¿Sirve para algo el Parlamento europeo?

18 Feb 2014
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Pedro Chaves Giraldo 
Miembro de econonuestra y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid

Los mitos urbanos sobre el Parlamento Europeo son tan numerosos o más que sobre la vida de otras instituciones representativas. Su lejanía y las dudas sobre su utilidad le han mantenido alejado del foco de las críticas más acervas contra la profesionalización de la política, pero tampoco ha escapado de las mismas. Y una buena parte de esas críticas son más que razonables y justas.

De hecho, hasta ahora, la mayoría de los grandes partidos han utilizado el Parlamento Europeo como lugar en el que “retirar” a sus activos políticos gastados o jubilables, ofreciéndoles un lugar cómodo y tranquilo, bien remunerado y alejado de los molestos focos de la opinión pública y, a veces, hasta del trabajo mismo.

Y sin embargo el Parlamento Europeo es un instrumento esencial en una estrategia de cambio político en Europa. Con todas sus limitaciones, el Parlamento es la única institución que goza de la legitimidad popular y, por ello, puede convertirse en una poderosa caja de resonancia de la movilización y resistencia social contras las políticas austericidas y contra la gestión oligárquica de la crisis.

Y eso es así, sobre todo, porque lo nuevo de esta crisis es que ha colocado en el centro del conflicto la legitimidad del proceso de integración europea. Es decir, su utilidad, su estructura decisional, sus perspectivas. La crisis ha traído de la mano una politización inesperada —por su velocidad— del proceso de integración. Y ha hecho real el debate sobre alternativas a la situación actual. Mientras que los especialistas discutían sobre la conveniencia de la politización, dando por hecho que se trataba de una opción entre algunas más, ésta se ha colado por la puerta grande sin preguntar a los que dicen que saben.

El Parlamento Europeo forma parte de una estructura institucional anómala en las democracias representativas. Frente a la división de poderes tradicional la Unión Europea está dividida en dos ramas que dibujan un cuadrado institucional: la rama ejecutiva formada por la Comisión Europea y el Consejo Europeo y la rama legislativa por el Parlamento y el Consejo aún cuando, la Comisión es la que dispone de la iniciativa legislativa. Como vemos una articulación compleja que hace que el proceso de toma de decisiones sea largo, complicado y escasamente comprensible.

Es común decir que el Parlamento Europeo ha sido la institución que más poder ha ganado desde Maastricht, pasando de ser una “institución florero” a ejercer capacidades de codecisión y bloqueo.

Y aunque sigue siendo una institución disminuida en sus capacidades de control y de iniciativa, las reformas de Niza y Lisboa han mejorado el margen de maniobra que permitiría hacer más visible la labor política realizada o por realizar en el Parlamento Europeo. A través de los mecanismos del proceso legislativo ordinario; el dictamen conforme o el dictamen obligatorio conforme el Parlamento puede mejorar su papel como actor político en la discusión sobre el futuro del proceso de integración. Y, especialmente, el debate que se suscitará alrededor de la elección del Presidente/a de la Comisión permitirá generar una auténtica controversia política alrededor de los diferentes modelos y proyectos sobre los que pensar el futuro de la Unión.

Cosas que el Parlamento Europeo podría hacer y que la izquierda debería favorecer

Habría que decir que el entramado institucional produce y reproduce el déficit democrático crónico que padece la construcción europea desde sus orígenes. Y que ninguna reforma parcial o menor logrará reducir esa brecha democrática que cuestiona permanentemente la legitimidad de las decisiones tomadas por las instituciones europeas.

Así es que la refundación democrática de la UE es una exigencia en los tiempos de desconfianza y crisis de legitimidad. No obstante se pueden acometer reformas parciales que, al menos, minimicen el daño y orienten la perspectiva de un cambio sistémico. Por ejemplo, atribuir competencias legislativas al Parlamento o incorporar la Unión Económica y Monetaria a las capacidades de control parlamentario. O exigir un procedimiento único en toda Europa de participación estatal en los Consejos de modo que se asegure que los parlamentos nacionales conocen lo que van a hacer sus gobiernos en la UE. O bien, crear un encuentro interparlamentario regular entre los parlamentarios nacionales y los parlamentarios europeos, de modo que pueda discutirse sobre iniciativas legislativas etc…

Pero lo relevante ahora es saber que oportunidades tenemos desde la izquierda para hacer del Parlamento europeo un instrumento al servicio de un cambio social y económico profundo.

Un estudio de la dinámica parlamentaria en los últimos diez años nos dice de las oportunidades que surgen en la nueva legislatura: la coalición de acuerdo en votaciones más importantes en el PE es la que se ha dado entre el GUE (el grupo de la Izquierda Alternativa) y los Verdes, un 79,3% de las veces. Y el acuerdo entre el GUE y el grupo socialista: un 72% de las veces. Hay que señalar que los socialistas y los populares han votado juntos un 64,5% de las ocasiones. En un cambio de escenario como en el que nos encontramos esta experiencia ofrece un suelo de acuerdos posibles en la institución misma.

Pero nada impide una actividad de resistencia frente a las lógicas de privatización y austeridad y que la izquierda alternativa protagonice la representación de los millones de personas que resisten y se resisten a ser devorados por la voracidad del neoliberalismo depredador.

El objetivo es trabajar en Europa por dar sentido a esa gran coalición social y política que está impugnando las políticas neoliberales y sus consecuencias.

Además de eso, desde el Grupo Parlamentario se pueden usar algunos de los instrumentos que el Tratado de Lisboa ha habilitado para dar visibilidad tanto a la resistencia como a la propuesta.

Entre ellas la Iniciativa Ciudadana Europea, una invitación para que la Comisión Europea proponga un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE. Las iniciativas ciudadanas deben recibir el apoyo de, al menos, un millón de ciudadanos de siete de los veintiocho Estados miembros de la UE, alcanzando un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos. A fecha de hoy una ICE sobre el agua y su condición de bien público ha conseguido el número de firmas suficientes para continuar el procedimiento.

Huelga decir las limitaciones de este procedimiento y afirmar que está muy lejos de significar ningún salto de calidad en la participación ciudadana en la construcción europea. Dicho lo cual y en este contexto de crisis de legitimidad, esta posibilidad puede contribuir tanto a hacer visible el rechazo como las alternativas. Y debe ser considerado con toda seriedad.

La crisis ha hecho visible que la construcción europea es un juego en el que unos ganan y otros pierden. Y las lógicas económicas puestas en marcha desde Maastricht y acentuadas en la gestión de la crisis implican un deterioro de las condiciones de vida para la mayoría insoportables, especialmente, pero no solo, en los países del sur o de la periferia económica de la UEM, entre ellos España.

Estas elecciones y el futuro Parlamento Europeo pueden y deben jugar un papel muy importante como institución que hace visible la resistencia y la propuesta. Esta vez, discutir de Europa es una necesidad.


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