AITOR ZABALGOGEAZKOA
A finales de abril entraron en su recta final las negociaciones para el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea e India, con vistas a cerrar el tratado antes de finales de año. Conocemos pocos detalles porque se han desarrollado fundamentalmente a puerta cerrada, pero lo poco que ha trascendido en los últimos meses sobre las disposiciones relativas a las patentes farmacéuticas resulta extremadamente preocupante, ya que podría tener consecuencias en las vidas de millones de pacientes en los países en desarrollo.
La UE está presionando a India para que acepte disposiciones relativas a la propiedad intelectual que, de ser aceptadas, restringirían considerablemente la producción y exportación de genéricos indios, en especial ampliando el tiempo de vida de las patentes más allá de los 20 años actuales y permitiendo la sistematización de las incautaciones por funcionarios europeos de genéricos indios en tránsito hacia terceros países. El impacto de tales disposiciones sería global, ya que India se ha convertido en la farmacia de los países pobres.
Y es esto lo que está en juego en estas negociaciones que se celebran en Bruselas y Nueva Delhi, tan lejos de los centros de salud a los que acuden los pacientes sin recursos: el acceso a medicamentos esenciales allí donde más necesarios son, y en particular el de millones de enfermos de VIH/sida a terapias asequibles, tal y como ha venido siendo posible desde que, en 2001, saliera al mercado la primera triterapia a base de genéricos indios al precio de un dólar al día, 30 veces más barata que las formulaciones de marca disponibles entonces.
Esta competencia forzó la reducción del precio en más de un 99% en los siguientes años. Sin ella, ninguno de los sistemas de salud, agencias especializadas y organizaciones que hoy tratan a pacientes sin recursos podrían haber ampliado sus cohortes a los volúmenes actuales. El 92% de los pacientes con VIH en tratamiento en los países en desarrollo reciben genéricos, y en su inmensa mayoría son indios: lo son entre el 70% y el 80% de los fármacos utilizados o financiados por el Fondo Global contra el Sida de la ONU, el Banco Mundial, la Fundación Clinton o el Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el Sida (PEPFAR, en sus siglas en inglés) de EEUU, y el 80% de los utilizados por Médicos sin Fronteras.
Para el sector farmacéutico, la cuestión está clara: la competencia de los genéricos fuerza reducciones de precios. Y desde la perspectiva médico-humanitaria, la cuestión es precisamente la misma: la reducción de precios, y con ella la posibilidad de que los medicamentos esenciales sean asequibles para millones de pacientes pobres, los mismos pacientes que de todas formas la industria farmacéutica no considera mercado.
Ya nos hemos acostumbrado a que los gigantes farmacéuticos, los gobiernos de los países donde tienen sus sedes e influencias (y los pasillos de Bruselas son buena muestra de su capacidad de lobby), e incluso la prensa económica, se rasguen las vestiduras cada vez que asoma el debate sobre el genérico indio. La supuesta debilidad del sistema de propiedad intelectual, que en teoría impulsa la innovación, no se corresponde con la realidad: no sólo la última década ha sido la del refuerzo de patentes, sino que además han sido años de desprecio de la I+D por las enfermedades que afectan a la parte pobre del planeta.
En 2001, la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial de Comercio, establecía que los beneficios económicos no deben estar por delante de la salud pública. Doha completaba las flexibilidades previstas en los Acuerdos ADPIC sobre Aspectos del Comercio relacionados con la Propiedad Intelectual. La Ley india de Patentes de 2005 cumplía con ambos, abriendo la posibilidad de registrar medicamentos con patentes de 20 años, pero estableciendo salvaguardas para evitar registros abusivos de fármacos que no suponen una innovación.
Los intentos de las farmacéuticas de erosionar en los tribunales estas salvaguardas son constantes. Aún tenemos fresca en la memoria la demanda presentada por Novartis contra la Ley india, cuya constitucionalidad sigue ahora discutiéndose ante el Tribunal Supremo de ese país.
Pero lo que cuesta conseguir en los tribunales se está imponiendo a golpe de tratado comercial: los acuerdos de libre comercio negociados por la UE y Estados Unidos con países en desarrollo han impuesto estándares más rigurosos que los previstos en los ADPIC, ampliando los monopolios de las farmacéuticas europeas y norteamericanas, restringiendo la competencia de genéricos y manteniendo precios prohibitivos. Y ahora, este nuevo tratado que ultiman la UE e India podría ser el golpe de gracia para los genéricos indios.
Tanto la UE como India se comprometieron a cumplir con la Declaración de Doha. En enero, el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, prometió seguir “muy de cerca” las negociaciones para asegurarse de que “no impidan el libre comercio de medicamentos genéricos”. “Yo me ocuparé personalmente de que así sea”, fueron sus palabras.
Lo poco que se ha filtrado, desde luego, no llama a la esperanza. Desde Médicos Sin Fronteras le hemos pedido al Gobierno español, que ocupa la presidencia de turno de la UE, que vele por que el Acuerdo de Libre Comercio con India no acabe con la producción y exportación de los medicamentos genéricos indios. Medicamentos que, hoy por hoy, no lo olvidemos nunca en el debate, salvan cada día millones de vidas en los países sin recursos.
Aitor Zabalgogeazkoa es director general de Médicos sin Fronteras
Ilustración de Federico Yankelevich
JUAN HDEZ. VIGUERAS
El pasado 28 abril, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitaron a la canciller alemana Angela Merkel y, con su ministro de Economía, Wolfgang Schaüble, se reunieron en el Parlamento con otros líderes para vencer sus reticencias sobre la imprescindible ayuda germana para el rescate de las finanzas griegas y para la defensa del euro. Entre tantas noticias sobre Grecia, esta insólita visita de ambos tecnócratas revela, ante todo, el decisivo papel político jugado por Trichet.
Para comenzar, recordemos que el BCE es el banco central más independiente del mundo, asentado sobre un tratado internacional y prácticamente responsable, si acaso, ante Dios y ante la historia. De ahí que se le culpe de su contribución a esta preocupante situación europea, entre otras cosas por la presión que hizo sobre los gobiernos del eurogrupo para que rescataran y avalaran a los bancos tras el estallido de la crisis financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas (The New York Times, “Can Europe Save Itself?”, 29-04-2010).
Asimismo, hay que destacar que para los gobiernos que gestionaron sus economías con rigor –como en el caso de España–, es la falta de armonización fiscal europea entre los propios socios la que agrava la necesidad de cubrir con endeudamiento el déficit presupuestario sobrevenido con la crisis. Y es el propio funcionamiento del banco emisor del euro el que dificulta la financiación de los gobiernos, al convertir los bonos del Tesoro Público que adquieren los bancos de la eurozona en un mecanismo para que estos puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar créditos a las economías.
Ese mecanismo resulta simple de entender si traducimos la terminología al uso. Los bancos utilizan la deuda de los estados para lograr liquidez mediante las operaciones de repo del BCE: préstamos de euros con entrega como garantía de un paquete de valores que el banco se compromete a recomprar al devolver el préstamo. Esto no trae más créditos, pero los bancos hacen un negocio claro y limpio: mientras el BCE les carga un 1% por los euros frescos, ellos pueden sacarles un interés del 5% o más, como vemos en las cotizaciones alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia y otros países europeos. Esta facilidad para acceder al crédito, que pudo justificarse al comienzo de la crisis financiera cuando sufrían restricciones del crédito, los bancos suelen utilizarla para la especulación en esos mercados bursátiles tan respetados. Y así tenemos que son los bancos alemanes y franceses los que tienen bonos griegos en mayor cuantía e, incluso, se sospecha que esos bancos serán los primeros beneficiarios del rescate griego al que se acompaña de un duro ajuste a costa de los asalariados.
Según algunas fuentes anglosajonas, los bancos españoles pidieron prestados 63.000 millones de euros al BCE a través de los mecanismos de repo en diciembre de 2007. Y, por esas mismas fechas, los bancos españoles crearon masivamente valores bursátiles que no tenían mercado, con el único fin de depositarlos en el Banco de Fráncfort, después de que este hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez bancaria. Todo un rescate del sector bancario español orquestado por el BCE sin autorización de ningún Gobierno, puesto que sus estatutos no se lo exigen. Y esos mismos bancos que habían vendido créditos caros con muchas facilidades culpan ahora a los clientes morosos hipotecados.
Más aún, para estas operaciones de repo, el BCE valora los bonos o títulos de deuda pública según la calificación que tres firmas privadas estadounidenses de rating otorgan a la solvencia de los estados del eurogrupo. Lo más grave es que a esa actividad privada, que enjuicia por anticipado la capacidad futura de pago de un país del euro, el BCE le da carácter oficial. Por un lado, prejuzgan los resultados de la política económica de los gobiernos y los coarta; por otro, esas calificaciones alimentan el casino financiero y encarecen el endeudamiento público para salir de la crisis. Como subraya un experto del sector, esa dependencia del BCE de las agencias de rating para los bonos soberanos es como poner en manos de un tercer país el control de sus ingenios nucleares (Financial Times, 24-03-2010). Pero no debe de verlo así el gobernador del Banco de España, que es miembro del Consejo de Gobierno del BCE y prefiere presionar para despidos baratos.
De ahí que, a la vista del éxito de Trichet y Strauss-Kahn al convencer al Parlamento alemán, deberíamos prestar mayor atención al desgobierno del eurogrupo y al nuevo protagonismo europeo del FMI. Desde luego, es obvio que el problema no estriba en que los gobiernos busquen “tranquilizar a los mercados”, sino en controlar por vía democrática unas instituciones europeas que los potencian. Para Grecia, está claro que los especuladores y el entramado institucional europeo aliados al FMI han dejado sin valor las elecciones democráticas de octubre de 2009, arrojando a la papelera el programa de progreso del Gobierno elegido. Y en esta complicada coyuntura, está claro que ese predominio otorgado a los mercados financieros empobrecerá a los griegos y es una amenaza para el futuro de las democracias y el Estado de bienestar en los países del eurogrupo.
Juan Hdez. Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Iker Ayestaran
CARLOS CARNICERO URABAYEN Y ANTONIO ROLDÁN MONÉS
Durante la noche nevada del pasado 8 de febrero, los capos de los principales hedge funds del planeta, con George Soros a la cabeza, se reunían en una discreta cena en el corazón de Manhattan con el objetivo de diseñar un ataque especulativo coordinado contra el euro. Aprovechando la debilidad griega y tomando como referente el ataque a la libra esterlina de 1992, pensaban apostar 8.000 millones de dólares en una suculenta “operación a la baja”, ante el pronóstico de que a final de este año el euro alcanzaría la paridad con el dólar. Mientras, a lo largo y ancho de Europa comenzaban las primeras manifestaciones de trabajadores y desempleados para exigir a sus respectivos gobiernos que no reduzcan el gasto público a costa de los más débiles. ¿Qué tienen en común estos acontecimientos, en apariencia tan dispares? Ciudadanos y mercados libran un pulso soterrado que definirá quién mandará en el sistema que comienza a emerger tras la crisis. Si los gobiernos democráticos no se ponen del lado de los ciudadanos –del lado de la gobernanza democrática de los mercados– estos les darán la espalda.
Hace ya casi un año y medio de la histórica reunión del G-20 celebrada en Washington, donde, ante la catástrofe causada por el desgobierno de la globalización económica y financiera desde los años ochenta, los líderes del mundo se comprometieron a establecer las bases de un nuevo orden mundial en el que la política debía recuperar su lugar perdido. Las prioridades de reforma del sistema financiero eran claras: forzar a los bancos a aumentar sus reservas de capital; reducir su apalancamiento; fortalecer y homogeneizar los estándares contables; extender el control supervisor a todas las entidades que actúan como bancos (compañías de seguros, etc.); regular las actividades de mercados de futuros y los fondos alternativos de alto riesgo (hedge funds y private equities); y reformar las políticas de bonificación y primas.
Desde entonces, la hecatombe económica y financiera se ha llevado consigo más de siete millones de empleos en la UE. Sin embargo, los gobiernos europeos no terminan de consolidar ninguna de las reformas prometidas; incapaces de imponerse a las presiones de los grandes lobbies financieros, están poniendo en riesgo la oportunidad histórica que la crisis ha puesto en bandeja.
Es especialmente preocupante la eliminación de la agenda del Ecofin de la directiva de la Comisión Europea para regular los hedge funds. El apalancamiento excesivo y el carácter procíclico de los hedge funds han contribuido a generar el caldo de cultivo de la crisis y a agravar sus consecuencias. Madoffs
aparte, los hedge funds aprovecharon el vacío de regulación para tomar riesgos excesivos a través del uso irresponsable de la “ingeniería financiera”, poniendo en peligro al conjunto de nuestras economías.
Sin embargo, las presiones de los poderosos lobbies financieros anglosajones han podido con la voluntad común europea. Una carta del secretario del Tesoro de EEUU a su homólogo europeo y una llamada de teléfono de Gordon Brown a Zapatero, presidente de turno de la UE, fueron suficientes para que la directiva se cayera de la agenda. Para Brown, con el 80% de los hedge funds registrados en su territorio y las elecciones a la vuelta de la esquina, fue un verdadero alivio. Para los ciudadanos europeos, una derrota en su pulso contra los causantes de la crisis.
En lo referente a las exorbitantes –y persistentes– retribuciones variables de los altos directivos financieros, que incentivaron la toma de riesgos excesiva y contribuyeron a inflar más la burbuja, sucede algo parecido. Hasta la fecha, los planes para regular los bonus no han sido más que una recomendación comunitaria. Y nadie duda de que, en cuanto las economías vuelvan a crecer, cualquier pretensión de regularlos será en vano.
Finalmente, resulta paradójica la enésima implicación de la crisis griega. Mientras que en 2008 los líderes europeos llegaron a un acuerdo rápido y sin fisuras para salvar a la banca de la catástrofe, la solidaridad con Grecia, después de que anunciara hasta tres paquetes de reformas –que representan el mayor plan de ajuste desde la Segunda Guerra Mundial– ha llegado tarde y mal. Un compromiso claro desde el principio hubiera podido evitar un rescate que hoy ya parece inevitable. Tomando en cuenta las reticencias para regular los hedge funds, puede parecer que los gobiernos se preocupan más de no enfadar a los lobbies financieros que de ayudar a sus ciudadanos cuando lo necesitan.
Mientras los gobiernos europeos titubean a la hora de hacer reformas o deciden aplazarlas sine díe, amplios sectores de la población perciben que la crisis ha tenido unas consecuencias muy duras para todos menos para los que la causaron. Dar dinero a los bancos en dificultades fue probablemente necesario, pero mediante ello también se ha fortalecido a quienes ahora ejercen fuertes presiones para evitar las reformas.
Los líderes europeos están poniendo en marcha planes de reajuste y urgen a los ciudadanos a que se preparen para hacer sacrificios. He aquí el principal riesgo que esconde el pulso entre ciudadanos y mercados: si los gobiernos no logran poner en marcha las reformas prometidas que les permitan mandar sobre los mercados, ¿qué autoridad tendrán sobre los ciudadanos para pedirles que hagan esfuerzos y se adapten a los nuevos tiempos?
Carlos Carnicero Urabayen es master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics
Antonio Roldán Monés es asesor económico en el Parlamento Europeo
Ilustración de Jordi Duró
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Hace justo un año, el 2 de abril de 2009, tenía lugar en Londres la tercera cumbre del G-20 para remediar la crisis. Al día siguiente, toda la prensa recogía las declaraciones de los gobernantes diciendo solemnemente que el secreto bancario se había acabado; era un reconocimiento público del papel decisivo jugado por los paraísos fiscales en el colapso financiero. Pero en el comunicado oficial, aquella frase era una mera declaración de intenciones, huérfana de medidas concretas para acabar de verdad con la opacidad de las operaciones transnacionales de la banca y las finanzas.
Con el respaldo del G-20, la máxima autoridad en la materia, la OCDE, publicaba una “hojita” (así la ha calificado su secretario general) pomposamente denominada “informe de progreso” que recogía una cuádruple lista de jurisdicciones fiscales para disimular una nueva relación oficial de “paraísos fiscales” que dejaba fuera a las Islas de Man y de Jersey, sin precisar el criterio aplicado. Y las ediciones posteriores la han ido reduciendo hasta dejarla con 12 micropaíses a fecha 24 de marzo de 2010; y excluyendo de esa relación oficial a Las Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco o Andorra, aunque sigan asociados al blanqueo de capitales y al fraude fiscal y conserven intacto el atractivo de su secreto bancario.
Paradójicamente, aquellas rotundas declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales ocultaban el abandono de la definición clara que establecía el proyecto multilateral de la OCDE del año 2000, aunque también era incompleta aquella primera lista de países y territorios así catalogados; un programa que no había logrado el objetivo de suprimirlos por la oposición de los neoconservadores del presidente Bush. El G-20 en Londres respaldó el nuevo criterio definitorio de la OCDE que “legalmente” vaciaba de contenido la expresión “paraíso fiscal”, reduciendo la cuestión al cumplimiento por las jurisdicciones, países y territorios autónomos de los llamados “estándares fiscales internacionales”, una expresión que esconde una simple regla para dejar de ser considerado como tal: basta la firma de doce convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria a petición de parte. El modelo de convenio que se suscribe no obliga a suprimir el secreto bancario ni a modificar la legislación propia, y solamente obliga a dar esa información cuando lo pide la otra parte justificadamente, es decir, no automáticamente sino a solicitud de un juez o en una investigación oficial.
Días antes de ese acuerdo del G-20,
Suiza había captado su alcance. En nombre de la Presidencia Federal Helvética, el ministro de Finanzas, Hans Rudolf Merz, hacía una breve declaración oficial asegurando que el Gobierno había decidido adoptar plenamente el estándar de la
OCDE “para la asistencia administrativa en materia tributaria”; aseguraba que el Gobierno permitiría el intercambio de información con otros países en casos individuales en los que se plantearan requerimientos justificados. Pero como había “algunas dudas entre el público en general sobre lo que esto significa y a menudo oímos que se pregunta si el secreto bancario se abolirá”, declaraba tajantemente que “el Gobierno sigue plenamente comprometido con el secreto bancario. El secreto bancario es un aspecto de una adecuada protección de nuestro temor particular y está inserto sólidamente en nuestro sistema bancario y goza de salvaguardias en nuestra Constitución y en numerosas leyes. Esta protección continúa para todos los contribuyentes residentes en Suiza. La ley no se modificará. Las autoridades fiscales suizas todavía no tienen acceso a los datos de los clientes. No habrá fisgoneo en las cuentas suizas”.
Por si quedaban dudas, a comienzos de 2010 el Tribunal Administrativo Federal de Suiza declaraba que el secreto bancario había sido violado por la Autoridad de Supervisión Financiera, FINMA, abusando de su poder al ordenar al banco USB que suministrara a EEUU información sobre 225 clientes defraudadores, en aplicación del acuerdo político alcanzado para poner fin al litigio con el fisco estadounidense y desencadenado en 2008 por una investigación del Senado. Había fracasado la presión diplomática exterior.
Por tanto, ante esta “regulación” internacional, la lucha de verdad contra los paraísos fiscales en Europa tiene que plantear la revisión de la política de la Unión, que mantiene convenios de libre comercio y el libre movimiento de fondos con todos esos microestados de su entorno, a pesar de que son notorios refugios del dinero de la evasión fiscal y de los negocios sucios de la droga y de la corrupción política o corporativa. Y en el plano interno, está clara la inoperancia de las declaraciones nominalistas, parlamentarias o gubernamentales, contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas efectivas contra las prácticas bancarias. Por ejemplo, requiriendo una mayor información ordinaria sobre la banca e incluso la supresión de las filiales y entidades de bancos y cajas de ahorro y de los grupos empresariales en Jersey, las Caimán y demás territorios, donde carecen de actividad comercial local y son meras sociedades instrumentales para planificar el fraude fiscal en España, el refugio de los millones de la corrupción o el blanqueo del dinero sucio. Una petición documentada que hicimos en 2005 los grupos de Attac en España al Ministerio de Economía y Hacienda con el aval de 4.000 firmas. Eso sí serían medidas eficaces para superar el déficit presupuestario actual.
Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho. Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’
Ilustración de Alberto Aragón
TONI RAMONEDA
Las recientes elecciones regionales francesas se pueden resumir (si dejamos de lado el resultado de la extrema derecha, siempre desagradable pero corriente en este tipo de elección) del siguiente modo: una victoria del Partido Socialista (PS), una derrota de la UMP (partido presidencial) un buen resultado de Europe Écologie (la llamada ecología política de la que forma parte Daniel Cohn-Bendit) y una abstención (49%) que es la más alta registrada en Francia en unos comicios de este tipo (34% en 2004).
El presidente Nicolas Sarkozy ya había anunciado que las consecuencias serían mínimas en su Gobierno: a elección regional, consecuencia regional, afirmó durante la campaña electoral ante lo que ya se perfilaba como una derrota de su partido. Así pues, no es en el Gobierno, salvando algunos retoques estéticos, sino en los ámbitos de la oposición donde las consecuencias son más relevantes. Dos personalidades han saltado a la palestra: por un lado, Daniel Cohn-Bendit, y por el otro, el antiguo primer ministro Dominique de Villepin.
El primero lanzó, el lunes siguiente a la elección, el llamado manifiesto del 22 de marzo.
Cohn-Bendit se dirige tanto al movimiento ecologista al que pertenece como a los distintos simpatizantes de las diferentes izquierdas que existen en Francia (desde el movimiento anticapitalista de Olivier Besancenot y el frente de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon hasta el propio partido socialista) y lo hace, mediante una página web (europeecologie22mars.org) y una tribuna en el periódico Libération, para proponer una estrategia a la vez electoral y política. Por un lado sugiere que la izquierda empiece desde ahora a unificarse, adoptando como núcleo el movimiento verde, para que las distintas corrientes que la encarnan puedan reconocerse en ella cuando lleguen las elecciones presidenciales dentro de dos años. Por el otro, y es la vertiente política de su manifiesto, sugiere que esta unión se haga en dos etapas. En una primera etapa habría que debatir, hacer propuestas y determinar puntos de unión y de discordia, delimitar también aquellos aspectos a los que cada una de las tendencias no está dispuesta a renunciar. Por ello, afirma Cohn-Bendit, la participación en el debate no requiere dejar de lado su propia identidad política sino que, al contrario, se trata precisamente de construir un discurso común a partir de cada una de estas identidades. En una segunda etapa se podrá, asegura el líder ecologista, presentar este discurso común y comprobar si alguno de los líderes políticos que deseen presentarse a la elección presidencial es capaz de asumirlo.
La propuesta de Cohn-Bendit articula, en efecto, los dos pilares de la izquierda política: la identidad y la participación. Se trata de utilizar la fuerte dosis identitaria de los partidos políticos minoritarios y el discurso participativo en el que también se reconoce una parte de la socialdemocracia (Ségolène Royal, por ejemplo) para crear un movimiento colectivo en el que cada cual se sienta un pilar importante del conjunto.
El segundo líder político, Dominique de Villepin, ha anunciado que lanzará un movimiento de derechas como alternativa al llamado sarkozysmo. Lo que desde la derecha se le reprocha a Sarkozy, además de su insistencia en integrar en el gobierno a personalidades de otras sensibilidades políticas, es su discurso vacío de contenido ideológico. Y es que el discurso de Sarkozy, a la vez liberal y proteccionista, pretende articular el liberalismo neo-conservador con la tradición social del republicanismo francés. Lo que ocurre es que entonces, en vez de buscar en la religión su sustento moral, Sarkozy lo hace en la tradición laica francesa, y ello conlleva la sacralización del laicismo y, por lo tanto, su perversión. La derecha tradicional francesa, conservadora y laica a la vez, se siente, de este modo, engañada. Hasta ahora, Nicolas Sarkozy se escudaba en la ideología de la eficacia para mantener unido al partido presidencial, pero la crisis económica, la derrota electoral y la dificultad para llevar a cabo las reformas que había prometido han minado este crédito político. Dominique de Villepin se aprovecha de ello para anunciar el lanzamiento de su movimiento político el 19 de junio de 2010, es decir, al día siguiente del 70 aniversario del “appel du 18 juin” (la alocución del general de-Gaulle desde Londres llamando a los franceses a la resistencia). A Villepin, gaullista notorio, le basta con retomar sus símbolos para afianzar su identidad política.
Pero a estas dos consecuencias habría que añadir, de hecho, una tercera: Ségolène Royal se apresuró, desde la misma noche electoral y amparada en su resultado arrollador (61% de votos) en retomar el protagonismo político. Primero en una rueda de prensa previa a la de la secretaria general de su propio partido (Martine Aubry), luego ausentándose de la reunión mantenida por todos los futuros presidentes regionales socialistas y al fin en una entrevista exclusiva para la cadena TF1, y todo ello en apenas cuatro días.
Así, parece como si estas elecciones regionales y con fuerte abstención hubieran tenido el mérito de plantear una cuestión delicada: ¿quiénes somos políticamente? Tenemos que construir nuestra propia identidad de izquierdas, nos dice Cohn-Bendit. Sarkozy ha pervertido la identidad política de la derecha, exclama De Villepin. Y Ségolène Royal expresa, a fin de cuentas, lo que caracteriza a la socialdemocracia europea: da igual lo que seamos mientras tengamos capacidad para despertar la confianza de los electores. A esto último se le llama, sin embargo, hacer publicidad.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ilustración de Javier Olivares
VICENÇ NAVARRO
Uno de los argumentos alarmistas que constantemente se utilizan por parte de aquellos autores que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones públicas es el del envejecimiento de la población, consecuencia del crecimiento de la esperanza de vida y del mayor número de ancianos. Estos hechos contrastan con la disminución de la tasa de fecundidad (es decir, el número de niños por mujer en edad fértil) y de la natalidad (el número de niños nacidos por cada mil habitantes).
El problema con este alarmismo es que asume un determinismo inalterable en el que ninguna de estas variables demográficas puede cambiar, lo cual es un error. La fecundidad en España, por ejemplo, es de 1,3, una de las más bajas de la UE, pero puede (y debe) aumentar considerablemente. En realidad, todas las encuestas señalan que a la mayoría de familias en este país les gustaría tener dos hijos, por cierto, un número muy semejante al que expresan las familias en la UE. Si los tuvieran, ello implicaría que el mal llamado problema de envejecimiento tendría mucha menos importancia de la que tiene ahora. Una de las razones de que no tengan dos niños es que no se ofrecen a las familias las ayudas necesarias para que puedan compaginar sus responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales. Y, en España, cuando decimos familia queremos decir mujer. Es la mujer la que lleva la mayor carga de las responsabilidades familiares. El enorme machismo de la sociedad española, y muy en especial de los
establishments mediáticos y políticos, explica que las familias estén tan poco apoyadas por el Estado (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias).
En el año 2000, cuando asesoré a Josep Borrell como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, propuse que se estableciera un nuevo derecho en España, el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias, es decir, acceso a las escuelas de infancia, por un lado, y a los servicios domiciliarios de atención a las personas dependientes, por otro. Tal derecho lo denominé con el nombre del cuarto pilar del bienestar, término que hizo fortuna, de lo cual me alegro –ver mi artículo El cuarto pilar del bienestar (Público, 15-10-09)–. Una parte de este cuarto pilar del bienestar, la de servicios domiciliarios, fue aprobada por las Cortes españolas y está siendo desarrollada por el Gobierno español. Es una buena ley, aunque está subfinanciada y se centra demasiado en prestaciones económicas y poco en servicios. Pero la otra dimensión, el derecho de acceso a las escuelas de infancia, está muy poco desarrollada. Y es un error, pues su impacto en la calidad de vida de las familias (y muy en especial de las mujeres) y de la sociedad, así como en la estructura demográfica, sería enorme.
En España no existe tal derecho y el servicio de cuidado de infantes es muy deficitario. Incluso a los centros de infancia se les continúa llamando “guarderías”, como si se tratara de un lugar de aparcamiento para niños, un parking donde se lleva a los niños para que les guarden. Y esto es un problema. Estudios de desarrollo intelectual y emotivo de los infantes, realizados en EEUU y en los países nórdicos de Europa, señalan la enorme importancia que tienen los primeros años para el desarrollo emotivo, psicológico e intelectual de los infantes. Es fundamental para el mejoramiento de toda la sociedad que los niños estén en centros de infancia de alta calidad, atendidos por profesionales altamente cualificados y que dispongan de los medios necesarios. Y, puesto que la educación de los infantes beneficia a toda la población, esta debería estar financiada por todos, es decir, públicamente, lo cual no excluye contribuciones de los padres, que deben ser reguladas y dependientes de su nivel de renta.
Debido a que por razones de exilio he vivido en varios países (Suecia, Reino Unido y EEUU) además de en el mío, España, y tengo familiares en todos ellos, tengo información de primera mano sobre cuánto les cuesta a los padres una escuela de infancia (para niños menores de dos años) en cada uno de estos países. En Nueva York cuesta el equivalente a 1.600 euros al mes llevar a un niño a un centro de infancia (la gran mayoría son centros privados). En Estocolmo (Suecia), los padres pagan según su nivel de renta –aunque nunca una cifra mayor del equivalente a 180 euros al mes–, en una institución pública y de elevadísima calidad. Por último, en Barcelona una escuela privada puede costar unos 700 euros y una pública 300 (130 euros de matrícula más 170 euros en gastos paralelos). En España existe una enorme carencia de escuelas públicas de infancia. Las de mayor calidad son las suecas. Tienen un número menor de niños por profesor y permanecen abiertas durante más horas.
Se me dirá, con razón, que las familias suecas son las que pagan menos por llevar a sus niños a excelentes centros de infancia, pero que, en cambio, pagan más impuestos. De hecho, los impuestos en Suecia son más elevados que en EEUU y España. Pero lo que no debe ignorarse (como hace la gran mayoría de pensadores liberales) es que si sumamos lo que una familia estadounidense paga en atención a sus niños (ya sea en educación o en sanidad), vemos que esas cantidades son mucho mayores que las que pagan las familias suecas, pues en EEUU sólo pagan los padres (y en servicios privados), mientras que en Suecia pagan todos los ciudadanos (y en servicios públicos).
Lo cual me lleva a una última reflexión. Suecia tiene una tasa de fecundidad próxima a dos niños por mujer. Mi maestro Gunnar Myrdal y su esposa, Alva (dos de los economistas más influyentes en la socialdemocracia sueca), convencieron al Gobierno socialdemócrata sueco de que tenía que invertir en escuelas de infancia para aumentar la fecundidad y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo. En España, sin embargo, los equipos económicos de los gobiernos raramente ven las escuelas de infancia como inversiones tan o más importantes que el AVE. Y, en parte, ahí está el problema. No lo entienden. El machismo siempre dificulta la solución de nuestros problemas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
SAÏD EL KADAOUI MOUSSAOUI
Ilham Moussaïd debe de haber perdido la cuenta de los artículos que, sobre ella, se han publicado en los periódicos europeos. Tanto ruido, no es por ocupar el cuarto lugar de la lista política del partido anticapitalista (NPA), por el departamento de Vaucluse, con vistas a las elecciones regionales que se celebrarán hoy en Francia. El motivo que ha despertado el interés es que cubre su cabeza con un pañuelo, signo explícito de su fe musulmana.
¿Es compatible el pañuelo con el ideario político de un partido de extrema izquierda? ¿Es coherente que una mujer feminista cubra su cabeza con el pañuelo musulmán?
A veces tengo la impresión de que en Europa, y especialmente en Francia, le estamos cogiendo el gusto a que el debate se eleve por encima de la pesada realidad y se quede en el ancho mundo de las ideas.
Ilham Moussaïd es una joven de 23 años, estudiante, originaria de Marruecos que emigró a Francia a la edad de tres años. Hasta donde yo sé, un buen día, decidió, a diferencia de sus hermanas, cubrir su cabeza con el pañuelo.
En mi opinión, este trozo de tela, en jóvenes como ella, ya no puede ser analizado solamente desde una perspectiva religiosa. En el caso de las jóvenes europeas, tenemos que situar el debate en la relación que establecen con el país que las ve crecer.
Creo que tiene mucho de rebeldía, de inconformismo, de voluntad de emanciparse de una sociedad más cerrada de lo que se cree, obsesionada por algunas cosas y relajada en otras que, a su juicio, son más
importantes.
El pañuelo ya ha dejado de ser lo que era. En Europa, también es una forma de decir: aquí estoy, me tienes que ver y me tienes que aceptar como soy. ¿No somos todos iguales?
La noticia en el caso de Ilham es que ella ha encontrado una salida más que digna a su inquietud y quiere representar a la gente que, como ella, procede de los barrios más pobres, luchar por lo que ella cree utilizando una vía elaborada y muy adecuada: la política. Escuchémosla y que la voten aquellos ciudadanos franceses a los que convenza.
Creo sinceramente que también tenemos que ser críticos con nuestras obsesiones. El pañuelo musulmán lo está siendo. Tengamos claro, eso sí, los límites que no son otros que los de la dignidad y la autonomía personal. No me parece, aunque no me gusten los pañuelos, que Ilham sea una mujer víctima de una sistema patriarcal asfixiante o de una visión retrógrada de la religión musulmana. Sí que me atrevería a decir, en cambio, que, de forma un tanto idealista, adecuada a la edad, e ingenua, trata de mantenerse fiel a su origen denigrado y de plantarle cara a su sociedad actual poniéndola en un aprieto.
Seguramente ella no estará de acuerdo pero yo creo que tiene mucho de actitud defensiva. ¿Tienen razón de ser este tipo de actitudes? ¿Hemos hecho algo mal para que muchos hijos de inmigrantes no se sientan bien en su país? Me gustaría ver, escuchar y leer que en Francia, el paraíso de los debates, se formulan también estas preguntas.
La lógica de la exclusión actúa y genera reacciones desmesuradas, inadecuadas o polémicas. Lo importante es ver cómo la combatimos como sociedad. En este caso yo resaltaría que Ilham tiene 23 años y va en las listas de un partido político. Con el desinterés creciente de los jóvenes por la política, esta debería ser la noticia que, además, puede contener un mensaje muy positivo para otros hijos de inmigrantes: aquí tenéis un camino para combatir las injusticias. No es con la violencia que resolveréis vuestros males.
En España, he escuchado demasiadas veces que lo que sucede en Francia no nos llegará. De forma un tanto ingenua, estas voces parecen querer decir que aquí hacemos las cosas mejor.
Sin embargo, yo creo que Francia tiene más elementos a favor para ayudar a la integración de la gente originaria del Magreb. Conserva una influencia nada desdeñable sobre buena parte de estos países, traduce a muchos más autores e intelectuales árabes que nosotros, cuenta con más escritores originarios de estos países que escriben directamente en su lengua, el francés es un idioma que buena parte de los magrebíes siente como propio y, en general, conoce más y mejor su complejidad cultural. Y aún así, los problemas son muchos.
Si queremos aprender algo de sus errores, la lección principal a extraer es, a mi juicio, la de intentar combatir los guetos y luchar por la igualdad de oportunidades. Una asignatura pendiente en Francia.
El día 19 de febrero nos despertamos con la noticia de que en Pisos Planes, una barriada del municipio de Vendrell (Baix Pendès, Catalunya) se había producido un enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y un buen puñado de vecinos. La chispa que provocó el enfrentamiento fue la solicitud de la documentación a un joven marroquí que llevaba hachís encima. Imposible evitar el temor de que aquí suceda lo que en las banlieus (Francia) en el año 2005.
En 2004 se aprobó en el Parlamento catalán una de las leyes que, en mi opinión, están más encaminadas a hacer frente a este tipo de problemas: la ley de barrios. A grandes rasgos, es una ley que propone una intervención integral en barrios con el objetivo de evitar su degradación y mejorar las condiciones de la gente que vive en ellos. El espíritu de esta ley es el de actuar sobre el conjunto y no sobre el individuo. Ayudar a resolver los problemas estructurales y, de paso, evitar estigmatizar de nuevo al colectivo originario de la migración como el receptor de todas las ayudas en detrimento de la necesidad del resto.
El dinero escasea y debemos de invertirlo en buenas ideas. Esta, desde luego, lo es.
Saïd El Kadaoui Moussaoui es psicólog y escritor
Ilustración de Miguel Ordóñez
VICENÇ NAVARRO
Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales– de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeron tales pensiones públicas, consideradas excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas, en el momento de su jubilación, reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.
Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios– suele estar promovido por la banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.
El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y, además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Los extraigo del capítulo El sistema español
de pensiones en el contexto europeo escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), publicado en el informe La situación social en España, del Observatorio Social de España (colgado aquí).
España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es del 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida), comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es del 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.
Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, cómo no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa dereemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra, que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo Los salarios en España, Público, 04-03-10), sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.
Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal– definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.
Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada, ver www.vnavarro.org).
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
Ilustración de Mikel Jaso
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Grecia y la recesión económica de origen financiero están dejando en entredicho la capacidad de la Unión Europea y de los propios gobiernos para afrontarla. La situación mundial es frágil porque continúa la crisis del sistema bancario globalizado, que es estructural como se ha afirmado repetidamente en el reciente Foro de Davos, donde los banqueros han dejado ver su oposición a las reformas anunciadas por el G-20 y reafirmadas por Obama.
Desde luego, esta crisis ha revelado claramente las carencias de la Unión y, en particular, del Eurogrupo; empeñados en que sea únicamente la zona del euro con reglas imposibles y un Banco Central que no controla las cuentas de los bancos nacionales, aunque les presta dinero. Al no tener una autoridad política común ni mecanismos para instrumentar soluciones para la crisis, se tuvo que recurrir a los acuerdos políticos en el Consejo europeo, que la desinformación reinante los adornaba como éxito institucional. Pero la aplicación de las modificaciones del Tratado de Lisboa ha puesto en claro que no hay nada previsto para prevenir el riesgo de suspensión de pagos de un Estado miembro al que se ha privado de sus anteriores competencias. Y el reciente intento en Bruselas para acordar una ayuda a Grecia se ha quedado en simple declaración de apoyo, traducido en la imposición de ajustes presupuestarios y recortes de derechos sociales; es decir, la vieja receta neoliberal, con el inri de que Reino Unido y Suecia, que no tienen euro, preferían que acudiera al FMI, como habría tenido que hacer cualquier otro país con moneda propia. ¿Dónde queda, pues, la Unión?
Recordemos que, salvado el desconcierto del primer año de crisis, el debate europeo se planteaba sobre si habría o no decoupling (desconexión de la crisis destapada en Wall Street), olvidando que la UE carece de controles europeos frente a las idas y venidas del capital o las operaciones internacionales de los bancos europeos; que habían acopiado en sus carteras valores respaldados por las famosas hipotecas subprime, sin garantías, ingeniadas en EEUU. Y así, Reino Unido, Alemania y el Benelux se vieron obligados al rescate de bancos grandes y menos grandes a costa del contribuyente. Luego, en noviembre de 2008, otro acuerdo político de mera coordinación europea dejó en manos de los gobiernos las opciones de bajada de impuestos o aumento del gasto para estimular la economía. Pero ahora ha quedado muy clarito que la disposición comunitaria para ayudar a la banca no se aplica cuando se trata de ayudar al recién estrenado Gobierno socialdemócrata griego, al que se le obliga a resolver por sí mismo los problemas en el marco de limitaciones impuestas por una Europa incapaz de cooperar para superar la vulnerabilidad que ella misma entraña para sus miembros.
Y la paradoja es que, después de haber contribuido a salvar el sistema, los gobiernos europeos se encuentran políticamente debilitados para afrontar la insuficiencia del crédito y la disminución acusada de la actividad económica con cierres de empresas y elevado nivel de paro, con el consiguiente déficit fiscal; las diferencias intraeuropeas son de grado. Pero los gobiernos afrontan la fragilidad de sus economías y sus finanzas sin haber rentabilizado políticamente el decisivo apoyo prestado a la banca. E incluso, como es evidente en Reino Unido (igual que en EEUU), el sistema bancario se mantiene sostenido por los contribuyentes sin las reformas anunciadas para una mayor transparencia y control. Y hay que recordar que las privatizaciones de empresas y bancas estatales que demandaba el fundamentalismo neoliberal –como ocurrió en España– hicieron que el 90% de los ingresos públicos de los estados europeos provengan sólo de los impuestos, teniendo que cubrir con deuda externa los altibajos de esos ingresos en función de la coyuntura económica; es decir, son dependientes de los “mercados”, eufemismo mediático para designar el poder financiero de la banca. Grecia es todo un paradigma del resultado de una Europa inspirada por el neoliberalismo insertado en los últimos tratados.
La Unión no está dotada de instituciones comunes propias para afrontar la crisis; y como parte del Eurogrupo, el Gobierno griego –que no puede restringir su comercio exterior, ni controlar los movimientos de fondos, ni devaluar su euro, ni tampoco recibir préstamos del FMI, que pondría condiciones monetarias que no dependen de Atenas– se ve obligado a endeudarse para cubrir el déficit fiscal acumulado. Y ahora se encuentra condicionado por esa dependencia de los “inversores” foráneos, de fondos especulativos que revolotean por el mundo en busca de altas rentabilidades bajo la opacidad de las finanzas globales, porque la Unión se define en sus documentos como un simple “espacio financiero europeo”. Y las apuestas “inversoras” oscilan con los simples comentarios de las agencias privadas de calificación crediticia o si barruntan que Alemania nunca dejará que Grecia llegue a ser la Argentina de 2001, ya que una buena parte de la deuda pública griega está en manos de aseguradoras y bancos alemanes. Pero la profunda raíz del problema europeo ya fue denunciada en carta de mayo de 2008 dirigida a Barroso como presidente de la comisión, que firmaban Jacques Delors y otro antiguo presidente de esa comisión más 12 ex líderes de la socialdemocracia europea, antiguos ministros de finanzas o jefes de gobiernos como Helmut Schmidt y Lionel Jospin, quienes, con la experiencia de sus errores ya históricos, resumen su pensamiento en una frase del texto: “¡Los mercados financieros no nos pueden gobernar!”.
Juan Hdez. Vigueras es autor, entre otros libros, de ‘La Europa opaca de las finanzas’
Ilustración de Juan Ossorio
ANTONIO ESTELLA
La Comisión Europea presentará hoy sus propuestas sobre la Estrategia 2020, que sustituirá a la Estrategia de Lisboa. Lo primero que hay que decir es que la Estrategia de Lisboa no ha sido la panacea que muchos esperaban que fuera. Pero tampoco ha sido, como algunos de sus detractores señalan, completamente ineficaz. Una evaluación científica de los resultados que la misma arroja nos permite señalar que Europa había conseguido, antes de la crisis económica, alcanzar varios de los objetivos propuestos (por ejemplo, en materia de empleo femenino). Sin embargo, es cierto que, en muchos otros sentidos, la Estrategia de Lisboa no ha dado buenos resultados. En particular, no ha sido eficaz a la hora de intentar solucionar uno de los problemas más importantes que padece Europa (y España con ella), que es el de la productividad.
Por tanto, la reflexión que nos permiten hacer estos datos es que un ejercicio de coordinación de políticas económicas como el que encarna la Estrategia de Lisboa merece ser retenido, si bien, precisamente por los defectos que presenta en algunas áreas, es necesario reorientar la Estrategia. ¿Hacia dónde, exactamente?
La Fundación IDEAS ha querido participar en este fundamental debate para el futuro de Europa elaborando un Informe en el que se hacen toda una serie de recomendaciones y propuestas sobre la dirección hacia la que la nueva Estrategia 2020 debería quedar encaminada. Pensamos que, fundamentalmente, habría que reorientar la Estrategia tanto en lo que se refiere a su contenido como, sobre todo, en lo relativo a su gobernanza. En relación con lo primero, lo que proponemos es que la Estrategia 2020 se reoriente hacia una gran finalidad, la prosperidad, a través de tres objetivos específicos, la sostenibilidad económica, social y medioambiental, introduciendo para ello nuevos y menos indicadores (concretamente nueve indicadores). En efecto, Europa tiene que cambiar de modelo económico. Tiene que pasar del crecimiento y la creación sin más de puestos de trabajo, a un crecimiento y una creación de puestos de trabajo de calidad. Así, por ejemplo, esta crisis está poniendo de manifiesto que, a pesar de la intensa destrucción de empleo que está dejando por el camino, los empleos de calidad son los que menos se destruyen, los que mejor parapetados están frente a la crisis. Europa debe profundizar en esta vía.
Además, es muy importante que reordenemos la Estrategia de Lisboa en lo que se refiere a sus instrumentos de gobernanza. Para empezar, hay que plantearse un sistema sensato de incentivos positivos y negativos dirigidos a fomentar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, que acabe con el exceso de flexibilidad del Método Abierto de Coordinación (que, por cierto, ha tenido mucho más de apertura que de coordinación). Proponemos un esquema en el que el sistema de incentivos se articule, fundamentalmente, a través de la creación de lo que denominamos el “Fondo Lisboa”, que supondría una ampliación del techo del presupuesto comunitario del 1,05% de la Renta Nacional Bruta (RNB) al 1,27%.
Esta ampliación se financiaría a través de nuevos impuestos sobre transacciones financieras y emisiones contaminantes a la atmósfera. Así constituido, lo que proponemos es que, por un lado, las 2/3 partes del Fondo Lisboa se dediquen específicamente a que los estados miembros cumplan con los nuevos objetivos de la Estrategia 2020. El tercio restante constituiría lo que hemos denominado el “premio Lisboa”: es decir, serían fondos adicionales que se repartirían entre los estados miembros que fueran cumpliendo objetivos. En este sentido, los estados no serían elegibles para cobrar el premio Lisboa cuando, a propuesta de la Comisión europea, se produjera una decisión del Consejo de la UE cerrando el paso a ese premio. La Comisión europea no solamente penalizaría el incumplimiento de objetivos Lisboa, sino más bien los incumplimientos que fueran consecuencia del desarrollo de políticas manifiestamente contrarias al cumplimiento de dichos objetivos, o irracionales. Por tanto, el cobro del premio sería automático, y solamente se suspendería cuando la Comisión, de manera activa, promoviera una decisión en este sentido.
Además, la gobernanza de la Estrategia de Lisboa debería transformarse para que esta pivotara de manera más clara en torno a la Comisión. Proponemos a este respecto la creación de un Mr. (o Miss) Lisboa comunitario, que debería ser, bajo nuestro punto de vista, el presidente de la Comisión. Este vería reforzados sus poderes de coordinación y control de las carteras fundamentalmente conectadas con la Estrategia 2020 (la económica, la social y la medioambiental). Pero, al mismo tiempo, se le debería exigir responsabilidad por los éxitos o fracasos relativos a la implementación del programa de reformas. Es decir, la Estrategia 2020 sería un punto fundamental en el programa de gobierno de cada Comisión entrante. Completarían ese incipiente gobierno económico europeo el presidente del Consejo Europeo, el del Eurogrupo y el del Banco Central Europeo, quienes tendrían asignada la misión de fijar las orientaciones generales de la política económica comunitaria.
En definitiva, Europa necesita una Estrategia 2020 con nuevos objetivos y una nueva forma de gobernanza económica no solamente para salir de la crisis y recuperarse, sino también para seguir siendo relevante económicamente en los próximos decenios.
Antonio Estella es responsable del Área Internacional y de Cooperación de la Fundación IDEAS
Ilustración de Mikel Casal
