La sostenibilidad del sistema público de pensiones

11 Abr 2013
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Gregorio Rodríguez Cabrero
Universidad de Alcalá

Bajo la presión de Bruselas el gobierno de Zapatero aprobó al inicio de 2011 una reforma del sistema público de pensiones que, en todo caso y después de duras negociaciones, concitó el apoyo de los sindicatos y de las organizaciones patronales y, como las reformas previas, fue asumido por el Pacto de Toledo. La reciente reforma del sistema de pensiones (Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo) se ha adoptado al margen del Pacto de Toledo y como respuesta nuevamente a la presión de la troika en favor de una aceleración del ajuste a la baja del sistema público de pensiones. Reflexionar sobre este cambio y sus implicaciones sociales y financieras, es el objetivo de este texto.

El sistema de pensiones de España es un sistema de reparto que desde 1995 ha sido objeto de reforma permanente en el llamado Pacto de Toledo con el fin de garantizar un adecuado nivel de vida de los trabajadores pensionistas. Dicha reforma permanente echa a andar justo en el momento en el que el FMI y el Banco Mundial apuestan por la extensión de los sistemas privados de pensiones. La lógica de esta apuesta es convertir los sistemas públicos de pensiones en un sistema de tres patas: un sistema público básico, un sistema de capitalización gestionado por las entidades financieras (el central) y un sistema de ahorro individual. La gestión de la segunda pata o pilar, la profesional, es el objeto de deseo del poder financiero transnacional que pretende arrancarlo de los sectores públicos para convertirlos en un espacio de rentabilidad ampliada. El problema que se suscita es si las pensiones deben ser objeto de rentabilidad o de sostenibilidad. La segunda opción, sostenibilidad, es la que aquí defendemos como socialmente justa y técnicamente más viable a largo plazo.

La reforma española de 2011 ampliaba la edad de jubilación de los 65 a los 67 (con un calendario de implantación), aumentaba desde los 35 a los 37 años el período para percibir una pensión completa, la base reguladora de cálculo de la pensión se amplía de 15 a 25 años y anuncia la introducción del llamado factor de sostenibilidad (cálculo de la esperanza de vida cada cinco años como método de ajuste de la pensión).

La reforma urgente de marzo de este año viene a penalizar la jubilación anticipada y la parcial sin haber sido pactada previamente ni con los agentes sociales ni en el Pacto de Toledo. La reacción de los sindicatos UGT y CCOO, así como la de la mayoría de los partidos, ha sido la de calificar de injusta y dura una contrarreforma que penaliza a los trabajadores mayores de 55 años al endurecer las condiciones de acceso al subsidio de desempleo que, en su gran mayoría, son vulnerables en mercados de trabajo inestables y precarios como son buena parte de los de nuestro país. La inmensa mayoría de las personas mayores trabajadoras no se jubilan por libre elección sino por expulsión del mercado de trabajo que los hace prescindibles. Recordar este hecho es crucial para evitar lugares comunes y no estigmatizar a los trabajadores más precarios.

El sistema español de pensiones es de cobertura universal (abarca a más de 8 millones de pensiones), el porcentaje del gasto sobre el PIB se sitúa en torno al 10,7% (media de la UE 13%) y el gasto en euros por habitante en 2010 era de 1.863 euros (media en la UE-27 de 2.769 euros). Su intensidad protectora es limitada y por ello su impacto en la lucha contra la pobreza es desigual. Los complementos al mínimo y la mejora de las pensiones mínimas en el período han mejorado la capacidad redistributiva de las pensiones. En todo caso la contribución a la calidad de vida de las personas mayores, junto con el sistema sanitario y los servicios sociales (hoy sometidos a severos recortes), hacen del sistema público de pensiones una pieza maestra de nuestro sistema de protección social y el instrumento más poderoso de solidaridad intergeneracional. Garantizar su sostenibilidad es una opción política estratégica. Dicha opción está sometida a fuertes condicionamientos entre los cuales los ideológicos no son los menores, todo lo contrario. Los condicionamientos de tipo financiero y demográfico son muy importantes pero al final se trata de una opción política y social sobre el sistema que queremos establecer para garantizar el nivel de nuestros pensiones.

Por ello, más allá de la reforma reciente es necesario plantear el devenir del sistema público de pensiones. El sistema de reparto depende de factores demográficos (como la esperanza de vida), la relación entre cotizantes y pensionistas y de reglas institucionales referidas al cálculo de la pensión o sustitución entre salario y pensión. Pero también, como antes decíamos de qué modelo de solidaridad intergeneracional queremos dotarnos.

El sistema actual de reparto basado en las cotizaciones sociales seguramente tendrá dificultades para su sostenibilidad a tenor de las elevadas tasas de paro, empleos precarios y bajos salarios. Con estos factores operando, y sumado el efecto demográfico, sobre todo a partir de 2030, la sostenibilidad en base a las cotizaciones sociales parece que será insuficiente para garantizar las pensiones. Los ajustes que se pueden hacer sin cambiar la base de los ingresos seguramente persistirán en el camino de la contención y recorte de las pensiones. El Fondo de Reserva no será suficiente para garantizar las pensiones y ya en 2012 ha empezado a detraer recurso (el 10%). Algo habrá que hacer si queremos mantener el actual sistema público de reparto.

Con un mercado de trabajo como el que tenemos, sin ampliar el empleo y la calidad del mismo no es posible garantizar un sistema de pensiones de calidad. Elevar las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores en el contexto de una economía global seguramente generará dificultades de competitividad en algunos de los sectores productivos. Por lo cual la alternativa será, si decidimos mantener el sistema de reparto, que entendemos es la mejor opción política y técnica, garantizar la financiación del sistema con medidas como: la lucha contra la economía sumergida y completar la financiación vía impuestos generales, lo que ambos casos supone reducir las bolsas de fraude del empleo y fraude fiscal.

Estas medidas, acompañadas de reformas permanentes pactadas que mejoren los salarios y el empleo, así como la mejora de las pensiones mínimas, no solo harán viable el sistema público de reparto sino que contribuirán a poner en su justo punto los lugares comunes sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones. El miedo y la incertidumbre que ha generado el sistema financiero mundial, incluido el español, sobre el devenir del sistema público de pensiones pueden revertirse mediante políticas decididas que pongan de manifiesto que es sostenible, eficiente, redistributivo y factor de estabilidad económica. Hasta ahora lo ha sido y no tiene por qué no ser así si tal es la elección social, no la de los mercados financieros.

Las alternativas privadas, los llamados fondos privados de pensiones, han demostrado ser menos rentables, inciertos y no sostenibles. Menos rentables en sus inversiones que los activos invertidos en los Tesoros públicos; inciertas ante las crisis financieras como se ha demostrado mediante las elevadas pérdidas del valor de las inversiones con la gran crisis financiera; y no sostenibles por su limitada capacidad de control público en cuanto en qué invierten y donde invierten. Someter los fondos de pensiones a los casinos financieros es un riesgo que no pueden asumir las sociedades democráticas.


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