Ayudas agrarias y Política Agraria Común. Retos a futuro

21 Nov 2017
Compartir: facebook twitter meneame
Etiquetas: , , ,
Comentarios

Carmen Molina 

 

 

 

Este mes de noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, presenta su propuesta de reforma de la PAC. Se filtraron antes algunas de las cuestiones que se van a presentar a los Estados miembros.

Algunas son:

– introducir un importe máximo de pago directo por beneficiario en el rango entre 60 000 EUR y 100.000 €;

– soporte mejorado a granjas más pequeñas, en particular a través de un pago redistributivo;

– enfocar las ayudas en aquellos que dependen de la agricultura para ganarse la vida

 

Estos son planteamientos acertados que, sin embargo, también fueron propuestos en la PAC ahora vigente y no fueron bien acogidas, ni consiguieron imponerse. Espero que lo sean esta vez.

En ese sentido, el Gobierno de Aragón ha lanzado una propuesta de reforma de la Política Agraria, que introduciría cambios profundos respecto al statu quo actual y uniría todas las líneas de subvenciones en una única, destinada directamente a compensar la renta de agricultores y ganaderos. Eso conlleva la eliminación de los derechos históricos actuales. Según dicen, sería un sistema que primaría a quienes más dependen de la agricultura y mayor contribución hacen a su mejora, e implica una gran simplificación, al unificar un centenar de líneas de ayudas PAC diferentes que actualmente suponen un “laberinto administrativo” y perjudican al agricultor.

Pero mas allá de estas consideraciones de distribución del presupuesto, sobre las Políticas Agrarias Comunitarias, lo primero que conviene destacar, aunque pueda parecer obvio, es que al hablar de PAC estamos refiriéndonos a POLÍTICAS que se enmarcan en el espacio EUROPEO y que pretenden ser COMUNES. No se trata solo de dinero a repartir entre los agricultores y ganaderos que cumplan ciertos requisitos, es algo bastante más serio y con mayores implicaciones para la sostenibilidad de nuestras sociedades actuales y venideras.

Hay que saber que, hasta ahora, buena parte de las subvenciones europeas agrícolas, van a parar a manos de grandes corporaciones multinacionales que hacen de intermediarios en la cadena de valor de las producciones agrícolas. Esto tiene consecuencias que afectan, tanto a los pequeños agricultores, que a duras penas sobreviven en la precariedad a que se ven sometidos por esta falta de apoyos, como al progresivo deterioro ambiental que generan las explotaciones agroindustriales en intensivo. Y acarrea el progresivo abandono a causa de la falta de expectativas en el rural, de manera que no está habiendo relevo generacional en una actividad tan importante como la producción de alimentos. Una conclusión a la que llegamos en jornada organizada por Primavera Europea en el Parlamento Europeo fue categórica: “los agricultores europeos son una especie en vías de extinción si no se toman las medidas necesarias para remediarlo”.

De vez en cuando nos recuerdan, porque sale a la luz y lo publica algún medio, que los beneficiarios en nuestro país, de las ayudas asociadas a la producción que llegan desde Europa, las reciben personas u organizaciones que forman parte de las mayores fortunas de España. Y, eso, teniendo en cuenta que la PAC se creó para mejorar la productividad agraria y garantizar a los agricultores de la UE una vida razonable, resulta chocante. Así como resulta chocante que estas corporaciones necesiten ayudas siendo intermediarios, teniendo en cuenta que, con lo que negocian es con la alimentación y que, además controlan los dos extremos de la cadena, esto es, exigen a los agricultores cumplir determinados requisitos de supuesta calidad, aspecto, calibre… que obliga a estos a producir por encima de lo que esperan vender, sabiendo que tendrán que deshacerse de casi un tercio de lo que producen (lo que es un despropósito) y asimismo por el otro extremo de la cadena, deciden lo que el consumidor final va a consumir, en qué formato y con qué características.

Analizando la situación y las políticas por las que han apostado tanto el gobierno central como las CCAA, se puede decir que, en los periodos de negociación con la UE, las posiciones han sido bastante coincidentes, aunque por motivos diversos. Sin embargo, da la impresión de que no ha habido ni hay una línea estratégica clara desde el MAPAMA ni tampoco desde las Autonomías respecto al modo de incentivar nuestro sector agrario, tan maltratado desde el punto de vista de la defensa de los principales actores, que son los agricultores y ganaderos que mantienen, cuidan y preservan nuestros recursos.

La Política Agraria Común debe enfrentarse a desafíos como la soberanía alimentaria, el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una economía rural viva.

Cabe también decir, que el marco que parece más adecuado en aras del interés común de los ciudadanos europeos y no sólo de sus agricultores y ganaderos, viene mejor definido por La expresión “SOBERANÍA ALIMENTARIA” que no “SEGURIDAD ALIMENTARIA”: Porque más allá de la trazabilidad que queramos tener sobre los productos agrarios y de garantizar el sustento de la población, lo que es crucial, tanto para la economía como para la sostenibilidad de la vida, es garantizar que los territorios sean soberanos para alimentarse a sí mismos sin tener que producir para los grandes mercados globales en manos de especuladores financieros, a costa de poner en riesgo su autoabastecimiento de alimentos básicos. Por ello, la mejor inversión de las ayudas agrícolas debería estar orientada a promover una agricultura con criterios que garanticen el futuro de un sector donde se constata el envejecimiento y falta de relevo generacional por las escasas perspectivas de alcanzar niveles de vida dignos, máxime teniendo en cuenta que, los agricultores son los que mantienen y cuidan los tres recursos más amenazados a nivel global por la actividad agrícola, que son: agua, suelo y biodiversidad.  

El Pilar 2 de la PAC, fundamental para ofrecer futuro al mundo rural, se destina al desarrollo rural y medidas agro-climático-ambientales. Sobre este segundo pilar, el MAPAMA ha pretendido dejar sin fondos los proyectos piloto de la Red Rural Nacional, que generaron buenos resultados en periodos anteriores. Habría interesantes oportunidades si se apostase decididamente por los circuitos cortos de comercialización, por apoyar y facilitar la conversión a agricultura ecológica, cuidadosa con el entorno, el apoyo a la ganadería extensiva, la introducción de agrobiodiversidad local, o el apoyo a otras formas de manejo sostenibles. También apoyo a la mujer rural, ya que las cifras ponen de manifiesto su escaso peso, el 67% de la titularidad de las tierras pertenece a hombres. Habría que incluir criterios que favorezcan la equidad en la concesión de subvenciones para reducir la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito rural.

Por muchas de estas cuestiones, la PAC es una de las políticas más criticadas de la UE. Y por ello, la revisión que se está haciendo ahora de la misma, tiene que servir para orientar el modelo agrícola europeo hacia una mayor sostenibilidad y equidad. Se precisa que las inversiones vayan destinadas a la agricultura y ganaderías ecológicas, extensivas y familiares, y en pro de los bienes comunes y de la soberanía alimentaria. Una política agraria orientada a pequeños y medianos productores, que contribuya a fijar población en zonas rurales, evitando el despoblamiento de pueblos y regiones.

Por otro lado, es imposible repensar la política agraria sin tener en cuenta el gran reto de este siglo XXI, el cambio climático. Es realmente urgente invertir en una agricultura resiliente, por el importante rol que juega la agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Retos importantes y urgentes de abordar. Retos que atañen a las decisiones que se acaben adoptando en las políticas agrarias que finalmente se trasladen a cada estado miembro y a cada autonomía. No puede ser una utopía la consecución de consensos para el futuro, porque la política agraria es básica y, en realidad tiene que plantearse, no solo como política agrícola, sino agro-alimentaria, esa que se ve fuertemente afectada por acuerdos comerciales como CETA o TTIP.

* Carmen Molina Cañadas es Diputada en Parlamento de Andalucía y coportavoz EQUO Andalucía

 


comments powered by Disqus