LOLITA BOSCH
Hace exactamente 104 años hubo un terremoto en San Francisco que hundió su barrio chino y que las autoridades aprovecharon para implantar la Immigration act: un acta de expulsión de la comunidad china que no tuviera una residencia fija en California. De modo que los chinos comenzaron a bajar por el Estado hasta que cruzaron la frontera de México y se establecieron en la ciudad de Mexicali. Ahí se abrieron los primeros fumaderos de opio mexicanos. Y los establecimientos se desperdigaron por la República Mexicana hasta llegar a la ciudad capital y convertirse en una de las sórdidas distracciones de la clase alta. Los que consumían eran vistos como personajes exóticos, tumbados en chaise longues que hoy nos parecen de cuento y vestidas, ellas, con trajes de gasa aptos para retozar. Aunque los de clase baja, no. Los de clase baja comenzaron a recibir el nombre de gomeros y los primeros fotógrafos de México los retrataron como enfermos, vagabundos y perdidos. Una imagen similar a la que hoy tenemos y difundimos de los niños de la calle que esnifan cemento en el metro de la ciudad de México. Un prejuicio exacto.
Poco tiempo después de la apertura de aquellos increíbles fumaderos de opio –algunos de los cuales perviven clandestinamente en el mítico barrio de Tepito de la capital del país–, el Gobierno mexicano legalizó la cocaína y comenzó a distribuirla en farmacias como fármaco contra el dolor y la tristeza. E incluso hizo anuncios para convertirla una droga más popular y más frecuente.
Pero de esto, decía, han pasado casi cien años. Y estrechamente vinculado a la historia de la corrupción política del PRI (Partido Revolucionario Institucional) –que ha gobernado con autoridad de hierro el país durante más de 70 años– y también a la historia de las trampas eclesiásticas, el narcotráfico en México ha crecido hasta convertirse en este mundo paralelo que tenemos la sensación de ver hoy y que nos parece inexplicable. Pero no lo es, sino que estamos en el trazo de una sucesión de errores y despreocupación, de poder y corrupción, de impunidad y de vergüenza que ha convertido la República mexicana en uno de los lugares del mundo en los que el narcotráfico más ha permeado la vida pública y privada del país y sus instituciones. Y ha desembocado en datos como estos: en el Estado de Michoacán un 80% de los negocios tienen participación del narco, y la desorientada ciudad Juárez (frontera con El Paso, Texas) ha sido catalogada en este 2010 como la más peligrosa del mundo.
Aunque en todo esto hay matices, claro. Y también hay momentos.
Porque el narco que vemos hoy no es el narco que conocíamos de antes. Tras los primeros capos chinos y el abuso de las naciones primermundistas sobre las plantaciones mexicanas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a cambiar permisividad fronteriza por medicinas para sus soldados o por dinero para luchar contra el comunismo en América Central, los cárteles mexicanos se organizaron. Y durante muchísimo tiempo, y se dice que gracias a su pacto con el PRI, aunque cueste entenderlo; el narco no resultó una amenaza en México fuera de sus estrechísimos círculos. El territorio estaba dividido y había leyes estrictas (aunque no escritas) que impedían que los capos: uno, drogaran a la juventud mexicana; dos, pelearan entre ellos por el territorio, tres, molestaran a las familias de los otros capos de cártel; y cuatro, se enfrentaran a la población civil. Durante años, este supuesto pacto de honor y de paz impidió que el narco fuera una amenaza más allá de las balas perdidas o los atentados a periodistas y militares que luchaban contra la impunidad política y policial. Si no te metías con ellos, como se solía decir en México en aquellos días, no pasaba nada. Y es cierto que más o menos todos reconocíamos el código social que compartíamos y todos sabíamos también dónde estaban los límites que debíamos respetar. O eso creíamos. Porque, en verdad, los narcos ya en los años 60 tenían miles de esclavos trabajando en la pizca de la marihuana, compraban policías por cientos y tenían atemorizados a los indígenas del norte del país. Pero, con todo, el problema no había llegado como una amenaza a la capital. Y por desgracia, en México, esa es una seguridad de que el mundo no está completamente desbordado.
Aunque no fuera así. Porque cuando cayó el PRI y subió al poder el derechista PAN (Partido de Acción Nacional), un acto de bravura les impidió pactar con el narco (que podría ser comprendido, en aquel momento, como el equivalente español a no pactar con ETA) y decidieron sacar el ejército a la calle. El mundo en el que habíamos logrado sentirnos seguros se había radicalizado. Y eso llevó a este descontrol de violencia en el que México vive sumido hoy.
Y es curioso constatar que el momento en el que el PRI abandonó el poder –que coincide con el momento en el que se dice que los narcotraficantes se comenzaron a drogar y a romper códigos de honor y ciertos principios heredados– fuera también el momento en el que se comenzó a gestar un nuevo cártel: La Familia, que hoy se ha convertido en uno de los más sanguinarios del país, que tiene absolutamente invadido el norteño Estado de Michoacán. Porque La Familia ha sido el único cártel con una pretensión que, según ellos, va más allá de la económica, y documentos encontrados y analizados por valientes periodistas que se juegan en la vida en las investigaciones sobre el narcotráfico han demostrado que ese novedoso cártel trata de establecer una nueva ley. Otro código que regrese el narcotráfico al cauce de la obediencia y la sumisión a la jerarquía. Entre sus leyes, claro, aceptan el asesinato y la tortura, pero aseguran que buscan el control del Estado de Michoacán para conseguir la paz de sus habitantes y, sobre todo, de sus familiares.
Lolita Bosch es escritora. Su último libro es ‘La familia de mi padre’
Ilustración de Javier Olivares
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
El intento fallido de atentado en un vuelo hacia Detroit ha reabierto el debate sobre los controles aeroportuarios y, al tiempo, sobre las medidas de prevención contra ataques terroristas. A juzgar por las reacciones suscitadas a uno y otro lado del Atlántico, los partidarios de endurecer la vigilancia con técnicas supuestamente más incisivas como los escáneres corporales han tomado una vez más la delantera. En sus declaraciones públicas no han dudado en exhumar el mantra cansino de la defensa de la seguridad. El gesto, sin embargo, tiene no poco de fraudulento: por su dudosa eficacia para prevenir atentados, por su elevado coste económico y por la inaceptable amenaza que supondría para libertades y derechos crecientemente cercados.
La obsesión securitaria en los aeropuertos es de larga data. Pero llegó al paroxismo con los atentados del 11-S,
que mostraron que un avión podía ser no sólo un instrumento de chantaje en caso de secuestros, sino un arma de destrucción. Como respuesta, justamente, George W. Bush creó la poderosa Administración de Seguridad del Transporte (TAS), con el propósito de detectar y prevenir posibles actos terroristas. Con un presupuesto que en el año 2008 ascendía a los 4.700 millones de euros, la TAS asumió el encargo de coordinar controles y detectar “perfiles de riesgo” a lo largo del país, incluidos los aeropuertos. Para ello, autorizó el acceso a bases de datos y sistemas de reservas de las compañías aéreas, multiplicó los controles previos al embarque, muchos de ellos carentes de toda publicidad e, incluso, creó una lista de personas a las que había que vigilar (watch list) o, directamente, prohibir volar (no fly list).
No pasó mucho tiempo para que el poder que estas medidas concedían a policías y vigilantes privados se revelara como fuente de innumerables abusos. Confiscaciones arbitrarias de pertenencias personales, registros ilícitos de teléfonos móviles y ordenadores, cacheos humillantes a migrantes o a estadounidenses de origen árabe, pero también a personas mayores y niños. La prensa y algunas organizaciones, como la conocida Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, denunciaron que en las listas de sospechosos de terrorismo figuraban monjas, periodistas, ex agentes de seguridad y hasta el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.
A pesar de las escasas salvaguardas garantistas de estas políticas, la Unión Europea acabó por plegarse a ellas. En 2006, la Comisión Europea aprobó un vergonzoso reglamento por el que se establecían normas secretas para garantizar la seguridad aérea. También aquí se consintieron, sin escrutinio público alguno, controles arbitrarios y sin cobertura legal, como la obligación de pasar descalzos y sin cinturón por el detector de metales. La presión de algunos europarlamentarios y de asociaciones de defensa de derechos humanos llevó a la Comisión a enmendar parcialmente su política. Un nuevo reglamento de 2008 hizo públicas muchas de las prohibiciones vigentes. Pero no frenó los abusos y trajo consigo nuevas vulneraciones al derecho a la intimidad y a la libre circulación de las personas.
En realidad, el reciente intento de atentado navideño era una buena oportunidad para revisar una política que, en palabras de la propia secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, “ha fallado miserablemente”. Pero a lo que hemos asistido, en cambio, es a una huida en falso que viene a reforzar la idea de que cualquier objeto (un zapato, un frasco, un pliegue en la ropa) y cualquier persona (la que tiene ciertos rasgos étnicos, pero también la que se pone nerviosa o protesta) pueden ser sospechosos de terrorismo.
Los expertos coinciden en que, más allá de su carácter intrusivo para la intimidad de las personas, los escáneres de cuerpo desnudo –cuyo coste gira en torno a los 112.000 euros– serían incapaces de detectar sustancias escondidas en las cavidades corporales. Y que incluso si se incorporara tecnología que lo permitiera, esta implicaría serios riesgos para la salud de los eventuales pasajeros. Lo cierto es que tales artilugios alimentan la ilusión orwelliana de poder neutralizar tecnológicamente a un enemigo por definición difuso y cambiante. Por eso, no han tardado en añadirse a la vasta panoplia de dispositivos supuestamente diseñados para combatirlo controles del iris, retratos en tres dimensiones, cribado de huellas dactilares, análisis de gestos o cabinas de ondas milimétricas.
En realidad, los registros y vejaciones que hoy se perpetran en los aeropuertos no pueden verse como un hecho aislado. Son el reflejo de prácticas cada vez más extendidas en otros ámbitos de la sociedad que han colocado a buena parte de la población bajo sospecha, consintiendo su fichaje, localización y rastreo permanentes. En ese contexto, blandir el argumento de la seguridad para justificar un nuevo ajuste en el torniquete del control no deja de parecer un fraude. Por la creciente inseguridad que estas políticas generan (sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población) y por su frecuente ineficacia para conseguir los objetivos que dicen perseguir (el supuesto terrorista de Detroit, no hay que olvidarlo, figuraba en las famosas listas norteamericanas de sospechosos). Tal vez sea hora, más bien, de comenzar a exigir que los propios vigilantes sean vigilados y que los controles sean tan sólo los estrictamente necesarios. Y de recordar, para ello, la preclara advertencia lanzada hace ya tiempo por Thomas Jefferson: “Quien esté dispuesto a sacrificar un poco de libertad para sentirse seguro, no merece ni lo uno ni lo otro”.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello son miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO
En el marco de los juicios contra los acusados por el 11-S en Guantánamo, la CIA ha admitido la utilización de prácticas como el denominado waterboarding. Se trata de una técnica, ya utilizada en la Edad Media, en la que los detenidos son inmovilizados y se les arroja agua en la cara y en las vías respiratorias. Lo que se produce es una situación de asfixia forzada, en la que el interrogado experimenta una sensación de ahogamiento cercana a la muerte. Algunos medios han aprovechado la revelación para instalar un viejo interrogante: ¿no es lícito, acaso, torturar a un detenido para obtener información que puede salvar vidas?
Hace tiempo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido dar una respuesta afirmativa a este dilema. La aprobación en 2001 de la llamada Patriot Act otorgó al poder ejecutivo un considerable margen de actuación en la lucha antiterrorista. Esta normativa vino acompañada por un protocolo que flexibilizaba el alcance de la tortura. Entre otras cosas, se llegó a decir que ésta podía ser “equivalente en intensidad al dolor que acompaña las lesiones físicas graves, como desfallecimiento orgánico, deterioro de las funciones corporales o, incluso, la muerte”. Algunos, como el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no buscaron rodeos para justificar esta práctica: “De lo que se trata –declaró– es de salvar vidas norteamericanas y no los derechos humanos de los terroristas”. El presidente George Bush puso su grano de arena y vetó un proyecto de ley que pretendía poner coto a las torturas acuáticas. Se podría pensar que a este lado del Atlántico la respuesta a una situación de este tipo sería la opuesta. Después de todo, a Europa le gusta presentarse ante el mundo como la cuna de Beccaria y Voltaire, como el continente de la paz, del diálogo y de las grandes Declaraciones de Derechos Humanos. Sin embargo, mientras las élites europeas se prodigan en proclamas a favor de las libertades civiles y políticas, la tortura no ha dejado de hacerse un hueco en las prácticas institucionales.
Primero, se supo de la existencia en los países del Este de una red de prisiones clandestinas donde se recluía y se torturaba con absoluta impunidad a personas que el Gobierno de los Estados Unidos consideraba terroristas. Luego, se constató la existencia de ciudadanos europeos desaparecidos en extrañas circunstancias, que habían sido secuestrados por la CIA. La inocencia acabó de perderse cuando se conoció la participación europea en el transporte y detención ilegal de presos que luego eran torturados en Guantánamo o en otros países del mundo.
El recurso a la tortura, sin embargo, no sólo se explica por la subordinación de la Unión Europea a las obsesiones militaristas del Gobierno de los Estados Unidos. En países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, se han aprobado normas y se han consentido prácticas que muestran que no se está ante un fenómeno accidental. Y lo mismo ocurre en el caso español, donde un reciente informe de Amnistía Internacional opina –al igual que la Relatoría Especial de la ONU hace unos años– que la tortura es una práctica más que esporádica en las comisarías. Dar una explicación acabada a este fenómeno de regresión jurídica y moral no es fácil. Sin embargo, parece inevitable vincularlo a una situación de fragmentación social que permite construir un otro deshumanizado y sin ningún tipo de derechos: el terrorista, el que amenaza la seguridad, la no-persona. Sólo esa construcción mental permite a algunos aceptar la tortura como un acto de defensa justificado, aunque sólo sea en situaciones excepcionales”. Como un acto, en suma, en el que no se participa directamente, pero que se está dispuesto a tolerar entre el telediario y la próxima publicidad comercial.
Para referirse a esta situación que inhibe la capacidad de reacción moral de la gente frente a prácticas de objetiva barbarie, algunos autores han hablado de “fascismo societario”. La expresión puede discutirse. Pero permite poner de relieve que se trata de una práctica promovida desde arriba, pero también, en buena parte, consentida desde abajo. Cuando Hitler llegó al poder, se dio cuenta, tras sondear a las principales cancillerías europeas, que nadie movería un dedo por el genocidio de los judíos. También Bush, después del 11-S, tuvo la seguridad que algo similar ocurriría respecto de las torturas de los presos en Guantánamo.
Cuando el consejero autonómico o el ex ministro de turno aseguran que en la lucha antiterrorista es preferible “pecar por exceso que por defecto” o que “no hay que producir bajas; pero, si son inevitables, que no sean nuestras”, las alarmas deberían dispararse. Para recordarnos que la tortura no sólo la perpetra el torturador, sino también la sociedad que la tolera. Y que ese acostumbramiento a la barbarie degrada a quien la sufre, pero también a quien la acepta, aunque sea de manera excepcional.
Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona
Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Iker Ayestaran
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Hace cuatro años un emisario del Estado Vaticano advertía a un miembro del partido socialista, ya gobernante, que se cuidaran muy mucho de aprobar la legislación que permitiera el matrimonio a los homosexuales, tal como habían anunciado. La amenaza no era en vano: si se aprobaba la ley, no habría descanso para el Gobierno español por la oposición que ejercerían, no sólo religiosa, sino también por la política, con todas sus fuerzas y por el tiempo que hiciera falta.
Un chantaje en toda regla. Real como las permanentes injerencias del estado papal que, no sólo incumple resoluciones internacionales de la ONU, sino que trasgrede, como la mayoría de las principales religiones, valores universales como la democracia o la igualdad de sexos. Así como traiciona su propio mensaje cristiano alejado del poder y del mundo material. Parabienes terrenales a los que nunca han hecho ascos, gracias a la complicidad de estados mediterráneos y latinoamericanos, donde se perpetúan ingentes privilegios económicos y culturales que nuestros gobernantes no se atreven a eliminar por el miedo a la influencia que ejerce el catolicismo.
Es justo reconocer la inusual valentía de un gobernante como Zapatero que, ante la sorprendida comunidad internacional, y con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos la derecha, ha aprobado la ley de matrimonio más avanzada del mundo. Hecho que sitúa a España como líder del grupo de cabeza con Holanda, Bélgica y Canadá, por delante del resto de legislaciones de otros tantos países, que sólo han aprobado uniones civiles sin la adopción.
Pero el viaje no iba a salirle gratis al impredecible Zapatero, al igual que en los casos de la salida de Irak o la tregua de ETA: los jefes occidentales del poder político y religioso, Bush y Ratzinguer, le juraron una venganza que dejarían en manos de sus verdugos locales, Rajoy y Blázquez. Marionetas a su vez de los ideólogos del integrismo en la retaguardia, Aznar y Rouco. Todo un teatro de, éstos sí, titiriteros de la moral, con el que tapar ante los ciudadanos los desmanes políticos de las guerras y los negocios de los neo conservadores. Al tiempo que encubrir el descrédito de una jerarquía católica empantanada en su anacrónica visión del mundo, los múltiples casos de pederastia y los chiringuitos financieros silenciados como el de Gescartera. Agujeros pendientes de reabrirse con nuevas investigaciones acerca de las sociedades de inversión de las que el nuevo cabeza de la Conferencia Episcopal ha sido presidente y los obispos consejeros de administración.
Insisto, la amenaza del emisario del Papa no fue en vano. La máxima relevancia de la fuente de la información erizaría los pelos a más de uno. La
coincidencia con la realidad no parece ninguna casualidad vista la campaña mediática y política contra el presidente español, con la que deslegitimar la soberanía popular que lo eligió democráticamente. Todo por aprobar la igualdad para los y las homosexuales y, obviamente, por las aún mayores desobediencias del quijotesco leonés ante los poderes establecidos.
Pero supongamos que todo esto sólo sea una confabulación chavista ideada por Llamazares. Supongamos que el rojo, mentiroso y terrorista Zapatero sea culpable del fin de la familia, de la ruptura del Estado, del atentado del 11-M o hasta del calentamiento global. Y supongamos que la niña de Rajoy existe. ¿Cuesta más esfuerzo creer en lo que hemos visto los españoles con nuestros propios ojos durante la última legislatura?
¿Hace falta repetir al ciudadano informado las manifestaciones de los obispos, junto con la plana mayor del PP, en contra de los homosexuales? ¿La justificación de los abusos a menores por el prelado de Tenerife? ¿La incitación a la violencia homófoba por los voceros del Opus Dei que, por cierto, podría ser delito con la nueva ley contra la discriminación propuesta por el PSOE? ¿El insulto de organizaciones como Hazte Oír a los padres y madres de las familias de gais, lesbianas y transexuales a los que se juzga de inmorales por adoptar niños? ¿El incumplimiento de su deber por parte de jueces y funcionarios al negarse a casar parejas del mismo sexo? ¿O la criminalización ultra conservadora del fin pedagógico de medidas como la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
No hace falta recordar lo que se ha hecho patente ante el veredicto de las elecciones: la amenaza del propio líder popular y de Zaplana de cambiar la ley que nos ha restituido el orgullo de ser españoles iguales en derechos. Sustentada por el recurso ante el Tribunal Constitucional, en el que se descalifica nuestra sexualidad como actos deshonestos. Pero luego dicen que no están en contra de nuestro colectivo. No se cansan de mentir una y otra vez, afirmando lo contrario de lo que realmente hacen. Al igual que en todos los asuntos en los que su cobardía tanto les hace pecar, en su único afán de lograr el poder a toda costa. Se llenan la boca con esa patética justificación que nos hace temblar, o reír, cada vez que aflora su hipocresía cuando aducen los muchos amigos gais que tienen. Para, a renglón seguido, cuestionar la denominación universal del matrimonio o aludir a los derechos del niño adoptado frente a los de las personas homosexuales, como si tales argumentos no tuvieran la misma validez para las heterosexuales.
La lucha por nuestros derechos es una causa que ha hecho suya la sociedad entera. Una transformación colectiva protagonizada por hombres y mujeres que han salido del armario en tropel, hartos del miedo al rechazo y a una discriminación histórica. Pedro Zerolo, que ha sido capaz de liderar la normalización desde la fuerza de la razón, es ahora la diana en la que muchos disparan su homofobia hacia la población LGTB. Pero, que no se equivoquen, los que se odian a sí mismos nos van a encontrar: votando por la igualdad, la laicidad y la libertad a las que ya nunca vamos a renunciar.
Miguel Ángel López es Editor de la revista ‘Zero’
Ilustración de Javier Olivares
ERICK PESCADOR ALBIACH
¿Cuál es el límite? Ha tenido que morir una mujer para que nos demos cuenta de que la televisión trata con frialdad, irresponsabilidad y morbo la violencia machista. Hace demasiados años que sufrimos programas como el ahora denostado El Diario de Patricia. Programas que sacan a la luz pública miedos, miserias y desamores de cualquiera capaz de desnudar su íntimo privado sobre lo público televisivo, o que lo engañan para que lo haga.
El diario de Patricia sólo es la punta del iceberg de los programas que promocionan y refuerzan las violencias contra la mujer y lo femenino. Así ocurre, por ejemplo, en Gran Hermano, en Escenas de Matrimonio, que normaliza la lucha de género, en los programas de corazón que trivializan la violencia o en los telediarios que se regodean en presentar el caso de agresión y se olvidan de colocar en el lugar del culpable a los agresores. No hay que olvidar que la mayor parte de ellos se emiten en horario infantil.
Este caso de tanto impacto mediático (quizá por la coincidencia con la semana del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista) no es por desgracia nuevo ni anecdótico. Hace unos meses una mujer sufrió agresiones graves causadas por su ex pareja a la salida del mismo programa.
Este tipo de delitos ligados al género no se juzgan con el mismo rasero. ¿Dónde se ha visto que un delincuente pida perdón a su víctima en público? ¿Pueden imaginar por un momento a un violador o atracador pidiendo perdón a su víctima e intentando alcanzar la reconciliación con la connivencia y el engaño de la presentadora? Pero mejor no demos ideas.
Lo único que podríamos salvar de esta muestra de terrorismo televisivo es que la gente ya sabe que la violencia machista puede tener cualquier cara, incluso una amable y romántica.
El objetivo de estos reality shows es claro: inventar protagonistas anónimos, arrancar del sofá a quien sólo observaba y colocarlo dentro de la televisión. A cambio se le ofrece un bocadillo y los gastos de viaje.
Al amparo de esos programas, a mediados de los años 90 surgieron empresas subcontratadas por las productoras que se dedicaban en exclusiva a buscar y entrenar a personas que hoy clasificaríamos como aprendices de friki. En aquellos primeros tiempos de la telerrealidad, una asociación que investigaba sobre sexualidades en la facultad de sociología recibía a diario llamadas en busca de cualquier persona gay, lesbiana, transexual o bisexual que quisiera contar su historia frente a las cámaras. La captación la llevaba a cabo gente joven de la facultad que, acostumbrada a reclutar voluntarios para grupos de discusión y grupos focales de opinión para estudios de mercado, montó una empresa que surtía a estos programas telebasura de la carnaza necesaria para alimentarlos. En cada convocatoria se realizan perfiles psicosociales completos a través de una entrevista por teléfono y otra personal en el estudio, antes del programa. En ocasiones se les pide que generen conflicto y que sean agresivos a la hora de participar.
Esta práctica continúa siendo habitual. Hace apenas tres semanas recibía la invitación de un canal para participar en un documental de interés social, no como experto en prevención de violencia, sino solicitando que llevara a una de mis alumnas de 15 años para que hablara de su historia de maltrato. También buscaban algún chico de esa edad que manifestara trazas de hombre agresor y que quisiera dar testimonio, en esta ocasión con la cara oculta y la voz distorsionada. De esta forma sólo se normaliza la violencia. Los testimonios personales no informan, sino que deforman y parcializan la realidad.
Seamos conscientes por un momento de cómo la televisión trata el tema de la violencia de género sobre las mujeres y lo femenino. A las víctimas se las expone, se dan sus datos, se habla sin pudor de sus costumbres, y si eran divorciadas, separadas o promiscuas. De los agresores sólo sabemos sus iniciales y que han cometido una agresión que algunos vecinos no entienden: “Sí, discutían mucho, pero él parecía muy buena persona y amable, era muy educado”. Pocas veces se dice algo sobre el castigo que debe recibir o sobre sus antecedentes violentos.
Pero, ¿por qué se mantienen en pantalla programas de tan bajo calado ético? La respuesta es clara. Son programas baratos de máxima audiencia, el paradigma del capitalismo. Más por menos y a costa de lo que sea. Un programa de estas características apenas tiene un coste de producción de entre 20.000 y 30.000 euros, y audiencias que superan los tres millones. ¿Qué audiencia y qué costes tendrían programas de verdadero debate social como aquéllos de La Clave de José Luis Balbín?
Las consecuencias de años sin reflexión nos llevan al punto en que nos encontramos. Las violencias están normalizadas. Convertimos lo anecdótico en normal, y lo habitual en ajeno y poco importante. Quienes dirigen las televisiones públicas y privadas tienen al menos tanta responsabilidad como quienes enseñamos desde las aulas.
Basta ya de hipocresía. No tenemos la televisión que merecemos sino la que nos ofrecen. Es más difícil y caro hacer programas con sensibilidad social, implicados con los cambios, con la igualdad, con el sostenimiento del planeta, con el poder solidario universalizado y con las personas, en lugar de con los impúdicos intereses económicos.
Vivimos en un entorno de creciente crispación, si bien con muchos más medios y mayor capacidad de elección que el que heredamos. Pero esta libertad sólo existe si se ejerce.
Erick Pescador Albiach es sociólogo y sexólogo. Especialista en género, masculinidades y prevención de violencia
Ilustración de Miguel Gallardo
JAVIER SÁDABA
Finlandia es un país poco habitado, rico, ejemplar en su política contra el fracaso escolar, con buenos atletas y al que nos imaginamos en un claroscuro compuesto de hielo y noche. Es el país de los mil lagos que, según la leyenda, nacieron de las lágrimas de los ángeles. Y su lengua, impuesta a los primeros pobladores, que fueron los lapones, se pensó que estaba, como el húngaro, unida a un tronco común al que pertenecería también el euskera. Un pequeño pueblo de este extenso Estado nórdico nos suena a un remanso de paz que rozaría el aburrimiento. En uno de esos pueblos, un joven de 18 años, y previo anuncio en la Red, mató a ocho personas en un instituto. Entrar a tiro limpio allí donde se encuentran unos muchachos estudiando pacíficamente y en un lugar del mundo que hasta ahora no se había distinguido nunca por escándalos con una repercusión mediática tan acentuada hace que se disparen, esta vez sólo las preguntas, sobre cuáles son las causas de tal anómala conducta.
La psicología y la psiquiatría nos han ido descubriendo, desde hace años, las disfunciones de la personalidad, los desequilibrios psicológicos que llevan a un individuo a comportarse fuera de los cánones habituales de conducta. Y las ciencias del cerebro, en su desarrollo espectacular, nos señalan cómo alteraciones en las distintas partes y funciones cerebrales pueden dar lugar a acciones como la descrita. Son los llamados perturbados o, más concretamente, psicópatas. Por causas genéticas, ambientales o por una mezcla de ambas, los individuos en cuestión actúan sin ser responsables de sus actos. Serían los que jurídicamente se llegó a llamar mens rea; es decir, una mente que no es libre y, por lo tanto, que no es capaz de dar cabal razón de lo que hace. No se trataría, en fin, de una violencia culpable; o, lo que es lo mismo, las acciones no surgen de un sujeto que es plenamente dueño de su comportamiento.
Pero las cosas no son tan sencillas. Y es que, ¿por qué las disfunciones cognitivas o de conducta se manifiestan tan violentamente? Por otro lado, el finlandés que mató a compañeros y profesores, y posteriormente se quitó la vida, expuso su doctrina, una pobre doctrina, como justificación de la brutalidad que cometió. En concreto y en una disparatada interpretación pseudodarwiniana, creía que la selección natural, mecanismo indispensable en la evolución, no era lo suficientemente sabia como para eliminar a todos los débiles y, en consecuencia, se veía obligado a ayudarla. Como se ve, todo un ejercicio de amor a los demás. Dicho más llanamente, que se mueran los feos y, si no, les matamos. La violencia, recordémoslo, no es agresividad. Agresivos son los animales que, según sus instintos, agreden a otros animales. La violencia se inscribe en el mundo de la cultura, es una hipertrofia de ésta, y, por lo tanto, en el mundo de la libertad. Es un paso más, algo que se nos imputa y de lo que tenemos que dar cuenta. Por eso y aunque tal vez el pobre finlandés estuviera sumido en las brumas de alguna enfermedad, un resquicio de cultura se introduce en sus acciones. La violencia, así, se convierte en una mezcla de causas naturales que no nacen de un sujeto libre y de un componente violento que ha penetrado en el individuo desde un ambiente, es obvio, también violento.
Y es que podríamos distinguir tres grados de violencia. Uno sería totalmente natural, debido a impulsos fuera de control de quien la ejerce. Si éste es el caso del finlandés poco más habría que añadir, a no ser lo antes expuesto y que remite a los expertos en psicopatologías. En un segundo estadio se coloca esa violencia voluntariamente programada, que se pone en práctica muchas a veces a favor de una causa noble. Un guerrillero es un ejemplo típico de este tipo de violencia. Es claro que si existen otros medios o instrumentos a disposición, si la acción violenta acrecienta aún más la violencia, mimetiza lo peor de aquello contra lo que se lucha y no tiene en cuenta que la autonomía de los demás no es una ficha en el tablero político, es moralmente reprochable. Finalmente existe una violencia legítima en la que se combate al tirano, se defiende al débil frente al poder absoluto y no hay más alternativa que el recurso a poner en marcha actos violentos. Tal violencia, por dolorosa que sea, está justificada. Se trata de la legítima defensa y que, trasladada al campo social, legitima la guerra justa. Uno no cree que haya muchas guerras justas, pero quede al menos como concepto válido, en circunstancias extremas. Esta violencia tiene, entre sus defensores, lo digo para no llevarnos a engaño, a bastantes teólogos cristianos y hasta al mismísimo Tomás de Aquino.
Lo que sucede es que las tres violencias se inscriben en una sociedad violenta. La violencia, que debería servir para controlarnos a nosotros mismos, se desborda y pasa a utilizar al resto de los humanos como si fueran meros objetos. Y en esto estamos siendo campeones. Unos, desde luego, más que otros. El poder por el poder, el dinero, las armas, el orgullo insensato, el querer tener más, la incapacidad para reconocernos por lo que somos y no por lo que tenemos, da como resultado un planeta humano violento. Tan violento que se expolia la naturaleza, se explota al que sirve como fuerza de trabajo y se somete a los ciudadanos. Los Estados, las instituciones, la vida en general, dividida entre los que dominan y los dominados, genera, cómo no, un ambiente pleno de violencia. Si éste es el mundo que habitamos, ¿cómo sorprendernos de que existan las violencias antes mentadas y, en concreto, la de la evangélica Finlandia.
Javier Sádaba es Catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Mikel Jaso
EVA MINTENIG 
Si no lo digo, reviento. Condeno enérgicamente la violencia extrema y racista de Sergi Xavier, pero quiero que alguien le ayude. Este chico necesita ayuda. Me sentí personalmente agredida cuando vi las imágenes grabadas en el metro de Barcelona, hará cosa de una semana, y no dudaba de que Sergi pasaría una buena temporada a la sombra. A todos nos ha violentado la desfachatez con la que el chico afrontaba el asunto los primeros días, y hemos cuestionado el auto del juez que le dejó en libertad provisional con cargos, aunque los juristas dicen que es ajustado a ley. La agresión, la reacción del chico, la resolución judicial, todo es, o parece, desmesurado. Y, a mi entender, también lo son la exhaustiva cobertura mediática y las barbaridades que se han visto y oído estos días en decenas de televisiones y emisoras de radio del país. El sábado por la noche estaba sola en casa, y se me ocurrió poner la tele. Me enganché, cómo no, a la simpatía del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, explicando sus cuitas con el Rey. A continuación, anunciaban los rótulos, hablarían de la agresión de Sergi Xavier. Me quedé. Y lo que vi y escuché me dejó de piedra. “Vamos a por él”, decían los SMS. “Sabemos dónde vive. ¿No tiene una abuela? Pues vayamos allá”. Los presentadores, con semblante circunspecto, insistían en que se estaba fraguando una venganza de los grupos latinos violentos. Sólo faltó que precisaran la dirección del individuo. Me asusté tanto por la posibilidad de asistir en directo a un linchamiento público, que apagué el televisor. Sí, Sergi Xavier tiene una abuela. Tiene más de ochenta años, y cuida del chico desde que era pequeño, porque su madre le abandonó. El padre es alcohólico, y nunca se ha ocupado de él. “¿Y qué?”, se dirán ustedes. “Hay miles de niños abandonados que no van por ahí pegando brutalmente a las chicas inmigrantes que viajan en metro”. Cierto. No es una justificación. Pero yo me empeño en ponerme en la piel de cada uno, y en no juzgar de manera generalizada. Repito: la agresión a esta chica es deleznable y condenable. Pero ¿dónde se ha originado? En la falta de afecto, de educación y de atención, seguramente. ¿Cuándo ha obtenido Sergi Xavier atención? Cuando ha pateado de forma obscena y pública a una menor ecuatoriana en un vagón de metro y las imágenes han salido a la luz. Fotógrafos y cámaras de televisión, a puñados, le han seguido todo el día. Se ha convertido en el protagonista de la actualidad nacional, ¿quién lo iba a decir? “Es un macarra, a la cárcel con él”. Es lo que pensé en un primer momento. Ahora, ya no. Ahora pienso que vivimos, afortunadamente, en un país rico que dispone de recursos (pagados por todos nosotros) para afrontar estos casos. Quiero que con mi dinero, que sufraga el tráfico de armas y el ejército, la sanidad y la educación públicas, se trate a este individuo. Que la asistencia social se haga cargo de él y de su abuela y que si, como parece, este chico padece un trastorno psiquiátrico grave, se le interne y se le recupere, si es posible. ¿Qué ganamos con recluirle, sin más, en un centro penitenciario? Que su odio y su violencia se acrecienten a medida que crece su miedo, nada más. Miedo a naufragar más todavía, a la condena de depender para siempre de la bebida y de la droga. Miedo a la agresividad que le lleva a insultar y a agredir al débil y al diferente. Cuanto más débil y diferente, mejor. Mujer, inmigrante, menor, indefensa. Lo que él ha vivido es que sus padres no han querido hacerse cargo de él: debe de ser que él es muy malo. El sábado lo decían en la tele: “El padre, sus razones tendrá para beber, y la madre, para abandonarle”. Éste es el mensaje que se transmitió en un programa de máxima audiencia. Y no: “Si tienes un hijo, debes responsabilizarte de él”. ¿Por qué hablo de Sergi Xavier? Porque creo que está muy desprotegido. A la víctima de su agresión la compadezco sinceramente y pienso que es totalmente injusto lo que le ha ocurrido. Está conmocionada y muy asustada, pero por suerte cuenta con una red familiar y de amigos que sin duda la ayudarán a superar el trauma. Y también, con la solidaridad y los recursos de nuestra sociedad. No quiero zanjar el tema sin hablar del testigo que presenció la agresión simulando que no se enteraba de nada. No es un cobarde. Es un chico superado por un miedo atroz. Quien no sea inmigrante, sometido a constantes violencias sutiles pero abrumadoras, que se halle de repente en una situación como ésta, que tire la primera piedra. Animo a sus vecinos a que dejen de humillarle e insultarle, y que hablen con él. La información es poder y sabiduría, y la ignorancia, un peligro para todos. Eva Mintenig es periodista
