Fernando Prieto
Miembro de EconoNuestra y ha trabajado en evaluación de políticas públicas para la administración y en evaluaciones ambientales estratégicas. Lleva más de 25 trabajando en temas de medio ambiente y sostenibilidad. @futursostenible

Programa electoral del PP de 2011: "Potenciaremos la evaluación de las políticas públicas como instrumento para lograr una administración más moderna y eficaz, capaz de adaptarse a los nuevos retos en un proceso de mejora continua". Dos años después ni remota presencia de este compromiso electoral. En este periodo no se ha iniciado ni una sola evaluación de políticas, ni existen encargos, y tampoco se aplican o difunden los resultados de anteriores evaluaciones realizadas.

Soledad Gallego Díaz apuntaba el pasado 26 de enero en El País: "En España no se evalúan las políticas públicas, y esto es muy peligroso"  y "para los ciudadanos esto debería ser un asunto primordial". En efecto, no estamos hablando de corrupción, o de que alguien desvíe dinero hacia otros fines, sino de analizar si el destino final del dinero de todos los contribuyentes ha tenido los efectos deseados. Se trata de saber qué efectos se esperan de aplicar unas u otras políticas y así tomar unas u otras decisiones. Las ventajas de aplicar esta evaluación son de tres tipos: control de responsabilidades y rendición de cuentas (accountability), retroalimentación o mejora (improvement) y la "Ilustración"  para acciones futuras (enlightenment), facilitando el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizativo. Los impactos deseados se podrán medir en variables muy concretas, como  aumento de contratos y sueldos, reducción de las listas de espera, ahorro, o número de viajeros, pero también indicadores menos evidentes como disminución de desigualdades o aumento del bienestar social. Así, se podría decir, por ejemplo, si merece la pena la reforma laboral, la sanitaria, las ayudas a la  dependencia,  la reforma educativa o hacer líneas de alta velocidad a Galicia,  etc...

Política basada en evidencias

Para cerrar el ciclo de las políticas públicas; esta evaluación se puede y debe hacer antes, durante y después de la aplicación de la política. Se trata de prever cuáles pueden ser los impactos finales en las políticas todavía no realizadas, pero también los impactos de la políticas ya ejecutadas para no volver a caer en los mismos errores. Y debe ser independiente. No la puede realizar el mismo Ministerio que promueve las obras o las actuaciones. No se puede ser consultor y auditor a la vez y tener el mismo jefe. Se trata de separar los papeles y hacer informes rigurosos y basados en la mejor ciencia disponible, buscando evidencias indiscutibles a poder ser.  En muchas ocasiones a través de escenarios comparados (¿qué pasó en ese otro territorio con situaciones parecidas?), o con estudios coste–beneficio, encuestas, etc... Los criterios  para evaluar las políticas son tradicionalmente eficacia, eficiencia, pertinencia, etc... para poder obtener evidencias. Y aunque no se trata de una ciencia exacta, sí que existen técnicas y expertos de distintas áreas, educación, sanidad, infraestructuras, medio ambiente, etc.  para identificar los impactos de cada política. Esta información se debe presentar a los políticos para que tomen las mejores decisiones para el bien común. Pero sobre todo, se deberán explicar los resultados de estas evaluaciones a los ciudadanos, para que sepan el resultado de las políticas realzadas con sus impuestos.

Veamos algunos casos recientes, de infraestructuras, energía o del mercado laboral que conocemos todos, donde no ha habido evaluación y que con un buen análisis se hubieran desarrollado de otra forma. Por ejemplo, se diseñan radiales alrededor de Madrid que iban a utilizar varios millones de coches y que unos años después quiebran; con unas pérdidas que parece que tenemos que asumir todos. ¿Quién hizo las previsiones? O se diseñan aeropuertos (Castellón, Huesca, Murcia..) donde no existe una demanda lo cual supone cientos de millones de euros. O se construyen o amplían puertos gigantes (Granadilla, Gijón, A Coruña, etc...) al lado de otros infrautilizados. O se potencia la construcción de viviendas llegando al absurdo escenario de 3,4 millones de viviendas vacías (según el último censo del INE 2011), mientras hay gente que vive en la calle. O más reciente, el AVE a Galicia, (que se puede comparar con los AVEs en Castilla-La Mancha) ¿va a ser rentable?,  ¿cuantos viajeros lo utilizarán? ¿Se ha analizado si reduciendo la velocidad disminuiría el costo del proyecto o la probabilidad de un accidente?. Otro ejemplo, se diseña una política energética que hace que suba la electricidad un 60% en una década, y, a la vez, se  permite un déficit de tarifa, sin auditar de una forma independiente, titulizado por el Estado que además sigue subiendo y que genera una deuda creciente, que tendremos que seguir pagando los próximos decenios, y que afecta de una forma importante a la innovación y la competitividad de la sociedad.

Por otra parte, y mientras no se han evaluado estas carísimas políticas, hasta tres millones de españoles están en riesgo de pobreza severa, —sobreviven con menos de 307 euros al mes—, o la pobreza infantil afecta a un 26,7% de la población menor de 16 años (según Cáritas), o los 5,7 millones de parados según la EPA, o de 4.812.486(¡!)  en febrero de 2014 según Servicio Público De Empleo Estatal,  o la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años en España hasta el 56,5%,según la oficina de estadística europea. O se incrementan las desigualdades. Etc. Es decir, algo no se ha diseñado bien y sus consecuencias – que se deberían haber previsto con una buena evaluación- no se han calculado ni por supuesto explicadas a a la sociedad.

Pero esto mismo tampoco se ha hecho con reformas recientes. Por ejemplo, se aplica una reforma y no se prevén unos resultados, ¿cuántos contratos?, ¿de qué características?, y por supuesto, tampoco se contrasta con la realidad si los resultados eran los esperados u otros diferentes. O respecto a la ley del aborto: ¿Saldrán españolas a abortar fuera de nuestro país si se aplica esta ley?

En casi todos los países desarrollados existen estos contrapoderes con el objeto de aumentar la calidad de la democracia. Organismos interministeriales del tipo comités o  instituciones autónomas, adscritos al Parlamento o al Ejecutivo, que realizan evaluaciones sobre todo tipo de políticas, o bien coordinan las evaluaciones realizadas por los diversos Ministerios, o bien proveen de buenas prácticas y metodología evaluadora, algunos de ellos activos actualmente o en el pasado reciente adscritos al Ejecutivo en Canadá (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) o Francia (la ley de Modernisation de l’Action Publique de  2012 prevé que « todas las políticas públicas, a lo largo de los cinco años, se evaluarán", en  Suecia (Staskontoret, Agencia para la Gestión Pública) o adscritos al Parlamento, en Estados Unidos (General Accounting Office, GAO) Suiza (Commission Externe d'Evaluation des Politiques Publiques y el Contrôle Parlementaire de l’Administration) u organos especiales dedicados a la evaluación de políticas sociales, con estructuras orgánicas independientes de los ministerios gestores de las políticas que evalúan y con diferentes tipos de dependencia. Con sede en el ejecutivo, existen en el Reino Unido (Government Chief Social Researcher's Office) o antes en Nueva Zelanda (Social Policy Evaluation and Research Committee, SPEaR). En algunos casos dependen directamente del parlamento y se presentan los  informes al conjunto de la sociedad.

En España, esta tarea está institucionalizada en un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, agencia de la que probablemente muy pocos de ustedes hayan oído hablar, y que, por supuesto, no contestó a las afirmaciones de Soledad Gallego respecto a que no se evaluaban políticas en España. En los últimos años, no se ha realizado ninguna evaluación, y no hay nuevos encargos. Es decir, aquí no se hace evaluación de políticas públicas de una forma independiente.  Sí que existen varios organismos sectoriales, pero que dependen jerárquicamente de sus ministros respectivos, (es decir que no son independientes): educación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, e Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo), sanidad (Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud), empleo y cooperación internacional al desarrollo (Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo). En el anterior periodo de gobierno se evaluaban entre  tres o cuatro políticas al año, cifra totalmente insuficiente y además en la mayoría de los casos se hizo caso omiso de sus recomendaciones lo que hubieran ahorrado muchos millones de euros. Ver por ejemplo la evaluación de la política de energías renovables o la de costas.

Indudablemente se ha avanzado mucho en transparencia en los últimos años en España, sabemos cuánto cobra quién y cuándo, incluso los banqueros, directores de empresas o políticos, sin embargo se ha avanzado muy poco en esta evaluación de políticas y la rendición de cuentas asociada a la misma que nos llevaría a poder exigir a estos políticos y gestores públicos una planificación realista y un gasto más eficiente e inteligente de los recursos públicos.

Puede que no estemos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época, pero seguro, que si queremos creer lo de la democracia real y en quienes nos representan,  la evaluación de políticas deberá ser una de las herramientas que deben exigir  los ciudadanos. El diseño y la ejecución de las políticas deberá buscar, sí o sí, el aumento de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos y la rendición de cuentas servirá para comprobar como se han conseguido esos objetivos. Cuanto antes se empiecen a evaluar políticas públicas en España, antes se observarán ahorros, y serán más baratas y menos complejas las soluciones que se deban implementar por no haberlo hecho. Además como señala  Stiglitz, refiriéndose a algunos indicadores utilizados, "nuestras mediciones son importantes no sólo porque nos dicen cómo lo estamos haciendo, sino porque sirven como guías para la formulación de políticas". Las evidencias están ahí para obligar a una acción eficaz. Los individuos y la sociedad tomarán las mejores decisiones si tienen buena información y actúan en consecuencia.