Lorenzo Mancini
Investigador y miembro del colectivo econoNuestra

En el discurso político actual es recurrente escuchar que los países del sur del área euro deben hacer los deberes requeridos por la Troika. Las reformas estructurales y la "revisión del gasto" definen las tareas a realizar, y la educación es uno de los sectores afectados por esa agenda. Delante del "consenso de la austeridad" que defiende recortar estructuralmente esa importante componente del gasto público parece necesario preguntarse: ¿Cuánto y cómo estamos gastando en la educación universitaria en comparación con otros países similarmente industrializados?

Sin pretensión de exhaustividad, esté artículo pasa brevemente los datos contenidos en el Informe 2013 sobre la Educación de la OCDE, con el intento de aclarar algunos de los argumentos que recurren con más frecuencia en el discurso de quienes abogan por mayores recortes en el gasto público en educación en nombre de la supuesta austeridad expansiva.

Argumento n.1: ‘El Estado gasta una parte significativa de la riqueza nacional en la educación en general, en comparación con otros países industrializados’

La OCDE proporciona distintos datos para contestar a esa proposición, y por supuesto la respuesta depende de qué indicadores tengamos en cuenta. Para tener un cuadro general, podemos tomar los datos relativos al gasto total en instituciones educativas, medido en porcentaje del PIB. Como muestran los datos,  el gasto total público y privado en educación primaria, secundaria y postsecundaria de España en 2010 ha sido por debajo de la media de los países de la OCDE, siendo menos del 3,5% del PIB. El mismo pobre desempeño es confirmado también en términos de gasto en educación terciaria.

Argumento n.2: ‘El gasto público en educación ha aumentado también en el medio de la crisis’

Los datos de la OCDE indican el cambio que ha ocurrido entre 2008 y 2010 en el gasto público destinado a instituciones de educación, medido en porcentaje del PIB. Aquí la OCDE no proporciona datos específicos sobre la educación universitaria, sino el gasto agregado. El desempeño de España está en línea con el promedio de países OCDE y se coloca entre México y Austria. No obstante, algunas economías periféricas, como Irlanda y Portugal, han tenido un desempeño mejor del promedio OCDE, pero siempre teniendo en cuenta la drástica contracción del denominador de esa ratio.

Argumento n.3: ‘Tenemos ya "demasiados" estudiantes con título universitario’

Analizando los datos del porcentaje de población que ha atendido la educación terciaria en 2011, se evidencia que España está casi totalmente en línea con el promedio de la OCDE, bien en la categoría de población entre 25 y 34 años de edad, que por la entre 25 y 64 años. Por otro lado, el porcentaje de italianos entre 25 y 34 años que han atendido una educación universitaria (en 2011) se ha quedado alrededor del 15%, muy por debajo de la media OCDE. Sin embargo, la comparación con economías como Corea del Sur, Japón y Canadá resulta bastante decepcionante.

Argumento n.4: ‘Será que gastamos mucho debido al alto número de doctorandos’

Para contestar a ese argumento podemos verificar que las tasas de ingreso de los estudiantes en programas de investigación avanzada. La tasa media de ingreso para el grupo de países de la OCDE es de 2,71. Alemania, Eslovenia y Suiza lideran la clasificación, mientras que España no llega tampoco a tocar el promedio OCDE: con una tasa del 0,65, se coloca entre las economías latinoamericanas con peor desempeño, detrás de Argentina.

Argumento n.5: ‘Tenemos ya "demasiados" profesores universitarios en comparación con otros países de la OCDE’

Quienes abogan por reformas estructurales de la educación pública, a menudo argumentan que hay que reducir el personal docente, especialmente universitario. Si analizamos en detalle los datos de la ratio entre estudiantes y profesores en la educación terciaria en 2011, se descubre que el número promedio de estudiantes por profesor (a tiempo completo) entre los países de la OCDE es de 15,5. En España el número de estudiantes por profesor todavía está por debajo de la media OCDE, a un nivel similar al de Alemania e Islandia. No obstante, cabe reconocer que no existe una ratio óptima en sentido absoluto entre estudiantes y profesores, ya que eso puede depender de las características  específicas de cada país.

Argumento n.6: ‘El gasto por estudiante acumulado durante los estudios universitarios está por encima de otros países de la OCDE’

Para poder contestar a esta proposición, podemos analizar los datos del gasto anual por estudiante en instituciones educativas, tomando en cuenta el número medio de años que cada estudiante permanece en estudios terciarios (el gasto total es medido en dólares PPP). España está casi perfectamente en línea con el gasto promedio de la OCDE. Si bien, de nuevo, no podemos extraer (ni tampoco es el objetivo aquí) un juicio definitivo sobre el nivel de gasto óptimo en cada país, difícil aceptar o rechazar totalmente el argumento n.6.

Argumento n.7: ‘Las tasas universitarias son más bajas que en otros países industrializados’

Sin demasiado esfuerzo de análisis, la OCDE nos permite aclarar en manera muy sencilla cual es la entidad de los costes anuales promedios que los estudiantes tienen que soportar para atender a cursos universitarios en instituciones públicas, en instituciones privadas que dependen de cierta manera del Gobierno y en fin las privadas independientes. Dejando ahora por un lado que el coste para estudiar en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido es notoriamente elevado, se nota claramente que España, está en el segundo grupo con tasas anuales medias más elevadas. Para contestar al argumento 7 habría que conocer la calidad efectiva de la educación que se recibe pagando ciertas tasas, ya que los sistemas de educación siguen siendo distintos. De todos modos, podemos destacar que los países escandinavos ‘abren las puertas’ para estudiar en las instituciones públicas y aun así logran mantener algunas universidades encima de las clasificaciones internacionales de calidad.

Argumento n.8: ‘El gasto anual por estudiante universitario está "razonablemente" en línea con el PIB per cápita del país’

Una posible análisis sobre el gasto público puede derivar de una comparación del gasto por estudiante con respecto al PIB per cápita del país (ambos medidos en dólares PPP). El informe de la OCDE muestra que hay una cierta asociación entre el PIB per cápita de las economías y el gasto por estudiante. El gasto por estudiante de España está más o menos "en línea" (con lo que sería de posible conjeturar) su nivel de PIB per cápita e inclusive estaría un poco más superior. Ahora bien, no hay que olvidar que hablemos de una mera asociación entre dos variables, lo que dificulta contestar de manera conclusiva al argumento principal.

Argumento n.9: ‘A final de cuentas, los costes públicos para sostener la educación universitaria superan los beneficios públicos’

Sin duda, la argumentación de fondo más debatida por los decisores de política es que, teniendo en cuenta el cuadro general de cuánto el país gasta en la educación, el retorno en términos de beneficios netos que recibe no es tan significativo. En España, los beneficios netos públicos están significativamente por debajo del promedio OCDE, seguida sólo por Turquía. No obstante, eso no quiere decir que la educación resulte desventajosa para el país: España sigue teniendo beneficios al neto de los costos que sostiene para ese sector. A final de cuenta, rechazamos el argumento que la educación sea un coste neto para la sociedad y, al contrario, podemos afirmar que es capaz de generar beneficios netos muy elevados, como demuestra la experiencia de muchos otros países (véase el caso de Eslovenia).

Conclusiones

Este artículo ha sido un intento de hacer luz sobre algunas cuestiones que nos afectan directamente, con el propósito de tener un cuadro general. Muchas cuestiones están todavía por responder. Unas preguntas fundamentales que sí cabría contestar son: ¿Qué trayectoria quiere recorrer el gobierno nacional en el sistema educativo universitario público de cara a esta profunda crisis? ¿Qué papeles tendrán la educación universitaria privada y la investigación financiada por el sector privado? ¿Qué implicaciones tiene la situación actual de la educación universitaria sobre el mercado laboral? Y por último: ¿Cuáles son los ‘deberes’ que tienen que hacer los gobiernos nacionales democráticamente electos frente a las recomendaciones tecnócratas europeas? El debate está abierto.