¿Bajar los salarios para aumentar la competitividad? No

22 Ene 2014
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Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la asociación econoNuestra y coautor del libro “Fracturas y crisis en Europa” Clave Intelectual-EUDEBA, Madrid, 2013

Lucía Vicent
Miembro de FUHEM Ecosocial y de la asociación econoNuestra

La reducción de los costes laborales está abriendo posibilidades de negocio a las empresas, fruto de la mejora en la competitividad-precio. No en vano el peso de los salarios en la renta nacional se ha reducido —acentuándose una larga tendencia, muy anterior al estallido de la crisis—, ganando importancia los beneficios. Pero, en nuestra opinión, una estrategia exportadora sostenida en la moderación salarial no sólo es inviable sino que también es contraproducente, por varias razones.

En primer lugar, los costes laborales representan una parte, significativa pero variable, de los costes totales que debe soportar la firma. Influyen, por supuesto, en el precio final de los bienes y servicios ofertados por las empresas, pero hay otros factores, tan decisivos o más relevantes aún, en su formación, que poco o nada tienen que ver con los salarios; por ejemplo, el consumo de energía, la adquisición de materias primas y bienes intermedios, el precio de los servicios contratados, los costes financieros, el grado de eficiencia de la gestión empresarial, la tecnología utilizada o la intensidad de capital de los procesos productivos… y también los márgenes de beneficio determinados por las relaciones de poder y la configuración más o menos oligopólica de los mercados donde operan las empresas.

En segundo lugar, insistir en la variable salarial, en la necesidad de presionar a la baja las retribuciones de los trabajadores, desenfoca la agenda de la competitividad, pues, en la práctica, se omiten o quedan situados en un plano subordinado otros factores que son decisivos desde una visión estructural, como la complejidad técnica, la calidad y la sofisticación de los productos colocados en el mercado internacional. Es precisamente en esta esfera más estratégica de la competitividad donde se localizan los principales déficit de la economía española, que cuenta con una estructura exportadora sesgada, en comparación con la de nuestros principales competidores comunitarios, hacia productos de relativamente baja complejidad tecnológica.

En tercer lugar, quienes ponen el acento en las exportaciones sitúan en un plano secundario el potencial económico existente alrededor de la articulación de los mercados domésticos, cuya expansión depende precisamente del avance de los salarios de los trabajadores, principal sustento del consumo y determinante asimismo del dinamismo inversor. Poner el acento en el mercado interno es, además, esencial para conseguir equilibrar las balanzas por cuenta corriente de los países —una de las causas de la actual crisis económica—, restableciendo de este modo las condiciones macroeconómicas para un funcionamiento ordenado de la economía global. Esa reorientación hacia lo local tendría, por lo demás, un valor añadido adicional, que no debe ser desdeñado, al incidir positivamente sobre el coste ecológico asociado a la producción y al comercio transnacional de mercancías.

En cuarto lugar, y esta no es una cuestión menor, competir en los costes laborales coloca a las economías comunitarias en una “carrera hacia abajo” que ni pueden ni deben ganar, por los costes sociales que ello implica, y que de hecho ya está soportando la ciudadanía. Inevitablemente, la lógica de los bajos salarios, compitiendo con los ofrecidos por los capitalismos periféricos, degrada las condiciones laborales y pone en la picota, bajo el supremo argumento de la competitividad, derechos sociales y ciudadanos. De seguir ese camino, se quedarán muchos en la cuneta, derechos cuyo ejercicio resulta crucial para que progrese la productividad, pues ésta sólo puede avanzar de manera sostenible con más y no menos democracia. Los recortes en los salarios —exigencia continua de las patronales, que parece que nunca se colma, aunque se hayan reducido significativamente en los últimos años—, además de apuntar en la dirección de perder derechos, contribuye a alimentar una cultura empresarial conservadora y confiscatoria, y unas relaciones laborales profundamente asimétricas, en absoluto favorables a una convergencia de esfuerzos encaminados a la modernización de nuestra economía.


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