Perfiles de la desigualdad social en España

07 jul 2014
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José María Mella
Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Asociación EconoNuestra

En España,  la cuestión de la desigualdad social está cada vez más en el primer plano del debate público. No es extraño si se tiene en cuenta que la evidencia muestra que nuestro país es uno de los más desiguales de Europa.

Esta desigualdad se presenta bajo múltiples perfiles: una falta evidente de igualdad de oportunidades, un aumento de las rentas del capital, una caída sin cesar de los salarios, un empleo precario generalizado, un nivel de pobreza desconocido, una desigualdad de género acusada y una segregación urbana muy marcada.

Las fuerzas políticas conservadoras plantean que es necesario promover la educación para los jóvenes de las familias más desfavorecidas con el objetivo de mejorar la igualdad de oportunidades. Pero la realidad muestra lo contrario: hay un problema de desnutrición infantil en los colegios, un fracaso escolar elevado, una fuerte progresión de la enseñanza privada, una disminución de la inversión pública en educación, y un encarecimiento de los precios de las matrículas  en la Universidad.

Se puede comprobar, además, que la mejora del nivel de educación no está propiciando un incremento de los salarios, sino un descenso (del 2% en 2011 y 2012, y de un 0,6% durante el primer trimestre de este año 2014, según el Banco de España). Salarios entre 400 y 600 euros (incluso si el salario mínimo es de 641 euros al mes) se están haciendo normales.  Y a la tasa de paro de los jóvenes entre 15 y 29 años (55%), hay que añadir un 25% de estos jóvenes que no trabajan, pero tampoco estudian ni siguen ningún tipo de formación.

Esta baja proporción de rentas destinadas a los asalariados está acompañada por un fuerte aumento de las rentas del capital (3,6% en el periodo 2008-2012), resultado del crecimiento de los pagos a los rentistas y accionistas, a los miembros de los consejos de administración de las empresas y a sus directivos, que se verán acrecentados con una reducción de su tributación planteada recientemente por el gobierno.

Por otra parte, la reducción de los salarios, el aumento del número de desempleados (hasta casi 6 millones, el 26% de la población activa, del que la mitad lo son de larga duración y dos millones de familias en las que ninguno de sus miembros encuentra un puesto de trabajo) y el crecimiento del número de desempleados que han dejado de percibir el seguro de paro (dos millones a finales de 2013) provocan que España sea el país de la OCDE donde el aumento de la concentración de la renta sea el más fuerte, según datos de los últimos años (Informe de la OCDE, publicado el 19 de junio de 2014).

De hecho, uno de cada cinco españoles (20%) vive por debajo del umbral de la pobreza, el riesgo de pobreza se eleva al 27,3% para la totalidad de la población y al 31,9% para los menores de dieciséis años. Riesgo de pobreza que significa no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder tener calefacción en casa, no poder poseer un coche, una lavadora o un teléfono, no poder disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores (Encuesta de Condiciones de Vida 2013, Instituto Nacional de Estadística).

Está en la lógica de los datos salariales que en la España actual, tener un empleo no quiere decir que se esté libre de la pobreza; al contrario, hay un colectivo de trabajadores pobres que crece progresivamente desde el comienzo de la crisis.

En lo que se refiere a las mujeres, éstas sufren una tasa de actividad inferior a la de los hombres, sus contratos de trabajo son sobre todo a tiempo parcial (debido a que se ocupan de las tareas domésticas y los servicios públicos de asistencia a la familia han sido recortados por los programas de austeridad), sus salarios son claramente inferiores (un 23% y, no se olvide, representan el 68% de los asalariados que ganan menos del salario mínimo) a los de los hombres (aunque trabajan 84 días más al año que ellos) y el seguro de paro y sus pensiones son asimismo menores.

A todo esto, hay que añadir que la falta de protección frente al desempleo de las trabajadoras domésticas es simplemente total. Estos hechos explican que los hogares de estas mujeres tengan que hacer frente a un riesgo de pobreza mayor.

Se puede comprobar también que este fenómeno de desigualdad social se proyecta en las ciudades bajo una forma de segregación urbana muy acusada. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, se puede observar que la mayor parte de los parados residen en los distritos de la periferia (Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas) en contraste con los niveles de desempleo mucho más débiles de los que se sitúan en el centro (Salamanca, Retiro, Chamartín, Moncloa, Chamberí).

En fin, en España, la movilidad social se ve obstaculizada por una evolución de la economía crecientemente antisocial. Un plan de choque contra la desigualdad, el desempleo, la exclusión y la pobreza es pues de una urgencia insoslayable. Pero también se precisa otra política económica basada en las necesidades de la mayoría de la sociedad.


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