La perversa lógica de los recortes

07 Jun 2013
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María Eugenia Ruiz-Gálvez
Investigadora del Grupo Economía Política de la Mundialización y miembro de Econonuestra

Las últimas noticias que nos llegan desde Bruselas muestran un aparente viraje en el discurso de la Comisión Europea. Un nuevo planteamiento para la salida de la crisis que pretende relajar las exigencias sobre el cumplimiento del déficit público, a cambio de medidas contundentes que obliguen a los estados miembros a intensificar el ritmo de sus reformas estructurales. A pesar de ser presentadas como meras recomendaciones, en el documento oficial donde se exponen, vienen acompañadas de medidas, estrategias y sus correspondientes plazos de aplicación explícitamente señalados. Asimismo, tras el encuentro de la pasada semana, el ministro de economía alemán, Philipp Rösler, instó a cumplir estas recomendaciones y destacó que “deben reflejarse en decisiones consecuentes de política económica”. Lógicamente, aflojar la presión sobre el déficit tiene un coste, y en el caso español parece que el precio a pagar es el incremento de la edad de jubilación, flexibilizar aún más el mercado de trabajo y posiblemente, —tras las actuales negociaciones con la Comisión Europea— la subida de impuestos indirectos como el IVA.

A pesar de las consecuencias sociales y económicas que se han derivado de las anteriores políticas de ajuste, la Comisión Europea y su gabinete de economistas siguen defendiéndolas como única vía para salir de la crisis. La capacidad de ejercer el poder,  y los “rigurosos” supuestos matemáticos en los que se escudan, han asegurado que se avance en esa dirección. Pero la realidad termina dando la razón a tantas voces que contradecían dichas argumentaciones, y  los propios resultados demuestran la perversa lógica y la lejanía de sus objetivos ante los verdaderos problemas y necesidades de la sociedad. Efectivamente, la actual situación de emergencia económica y social exige medidas contundentes, pero ¿cuál es el objetivo que tienen que alcanzar?

Las preocupantes tasas de desempleo, a pesar de las últimas estadísticas del mes de mayo, siguen ocupando el centro mediático y político actual, no sólo por las elevadas cifras que representan, sino también por la preocupante precariedad en la que se basan (92% de los contratos en mayo fueron temporales). De esta dramática situación han derivado numerosos planes y sugerencias políticas en materia laboral, tanto a nivel estatal como europeo. El pasado febrero, la UE aprobaba el Plan de Fomento del Empleo Juvenil 2014-2020 dirigido a los 6 millones de jóvenes desempleados (de los cuales 2 millones están en España), para el cual se destinada el 0.05% del presupuesto y del que apenas sabemos las medidas específicas que quieren implantarse a nivel comunitario. Al mismo tiempo, el  Gobierno acordó destinar 3.500 millones de euros para combatir el desempleo juvenil mediante el Plan Estratégico para el Emprendimiento y el Empleo compuesto por 100 medidas, un conjunto de políticas que distan de las necesarias para combatir el paro estructural y en el que la medida estrella que se presenta es el fomento del emprendimiento de los jóvenes. Unos meses más tarde, el Comisario Europeo, László Ándor, nos sugirió la implantación del contrato único como forma de acabar con la dualización y segmentación del mercado de trabajo. Si el contexto socioeconómico fuera diferente, la creación de un contrato único con los mismos derechos para todos y todas podría suponer un gran avance en materia laboral, pero dada la tendencia global hacia una mayor desregulación y flexibilización del mercado de trabajo, supone una herramienta para dinamitar los pocos derechos laborales que aún perduran.  Asimismo, los esfuerzos del gobierno por combatir el desempleo juvenil se centraron en la firma del memorándum entre la Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana, Ursula Von der Leyen. Un  pacto por el que se acordó la contratación de 5.000 jóvenes españoles cualificados en Alemania, donde nuestra ministra aplaudía la fuga de cerebros y agradecía efusivamente este gesto por parte del Gobierno de Angela Merkel. Y para rematar el mes de mayo, las últimas declaraciones del Banco de España recomendaban suprimir el salario mínimo para algunos trabajadores y acelerar la edad de jubilación a los 67 años.

Es evidente que las políticas y recomendaciones impulsadas no han cumplido con los objetivos expuestos. Ha quedado demostrado que el emprendimiento, el acuerdo hispano-alemán a favor del exilio juvenil, la flexibilización y la precarización laboral, no han sido los mecanismos adecuados para la creación y distribución del trabajo.

El hecho de que estas políticas no tengan el efecto que la sociedad espera es porque realmente persiguen un objetivo distinto. Hasta ahora, las principales medidas aplicadas han consistido básicamente en reducir el gasto público para asegurar la devolución de la deuda e inyectar cantidades ingentes de dinero para rescatar a la banca. Ambos, han sido a su vez los principales elementos que han retroalimentado la deuda pública durante los últimos 4 años. Una deuda que hasta el estallido de la crisis cumplía con los límites estipulados por la UE (60% del PIB) y que, por tanto, no  puede ser situada entre las causas de la misma. No existe ningún fundamento que justifique que el gasto en sanidad, educación y otros servicios públicos sean los causantes del crecimiento desorbitado del endeudamiento. Por todo ello, es evidente presentar lo acontecido como una auténtica estafa.

Uno de los datos económicos que mejor explican la realidad que estamos viviendo es la evolución de la distribución del PIB entre beneficios y salarios (gráfico). Según los datos ofrecidos por el INE en el último trimestre de 2012, hemos asistido a un suceso inédito en la historia, la participación de los beneficios superó la participación salarial, con 46,6%  y un 45,5%  respectivamente. Si tenemos en cuenta la tendencia histórica del descenso de la participación de los salarios en el PIB, a comienzos de los años 80 superaba el 70% frente al 30% de los beneficios. Una lucha permanente entre capital y trabajo la cual demuestra que el problema va más allá de la crisis y no reside en la falta de riqueza, más bien en la mala distribución de la renta.

El efecto de las políticas aplicadas, que cargan el coste de la crisis sobre la clase trabajadora a costa de empleo y salarios -entendiéndolo en el sentido amplio del concepto, salario directo, indirecto y diferido-, ha derivado en un aumento de la desigualdad interna[1], un incremento de la pobreza[2] y una dramática situación socioeconómica la cual ha permitido el mantenimiento de la rentabilidad empresarial en un periodo de crisis económica como el actual (gráfico). La propia OIT, en su informe sobre El empleo en el mundo en 2013,  alerta sobre el efecto de la devaluación interna en el consumo y el empleo.

Dicen que un problema mal planteado es un problema sin solución, pero en este caso el planteamiento y sus beneficiarios están cada vez más claros. Es evidente que los objetivos que las políticas de ajuste persiguen no son los mismos que los que la sociedad reivindica. Indudablemente necesitamos cambiar el rumbo de la estrategia política y abordar la situación de emergencia actual con el objetivo prioritario de distribuir el trabajo y la riqueza. Ya que existe margen para aplicar este tipo de medidas, lo que falta es la voluntad política para llevarlas a cabo.

Gráfico: Participación de los salarios y beneficios en el PIB

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                          Agradecimientos a Manuel Gracia y Leandro Martínez por sus aportaciones.


[1] Según datos de Eurostat, desde el comienzo de la crisis el índice de Gini ha aumentado un 10% mientras que las diferencias entre el 20% más rico y más pobre ha crecido en un 30%

[2] Eurostat señala que un 26,2% de la población que reside en España está en riesgo de pobreza.


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