de la clase trabajadora, resultado de la gran disponibilidad de mano de obra barata procedente de Alemania oriental y de los países del este de Europa. Tal debilidad explica el estancamiento económico de aquel país, causado por la escasa demanda doméstica (consecuencia de la reducción salarial y del espectacular descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional) y el limitado estímulo económico. Como indiqué en un artículo anterior (“La sabiduría convencional europea”, Público,
10-06-10), tales relaciones de poder en Alemania fueron determinantes para configurar el llamado “modelo alemán”, basado en una elevada competitividad debida a un crecimiento de la productividad muy superior al incremento de los salarios, lo que crea una gran riqueza que se concentra en las empresas exportadoras, incluyendo la banca. Gerard Schröeder venció en el conflicto con su ministro de Hacienda, Oskar Lafontaine, y con los sindicatos, que se oponían a este modelo, los cuales favorecían un modelo basado en la demanda doméstica en lugar de en las exportaciones.
Algo semejante ocurrió en Reino Unido, donde el Gobierno de Tony Blair dio plena independencia al Banco de Inglaterra y liberalizó la banca, convirtiendo la City
(el centro financiero británico) en el centro mundial de los hedge funds (lo cual justifica el nombre que se le dio, “el Wall Street Guantánamo”, por estar más desregulado que el propio Wall Street). Las izquierdas dentro del Partido Laborista fueron derrotadas y los sindicatos marginados. En ambos casos (Schröeder y Blair), el socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en la socialdemocracia) fue el que contribuyó en gran manera al dominio del capital financiero en la Unión Europea y, con ello, a la enorme crisis de la socialdemocracia en la UE.
En Reino Unido, el Partido Laborista pasó de tener el 33% del total del electorado en 1997, al 25% en 2001 y al 22% en 2005. Si este país hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista habría perdido la mayoría del Parlamento ya en 2001. El hecho de que no la perdiera se debe al sistema electoral sesgado, que le permitió mantener la mayoría durante 13 años, lo cual se presentó erróneamente como prueba de su popularidad. La abstención y el desánimo se reflejaron también en la pérdida de la mitad de sus afiliados.
Algo parecido ocurrió en Alemania. El programa 2010 de Schröeder fue el inicio de su fin como partido de Gobierno. Perdió las elecciones y el partido pasó de tener 800.000 miembros a 380.000. No fue la socialdemocracia, sino el creciente distanciamiento de los partidos socialdemócratas gobernantes de las prácticas identificadas con tal tradición, lo que condujo a su declive. ¿Pasará lo mismo en España?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
JOAN GARCÉS
España ha sido la primera y última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, la resistencia fue sobrepasada por la intervención del III Reich y la Italia de Mussolini. El 1 de septiembre de aquel año, Polonia era invadida. El costo humano, cultural y económico fue devastador para España. Las libertades civiles y políticas fueron radicalmente suprimidas durante la más prolongada dictadura fascista de Europa, hasta 1977.
Las actuales generaciones quieren conocer lo que pasó: las causas y consecuencias. Una acción cívica democratizadora se está desarrollando en España. Les pide a los tribunales que apliquen las leyes.
Vivir en democracia requiere conciencia, voluntad, esfuerzos constantes. Los cimientos institucionales y normativos de la Europa construida a partir de 1945 no son compatibles con la ocultación e impunidad de crímenes de genocidio y lesa humanidad. Se le recuerda a Turquía, cuando solicita ingresar en la Unión Europea, que antes debería reconocer y condenar el genocidio de los armenios de 1915-17 (entre 250.000 y 500.000 muertos, según las autoridades turcas; más de millón y medio, según las víctimas.
El costo de la impunidad de este genocidio ha sido incalculable. Un documento identificado como L-3, exhibido ante el Tribunal de Nüremberg, contiene el mensaje en que el canciller Hitler comunicaba a sus generales, el 22 de agosto de 1939, la decisión de invadir Polonia: “He ordenado –y haré fusilar a quienquiera que haga la menor crítica– que la finalidad de nuestra guerra no es alcanzar determinadas líneas, sino la destrucción física del enemigo. En consecuencia, están listas mis formaciones de la calavera [SS-Totenkopfverbände] –por ahora sólo en el Este– con órdenes de matar, sin misericordia ni compasión, a hombres, mujeres y niños de origen y lengua polacos. Sólo así conseguiremos el espacio vital (Lebensraum) que necesitamos. Después de todo, ¿quién habla hoy de la aniquilación de los armenios?”.
Esa voluntad de exterminio se estaba aplicando en España desde el 17 de julio de 1936 contra los partidarios de la forma republicana de gobierno, al tiempo que se prohibía a los tribunales de Justicia investigarlo. La consecuencia es que, desde entonces, aquellos han estado cerrados para investigar los actos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de guerra. En España no se ha exigido responsabilidad a ningún juez o funcionario por su contribución a la inacción del derecho, a diferencia de lo ocurrido al ministro de Justicia alemán Franz Schlegelberger, juzgado en 1946 porque “la prostitución de un sistema judicial para lograr fines criminales implica un elemento de maldad hacia el Estado que se encuentra en atrocidades manifiestas que ensucian las togas de los jueces”.
Sin embargo, desde el restablecimiento de la forma representativa de gobierno en 1977, España ha incorporado a su derecho interno el construido sobre la derrota del nazi-fascismo en 1945. Rigen hoy en España normas que sancionan aquellos graves delitos, que los declaran imprescriptibles y no amnistiables. En 2006, varias asociaciones de víctimas solicitaron investigarlos, así como localizar a los más de 115.000 detenidos y desaparecidos. Pidieron también encontrar a más de 30.000 niños secuestrados a familias republicanas y entregados a familias franquistas que, habida cuenta de su edad, cabe presumir que con su identidad cambiada siguen vivos en su mayoría. Por reparto correspondió conocer de estas denuncias a un juzgado central de instrucción que, tras indagaciones preliminares, abrió una investigación formal el 16 de octubre de 2008, la primera desde el 17 de julio de 1936 (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección “España”).
La reacción ha sido inmediata. En diciembre de 2008 se prohibió al juzgado proseguir la investigación; en 2010 se ha suspendido en sus funciones al titular, derribándose así pilares constitucionales como los de la independencia e inamovilidad judicial, mientras se prepara una sentencia destinada a mantener cerradas las puertas de los tribunales. En paralelo, en septiembre de 2009 se enmendó la ley para dificultar la persecución de los delitos de esa naturaleza bajo los principios de la jurisdicción universal.
Mientras a Turquía se le exige hoy reconocer el genocidio de 1915 –habida cuenta del trágico uso que se hizo de su olvido–, en el otro extremo del Mediterráneo se intenta seguir impidiendo la investigación del de los republicanos españoles –en un contexto económico que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en declaraciones a Der Spiegel el mes pasado, describía como el quizás más difícil desde 1918 (lo que incluye el período fascista)–. Es de interés general abrir los tribunales al conocimiento de uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo antes de que se revuelva la bestia.
Joan Garcés es abogado
Ilustración de José Luis Merino
VICENÇ NAVARRO
Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego, retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.
Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis. Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea. Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia. Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales. La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes. La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.
¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros? Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa. El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.
Ahora bien, cuando las burbujas explotaron, todo el entramado quedó al descubierto. De pronto, la clase empresarial alemana se encontró con un problema grave, pues los otros países de la UE, incluyendo los periféricos, que les compraban sus productos, no podían seguir comprándolos, consecuencia del gran descenso de la capacidad adquisitiva de sus clases populares. Y, por otra parte, los bancos alemanes poseían enormes cantidades de deuda –tanto pública como privada–, que los países deudores periféricos no podrían pagar. La banca alemana tenía –y tiene–, pues, un gran problema, compartido con la banca de Francia y otros países del centro de la UE.
¿Cuál es la solución que han impuesto? Una enorme austeridad de gasto público para permitir a los estados periféricos pagarle a la banca alemana y a la de otros países centrales. Para ello, la UE y el Fondo Monetario Internacional han prestado dinero en condiciones leoninas a los estados periféricos para que estos puedan pagarles lo que deben a aquellos bancos. Estas políticas de austeridad crearán una enorme recesión en los países periféricos. Ahora bien, para que estas políticas sean exitosas tienen que presentarse como necesarias, a consecuencia del despilfarro causado por las clases populares de la periferia (haciendo referencia a su supuestamente excesiva protección social) y enfrentando a la clase trabajadora alemana con las clases populares de la periferia, tal como hacen diariamente los mayores medios de información próximos al establishment financiero alemán.
Las clases populares alemanas, sin embargo, tienen mucho más en común con las clases populares de los países periféricos que con las clases financieras e industriales alemanas. Hoy los mayores problemas en la UE no son ni los déficits ni las deudas públicas de sus estados, sino el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Frente a ello, lo que se necesita no es destinar los fondos, de casi un billón de euros, a ayudar a los bancos, sino hacer una enorme inversión pública, política que el establishment neoliberal europeo (liderado por el alemán) no hará, pues está aprovechando esta crisis para realizar lo que ha deseado siempre: el desmantelamiento de la Europa social y el descenso de las rentas del trabajo. Es la lucha de clases a nivel continental.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
VICENÇ NAVARRO
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
JUAN HDEZ. VIGUERAS
La disyuntiva no tendría justificación si por mercados entendiéramos todos los que integran la economía de un país, desde el de la vivienda o los automóviles hasta el de las patatas o el vino; porque no hay democracia sin todos estos mercados reales que crean riqueza y empleo.
Pero hoy sabemos que cuando nos hablan de los mercados para justificar recortes salariales o sociales, nos están hablando de las Bolsas y de la banca financiera, de los llamados inversores, a los cuales tienen que acudir los gobiernos para obtener los préstamos necesarios para cubrir el déficit de ingresos públicos provocado por las ayudas a esos bancos y a una economía destrozada por la crisis de esos mismos mercados.
Y lo más curioso es que muchos inversores, si a finales de 2009 hubieran escrito una carta a los Reyes Magos, les habrían pedido beneficios crecientes y tipos de interés muy bajos; justo unos deseos que han sido colmados, como afirma The Economist en su último número. A lo que podríamos añadir que los bancos han logrado igualmente un tercer deseo: gobernar de facto a los países y sin riesgo político, obligando a los gobiernos europeos a ejecutar recortes del gasto público muy alejados de los programas por los que fueron elegidos en las urnas.
Porque nos encontramos con que los rescatadores son rehenes de los rescatados. Los gobiernos europeos rescataron a la banca y a los mercados con el dinero de los contribuyentes, y se están sometiendo a los dictados de esos mercados. A eso los expertos de guardia le llaman “el problema de los bonos soberanos”, la incertidumbre sobre la rentabilidad de los préstamos a los gobiernos del Eurogrupo que ha creado una crisis del euro. Un asunto elevado al nivel de riesgo sistémico para
Wall Street y para Washington, que lo equipara al actual riesgo geopolítico (que Corea del Norte la líe con la del Sur).
Pero la realidad que se oculta es que, si los inversores internacionales presionan al Eurogrupo, es porque los impagos de Grecia o de otro país miembro podrían provocar una crisis grave de la banca europea, que es la mayor acreedora (Financial Times, 27-05-2010). Por otra parte, el endeudamiento exterior de país engloba el sobreendeudamiento del sector privado, de bancos y grupos empresariales con el exterior, como es el caso de España. Porque, conforme al acuerdo político del Consejo europeo de octubre 2008, para salir de la crisis bancaria originada fuera de Europa, los gobiernos del euro decidieron no solamente rescatar bancos para evitar su quiebra, sino avalar su endeudamiento, algo que les trajo buenos negocios. Y ahora los bonos gubernamentales y los bonos y empréstitos privados del exterior, que están garantizados por los gobiernos, cuentan para el llamado “riesgo-país”, que evalúan las resucitadas tres agencias privadas de calificación de riesgos crediticios.
Y al mismo tiempo los inversores siguen apostando por la falta de liderazgo y de voluntad política comunitaria, que se ha puesto de relieve con la demora para comprometer los préstamos bilaterales que ayuden a Grecia. Una clara muestra de la desunión e insolidaridad del Eurogrupo, además de su desnudez al carecer de supervisión bancaria comunitaria para operaciones transnacionales (el Banco de España solo tiene competencia hasta las fronteras) y, sobre todo, de un gobierno que controle las economías, recurriendo en cada momento a los acuerdos políticos intergubernamentales. Para colmo, la mayor paradoja es que el fondo acordado de 750.000 millones es sólo un mecanismo común para defender la estabilidad del euro, pero obteniendo el dinero de los propios mercados. Y el que paga, manda.
Por tanto, los interrogantes abiertos son serios y graves. ¿Puede sobrevivir un Eurogrupo basado en la plena libertad de las operaciones extracomunitarias del capital sin fiscalidad compartida y sin gobierno controlado democráticamente? ¿Puede el euro apoyarse únicamente en un simple pacto que limita el déficit público al 3% y el endeudamiento al 60% del PIB? ¿Puede seguir siendo el Eurogrupo una mera zona monetaria por más tiempo?
Porque frente a la crisis financiera llegada del exterior, antes y después del fracasado Tratado de Lisboa, tanto la UE como el Eurogrupo han carecido de un proyecto para corregir la competencia fiscal y la desregulación bancaria y financiera a nivel comunitario, donde nadie controla las transacciones extracomunitarias de los bancos. Y en el plano mundial, la pretendida regulación financiera ha fracasado hasta el momento. El martes 25 mayo en Madrid, el director de mercados financieros del Fondo Monetario Internacional, el español José Viñals, anunció que para la cumbre del G-20 de junio en Canadá no se esperan acuerdos, pero que en el club de Basilea –el auténtico gobierno mundial de la banca– estaba todo muy avanzado para que se formalicen algunos acuerdos en la reunión de noviembre en Corea del Sur, que no cambiarán un ápice el paradigma neoliberal en vigor.
Por todo ello se comprende que, sin advertir a sus socios europeos, el martes 18 mayo Alemania adoptara la decisión unilateral de atacar la especulación financiera, un hecho significativo que alumbra la esperanza de decisiones que saquen a la UE del atolladero en que se encuentra. Frente a la crítica por ignorar los informes de los grandes bancos, el ministro de Hacienda alemán, Schaüble, respondía que “si se quiere desecar una ciénaga, no se les pide a las ranas la opinión objetiva”. Y ese es el camino para superar la crisis actual; porque el dilema político al que se enfrentan los gobernantes en la Europa de hoy es mercados o democracia.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac
Ilustración de Patrick Thomas
VICENÇ NAVARRO
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
VICENÇ NAVARRO
La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
ALBERTO MONTERO SOLER
En la madrugada del lunes, los principales líderes europeos alcanzaban finalmente un acuerdo para tratar de frenar la orgía especulativa desencadenada contra la deuda soberana de los países periféricos de la Unión Monetaria.
Aparentemente, la respuesta gozaba de la contundencia necesaria como para que los mercados no sólo se aplacasen sino para que revertieran su tendencia, y en donde antes veían riesgos de impago ahora percibieran salud financiera a borbotones. Y es que, de repente, las reticencias europeas al rescate de Grecia se habían transformado en un ambicioso plan de rescate global en el que la Unión Europea comprometía 500.000 millones de euros, el 5,5% de su PIB, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) añadía 250.000 millones de euros más.
Todo ello se acompañaba, además, de un sorprendente anuncio por parte del Banco Central Europeo. El guardián de la ortodoxia monetarista europea y fiel escudero de Alemania, en su lucha obsesiva contra la inflación, hacía saltar por los aires su tan cacareada independencia y anunciaba que a través del eurosistema se intervendría en los mercados de bonos soberanos para aliviar las tensiones de liquidez presentes en los mismos, es decir, que pasaba a financiar directamente a los estados miembros.
De esta forma, los líderes europeos rechazaban cualquier aproximación gradual al problema especulativo y ponían sobre la mesa toda la carnaza de la que eran capaces y que desde los mercados se les demandaba. El banquete estaba servido.
Evidentemente, los mercados financieros reaccionaron como se esperaba de ellos: los índices bursátiles se dispararon, el euro frenó su tendencia a la depreciación frente al dólar y los agentes comenzaron a vender los bonos soberanos de Alemania, Francia u Holanda para pasar a comprar los de los cuatro “cerditos” (Grecia, España, Irlanda, Portugal) contra los que, hasta el viernes anterior, se dedicaban a especular.
Y es ahora, cuando la euforia de los mercados se ha aplacado e, incluso, comienza a revertirse, cuando conviene hacerse algunas preguntas para saber hasta qué punto este fondo realmente viene a resolver la crisis del euro o si, por el contrario, no es más que un carísimo parche dorado que deja de lado la esencia de los problemas. Problemas que volverán a resurgir en cuanto los tiburones perciban que la propuesta tiene más de farol que de red de seguridad operativa para un euro que lleva semanas en la cuerda floja.
De entrada, lo que debe quedar bien claro es que los ataques especulativos contra la deuda soberana de las economías periféricas de la eurozona no hacen sino replicar los que en tiempos de las monedas nacionales hubieran tenido lugar sobre las mismas, forzándolas a su devaluación. Es decir, si el euro se creó para generar un entorno de estabilidad monetaria y financiera, está visto que su diseño era manifiestamente ineficiente: no bastaba con crear una moneda única, había que replicar a nivel supranacional el mismo tipo de instituciones económicas que han otorgado durante décadas viabilidad a los estados nacionales, esto es, también era necesaria una Hacienda pública europea potente.
Ante esta situación, lo que han hecho los gobiernos europeos ha sido, en un contexto en el que el ajuste externo por la vía de la devaluación es inviable, convertirse ellos mismos en el brazo ejecutor de los mercados financieros y reclamar ajustes adicionales sobre las economías que se encontraban en su punto de mira. Y, así, al plan de ajuste griego viene a sumarse la obligación impuesta sobre España y Portugal para que aumenten sus esfuerzos de consolidación fiscal; eso sí, eufemísticamente reflejada en el documento oficial en términos de una decisión unilateral de estos países a la que se le da la bienvenida y apoya.
Con ello, los gobiernos europeos ratifican la percepción de los mercados de que los desajustes de estas economías son realmente preocupantes y, por tanto, que su comportamiento especulativo contra las mismas es acertado. De hecho, baste recordar que, por ejemplo, la deuda exterior neta de España supera ya el 92% de su PIB, es decir, más de un billón de euros.
Pero, además, al incluir al Fondo Monetario Internacional en el acuerdo, se ha permutado su ayuda financiera por una cesión de soberanía difícilmente asumible en el seno del área económica que trataba de convertir al euro en alternativa al dólar como divisa clave a nivel internacional. Y es que los estados miembros que aspiren a estas vías de financiación deberán someter sus economías a severos planes de ajuste, que estarán diseñados y supervisados por el FMI a través de sus programas de condicionalidad.
De esta forma, los líderes europeos han abierto la puerta a que en el mismo núcleo del euro sea una institución dominada por Estados Unidos la que supervise las finanzas públicas de algunos estados miembros. ¡Qué gran altura de miras!
La resultante es, por tanto, un acuerdo que, en lugar de reforzar la relevancia política de la Unión Monetaria, la socava. Que, en lugar de solventar los problemas que subyacen en la crisis del euro, los perpetúa. Y que, en lugar de aliviar el coste social de la crisis para las economías más debilitadas, la profundiza, entregándolas en bandeja al Fondo Monetario Internacional. Ya se encargará este de hacer el trabajo sucio que, en la Europa de los mercaderes, aún les da cierto pudor acometer.
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación CEPS
Ulistración de Jordi Duró
