FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
La solución a la crisis de la vivienda consiste en transformar todas las viviendas de España en “viviendas protegidas”. Para ser claro: hay que lograr que el precio de la vivienda baje en todas partes y no sólo en los islotes de viviendas protegidas, que nunca, por sí solos, podrán resolver el problema, ya que son como una gota de agua en el mar.
Cómo lograrlo es algo extremadamente complejo, especialmente por los intereses que se verán necesariamente afectados.
Ha dicho el Partido Popular que la Comunidad de Madrid es la que más viviendas protegidas ha construido en España. Sin duda, ha construido bastante más que otras Comunidades.
Pero ¿ha resuelto ello el problema de la vivienda en Madrid? De ninguna manera, sigue exactamente igual. Cuando Gallardón intentó hacer algo sensato que era gravar las viviendas desocupadas –aunque el sistema que propiciaba no era ciertamente el más indicado– fue parado en seco por su propio partido.
Desgraciadamente hay demasiados en el PP comprometidos con la especulación inmobiliaria como para que sus propuestas sean creíbles. También, por supuesto, los hay en el PSOE y en otros partidos.
Los seres humanos son lo que son y si se pone el fruto del árbol prohibido al alcance de la mano, lo tomarán.
En realidad, el sistema nos transforma a todos en especuladores.
Todos –los que son propietarios– miran con placer cómo se incrementa el precio de su vivienda, sin pensar que ello dificulta al acceso a sus hijos y grava a las generaciones futuras.
Por supuesto lo que se incrementa no es lo construido, no es la vivienda en sí, que se deprecia con el tiempo. Lo que se incrementa es el valor del suelo, por el constante aumento de la demanda y el progreso económico.
Sostiene el Partido Popular que hay que lograr un acuerdo entre el Estado Nacional y las Comunidades Autónomas para liberalizar el suelo. Sin embargo, como los permisos de construcción –si queremos preservar el medio ambiente– no pueden concederse indefinida e indiscriminadamente, por más que se liberalice el suelo éste se volverá a monopolizar, a menos que, conjuntamente, se apliquen otras medidas.
Toda América Latina, con inmensos territorios, escasa población y graves problemas de vivienda es un ejemplo de que la oferta de suelo, por sí sola, no resuelve el problema.
Hay que liberalizar el suelo, pero al mismo tiempo hay que gravar las plusvalías inmobiliarias en forma drástica, con tasas sensiblemente más altas que las actuales, amén de otras medidas complementarias.
La gravación radical de las plusvalías originadas en los procesos de urbanización se hizo reiteradamente en el Reino Unido –los “beeterment tax”– bajo los gobiernos laboristas, cuando los laboristas eran socialistas. Los gobiernos laboristas –a partir de 1945– implantaban la imposición a las plusvalías en las tierras urbanizables –en algunos casos hasta del 100%– y los gobiernos conservadores se apresuraban en derogarla. Finalmente llegó la imperturbable Mrs. Thatcher, derogó todo y además vendió las viviendas comunales. El resultado fue una terrible crisis de vivienda que Tony Blair no hizo más que continuar con su inexistente “Tercera Vía”.
En realidad el sistema de gravar drásticamente las plusvalías inmobiliarias tropieza con dos inconvenientes: primero, puede desalentar a los promotores que se ven reducidos a la cuota de ganancia media del capital productivo –generalmente muy inferior a la que proporciona la renta del suelo– y segundo, que los propietarios suelen retraer la oferta esperando que caiga el gobierno y se derogue la ley.
Para resolver el primero, lo recomendable es que la tasa del impuesto nunca llegue al 100%, sino que se fije como máximo en el 60% o el 70%, como en Taiwán, por ejemplo. Para atacar el segundo inconveniente se han propiciado en la legislación comparada, dos soluciones, una, la implementada en la República de Corea en los años 1980/1990, que consistió en aplicar un impuesto del 50% sobre el incremento del valor de los terrenos –calculado este incremento sobre la media nacional–, impuesto que se cobraba cada 3 años y que podía ser anual si en cierto distrito el incremento excedía en 1,5 la media nacional, pero con la singularidad única de que este impuesto se cobraba por el solo hecho del incremento del valor de los terrenos, aunque no hubiese venta ni urbanización del mismo. Ni que decir que la especulación quedo fulminada, pero se produjeron situaciones injustas, pues muchos propietarios debían vender sus propiedades para pagar el impuesto.
Otra solución, más acorde con la tradición occidental es, además de liberalizar el suelo y gravar adecuadamente las plusvalías, aplicar el impuesto inmobiliario directo pero sobre el valor del suelo libre de mejoras (nuestro IBI, pero mejorado) con tasas suficientemente altas para desalentar la tenencia especulativa. Las tasas del IBI en España son 3 o 4 veces inferiores a la media de los países anglosajones, por ejemplo.
En España habría que hacer del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles la fuente principal de financiación de los Ayuntamientos, como sucede en casi toda Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Habría por supuesto que suprimir o rebajar otros gravámenes.
Pero para hacer estas cosas, y dar solución al problema de la vivienda abaratando el suelo en todo el país, sí que se necesita un acuerdo, pero no entre el Estado nacional y los ayuntamientos, sino un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas que quieran acabar con el cáncer de la especulación del suelo.
Mientras no se logre este acuerdo, la construcción a gran escala de viviendas protegidas –como propone el PSOE– puede ser un paliativo, pero nada más.
Sin ese acuerdo, que daría permanencia a las reformas, será muy difícil acabar con un problema cuya solución necesariamente pasa por afectar los patrimonios individuales actuales en bien de las generaciones futuras.
Un problema a cuya solución se oponen los más poderosos y vigilantes intereses. Enfrentarlos es un gran reto para el nuevo gobierno, destruyendo el absurdo de que en un país vacío como España –con solo 87 habitantes por km2, una de las tasas más bajas de Europa– el suelo –y por lo tanto la vivienda– sea un bien casi inaccesible para una parte importante de la población.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade.
Ilustración de José Luis Merino
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
En una entrevista con el diario El Economista, Manuel Pizarro hizo el pasado martes día 26 de febrero algunas afirmaciones inteligentes, pero lamentablemente van unidas a otras inexactas que revelan una confusión bastante usual, pero injustificable en un candidato al Ministerio de Economía y ya no digamos en un crack como lo presentó ayer Mariano Rajoy en Zaragoza.
En efecto, declaró Pizarro: “Estoy convencido de que la crisis actual no es inmobiliaria, sino de modelo financiero”. Se trata ésta de una afirmación superficial, típica de alguien que, como dijera Sherlock Holmes, ve… pero no observa. No hace falta ser un especialista para darse cuenta de que todo el sistema financiero español está basado en los valores inmobiliarios. Ninguna entidad bancaria concede créditos ni financiaciones si no están respaldadas por sólidos valores inmobiliarios. Vale con ir a un banco a pedir un crédito para ver lo que le piden como garantía.
Esta alianza entre los grandes bancos y los terratenientes urbanos y rurales, y la especulación inmobiliaria no es, por supuesto, exclusiva de España. Se da también en gran parte del mundo capitalista con algunas excepciones y, en algunos casos, como el de Japón, con consecuencias trágicas para los bancos, arrastrados durante más de una década por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, la alianza mencionada persiste y lo hace precisamente porque gran parte del mundo capitalista permite que los valores inmobiliarios se inflen. Esto no sucede en sitios como Singapur o Hong Kong (incluso cuando era colonia británica), simplemente porque la propiedad romana del suelo no existe (toda la tierra es del Estado – y siempre lo fue – en Hong Kong y también lo es el 90% en Singapur) o en otras naciones como Taiwán, Australia o Nueva Zelanda, donde las plusvalías están fuertemente gravadas. Tampoco, por supuesto, en China, donde, a pesar de los tópicos, la propiedad de la tierra sigue en manos del Estado.
Pizarro hace una observación razonable: “Hay que jugar sobre la oferta y, en particular, sobre la variable esencial del suelo, favoreciendo los trámites de puesta en el mercado para invertir la tendencia negativa y dar aliento al mercado inmobiliario”. La observación es incompleta, porque el suelo no es una variable esencial: simplemente es la única variable que importa. Lo que aumenta de precio en la burbuja no son los ladrillos, como se puede comprobar en la evolución de las
estadísticas, sino el suelo.
No solo hay que lograr que el suelo entre al mercado, sino que lo haga a precios razonables. ¿Cómo lograrlo? Sobre esto Pizarro no nos dice nada. Se limita a dar el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde, dice, se han construido muchas viviendas protegidas. Pero no nos equivoquemos: se trata de una gota de agua en un océano de necesidad. En materia de suelo, nada se ha hecho y si caen los valores, es porque la burbuja se está desinflando.
Lo aconsejable no es esperar a que la crisis hunda los valores del suelo, como sucedió en Japón. Hay que adoptar medidas antes de que llegue una crisis. Y es difícil que hombres como Pizarro se atrevan a plantear estas medidas. Estas medidas son fiscales: entre otras, se trata de gravar las plusvalías inmobiliarias y poner al día las valuaciones fiscales para las contribuciones inmobiliarias.
Este tipo de medidas no caben en el planteamiento político del Partido Popular, obsesionado con las rebajas fiscales, sin caer en la cuenta de que aquí no se trata de aumentar la presión fiscal, sino de variar el objeto imponible.
Mason Gaffney, que a sus 84 años quizás el más prestigioso experto en fiscalidad del suelo en Estados Unidos, identifica 15 formas de gravar la renta de la tierra e impedir la especulación. Alguna se le podría haber ocurrido a Pizarro. Y también, dicho sea de paso, a los socialistas que aspiran a la reelección.
La oferta del suelo jamás resolverá por sí sola el problema, pues la tendencia al monopolio en la propiedad del espacio económico es imparable. Si la sola oferta fuera la solución, países con bajísima densidad de población, como Argentina (13 habitantes por km2) no tendrían problema de vivienda y, sin embargo, lo tienen. Otros, casi sin suelo, como Singapur (6.245 habitantes por km2) o Hong Kong (6.688 habitantes por km2), sufrirían un caos habitacional y, con todo, el problema de la vivienda no existe en estos países. España tiene solo 87,2 habitantes por km2. No tiene por qué haber un problema de vivienda. Si lo hay, es porque quienes deberían ofrecer las soluciones, en vez de decir la verdad, se dedican a ocultarla.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y Presidente de la Internacional Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Luciano Lozano
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN
Decía Adam Smith, el genial fundador de la Ciencia de la Economía Política y padre del liberalismo económico, que la clase menos indicada para gobernar un país era la de los empresarios (él hablaba –en el siglo XVIII– básicamente de los comerciantes, que eran los empresarios de entonces). Según Smith los comerciantes se preocupan sólo de maximizar sus ganancias y eliminar la competencia, todo lo contrario de lo que necesita un país, que es ampliar sus mercados basándose, precisamente, en la libre competencia.
Si algo ha quedado demostrado en el debate entre Solbes y Pizarro es que, más allá de sus cualidades como hombre de empresa, Pizarro tiene muy escasa solvencia para dirigir la economía de un país desarrollado –como lo es España– y ninguna para afrontar una crisis, si llega a haberla.
Hasta el más lego sabe que las tensiones económicas actuales –que afectan en mayor o menor grado a todas las naciones europeas– tienen su origen en un factor externo a España (y a Europa): la crisis del sector inmobiliario norteamericano que, en una economía globalizada, se ha extendido como un reguero de pólvora a todos los mercados. Pretender culpar de nuestra desaceleración al Gobierno de Rodríguez Zapatero, como repite machaconamente el Partido Popular es, simplemente, falsear la realidad, y decirlo en un debate televisivo –como claramente lo sugirió Pizarro– no es solo falso, es además poco serio.
Un pretendiente al Ministerio de Economía debe cuidar sus palabras, ya que por ellas será juzgado. Si llega al ministerio será juzgado por lo que haga, por ahora solamente lo es por lo que dice o por lo que omite.
Decir por ejemplo que el ahorro fiscal –para justificar la rebaja de impuestos– debe basarse en la supresión del Ministerio de Vivienda, de los sueldos de los diputados de la izquierda abertzale o en no hacer reformas como las de la vivienda del ministro de Justicia –entre otras cosas igualmente insignificantes en el presupuesto del Estado– es ofender la inteligencia del público que aunque no sea experto en economía, sí sabe sumar y restar.
Sobre el problema de la vivienda -el que más afecta a la economía familiar y al futuro de la juventud española, ya sea por los precios abusivos que inciden sobre las hipotecas o simplemente por no poder acceder a ella– ninguno de los dos contendientes estuvo brillante. Ambos ignoraron el factor central que incide en el precio de la vivienda: el valor especulativo del suelo. Solbes, si se quiere, estuvo más cauto. Pizarro se dedicó a hablar reiteradamente de las viviendas protegidas construidas por la Comunidad de Madrid (se olvidó de las otras comunidades gobernadas por el Partido Popular) que, como todos los madrileños saben, no han resuelto el problema, que sigue exactamente igual que antes. Frente a la necesidad de vivienda, las protegidas son como una gota de agua en el océano: un paliativo, nunca por sí solas una solución.
Solbes reclamó seriedad a su contrincante y estaba en lo cierto. Pizarro no tuvo más remedio que inclinarse frente a la seriedad del ministro.
Los consejeros de Rajoy evidentemente no habían leído las sabias palabras de Adam Smith, sino quizás se habrían abstenido de recomendar el fichaje. El haberlo aceptado arroja dudas sobre la capacidad de discernimiento del propio Rajoy. El haberlo puesto en segundo lugar en la lista por Madrid –a un hombre sin experiencia política– puede interpretarse en términos freudianos como el fruto de tendencias autodestructivas. Quizás las mismas que llevaron al candidato del PP a negar acceso a Gallardón, uno de los hombres con más tirón popular de la derecha española.
Fernando Scornik Gerstein es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade
Ilustración de Patrick Thomas
BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA
Por fin nos hemos dado cuenta de que con la vivienda tenemos un problema. Y por fin hemos logrado que el Gobierno asuma públicamente que tiene la obligación de resolverlo. Ahora sólo nos falta que lo haga.
Nos hemos cansado de decirlo, de gritarlo. Al final hemos conseguido que los políticos también lo digan: tenemos derecho a una vivienda digna. Eso quiere decir que, pase lo que pase, tenemos que tener la garantía de que podremos habitar dignamente. De la misma forma que sabemos que nuestros hijos pueden ir al colegio o que seremos asistidos en caso de enfermedad. Pase lo que pase. En nuestra sociedad, ese ‘pase lo que pase’ siempre suele referirse a la misma contingencia: puedas o no puedas pagarlo. Es por ello que para garantizarnos un derecho, para asegurarnos que, pase lo que pase, podremos acceder a ciertos bienes y servicios que consideramos básicos, el Estado los saca del mercado. Como la educación o la sanidad. Es la única garantía posible. “Uff, los tipos de interés no dejan de subir, a este ritmo habrá que sacar a la cría del colegio”. “Vaya, la insulina se ha convertido en el negocio de moda; pobres diabéticos”. Nos parecería pura barbarie. Y es que con estas cosas, con los derechos, no se juega. No nos parece sensato dejar que el mercado juegue con ellos.
Efectivamente, la vida diaria está plagada de ejemplos: en nuestra sociedad la única opción eficaz para garantizar un derecho es asegurar que se puede acceder a él al margen del mercado. De los colegios a los bomberos, de las ambulancias a los abogados de oficio. No hay otra fórmula. Y el derecho a una vivienda digna no es una excepción. Un análisis de las medidas que recientemente ha anunciado el Gobierno no hace más que ratificar esta afirmación.
La primera limitación de las medidas anunciadas, la más clamorosa, es su ámbito de aplicación. ¿Cómo puede considerarse que se garantiza un derecho mediante medidas que afectan a grupos de población particulares? Las ayudas a grupos específicos sirven para regular excepcionalidades, no para asegurar condiciones que han de ser generalizables. De hecho, si el Gobierno pretende garantizar el acceso a una vivienda digna (y aun suponiendo que el mecanismo de la ayuda fuera el indicado para ello), tendría que ir ampliando sucesivamente las ayudas a los diferentes colectivos: además de a los jóvenes de menos de 30 años, a los de entre 30 y 35, a las familias monoparentales, a las numerosas, a los desempleados, a los mileuristas… La misma necesidad de ir sumando ayudas específicas evidencia la obviedad: los derechos no se protegen con reglas particulares, sino con leyes que, como los derechos mismos, han de tener cobertura universal.
Además, y aun suponiendo que el Gobierno ampliara la cobertura de las ayudas a toda la población, la noción misma de ayuda encierra en sí una carencia fundamental. En síntesis, lo que el Gobierno nos propone es darnos una bonificación, una especie de balón de oxígeno de 210 euros mensuales con el cual podremos acudir al mercado de la vivienda en mejores condiciones. Evidentemente, es un avance. Pero es sólo eso, un flotador para la tormenta, y seguramente efímero. Nada nos garantiza que el precio de la vivienda no vaya a seguir subiendo. Nada nos blinda frente al hecho de que el precio que tenemos que pagar por vivir en nuestro barrio siga dependiendo de lo que pase cada mañana en Wall Street (los pisos y solares de nuestras ciudades no son más que espléndidos objetos de negocio para los fondos de inversión extranjeros). Nada nos asegura que esos 210 euros sean una proporción relevante de los alquileres que estemos pagando dentro de un año. ¿Tendremos que pedir entonces un incremento de las ayudas? ¿Tendremos que confiar en la sensibilidad social del gobierno de turno? ¿Estaríamos dispuestos a correr ese riesgo con los servicios sanitarios (tenga usted un cheque de 100 euros y ojalá que las intervenciones quirúrgicas no suban demasiado
de precio)?
Si nos paramos a pensarlo, las medidas del Gobierno no son un avance sustancial, dado que no impiden que el precio de la vivienda siga dependiendo de la lógica especulativa. De hecho, destinaremos dinero público a pagar alquileres sobrevalorados y, por tanto, a seguir alimentando esa misma lógica. Es como si la insulina se hubiera convertido en objeto de especulación, hasta el punto de que los precios sobrevalorados impidieran a la población diabética obtener su medicación. Pretenderíamos que el Gobierno prohibiera la especulación con la insulina, no que extendiera cheques para que los diabéticos adquirieran sus medicinas a precios inflados. En vez de proteger el negocio de quienes están especulando con bienes de primera necesidad, lo que necesitamos, precisamente, es que el Estado nos defienda de los especuladores. Que nos garantice que podremos vivir en casas dignas a cambio de lo que sensatamente debería costar vivir en una casa. Que no es, ni más ni menos, que lo que valdría si no fuera por el negocio al que las viviendas están dando lugar.
En definitiva, en cuanto se le dan tres vueltas al tema de la vivienda no es posible concluir algo diferente a lo que en el caso de otros derechos nos resulta tan evidente: si es un negocio, jamás podrá garantizarse el derecho. Y es que la solución del problema de la vivienda no precisa de mucha imaginación. Simplemente, trátese el derecho a la vivienda como un derecho más. Por eso, las medidas recientemente anunciadas por el gobierno no sólo son insuficientes, sino que ni siquiera caminan en la dirección adecuada. Por eso, el 6 de octubre, en múltiples ciudades del Estado, ‘V de vivienda’ vuelve a convocar una manifestación. Ahora que sabemos que nos están escuchando es cuando más alto tenemos que gritar: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios. El 6 de octubre, a las 18:00.
Bibiana Medialdea García es economista y miembro de la Asamblea por la Vivienda de Latina (V de vivienda).
ANDRÉS GASTEY
Los españoles nos hemos ido acostumbrando al régimen de libertades del que disfrutamos desde hace treinta años. Tuvo, desde luego, sus momentos bajos, cristalizados en fechas (23-F) y siglas (GAL) de infausta memoria; pero llevamos ya más de dos décadas de consolidación de una mecánica democrática en la que los derechos civiles y políticos son generalmente respetados por los poderes públicos. El único factor que distorsiona esta situación es la pervivencia de ese doloroso vestigio del franquismo que es el terrorismo etarra. En fin, actualizando la cita de Churchill, se puede decir que si en una casa española el telefonillo suena a altas horas de la madrugada, no será el lechero (que de eso ya no tenemos), sino la hija que olvidó las llaves.
Ahora bien, nuestro régimen constitucional no se limita a los derechos civiles y políticos. Los españoles nos dotamos en 1978 de un Estado que se autoproclama social y democrático de Derecho. Y cabe preguntarse cómo andamos en materia de derechos humanos económicos, sociales y culturales. Porque es bien posible que esa hija nocherniega que llama al telefonillo de madrugada sea no una adolescente, sino una mujer de treinta y cinco, licenciada y con postgrado(s), condenada a enlazar contratos temporales y sueldos miserables, sin posibilidad alguna de irse a vivir por su cuenta.
Las estadísticas evidencian que situaciones de este tipo abundan. La octava economía mundial, un país moderno y pujante que está experimentando un período sin precedentes de prosperidad, no es capaz de facilitar el acceso a una vivienda digna a buena parte de sus ciudadanos. Como dice el Relator Especial de las Naciones Unidas para la vivienda en un informe de junio pasado, la “grave crisis de vivienda” a la que España se enfrenta puede atribuirse a los elevadísimos precios, la escasez de viviendas de protección pública, la estrechez del mercado de alquiler y la especulación inmobiliaria. Está bien que las Naciones Unidas nos ilustren sobre cosas que ya sabemos.
Sucede con la vivienda, pero qué no decir de una educación infradotada y desacreditada; de una sanidad estragada por las listas de espera y la falta de respeto al paciente; de la increíble normalidad con la que aceptamos la presencia de villas-miseria en nuestras periferias.
No se trata de minucias: la educación, la protección de la salud o el disfrute de una vivienda digna y adecuada son derechos reconocidos constitucionalmente a todos los españoles y “fundamento del orden político y la paz social”. Según el mandato constitucional, su respeto y protección “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerdan con expresiones idénticas que ambas categorías de derechos derivan de la dignidad inherente de la persona. Es doctrina asentada que no existe jerarquía entre unos y otros, sino que son indivisibles e interdependientes.
Frente a estas solemnes proclamas, hemos interiorizado la resignación. Los mensajes que nuestros medios de comunicación y políticos multiplican van remachando conceptos de una cultura profundamente insolidaria. Y cuando alguno de los poderes públicos pretende dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, surge una tríada de incriminaciones:
populismo, electoralismo, intervencionismo. O se les acusa de incurrir en el imperdonable pecado del voluntarismo.
Pues bien, pidamos un poco de voluntarismo respecto a la vivienda. Durante los últimos diez años se ha jugado en España una monstruosa partida de monopoly en la que han ganado los constructores y, como siempre, la banca. Los perdedores somos casi todos los demás, incluso los propietarios, a los que no nos pueden engañar con el espejuelo de la presunta ‘revalorización’ de nuestros pisos: permaneceremos encadenados a ellos, hipoteca mediante, hasta el final de nuestros días. Con el dinero que se ha puesto en juego durante la partida, con nuestro dinero, hemos alumbrado una clase empresarial de la que son representantes señeros algunos sujetos como Paco el Pocero, que invita a su jet y su yacht a periodistas insobornables –Herrera, Oneto–, o algunos otros personajes no menos castizos que han adquirido ya pátina de respetabilidad y controlan los consejos de administración de las grandes transnacionales españolas. Esto, créanme, no puede dejar de tener consecuencias a largo plazo.
Se trata de un gran fracaso colectivo frente al que no cabe la resignación. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado, por este orden, tienen que actuar. Naturalmente, con sensatez. No sería razonable prometer pisos en propiedad para todos, pero seguro que hay cosas susceptibles de mejora: tal vez pueda perfeccionarse el habitual sistema de la asignación de VPO a través del enchufe municipal; quizá se pueda poner fin al grotesco espectáculo de las rifas de viviendas públicas; seguro que se puede actuar sobre las plusvalías desorbitadas. Que los expertos propongan, que se debata, que se actúe. Removamos, como dice la Constitución, los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad e igualdad del individuo.
Entretanto, no podemos ser complacientes con nuestro régimen político. La democracia española seguirá siendo incompleta mientras no sea capaz de garantizar a los ciudadanos todos sus derechos fundamentales. Si en este contexto español de bonanzas macroeconómicas nuestra práctica política no logra prestar a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos la atención que merecen, estaremos contribuyendo a, ni más ni menos, la deslegitimación del sistema.
Andrés Gastey es escritor. Su última novela es Gutiérrez y el Imperio del Mal.
