PILAR MARTIN  y MARIA FLORES

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de "libre designación", un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero "agujero" económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.