GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
Con frecuencia, la discusión sobre las salidas a la crisis viene condicionada por el significado previo que se le atribuye a ciertos actos. Que un acontecimiento sea presentado como “natural” o “patológico”, “razonable” o “inaceptable” incide claramente en las alternativas capaces de hacerse un lugar en la agenda política y social. Dos hechos ocurridos recientemente ilustran bien este fenómeno. Por un lado, la insistencia de la patronal CEOE en reformar el mercado laboral para obtener un despido más barato, y por otro, la aprobación en el Congreso del proyecto de ley sobre el “desahucio express”, que pretende agilizar los desalojos en materia de arrendamientos urbanos.
En un libro reciente –El despido o la violencia del poder privado–, los juristas Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey constatan cómo bajo la lente neoliberal el despido aparece como un acto banal, un simple ajuste técnico al que el empresario puede recurrir legítimamente para no disminuir sus beneficios. Desde esta óptica, los trabajadores son percibidos como un instrumento para que la empresa obtenga beneficios. No son ciudadanos con derechos y con un proyecto vital dentro y fuera del espacio laboral, sino burda energía productiva puesta a disposición de la libertad de empresa. Frente a este tipo de lecturas, los autores proponen partir de un presupuesto diferente: contemplar el despido como un acto de fuerza; como un ejercicio de violencia por parte del empresariado que, en un contexto como el actual, supone privar a millones de personas de derechos básicos de integración y participación en la vida familiar, social, económica y cultural.
En buena medida, este análisis podría extenderse también a la figura de los desalojos. A menudo estos son vistos como el producto natural de una ruptura contractual entre iguales. La existencia de miles de personas endeudadas que no pueden pagar una hipoteca o de inquilinos que no pueden afrontar el alquiler son un obstáculo para la maximización de las rentas por parte de inmobiliarias, grandes propietarios de vivienda o entidades financieras. Al igual que el trabajador que aspira a hacer valer sus intereses en el mercado laboral, el endeudado o el inquilino que pretenden esgrimir su derecho a una vivienda segura son estigmatizados como un factor de inaceptable rigidez en el mercado inmobiliario. En el fondo, serían los culpables de que no haya empleo y vivienda para todos. Por eso, cuando el Gobierno impulsa un proyecto que agiliza los desahucios, o cuando los lobbies ligados a la patronal piden que se abarate el despido, el imaginario que se evoca es semejante: de un lado, empresarios, promotores, inmobiliarias y bancos a los que, como propietarios o creadores de riqueza, se debe estimular; de otro, trabajadores, pequeños deudores e inquilinos que deberían aceptar la flexibilización, por el bien de todos.
A pesar de su carácter supuestamente aséptico, este punto de vista oculta que un desalojo puede ser un acto tan violento como un despido. Una persona que pierde la casa, y que posiblemente ha perdido su empleo, se ve bruscamente arrojada a un escenario de precariedad donde todas sus expectativas vitales se tornan inciertas. Desde su integridad física y moral hasta su vida privada y familiar. Una situación que, lejos de ser la simple ejecución de un contrato entre iguales, esconde con frecuencia actos de prepotencia, no de pequeños propietarios, sino de influyentes poderes privados.
Como bien apuntan Baylos y Pérez Rey, es violencia del poder privado que empresas que han obtenido cuantiosos beneficios abran expedientes de regulación de empleo con el propósito de que sus acciones coticen al alza. Es violencia del poder privado que los propietarios de pisos con inquilinos mayores de edad y con renta antigua utilicen el mobbing o acoso inmobiliario para hacerse con rentas especulativas. Y es violencia del poder privado que bancos y cajas que pactaron cláusulas abusivas con miles de familias pretendan apurar las ejecuciones hipotecarias o seguir cobrando deudas fraudulentas, incluso cuando han recibido ayudas públicas sufragadas por toda la ciudadanía.
Lo que ocurre es que, mientras este tipo de actuaciones sean institucionalmente vistas como legítimos emprendimientos particulares y no como ejercicios antisociales de la libertad de empresa o de la propiedad privada, las alternativas “sensatas” a la crisis quedarán reducidas a un estrecho elenco de medidas. Ayudas, estímulos y garantías para los más fuertes y recortes de derechos o prestaciones a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. Por el contrario, si se hiciera visible la trama de arbitrariedad privada que hay detrás de los miles de despidos y desalojos que la crisis está instigando, sería más fácil defender la razonabilidad de otras salidas. Así, por ejemplo, de una distribución de recursos que en lugar de ir de los bolsillos de la ciudadanía a los responsables de la crisis se dirigiera a satisfacer derechos sociales largamente postergados. Desde una reducción de la jornada laboral que permitiera, trabajando menos, trabajar a todas y todos, hasta la introducción de una renta básica de ciudadanía tan universal como el derecho a la salud y la educación, o la utilización de las viviendas hoy infrautilizadas para impulsar un parque público de alquiler.
Si el origen de los grandes beneficios y de las rentas especulativas de los últimos años tiene mucho de ilegítimo, ¿cómo no aceptar su incisiva penalización por vía fiscal? ¿Y cómo no rechazar, por el contrario, unos despidos y unos desalojos que, en muchos casos, parecen premiar a quienes han actuado en contra del interés general?
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Gallardo
GERARDO PISARELLO Y JAUME ASENS
Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que más viviendas vacías tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población.
Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.
Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.
Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.
La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias –muchas de ellas inmigrantes– que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.
En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.
La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables!
Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante “estímulos” a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Ilustración de Mikel Casal
JOSÉ MANUEL NAREDO
La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados. Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas. Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.
Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias. Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que “cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares”. Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española SEnDamparada en el euroSEnD de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata. Pero esa misma financiación externa que prolongó tánto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.
Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que “la suerte ya estaba echada”: no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible. Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra. Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo “hacía presagiar un estancamiento de larga duración”.
Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo. Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.
En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear “alarma social”. Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive. Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el “aterrizaje sería suave” a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo. Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.
Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto “invertir en ladrillos”, si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.
La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país. Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros “avanzados” políticos ni siquiera se han planteado.
El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado “aterrizaje suave” y la necesaria reconversión “del sector”. También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el “España va bien” de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
Ilustración de Iván Solbes
ASSUMPTA ROURA
Treinta años de Gobierno socialista en Barcelona, con o sin mayoría, merecen un repaso, aunque sea de urgencia, para atisbar indicios del futuro inmediato de una ciudad que aspira al reconocimiento mundial.
El pasado fin de semana se celebró el Congreso de los socialistas barceloneses con cambios en la cúpula y el propósito de cerrar una etapa en la que los elegidos fueron los utópicos de antaño. La realidad, por su estrechez, choca con los sueños y dificulta el cálculo de la distancia entre realidad y deseo, aunque deje la herencia nada desdeñable de nombres y propuestas en absoluto anodinos: Narcís Serra, Pascual Maragall y Joan Clos, elegidos democráticamente para conjurar la ciudad de las sombras dictatoriales y llevarla al escaparate del supermercado de una postmodernidad finiquitada con el cierre del siglo XX. Es pronto para enjuiciarles: no hay distancia ni datos suficientes para un mínimo rigor en lugar del prejuicio compulsivo. Tampoco se trata de eludir la crítica.
Tras el largo ensimismamiento olímpico, la autocomplacencia llegó al límite y el lento despertar a la nueva realidad fue duro: el sueño creativo de diseños al por mayor dejó no pocas víctimas por la implantación del nuevo imperio mundial que sustrajo, a su favor, la cultura, el Todo como cultura, para gancho de atracción y souvenir turístico. Barcelona no iba a ser menos: la historia ya contemplaba que la costa catalana fue pionera en la creación de mano de obra precaria al servicio de turistas altos y rubios.
Sin el tejido industrial de antaño y con exceso de incertidumbre, ha sido bienvenido el turismo de masas como fuente de riqueza que emplea, de camareros, a hornadas de licenciados universitarios como nueva mano de obra barata y a una amplia red de trabajadores autónomos con chiringuito-café propios, redefinidos, gracias al imperio de las escuelas de negocios y sus coartadas lingüísticas, como “nuevos emprendedores”. El pack de la nueva cultura adjuntó el Fórum de las Culturas al muestrario de una nueva épica para almas ingenuas. Y entonces surgió la cultura de la queja. Te odio Barcelona se titula un libro recién publicado de varios jóvenes escritores que no he leído pero me han contado. Barcelona odiosa por el ruido ensordecedor del tráfico, obras inacabables, turistas de borrachera nocturna promotores de insomnio; Barcelona inventando fiestas populares cual vendedora de felicidad por barrios; deseada por altos ejecutivos con sueldos extranjeros; y en barrios emblemáticos o marginales, familias numerosas de nuevas migraciones hacinadas en pocos metros. La ciudad más cara de España ha despreciado a sus clases medias y estas se lo han pagado con la misma moneda.
El cambio ritualizado el pasado fin de semana era inevitable. Lo comprendió, con eficaz intuición, el hasta ahora secretario general de la Federación socialista de Barcelona, diputado y portavoz adjunto del PSC en el Parlamento catalán, Joan Ferran, al ver que, a veces, la vida se transforma en metáfora viva sin desmejorar su crueldad fantástica cuando el barrio del Carmel, icono de anteriores migraciones, se vino abajo en un derrumbe televisado. “El volcán tiene una gran fuerza pedagógica para quienes viven en sus inmediaciones y conocen su fuerza destructora”, escribe el filósofo Rafael Argullol, cita que, consta, anotó Joan Ferran para preparar a una nueva generación acorde con las nuevas exigencias. Sus herederos, Jordi Hereu, actual alcalde de Barcelona, y Carles Martí, primer teniente de acalde, ambos con un discurso que incide en la necesidad de un cambio de rumbo en la huida hacia adelante que había tomado el gobierno de la ciudad.
El poder y quienes lo ostentan, como ocurre en la vida, gasta y desgasta, y se prefieren sus luces a sus sombras. Esta inclinación fieramente humana no justifica que se acomoden en el deslumbramiento mientras el número de votos cae en picado sin que venga empujando el impulso alentador de una fuerza política alternativa, puesto que la ganancia contra todos se la llevó la altísima abstención obtenida y jamás imaginada que puso en escena el mayor esquinazo que los votantes dieron a sus políticos al margen del programa que representaran. La nueva abstención no juega a favor de los conservadores –porque Barcelona no lo es–, pero obedece a políticas de alejamiento social que excluyen el cansancio como respuesta. Si Catalunya se pronunció conservadora –y mantuvo al gobierno de CIU durante más de veinte años en el poder–, su capital apostó por el socialismo. Duro golpe al nacionalismo, cuyo empeño por frenar iniciativas de refuerzo a la capital lograron atrasos aún visibles: metro, trenes, aeropuerto, redes eléctricas y, por qué no, la cultura, enlazan con la fuerza operativa de la endogamia nacionalista más que con controversias internas del Gobierno municipal, aunque no faltaran. La sigilosa implantación del nacionalismo sociológico obligó a la distracción de los problemas reales hacia supuestos de mayor altura.
¡A pisar la calle!, ordenaba el alcalde Jordi Hereu, ya presidente de la renovada federación. Sí: pero con el alma del ciudadano medio actual, frágil por los cambios tecnológicos, mundiales y extremos a los que se resigna, que no en vano también él ha de soportar las inclemencias de permanecer en el escaparate mundial con algo de sus beneficios. Reconducir Barcelona no significa atender la tentación de los conservadores de eliminar su caos, que viene de siglos, sino de otorgarle un sentido coherente, reconocible y visiblemente humano. O, de lo contrario, Dios seguirá jugando a los dados.
Assumpta Roura es escritora e investigadora en Sociología de la Comunicación en la universidad de Montpellier
Ilustración de Mikel Jaso
CARME MIRALLES-GUASCH
Si hay algún país donde la ciudad se muestra con toda su crudeza y su grandeza, este es Brasil, donde más de un 60% de la población vive en ciudades de más de un millón de habitantes. De las que 15 son grandes áreas metropolitanas, con Sao Paulo y Río de Janeiro a la cabeza, con 29 y 12 millones de habitantes. Es en ellas donde se concentra la capacidad tecnológica e industrial y los grandes polos de conocimiento, por lo que el sistema urbano es un importante activo para un proyecto de desarrollo del país. Sin embargo, a la vez y en paralelo, no hay ciudad que no tenga su parte informal, precaria, excluida del marco regulador, donde vive buena parte de esta población urbana.
Son ciudades dentro de la ciudad, con infraestructuras, equipamientos y servicios formales inexistentes o muy precarios, con leyes propias y sistemas sociales aislados del resto de la ciudad. Esos miles de favelas o barrios informales que caracterizan las ciudades del Brasil (sólo en Río hay más de 500) forman parte de un paisaje urbano que se ha ido consolidando a lo largo del siglo XX, como un modelo de exclusión socio-territorial.
Stefan Zweig, a principios de los años cuarenta, huyendo de un continente que se despellejaba y donde parte de él apostaba por la pureza racial, recaló en Brasil y allí escribiría uno de sus últimos libros: Brasil país de futuro. Donde dice: “Mientras en nuestro mundo viejo predomina, más que nunca, la idea absurda de querer criar hombres racialmente puros, como caballos de carreras y perros de raza, la nación brasileña descansa desde hace siglos, exclusivamente, sobre el principio de la mezcla libre y sin trabas, de la igualdad absoluta de negros y blancos, morenos y amarillos. Y aunque, a día de hoy, la frase puede ser demasiado contundente, en Brasil y en sus ciudades, las desigualdades son sociales y territoriales y en menor medida lo son por el color de piel. Además, Zweig, cuando habla de las ciudades del Brasil, aunque ahora nos pueda parecer extraño, no menciona las palabras miedo, amenaza, riesgo o violencia.
En la medida que las ciudades han ido creciendo, han aumentado las desigualdades, las crisis de sociabilidad y, con ellas, la violencia. La tasa de homicidios se dobló en 20 años. En las grandes metrópolis brasileñas, las tasas de víctimas por homicidio, entre 1988 y 2002 era de cerca de 47 por 1.000 habitantes, casi el doble de la media nacional. Violencia urbana que, hasta hace pocos años, se relacionaba con el tráfico de drogas y que ahora, en Río, se le ha sumado la milicia; un poder paramilitar que, con la excusa de velar por la seguridad del barrio, extorsiona a los vecinos y es igual o más violento que los traficantes. Son bomberos, guardias de seguridad privados, militares, eso si, con conexiones políticas.
Pero esta violencia urbana no esta repartida homogéneamente por la ciudad, allí donde hay más asesinatos es donde hay menos inversiones públicas, donde hay menos Estado. Así lo indica un estudio realizado por la Universidad Federal de Salvador de Bahía que ha relacionado los lugares donde se cometen los actos violentos con las características urbanas del lugar. No hay ciudades violentas, hay lugares urbanos violentos. En las ciudades de Brasil, a la clásica dualidad centro-periferia se le ha ido sumando la de lugares seguros versus lugares violentos. Es lo que en los años noventa, Zuenir Ventura, expone en su magnífico libro Cidade Partida, dedicada a Río, aunque la dinámica urbana es similar en las grandes ciudades de este país. Lugares urbanos opuestos pero situados unos al lado de los otros, en lugares altos o en los fondos de los valles, pero siempre formando un continuo urbano, con fronteras nítidas y visibles que van limitando la permeabilidad entre las comunidades populares, enclaves fuera del control estatal y el resto de la ciudad, donde la seguridad es sinónimo de espacio cerrado, vigilado, amurallado.
Entre estos dos lugares urbanos exclusivos y excluyentes se encuentra la ciudad de las calles, de los espacios públicos, de los comercios, del mobiliario urbano colectivo. El modelo de ciudad tradicional, desde un punto de vista más europeo, está cada vez más debilitado en su rol social y urbano, se percibe más desprotegido, más huérfano en inversión pública. Es el espacio urbano de todos, pero que está, cada vez más, dedicado al tráfico rodado de vehículos privados, ya que los sistemas eficaces de transporte público son casi inexistentes y la congestión es permanente. Solo para poner un ejemplo, en Sao Paulo, el día 3 de abril, la congestión alcanzo un radio de 230 km. Si la población utilizara el tiempo perdido en desplazamientos urbanos por las grandes metrópolis del Brasil en tiempo productivo, en un año aumentaría la renta por trabajo en cerca de 25 billones de euros. Una buena planificación del transporte urbano y del espacio público como lugar de conexión y de sociabilización tendría un impacto altamente positivo, no sólo en el tráfico sino en la disminución de la pobreza y en el aumento de la productividad económica.
En Brasil, el desarrollo económico y social se fragua y se consolida en las ciudades, en las grandes ciudades. Y estas, hoy ciudades partidas, son el paisaje más nítido de decisiones políticas que se han ido tomando a lo largo de los últimos decenios, consolidando lugares urbanos desiguales y contrapuestos, hundiendo en la pobreza y en la inseguridad a muchos de sus ciudadanos. El primer fin de semana de octubre se celebrarán las elecciones municipales, sus bellas y carismáticas ciudades merecen políticas públicas que tiendan puentes entre sus distintos pedazos urbanos.
CARME MIRALLES-GUASCH es profesora de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de PATRICK THOMAS
CARME MIRALLES-GUASCH
La vivienda es uno de los temas principales para la vida de muchos ciudadanos y es uno de los pilares de la economía de un país. Sin embargo, la vivienda no es la ciudad, porque no es un conjunto de edificios situados uno al lado de otro, con más o menos espacio intermedio. Esto sería una zona urbanizada, pero no una ciudad.
Y si en una época de crisis nos planteamos nuestro modelo inmobiliario, la proporción entre compra y alquiler, los valores del mercado de la vivienda, su financiación, etc., también es interesante e incluso necesario el replanteamiento de la ciudad –y con ella la vivienda– no solo como parte del sistema económico o del ciclo vital de las personas, sino como parte fundamental del hecho urbano y de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Existe el derecho a una vivienda digna, la Constitución española lo reconoce, pero también existe el derecho a la ciudad como nos decía, hace ya algunos años, el sociólogo francés Lefrebvre. Y este no sólo esta relacionado con la vivienda sino también con el trabajo, con las actividades de ocio, la cultura, la formación. Y con variables menos tangibles pero cada vez más importantes como la seguridad, el capital social, el paisaje, el sentido de pertenencia…
Una ciudad no sólo tiene que tener una oferta amplia y variada de lugares de trabajo, de actividades lúdicas o formativas, de espacios de ocio o de cultura. También tiene que permitir a la mayoría de los ciudadanos que podamos llegar a ellos, sin un esfuerzo excesivo en tiempo o en dinero. La ciudad tiene que permitirnos llegar al trabajo sin que para ello tengamos que invertir el 20% de un bien tan escaso como es nuestro tiempo de vida. Existen ciudades que penalizan el derecho al trabajo incrementando sin cesar el tiempo de desplazamiento, que no la distancia, entre lugar de trabajo y de residencia. En Estados Unidos, por ejemplo, ya son 15 millones, el 12,6% de la población activa, que salen de casa antes de las seis de la mañana para llegar sin retraso a su trabajo, que puede estar a 15 o a 40 km. Una tendencia que obedece a un incremento de los suburbios de baja densidad y por una apuesta política por un único medio de transporte, el privado, que en horas punta siempre y en todas las ciudades provoca colapsos.
Este modelo de ciudad suburbial destruye más que fomenta las redes sociales de sus habitantes. El capital social, elemento básico en época de crisis, también tiene una raíz espacial. Las ciudades compactas, densas y de usos funcionales mixtos que, aunque sean grandes urbes promueven el concepto de barrio como unidad territorial vital, son ciudades estructuradas a través de las redes sociales familiares, vecinales o de amistad. Puede que los barrios tengan limites administrativos o no, pero son esos espacios urbanos donde los ciudadanos pueden comprar, trabajar, tener cerca personas que puedan cuidar de los niños, sean los abuelos o no. Es el lugar donde los ciudadanos se implican y donde se genera un sentimiento de pertenencia que diluya las soledades que puede generar las grandes ciudades. Es donde, cuando decidimos cambiar de vivienda, queremos encontrar la nueva casa porque tenemos a nuestros vecinos, amigos o familiares. Y también las escuelas, las tiendas, el trabajo o el bar. No todas las ciudades tienen los servicios y los equipamientos urbanos en lugares cercanos y que se puedan considerar propios. Existen urbes que concentran todas sus actividades en el centro o las expulsan hacia las grandes superficies suburbanas y el resto son extensiones de viviendas sin otra actividad que la residencia.
Existen otras como Barcelona, por ejemplo, donde los aspectos más valorados de la ciudad son la diversidad y la proximidad. Los ciudadanos nos dicen que aprecian que sea una ciudad grande donde puede haber una oferta importante de servicios y equipamientos, pero también que estos estén cerca, que puedan llegar a ellos de manera fácil en tiempo y en dinero. La proximidad es un valor urbano en alza que solo se da en modelos de ciudad densos. La dispersión y la baja densidad favorecen la lejanía y el desapego.
Y también es necesario un espacio público que no sea solo conectivo, que no albergue solo la función de circular. El modelo de ciudad se explicita en su espacio público y este en demasiadas ocasiones se diseña exclusivamente para el tráfico rodado. Las calles y las plazas de una ciudad tienen que tener funciones múltiples, tiene que permitir que coexistan velocidades distintas, desde el peatón al automóvil, con plena seguridad para ambos. Pero el espacio público tiene que poder incluir otras actividades más allá de la movilidad. Tenemos que poder estar, no solo pasar, por lo que también es el espacio del encuentro, de la charla, del ocio con seguridad y comodidad. La expresión más genuina de este espacio publico multifuncional son los bulevares diseñados a finales del siglo XIX, con sus aceras y sus arboledas resguardando al peatón, sus tiendas y bares o restaurantes; y también sus calzadas centrales donde puede circular el trafico rodado. Cada actividad tiene su espacio y cada velocidad su recorrido.
La calidad de vida de los ciudadanos está ligada necesariamente a los modelos de ciudad que diseñamos y estos van mucho más allá de la construcción de edificios residenciales uno al lado del otro. El diseño de la ciudad influye en nuestros usos del tiempo. Menos tiempo de desplazamiento puede implicar más tiempo de lectura o de juego con nuestros hijos. Una ciudad más democrática significa una ciudad más accesible a los lugares de trabajo, de ocio, de cultura. Es necesario que la ciudad nos ofrezca proximidad y no lejanía, y que los barrios sean el espacio vital, el lugar de pertenencia. Que nos disipen soledades y nos proporcionen lugares de encuentro con nuestros vecinos.
Todo ello son políticas públicas, opciones políticas sobre la vivienda, sobre la ciudad y sobre la vida de los ciudadanos. En una epoca de crisis, y por lo tanto de cambio, estaría bien, como han hecho en otros países, que tuviéramos un ministerio de la ciudad y no solo de la vivienda.
Carme Milarres-Guasch es profesora de Goegrafía de la Universidad Autónoma de Barcelona
Ilustración de Miguel Ordóñez
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
El tema de la especulación inmobiliaria y de lo que subyace en el fondo del mismo –el valor del suelo en España– ha sido un tema tabú para los economistas. El que en un país vacío, con apenas 87 habitantes por Km² –uno de los índices más bajos de Europa– y abundancia de capitales, la tierra tenga valores extraordinarios que insumen entre el 50% y el 60% del costo de la vivienda nueva, no ha merecido un análisis detenido y profundo por parte de la inmensa mayoría de los economistas, tanto de izquierda como de derechas. Decimos análisis, aunque para muchos ni siquiera ha merecido una mención, ni qué decir una explicación.
Hace un par de años escuchamos por televisión a Rodrigo Rato –quizás el más preclaro expositor económico de la derecha española– resumir los problemas principales de nuestra economía. El valor especulativo del suelo no figuraba en su lista. Es más, ni siquiera mencionó el de la vivienda como un problema grave. Pero, además, ¿por qué habría de mencionarlo? Sería contradecirse, pues en los años que fue Ministro no hizo absolutamente nada por corregir la deformación evidente que implican los valores inflados de la tierra.
Pedro Solbes, cuyo talento y pericia son evidentes, tampoco ha mencionado nunca en una exposición pública el problema que plantea al país la escalada de los valores del suelo, el “espacio económico”, como habría que llamarlo con propiedad. En cuanto a hacer, en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, ni hizo, ni propuso –que nosotros sepamos– absolutamente nada, salvo modificaciones a la ley del suelo que no tuvieron mayor trascendencia.
Pero, bajando en la escala de figuras públicas, constantemente vemos aparecer en entrevistas televisadas a economistas de izquierda, de derecha, de centro y hasta los que gustan definirse como puramente técnicos, que jamás mencionan cómo un problema gravísimo, el que, en un país con tan baja densidad de población, la tierra la tierra tenga valores inaccesibles cuando, por su abundancia, debería costar prácticamente nada. Ahora se enfrentan con la crisis, con el derrumbe del mercado inmobiliario. Era totalmente previsible: después del boom, viene el crash. Sin embargo, ninguno pide disculpas al pueblo español por no haberse ocupado del problema y previsto lo que iba a suceder.
Algunos, como el ministro Pedro Solbes, cree que es bueno el “ajuste” de los valores inmobiliarios (a la tierra propiamente dicha jamás la menciona). Lo que no dice el ministro es que en la crisis se “ajustan” (es decir, caen) los valores inmobiliarios, pero también se “ajusta” (es decir, cae) el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los que no podían acceder a la vivienda (lo que implica acceder al suelo) antes de la crisis –por los valores especulativos– tampoco podrán hacerlo ahora porque ha caído su capacidad de compra.
Pero ¿a qué se debe este silencio?
Creemos que hay dos tipos de razones. Una es la enseñanza deformada en nuestras universidades –algo que ya apuntaba el gran economista francés Leon Walras en 1910– impuesta a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX por los neoclásicos americanos y agravada en nuestra época por los “neoconservadores”: se identifica a la tierra con el capital. ¡Como si la tierra pudiera reproducirse como los automóviles, aviones, ordenadores y televisores! Esto se les ha enseñado machaconamente a todos los estudiantes de economía, para satisfacción de las clases dirigentes. Tierra y Capital –les dicen– son lo mismo y, si son lo mismo, las mismas reglas de competencia que abaratan los bienes de capital deben abaratar la tierra.
Por supuesto, la realidad demuestra que no es así. Pero no importa, lo importante es lo que se les ha metido en la cabeza y los buenos alumnos repiten lo que aprendieron.
Pero, además, como también señalara Leon Walras, es peligroso para las carreras profesionales apartarse de las “ideas aceptadas”. Si te apartas, dice el genial francés, todas las puertas de las academias, de las sociedades, de los medios, se cerrarán ante ti; en cambio, si las aceptas tu buena fortuna está asegurada. Por algo el tema del suelo estuvo ausente de los recientes Congresos, tanto del Partido Popular, como del PSOE.
Pero, además, hay otro tipo de razones: las plusvalías del suelo son la fuente primordial de ingresos no ganados por el trabajo. Tocarlas implica afectar intereses muy poderosos que se extienden y entrelazan en todas las fuerzas económicas y sociales y en los partidos políticos. Hay que tener coraje para enfrentarlos y esto quizás sea pedir demasiado. Porque haber soluciones, las hay. Pero en su mayoría son soluciones fiscales, e implantar impuestos sobre los valores o las plusvalías del suelo tiene un indudable coste político. El problema no se resuelve declarando urbanizable toda la tierra del país. La propiedad privada del suelo implica un monopolio, con muchos titulares, pero monopolio al fin, que en un país como España sólo puede paliarse con medidas fiscales.
Lo cierto es que el problema no se resolverá mientras el silencio de los economistas esté acompañado por el silencio de los corderos, es decir, de los ciudadanos sin acceso al suelo, víctimas inocentes de una injusticia con solución al alcance de la mano.
Son los españoles lo que deben hablar y pedir explicaciones a economistas y políticos. Ningún economista debería explayarse en público sobre la economía española sin definir su posición sobre este tema, sin aclarar lo que dijo en el pasado o pedir disculpas por su silencio. Pero lo cierto es que mientras los “corderos” –es decir, los ciudadanos– no hablen y presionen el problema seguirá. Y, mientras continúe, la única solución –para los que pueden– es seguir aquel consejo que Mark Twain, con sorna, daba a sus amigos: compren tierra, que es un bien que ha dejado de fabricarse.
Fernando Scornik Gerstein es Presidente de la International Union for Land Value Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres
Ilustración de Patrick Thomas
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Fred Harrison, el gran economista británico, quizás el más distinguido think tank del grupo de Fulham, en Londres, nos cuenta en su último libro, La bala de Plata, una historia real e interesante que, dice, permite percibir la anatomía de la corrupción en nuestro quehacer diario. Harrison fue asesor de la Duma federal en Rusia en los tiempos de Yeltsin. Fue escuchado, pero finalmente se siguieron los dictados del Fondo Monetario Internacional y otros asesores del establishment occidental que terminaron con la entrega de los recursos naturales a los oligarcas y el hundimiento de la economía rusa.
La historia que nos cuenta comienza en la Perspectiva Nevsky, que es lo que podríamos llamar la Quinta Avenida de San Petersburgo. Allí, surgidos de las cenizas del comunismo, aparecieron comerciantes de toda Rusia deseosos de vender sus productos. Como no había tiempo –ni dinero– para instalar verdaderos establecimientos comerciales, los gobiernos municipales, incluyendo el de San Petersburgo, dieron licencias –en este último caso en la Perspectiva Nevsky– para instalar quioscos pagando unos pocos rublos de renta. Pero sucedió que unos estaban mucho mejor ubicados que otros. Los que estaban en las bocas del Metro producían un giro comercial mucho más importante que los otros. Ese exceso sobre la ganancia media, fruto de la ubicación, era lo que económicamente se denomina, renta del suelo y debería haberla cobrado el Ayuntamiento, pues no era fruto de la habilidad del comerciante, sino de la ubicación privilegiada. Pero el Ayuntamiento no cumplió con esta obligación, manteniendo los pocos rublos por el alquiler. Entonces apareció la mafia y con el argumento de la “protección” comenzó a cobrar cifras extraordinarias a los quioscos mejor ubicados y menos, como era lógico, a los más alejados. Lo cierto es que los improvisados comerciantes podían pagar y pagaron, pero no a las arcas públicas sino a las bandas de delincuentes organizadas que privatizaron la renta a su favor.
La conclusión de Harrison es obvia: si el Estado no cumple con su obligación de gravar las plusvalías del suelo –es decir, la renta– siempre habrá alguien dispuesto a apropiarse de ellas, sea como sea.
Volvamos ahora los ojos hacía nuestro país. Hay muchos casos, pero tomaremos uno notable por su magnitud: la operación Malaya, en Marbella.
Alrededor de este caso se han movido cifras de fábula. Están en todos los periódicos, no es necesario repetirlas. Sorprenden por su volumen, por el lujo en que permitía vivir a sus beneficiarios, por la impunidad con que se actuó durante muchos años.
Lo que interesa es determinar de donde salían esa sumas que percibían los “presuntos” –digo “presuntos” porque los juicios están todavía en marcha– corruptos. ¿Por qué los urbanizadores, constructores y especuladores podían pagar y pagaron cifras fabulosas por obtener licencias, permisos y cambios de destino, para parcelas originariamente no urbanizables? ¿De dónde provenía ese dinero? La respuesta es también obvia: del mismo origen que el dinero que pagaron los quiosqueros de San Petersburgo a la mafia, es decir de la renta del suelo. Cualquier cambio de destino, licencias obtenidas donde no era posible darlas, generaban para el beneficiario una plusvalía extraordinaria. Esa ganancia extra no provenía de los ladrillos sino de la ubicación, y era tanta que alcanzaba para pagar a los corruptos y embolsarse por los beneficiarios otra buena parte.
El Estado, al no cumplir con su obligación de gravar las plusvalías –es decir, devolver a la comunidad lo que la comunidad ha creado, pues la plusvalía es una creación social–, permite que los grupos de corruptos, asentados generalmente en los ayuntamientos, se apropien de ellas.
Y no es que en España no se haya previsto el problema. En los Pactos de la Moncloa –uno de los momentos de más sinceramiento de la vida política española– se dice expresamente: “La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: primero, en que la actuación pública debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad y, finalmente, que el sector público debe asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano”.
En los Pactos se proponen medidas, algunas se instrumentan tibiamente. El principio de que el plusvalor del suelo urbano pertenece a la colectividad, jamás se llevó a la práctica.
La Constitución española es menos clara. En su artículo 47 dice que “La Comunidad participa en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. No dice en qué medida. La realidad es que ha participado en muy poco.
Lo notable es que el Partido Popular, que se ha cansado de batir el parche sobre la “ruptura de los acuerdos de la transición” sobre este acuerdo, el de la plusvalía, no dice nada. Lo penoso es que los economistas del PSOE tampoco mencionan los acuerdos preconstitucionales, ni siquiera el contenido del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Para la gran mayoría de nuestros economistas –educados en los postulados neoliberales– la tierra es sólo una forma más de capital y, al parecer, poco importante. Que es distinta, ya que no es producto del trabajo como el capital, la realidad cotidiana lo demuestra, pero como dijera León Walras, los intereses que defienden el privilegio territorial han deformado la enseñanza de la economía en no pocas universidades. La tierra está detrás de muchas cosas: de la especulación, de la corrupción, de la crisis de la vivienda, de las debacles que siguen matemáticamente a los booms inmobiliarios, de las economías familiares ahogadas por las hipotecas, etc… Como decían los antiguos brahamanes –según cita Henry George–: “A quien quiera que en cualquier tiempo pertenezca el suelo, le pertenecen los frutos de éste. Parasoles blancos y elefantes locos de orgullo son las flores de una concesión de tierra”.
La solución no es mirar para otro lado, sino atacar el problema y no esperar –como sucede ahora– que el valor de la tierra caiga no por políticas acertadas sino como consecuencia de la crisis económica o “desaceleración”, como gustan llamarla. Tierra accesible y barata significa bienestar y prosperidad, tierra cara implica, para la gran mayoría, estrechez y dificultades económicas. A muchos de nuestros economistas –no a todos, gracias a Dios– se les puede decir aquello que Winston Churchill dijera en los Comunes a un parlamentario laborista: “El honorable miembro nunca tiene suerte en que los hechos que expone coincidan con la realidad”.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la Internacional Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Mikel Jaso
JORDI SERRANO I BLANQUER
Que nadie se ponga nervioso. Cuando alguien plantea hacer un nuevo ministerio todo el mundo piensa que tendremos que pagar un nuevo edificio y luego lo llenaremos de nuevos funcionarios que estarán a la espera de no sé cuantas nuevas instrucciones para crear nueva burocracia. No, no se trata de eso, se trata de plantear cómo conseguir políticas para la emancipación juvenil que sean realidad en este mandato.
Cuando en los años ochenta uno de los mejores directores generales del Instituto de la Juventud, Magdy Martínez, quiso establecer por primera vez políticas serias, realizó un primer Plan Integral de Juventud. Se trataba de establecer un nuevo método de trabajo institucional que fuera transversal, es decir, que afectase a distintos ministerios. Se trataba de hacer política contra el paro juvenil –Ministerio de Trabajo–, sobre vivienda –Obras Públicas–, el servicio militar –Defensa–, etc. El Plan Integral fue un éxito técnico y político de dimensiones extraordinarias.
Nunca tanto ministro, ni tanto secretario de Estado, ni tanto director general –ni antes, ni después– ha tenido que dialogar con 200 personas de diversas instituciones y de la sociedad civil. Y éstas dieron la batalla en cada comparecencia. ¡Qué tiempos donde uno se levantaba y criticaba a un ministro! ¡Qué valentía del director general invitar a representantes de organizaciones juveniles tan combativas!
Sin embargo cuando se evaluó el plan, la conclusión fue agridulce; se había hecho un buen diagnóstico, se habían propuesto buenas soluciones, pero los responsables políticos no hacían el caso necesario a un simple director general. Por eso la última conclusión fue que las políticas de juventud necesitan de un nuevo instrumento político.
Pongamos un ejemplo. La gente con alguna sensibilidad hacia los jóvenes era consciente de que el servicio militar obligatorio en los años ochenta era una rémora para las políticas de izquierdas y seguramente el elemento de distanciamiento más claro de los jóvenes hacia las políticas progresistas. Pero si esto era muy claro para cualquier político cercano a los jóvenes, era muy diferente para Felipe González. Se necesitaba un ministro que velara por las políticas de juventud en el Consejo de Ministros. Por ello planteamos ya en el año 1999, de cara a las elecciones de 2000, la necesidad de realizar políticas para la emancipación juvenil acompañadas de la creación de un Ministerio de la Juventud.
Planteamos este Ministerio como símbolo del compromiso de la izquierda con los jóvenes. Ni nuevos edificios (Ortega y Gasset y Marqués de Riscal, son suficientes), ni más funcionarios.
Algo de todo esto ha pasado en estos cuatro años. Si bien la opción de la izquierda ha sido clarísima, el resultado para los jóvenes es limitado en cuanto a la precariedad laboral y el acceso a la vivienda. Es verdad que ahora hay menos paro juvenil (18%) que en el año 2004 (22%) y un poquito menos de precariedad laboral (53% en 2004 contra 51% ahora). También se ha construido más vivienda social que en la etapa anterior. Pero los cambios son demasiado tenues. Seguramente ha habido otras prioridades, pero esta legislatura tiene que ser la legislatura de la juventud. Pedro Solbes, a punto de la jubilación, tiene que ser un poco más sensible a la juventud en cuanto a su financiación y plantear becas razonables y no solo simbólicas.
El porcentaje que dedicamos a educación en relación al PIB en España es de los más reducidos de Europa. El porcentaje del gasto público en educación que se dedica a becas en España es del 7%, cuando la media europea es del 17% y en Suecia del 28%. Las becas deben estar suficientemente dotadas de manera que permitan, como a los suecos, la primera emancipación estudiando. Creemos que bajando los niveles de paro juvenil por debajo del 10% y los índices de precariedad laboral juvenil por debajo del 15%, es posible mejorar las posibilidades de emancipación juvenil. Ahora bien, la administración pública haría bien en predicar con el ejemplo. En el conjunto de las administraciones públicas españolas la precariedad laboral es del 20% y en los ayuntamientos del 32%. Ya es hora de plantearse un programa de actuación para reducirlo a los niveles razonables (un 5%). ¿Cómo, si no, un ministro puede dirigirse a los empresarios exigiéndoles compromiso y responsabilidad social, si en la administración pública se está haciendo lo mismo?
Si están pensando en cómo se paga todo esto, les diré que estoy planteándome hacer una acción de insumisión fiscal y no desgravarme los 400 euros, se los doy a Pedro Solbes para que –si todo el mundo hiciera lo mismo– con el billón de pesetas pueda hacer una política generosa de becas estudiantiles. ¿Alguien piensa sinceramente que un ciudadano se hace de izquierdas para pagar menos? Es más, ¿alguien piensa que alguien se hace de izquierdas para tenerlo más fácil en esta vida? Si alguien piensa así es que nunca ha sido de izquierdas y además tiene una visión mezquina de la vida. Soy de los que prefieren vivir en una sociedad con más presión fiscal y con mejores servicios públicos.
Crear un Ministerio de la Juventud puede favorecer que en el Consejo de Ministros los temas que preocupan a los jóvenes no queden relegados ante el ruido ensordecedor de la derecha.
Jordi Serrano i Blanquer es Director de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Ilustración de Mikel Casal
EVA MINTENIG
“God bless you and your family”. Fue la frase de despedida del taxista que me llevó desde el hotel en el que me alojaba hasta unos grandes almacenes, un día de la semana pasada, a las 5 de la tarde, en Nueva York. Un trayecto de apenas 15 minutos. Yo, en Barcelona, no suelo tomar taxis. Me desplazo en moto desde hace muchos años, y además, no me gusta que los taxistas me impongan su emisora de radio. Ya sé que tengo el derecho de decirles que la quiten, pero, la verdad, no necesito broncas innecesarias. Bastante tenemos con lo que tenemos.
pero en Nueva York, donde viví hace casi tres décadas, mantengo una historia de amor con los taxistas. Ellos no suelen dirigirse a ti, pero a mí me encanta hablar con ellos, y muy directamente. Les entro al trapo, y normalmente se sorprenden, y después se sueltan. Recuerdo a varios taxistas de la ciudad de los rascacielos. Desde el que me dio un gran rodeo, una noche, y me pidió que esperase un minuto mientras él compraba droga en un portal, hasta el recién llegado que no hablaba ni una palabra de inglés ni conocía la ciudad y que, por gestos, me pedía que le fuera indicando el camino que debía seguir para llegar a mi destino. Y el que más me emocionó: un hombre mayor y fornido, de pelo ralo y canoso, que se mantuvo silencioso durante todo el trayecto mientras yo le describía mis penurias económicas a mi acompañante, un amigo turista y con dinero, diciéndole que Nueva York era una ciudad muy dura para los estudiantes pobres, y que lo estaba pasando mal. Era en 1985. Cuando llegamos al lugar al que nos dirigíamos, y mientras mi amigo pagaba la carrera, el taxista se volvió hacia mí y, en perfecto castellano, me dijo que yo tenía toda la razón, que él era ruso, casado con una “niña de Rusia” española; que había sido catedrático de filosofía de la Universidad de Moscú y había escapado de su país hacía dos años, y que el llamado “sueño americano” le había decepcionado profundamente. Pensaba que el sistema político de los Estados Unidos era aún peor que la dictadura comunista de su país: un engaño. Amargado, conducía un taxi en Nueva York y llegaba muy tarde a su casa, en Queens, donde le esperaba su mujer, Pilar. Casi lloré.
Volviendo a la semana pasada. Me planté en medio de la avenida, alcé la mano y el taxi paró. Qué momento sublime, cuando el taxi te escoge y frena a tus pies, mientras te sientes ridícula y te sabes compitiendo con varios posibles usuarios con el brazo en alto en la misma esquina. Me subí y el conductor puso en marcha el taxímetro. Ni me miraba, pero, al cabo de unos minutos, le pregunté de dónde era. “Pakistán”, me dijo. Inmediatamente me pregunté cómo viviría hoy un pakistaní en Nueva York, con el rollo actual de la war on terror y todo lo demás. Y le respondí: “Pues yo soy de Barcelona, España”. Él sonrió, me miró a través del retrovisor y dijo que tenía algunos parientes allí. Pasé olímpicamente de hablarle de las redadas de la policía española en el barrio del Raval, de Al Qaeda y de todo lo demás, no se fuera a liar la cosa. Empezamos a hablar de la familia. Tenía 4 hijos, tres de ellos ya mayores y asentados, y un adolescente que le daba problemas. Yo también tengo un adolescente que me da problemas. Así nos hicimos amigos. Me contó que llevaba en Nueva York 22 años conduciendo un taxi, y que sus hijos mayores estaban todos en la universidad. Y ponderó: “nuestros hijos son nuestro legado, y debemos luchar por ellos”. Totalmente de acuerdo. Me habló de su vida y confesó su sueño de volver en pocos años a Pakistán, aunque su familia se quedara en Nueva York. Charlamos amistosamente en medio del atasco propio de la hora punta en Midtown. Yo también le conté mi vida. No hablamos para nada de la tensión internacional, de terrorismo ni de represión política. Por eso, al final, me dijo: “God bless you and your family”. Y, aunque yo no soy creyente, le respondí: “And yours too”. ¿Fui una ingenua? ¿Podría ser este señor, tan simpático, miembro de una red clandestina? No lo sé, pero lo dudo, y quiero dudar. Al Qaeda existe, claro que sí, pero quizás si nos preocupásemos de saber cómo viven nuestros vecinos, no existiría.
Es una simple anécdota, pero las anécdotas, a veces, son muy ilustrativas. Después de seis años, he encontrado Nueva York mejor que nunca, sin atisbos de tensiones raciales o religiosas. Ha sido una sorpresa. Hay que viajar y ver las cosas con los propios ojos. Si hablamos con los otros, nos entendemos. No nos dejemos engañar por lo que nos cuentan. Nueva York ha aprendido la lección: sólo vi un par de soldaditos en Grand Central, el meollo de las conexiones ferroviarias de la gran ciudad. La gente va, como siempre, a su bola, esperando el próximo negocio y la oportunidad para llevarlo a cabo. Todo el mundo parece muy ocupado. Y, si se intuye algún atisbo de alerta, es el siguiente: amigos, Nueva York está muy barata.
Eva Mintenig es periodista
Ilustración de Patrick Thomas
