Fernando Prieto
@futursostenible - Ecólogo y miembro de econoNuestra

Si España no se hubiera integrado en la Unión Europea (UE) muy probablemente el estado de los recursos naturales y las políticas ambientales sería mucho peor que el actual, aunque la situación –dicho sea de paso– dista mucho de ser óptima. La política forestal desbocada de plantar miles de hectáreas de pinos y cultivos forestales, incluso sobre bosques ya existentes, de falta de depuración y de abandono de las aguas dulces a su suerte, de realización de infraestructuras y presas con fuertes impactos sociales y ambientales, buscando solo rentabilidad inmediata, por supuesto, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental,  de construir en la costa hasta los primeros metros, de sobreexplotación de acuíferos es probable que hubiera seguido...

Afortunadamente la UE introdujo una serie de criterios como el "que contamina paga", el criterio de "prevención", y una serie de directivas que, poco a poco, han ido ordenando muchas actuaciones y sectores: el impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, la muy interesante directiva marco de aguas, la red natura, la de aves, la responsabilidad ambiental, etc. Además ha puesto sobre la mesa fondos regionales para desarrollo rural, para grandes inversiones en depuradoras, etc. En el aspecto positivo, además, la UE detuvo algunos proyectos "nacionales" bastante delirantes como el trasvase del Ebro, (que no tenía en cuenta el precio del agua, por ejemplo) con su absurdo eslogan de "agua para todos", o puso pegas, hace ya décadas, a las repoblaciones monoespecíficas y continuas, (que acaban siendo pasto de las llamas -este año también-), o ha multado a España por la falta de depuración de las aguas españolas o ha llamado la atención, recientemente, por ejemplo con los riegos en el entorno de Doñana. Hoy en 2014 han pasado casi 30 años de política ambiental y se podría hacer un balance de éxitos y fracasos. No es este el lugar para hacerlo. Pero, seguramente el balance ha sido positivo.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ha habido dos grandes hechos diferenciales que no han entendido y por supuesto no han aplicado las autoridades europeas. No sabemos, si porque no se lo han explicado nuestros gobernantes, o simplemente porque ninguno de los dos estaba muy interesado.

- Por una parte la situación diferencial de los recursos naturales en España y Europa, motivado por la propia dinámica de los ecosistemas del sur de Europa respecto al norte o centro. Por ejemplo, las sequías o largos periodos sin precipitaciones (por cierto, toca ya ahora otra sequía). Cuando en casi toda Europa  se habla de agua, se habla de inundaciones, no de sequías. O el grave riesgo de incendios de los ecosistemas mediterráneos con su  multifuncionalidad y su elevada biodiversidad. Cuando se habla de bosques se visualizan los  centroeuropeos, no los sistemas agrosilvopastorales del sur. La sobre explotación de los acuíferos tampoco ha sido valorada, o la inexistencia de caudales ecológicos, o la declaración de la Red Natura solo sobre el papel y no sobre el territorio con sus imprescindibles planes y presupuestos. Tampoco se ha valorado la importancia de la población en la gestión de esos ecosistemas y se ha permitido, por ejemplo, el derrumbe de la ganadería extensiva, a pesar de su importancia capital para mantener ecosistemas clave.

- Por otra parte, el "laissez faire", desde Bruselas respecto a actuaciones nacionales en ocasiones especialmente irreversibles, y que afectan a recursos de toda la Unión Europea, a sabiendas que es mucho más caro recuperar que prevenir. Temas tales como la nueva ley de costas de 2013, que de hecho va a permitir una privatización (de salinas, dunas, etc.) y un  aumento de la urbanización en primera línea de mar, indultando municipios o una isla como Formentera, que permite chiringuitos mayores y deja que los ayuntamientos puedan (en octubre ya eran 100 sobre un total de 473), tener competencias sobre la franja entre 20 y 100 metros y que, indefectiblemente, se verán afectados por inundaciones y temporales, o en la calidad del aire, problema de salud que en las grandes ciudades que ha sido un hecho consentido año tras año, con continuas prorrogas, que afecta a millones y millones de ciudadanos, especialmente poblaciones vulnerables: niños, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas... o inversiones con fuerte impacto ambiental y especialmente no rentables, como las radiales de Madrid, o líneas de AVE sin suficiente número de viajeros.

La política ambiental europea  ha presentado hasta ahora sonoros fracasos como el mercado de CO2, (donde al final el que contamina cobra) o las políticas de residuos (que no han conseguido su  reducción), o el incremento del transporte de mercancías por carretera, o la falta de políticas homogéneas en las renovables o estas últimas semanas una política común sobre el fracking o el tema de los transgénicos.

Sin embargo, es posible imaginar una nueva política de sostenibilidad generadora de empleo. Algunos de los retos para el futuro son tan evidentes como no realizados: la gestión de la demanda, en vez de por el aumento de la oferta, la puesta en marcha de una economía circular, que aplique el criterio de la cuna a la cuna, con el objetivo de residuos cero, que potencie el reciclajede todos los recursos, también de los urbanos, una apuesta definitiva por las energías renovables buscando el autoabastecimientoy la energía distribuida (un millón de tejados solares, como en California, por ejemplo...). Una política ambiental donde se  contemplen las diferencias entre ecosistemas y la gestión tradicional de los países miembros, especialmente de los más pobres, que curiosamente van a ser los más afectados por el cambio climático, que apoye la biodiversidad, con los necesarios corredores ecológicos entre espacios protegidos. Que sea realmente preventiva, que inicie de una manera seria la transición energética, una economía baja en carbono, que no apueste por el fracking –que va en dirección contraria a estas bajas emisiones–, que obligue a las compañías a la transparencia mediante la responsabilidad social corporativa, que inicie el proceso de adaptación al cambio climático de gobiernos y ayuntamientos y finalmente que base sus políticas en indicadores de bienestar.

Para conseguir estos objetivos de sostenibilidad será necesario trabajar por el bien común y no de los de algunas empresas. Y las decisiones deberán basarse en la mejor ciencia disponible sobre la que deberá haber una adecuada gobernanza y no en intereses coyunturales a corto plazo.

Una política ambiental europea debe contemplar las diferencias entre ecosistemas y la gestión tradicional de los países miembros, especialmente de los más pobres, que curiosamente van a ser los más afectados por el cambio climático, las diferencias con los recursos hídricos, la consideración de caudales ecológicos, las sequias las costas, (no son igual de atractivas las costas de Holanda que las de España...), etc. En el camino hacia el desarrollo sostenible será imprescindible conseguir una nueva política europea de sostenibilidad basada en las peculiaridades del sur...

Las políticas ambientales y de sostenibilidad de los dos grandes partidos han sido muy diferentes en los últimos decenios en renovables, costas, evaluación de impacto, etc. Sin embargo, han coincidido en algunas especialmente insostenibles como infraestructuras (aeropuertos, puertos, autovías, AVEs...), transportes por carretera, apoyo al carbón, falta de apoyo al autoabastecimiento energético...,  y en cualquier caso ninguno de los dos se ha tomado la cuestión de la sostenibilidad mínimamente en serio. La irrupción de PODEMOS en las pasadas elecciones europeas ha sido una novedad y su programa apunta ideas interesantes. Sin duda, servirá para que en las próximas elecciones los partidos se empiecen a tomar el tema en serio, afinen sus compromisos, dejen las declaraciones retóricas y empiecen a aplicarlos en la realidad. Las próximas citas electorales municipales y generales serán claves en este aspecto.