El decreto andesahucios, el PP y la Troika

24 Jul 2013
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Beatriz Gimeno
Miembro de EconoNuestra

El decreto andaluz antidesahucios es una medida modesta e insuficiente para la gravedad del problema al que se supone que se enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios. Es una medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema, que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a aquellas que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo temporal demasiado breve para garantizar la estabilidad vital necesaria en esta situación de paro masivo y que, además, no supone una mejora sobre lo más importante: la existencia de cientos de miles de familias atrapadas por deudas que no van a poder pagar, con vivienda o sin ella, ya que estamos en un contexto no sólo de paro, sino también de importantes rebajas salariales.

No obstante, el decreto supone  una solución de emergencia para familias en situación límite, visibiliza el derecho a la vivienda como derecho social básico y además incluye una batería de medidas complementarias que incentivan el alquiler y  desincentivan la posesión de viviendas vacías. Esto sirve para visibilizar también algo que debería ser obvio, que está incluso en la Constitución, pero que se ha convertido en un tabú innombrable en estos tiempos: la función social de la propiedad. Por eso, el decreto abre una grieta,  aunque sea pequeña,  en el discurso único y monolítico de que no existen otras políticas posibles que las que se están aplicando con mano de hierro. Existía, además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran sumando a esta medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de que es posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de éstas, se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se nos imponen son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es posible cambiar las cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que si se comprueba que –incluso en esta situación- es posible hacer cosas diferentes, tener en cuenta otros intereses, los de la gente, por ejemplo, entonces los mercaderes que nos gobiernan quedan en evidencia como lo que son. Su obsesión es que parezca que no hay opción.

El decreto abre una grieta en el hasta ahora único argumento de que lo único que importa es la “estabilidad financiera”, frase que parece inocua,  alejada de la realidad de las personas normales pero que, en realidad, en este contexto, es una manera de decir que lo único que importa son los intereses financieros, caiga quien caiga, es decir, nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta se fuera haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que ha supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa, algo que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a los bancos y no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas mayores, como la “estabilidad financiera” que no permiten otra manera de actuar. Porque naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el decreto, incluida la mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la simpatía popular por la PAH, por sus acciones, por sus reivindicaciones, ya obligó al PP a tener que hacer el  paripé de admitir a trámite la IPL presentada por la PAH, para poder desactivarla luego desde el mismo parlamento. Y les obligó después a hacer otro paripé, el de presentar y aprobar su propia ley antidesahucios, presentada entre sollozos por la vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada porque, ésta sí, se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los desahuciados.

La excusa que el PP buscaba se la prestaron raudos los mercaderes de la Comisión Europea y del Banco Central con un informe en el que advierten de los males que se avecinan en caso de que el decreto siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden permitir una grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados para implantar sus políticas de expolio generalizado. Estas políticas se ejecutan en medio de una batalla ideológica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Por eso todas estas medidas vienen siempre con su correspondiente “kit” de instrucciones que consiste en un argumentario construido en base a su particular neolengua; una lengua que sirve para ocultar y hacer ininteligible la realidad.  La Comisión Europa y el Banco Central han escrito una carta y han presentado un informe en el que presentan el decreto andaluz como un terrible peligro para el sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó por delante Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así que con la “estabilidad financiera” como bandera,  la Troika demuestra una vez más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes preocupados por sus propios intereses y sin ninguna relación con la ciudadanía, con sus parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo está desaparecido ¿alguien sabe para qué sirve exactamente? La democracia está tomada por los poderes financieros que nos han dejado claro que es posible expropiar cientos de casas particulares para construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo largo de todo el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los pisos que tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante tres años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.

En otra muestra de ese lenguaje con el que se busca que la realidad no se haga presente, el gobierno  ha recurrido el decreto antidesahucios diciendo que vulnera el derecho a la vivienda, de la misma manera que nos roban la sanidad pública argumentando que lo hacen para mejorar la sanidad pública,  o acaban con la educación mientras dicen que lo hacen buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al gobierno la coartada que buscaba para paralizar este decreto argumentando que ayudar a familias en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas durante tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de los bancos. ¡Acabáramos! me suena a que, sin quererlo, la Comisión Europea ha dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos nosotros y nosotras, o se recuperan los bancos; que nadie se crea que es lo mismo o que vamos en el mismo barco. No es lo mismo y esto me suena a lucha de clases;  y no es broma.


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