Marcos Cánovas
Profesor de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña

Las noticias sobre los trapicheos de Jordi Pujol y su clan marcan un hito en la montaña de miserias de la modélica democracia española. Pujol se suma a los centenares de personajes que, con mayor o menor trascendencia, se han visto envueltos en escándalos tras los que podría haber delitos y comportamientos poco éticos. Pero este asunto es especialmente llamativo por el peso histórico del personaje y por las sospechas cada vez mayores de que lo que hay detrás de todo es una estructura desarrollada al amparo del poder de Pujol en sus años de gobierno: ¿Cuánta gente ha cerrado los ojos para llegar hasta aquí? ¿Hasta dónde alcanza la estructura creada? ¿Cuáles son las responsabilidades en su propio partido y en otros partidos?

Si se aplica una mirada ingenua a la confesión que hizo Pujol de su fraude fiscal, puede haber alguna duda con respecto a los motivos que la desencadenaron: ¿Arrepentimiento auténtico o más bien intento de conseguir cierto blindaje judicial antes de que se acelerara una rueda que ya había empezado a girar? Sin embargo, no hay espacio para la duda con respecto a sus acciones posteriores a la confesión: presentar una denuncia por la filtración ilegal de los datos de los bancos no puede tener otro objetivo que invalidar las pruebas obtenidas y el proceso subsiguiente. Esta iniciativa, propia del que, bien asesorado, busca aprovechar las provisiones garantistas de la legislación para burlar la ley, no encaja con la letra de la confesión y proyecta una sombra nada ambigua sobre el perfil del que fue presidente de Cataluña durante veintitrés años. Las idas y venidas en torno a la fecha de comparecencia ante el Parlament están en una línea parecida. Así pues, no se ha llegado ni mucho menos al final del asunto; la historia completa, incluyendo las hazañas de los hijos, no se conoce aún. Si se trataba de dar explicaciones, falta mucho por saber –van saliendo noticias de los desmanes hasta ahora impunes, pero desde luego no por afán de transparencia de los implicados–.

Cabe preguntarse cómo alguien puede empañar así la trayectoria de una vida y perjudicar tanto la causa que defiende, pero quizás habrá que cambiar la perspectiva y la pregunta. Y, a partir de aquí, conviene situarse en el contexto: de manera sistemática, en Cataluña y en España, se han visto y se ven mareas de dinero negro, trasvases entre los negocios privados y los asuntos públicos, enchufismos en detrimento de los méritos y el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas, creación de redes clientelares, financiaciones irregulares de los partidos y, por el camino, desvíos de capital hacia bolsillos privados. Los fraudes de quienes deberían dar ejemplo en su gestión o el manejo de lo que es de todos como si fuera particular y para conseguir beneficios particulares se confunden con la gestión política. Hay una charca inmensa e inmunda en la que han retozado alegremente personajes que sitúan los límites del servicio público en las cuentas corrientes de sus partidos o en las propias y las de sus allegados.

Sin dejar de lado los esfuerzos concretos e inmediatos para acabar con la corrupción, que sin duda deben persistir –aun con dificultades, existe cierto margen para la justicia–, hay pendiente una labor larga y de fondo. La oligarquía financiera que siempre se ha movido a sus anchas en los períodos más oscuros de la historia de España (el último, el régimen fascista de Franco) no ha perdido la costumbre de hacer y deshacer a su conveniencia. Pero no solo es esto. El déficit democrático del sistema desarrollado en el postfranquismo permite, en todos los niveles, la existencia de centros de gestión pública que reciben injerencias privadas y resuelven los asuntos como si se tratara del patio de su casa. No hay mecanismos de supervisión adecuados. No hay transparencia y tampoco la vigilancia necesaria. La separación de poderes es más que discutible, así que los mismos que gobiernan en medio de la corrupción pueden dirigir partidos y proponer leyes; estos gobernantes y partidos, a su vez, pueden intervenir en los nombramientos de jueces de las más altas instancias. Así que ya se ve, por la extensión de las redes de intereses, que llegar a un cambio real, rápido y profundo va a ser complicado.

Por otra parte, lo que pasa con la administración pública es llamativo, pero no puede verse aislado del entorno. Se une a la laxitud con que, de una manera general, se asumen ciertos compromisos con la legalidad. Igual que el ufanarse por conducir bebido o con exceso de velocidad no siempre tiene una sanción social (hasta puede ser motivo de prestigio en ciertos contextos), las acciones de fraude fiscal al por menor se viven a menudo de una manera demasiado natural. En la gran corrupción vinculada a los centros de poder político resuenan miles de situaciones cotidianas de chanchullos que se producen a pequeña escala: transacciones en la economía sumergida, abuso de los servicios públicos y de los beneficios sociales, reparto por parte de ciertos funcionarios de privilegios para parientes y conocidos... en definitiva, pequeños y grandes fraudes aquí y allá que forman parte de un paisaje normalizado.

Hay que pensar que algún día habrá voluntades de gobierno con otras miras; en realidad ya existen y han existido algunas, igual que hay sectores amplios de la población que están a favor de otra manera de hacer las cosas, no solo con respecto a la gobernabilidad, sino también con respecto a la ética colectiva. Estas voluntades públicas y privadas deben abrir vías para que la generación y distribución de la riqueza siga unos caminos radicalmente distintos de los que se han conocido hasta ahora; el fruto del trabajo no debe servir para tener coches más lujosos, casas vacías en lugares inverosímiles o dinero robado en las cuentas paradisíacas de unos pocos, sino para profundizar en el Estado del bienestar. Y, fundamentalmente, con respecto a lo que se trata aquí, para mejorar la educación. ¿Cuánta formación podrían pagar todo el cemento y todos los ladrillos que no han servido más que para degradar el medio ambiente o desviar millones de euros en comisiones inconfesables? Últimamente se oyen algunas voces cínicas que, después de haber sido cómplices de los desastres de los últimos años, hablan de regenerar la democracia (para perpetuar lo suyo, se entiende). Lejos de estos maquillajes interesados, solo una ciudadanía formada, reflexiva y crítica, cuyos valores se sustenten en la ética y el conocimiento, podrá dar el impulso decisivo para canalizar adecuadamente los recursos y superar la España negra de la picaresca generalizada, el compadreo desvergonzado y la gestión fraudulenta de los bienes públicos y privados.

Nota sobre el 11 de septiembre en Cataluña: a lo que en general aspira la gente que se manifiesta por el derecho a decidir es, precisamente, a que las cosas se hagan de otra manera (dentro del Estado actual, según algunas personas, o fuera, según otras).