22 abril, 201823 abril, 2018

Alejandro Sánchez 

Las redes de espacios naturales protegidos son el armazón sobre el que se sustenta la protección del territorio y la conservación de la biodiversidad. Son parte fundamental de la política de fomento y protección de las "infraestructuras verdes" de la que hablan los organismos europeos y que consiste en garantizar los servicios ambientales de los ecosistemas: el aire para respirar, el agua para beber, los pastos para el ganado, el suelo para la agricultura, los bosques para la madera, el paisaje para el recreo y el deporte al aire libre, etc. etc.
Además las áreas protegidas son, o deberían ser, un elemento fundamental de cualquier estrategia de desarrollo territorial, que se ocupe no sólo de tener unos pocos espacios para nuestro uso y disfrute como turistas o como vecinos, sino de conectarlos entre sí mediante corredores para que puedan mantener su funcionalidad ecológica, ya sean ríos, vías pecuarias, montes de utilidad pública o protectores, zonas verdes urbanas y periurbanas, e incluso espacios agrarios.
Estas infraestructuras verdes son aún más necesarias en regiones superpobladas y surcadas por infinidad de infraestructuras de todo tipo, como es la Comunidad de Madrid, la de mayor densidad de población (más de 800 hab/km2) y una red de autopistas, líneas de AVE e infraestructuras de todo tipo tremendamente tupida, amén del aeropuerto más grande de España. ¡En Madrid todavía queda campo y sierra, sí, pero más del 15% de la superficie está urbanizada!
Pero a pesar de este reconocimiento europeo e internacional, las redes de espacios protegidos vienen siendo denostadas desde hace tiempo por distintos colectivos, en especial los que combaten las restricciones que las leyes imponen para estos espacios: no nos dejan cazar, pescar, escalar, pastorear, talar, cultivar, usar el 4x4, construir... La casuística es tan larga como variopintos son los usos del territorio y los colectivos que los aprovechan. A menudo se olvida que no todos podemos hacer de todo en todas partes. Pero esto es instrumentado continuamente por grupos enemigos de la conservación del medio ambiente, desarrollando argumentos demagógicos lamentables, sí, pero muy efectivos. El otro día un alcalde de la Sierra de Madrid me dijo, "los ecologistas no me dejan arreglar la carretera". "¿Los ecologistas?", cuestioné, "será la administración regional". "Bueno, claro, pero es que tienen miedo de los ecologistas". Pues no lo demostraron cuando desdoblaron la M501 cruzando una Zona de Especial Protección, violentando las leyes como quedó acreditado en los tribunales. Ahí sigue la autovía por cierto. Demasiada poca gente cuestiona las ilegalidades de este tipo, aún menos cuando el delincuente es... la administración.

También hay críticas desde el otro extremo. En particular algunos ecólogos y ecologistas que señalan que poner excesivo foco en los espacios protegidos puede significar dejar el resto del territorio al pie de los caballos. Que es mejor una planificación del territorio de amplio espectro. Y yo estoy de acuerdo. Es necesaria una ordenación del territorio de carácter estratégico, e incluso más, es imprescindible que la normativa medioambiental y urbanística se extienda y se respete fuera de las áreas protegidas para que no se conviertan en islotes verdes sin sentido en una matriz de infraestructuras, zonas urbanizadas y monocultivos agroindustriales.
Pero retomando Madrid como caso de estudio, tenemos una Comunidad donde Cifuentes viene presumiendo de que el 48 % está supuestamente protegido por distintas figuras de protección, el mayor porcentaje detrás de Canarias. Aunque esto no es realmente así. Solo el 15% (120.964 ha) son espacios protegidos de acuerdo con la ley: un parque nacional, tres parques regionales, y luego otras figuras menores, aunque incluyan espacios tan importantes cualitativamente como El Regajal o el Hayedo de Montejo. Es cierto que si añadimos todas las zonas Red Natura 2000 el porcentaje asciende casi hasta el 40% (319.669 ha), aunque las zonas Natura 2000 tienen un régimen de protección más permisivo pues se crean específicamente para conservar unas especies o hábitats objetivo.
Lo que no dicen es que todos estos espacios están protegidos sobre el papel, pero que la administración los tiene prácticamente abandonados, destinando presupuestos ridículos y externalizando la práctica totalidad de servicios, desde la vigilancia, al uso público, la educación ambiental, el seguimiento de la fauna y flora, etc. etc. De hecho muchos de estos espacios ni siquiera tienen plan de uso y gestión, o el que existe está totalmente obsoleto. Para ejemplo la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, que UNESCO ha amenazado con descatalogar por llevar 20 años abandonada y que ha provocado que la Consejería del ramo se apresure a hacer una nueva zonificación y ampliación para evitar el descrédito que supondría.
Si esto ocurre en las joyas de la naturaleza madrileña que cuentan con presupuesto propio qué pasa con la protección del resto del territorio. Pues el resto de reservas o zonas de especial protección directamente carecen de la mínima atención. Los corredores ecológicos que deberían terminar de conformar esa infraestructura verde, no existen más allá de un estudio que se hizo en 2010 y no se ha implementado en absoluto, reduciéndose año tras año. Y el plan integral de ríos y humedales de Madrid, otro de los pilares de esa red verde, no acaba de salir de la fase de borrador. Para qué vamos a hablar de protección del paisaje, inexistente en la legislación madrileña.
Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid carece de una ley propia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad que dote de coherencia y garantice la conservación de los espacios protegidos. Si queremos que el 15% urbanizado no arrincone y termine de devorar nuestros espacios protegidos tenemos que solventar cuanto antes ese hándicap, y hay que realizar una estrategia de ordenación territorial que reconozca, refuerce y fomente todas esas infraestructuras verdes, de las cuales dependemos no ya para vivir mejor, sino para sobrevivir.

 

*Alejandro Sánchez Pérez es Diputado de la Asamblea de Madrid y Coportavoz de EQUO Madrid