Fernando Luengo
Miembro del colectivo econoNuestra y
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

Con el paso del tiempo, es mayor si cabe la necesidad de propiciar un viraje. Porque la degradación social, política y económica ha superado el rubicón y puede convertirse, si no lo es ya, en irreversible; por la enorme cantidad de recursos que se están dilapidando, lo que hipoteca y condiciona muy negativamente la viabilidad de otras políticas económicas con un diseño alternativo; por el profundo desánimo y escepticismo en que está inmersa la población; por el enorme poder que han acumulado las grandes empresas y los mercados donde articulan sus intereses; por el descrédito de la política y de los políticos; por la incapacidad de las izquierdas de sostener un discurso alternativo y de movilizar las fuerzas necesarias para llevarlo adelante; por la deriva autoritaria y antidemocrática que está emergiendo de la crisis y de la gestión de la misma que realizan los poderes fácticos; y porque las oligarquías económicas y políticas sí han aprovechado su oportunidad y se han hecho más fuertes. Por todo ello urge aplicar un plan de emergencia.

Lo más urgente —en el corto plazo, pero con consecuencias de muy largo recorrido— es detener las denominadas políticas de austeridad. Por varias razones: han fracasado en la consecución de aquellos objetivos que, en principio, las justificaban; no sólo son incapaces de reactivar la economías sino que, además, están destruyendo capital productivo y provocando una fractura social de grandes dimensiones; han instalado a las economías en bucles de los que cada vez es más difícil y costoso salir; han agravado la problemática estructural que constituye en mar de fondo de la crisis; están dando lugar a una distribución injusta y extremadamente desigual de los costes de la crisis; y al dislocar la sociedad y los espacios públicos desactivan la resistencia social y debilita las fuerzas que podrían impulsar un cambio. Por todo ello, es imprescindible un viraje sustancial en la política económica aplicada por gobiernos y responsables comunitarios.

Es necesaria una activa política de gasto público. Antes de proseguir, salgamos al paso de una obviedad: apelar al gasto de las administraciones públicas, muy especialmente en una situación de crisis severa como la actual es compatible, digamos que necesariamente compatible, con una gestión eficiente de los recursos públicos. A modo de ejemplo, resulta necesario denunciar, corregir y evitar los muy diversos despilfarros, estrechamente relacionados con la corrupción de una parte de la clase política que ha actuado en connivencia y al servicio de diferentes lobbies empresariales.

En un contexto dominado por la atonía de la demanda privada y por el todavía elevado nivel de apalancamiento de familias y empresas, las administraciones públicas deben intervenir para reactivar la economía, llevando a cabo programas de gasto que contribuyan al fortalecimiento de la demanda agregada. Además, con una visión más estratégica, el activismo estatal es asimismo imprescindible a la hora de acometer políticas encaminadas al fortalecimiento de la cohesión social, dentro de un concepto de ciudadanía que está en la base del olvidado modelo social europeo, la creación de empleo y la renovación de las capacidades productivas.

Estos objetivos reclaman una enérgica, ambiciosa y selectiva intervención del estado, en lugar de su retirada y adelgazamiento y deben convertirse en las piedras angulares de un nuevo formato de política económica. Una activa política de gasto no sólo crea las condiciones a corto plazo para salir de la recesión sino que, a medio y largo plazo, garantiza un saneamiento sostenido de las cuentas públicas. Debemos ser conscientes, no obstante, de que las de varios países europeos se encuentran en una situación límite: insostenibles niveles de deuda y déficit públicos y déficit primarios (esto es, una vez deducidos los pagos en concepto de intereses). En este contexto, cabe preguntarse sobre la viabilidad de este tipo de políticas.

En un horizonte temporal más dilatado, sin las urgencias de la coyuntura, la reactivación de la economía financia y sanea las cuentas públicas, pero un plan de emergencia como el que proponemos requiere de una enérgica actuación por el lado de los ingresos, diseñando y ejecutando una política recaudatoria que nutra de fondos los programas de gasto público. Hay margen recaudatorio que, de utilizarse, aliviaría la presión sobre los gastos públicos, mitigaría la carga de la deuda y, en términos generales, mejoraría la situación presupuestaria de los gobiernos.

Existe un evidente potencial recaudatorio en el ámbito de actuación de los gobiernos y también a escala comunitaria que depende, antes que nada, de la existencia de una voluntad política. En este sentido, pueden explorarse diferentes caminos, hasta ahora cerrados por falta de esa voluntad y porque los gobiernos han priorizado las políticas de reducción de gasto, sobre todo en su componente social.

El gravamen que pesa sobre las rentas del capital, los patrimonios y las grandes fortunas es muy bajo, comparado con el que grava los ingresos de naturaleza salarial; además, los perceptores de esas rentas son los que alimentan las muy importantes bolsas de fraude y los paraísos fiscales, sobre los que asimismo es un imperativo actuar. Existe asimismo un potencial recaudatorio asociado a la fiscalidad verde y la que podría gravar las transacciones financieras especulativas. En definitiva, los programas de gasto público, inaplazables, podrían financiarse con cargo a esos ingresos, sin necesidad de aumentar la presión fiscal soportada por las capas de población medias y bajas y la que grava el consumo de la población.