Fernando Prieto
Ecólogo @futursostenible

Conforme se acumulan las evidencias, incluso los más escépticos empiezan a reconocer lo imprescindibles que son la transformación de la economía, de los modelos de producción-consumo y los comportamientos de administraciones, empresas y ciudadanos.

En la senda de la transformación hacia una economía baja en carbono es fundamental enviar señales claras a los agentes económicos, para que en un marco de predictibilidad puedan emprender sus actividades, buscar soluciones tecnológicas, potenciar las políticas de innovación, cambiar procesos y tecnologías, y por supuesto orientar mejor sus inversiones.

Los financieros ya han empezado a enviar señales claras a los mercados en el sentido de ir decantándose hacia empresas y sectores menos contaminantes y más bajos en carbono. Eso es lo que se está dando en llamar menos carbón, más silicona. A medida que la transformación sea mayor, se van a crear nuevas empresas con productos y servicios innovadores que buscarán no afectar al cambio climático.

Una de las claves para este tránsito hacia una economía baja en carbono es poner un precio a la tonelada de carbono emitido. De este asunto se está hablando hace tiempo, aunque los fracasos han sido sonoros como consecuencia de los aspectos relativos al comercio de emisiones, que hoy arroja un ridículo precio de 5 euros por tonelada.

En la Cumbre sobre el Clima del pasado mes de setiembre, celebrada en Nueva York, en las Naciones Unidas, 73 países y 22 estados, provincias y ciudades —responsables en conjunto del 54% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del 52% del PIB mundial— se unieron a más de 1.000 empresas e inversionistas para expresar su apoyo a la fijación del precio del carbono, a través de una serie de iniciativas. Estados, empresas y ciudades se adhirieron en una lista que los agrupa en esta iniciativa.

De ese modo, se equilibraría la relación entre las empresas limpias y las que emiten mucho CO2, al internalizar la externalidad actual del calentamiento global. Además, aumentaría la independencia energética que en España es del 73% y tendría otros beneficios ambientales, como la reducción de emisiones de sustancias acidificantes o precursores de ozono que afectan de una manera directa a la salud de las personas.

Asimismo, y este hecho ya se ha visto repetidas veces, este proceso engendraría nuevos avances mediante un descenso de los costes unitarios de tecnologías limpias o de las energías renovables, a medida que se generalicen.

Un precio del carbono alto puede impulsar el cambio necesario. Para ello, debe ser idealmente estable, robusto y de carácter global. También debe ser apoyado por políticas y normas complementarias. Dado que muchas inversiones son a largo plazo, la iniciativa ha de contar con la confianza a ese largo plazo para invertir en soluciones de baja emisión de carbono. Será preciso que se revise con el paso del tiempo, elevando la cuantía del precio establecido para incentivar la reducción progresiva de nuevas emisiones.

El propio World Business Council for Sustainable Development señala en un reciente artículo que asignar un precio al carbono permitiría modificar las reglas de los negocios en el cambio climático, y hacer que el potencial de innovación y las inversiones se orienten en esa dirección, haciendo que sean más rentables directamente las inversiones que cumplen esos objetivos, como es el caso de las renovables.

Dado que las empresas internalizan el costo de carbono cuando diseñan y llevan a cabo sus negocios, estarían dispuestas a cambiar sus decisiones de inversión para alinearse con los objetivos climáticos. Un precio alto del carbono permitirá que las empresas que tomen en consideración esa nueva situación puedan contar con los retornos esperados por sus inversores. Y puedan seguir estrategias y proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hará que las empresas más sostenibles tengan más éxito. Y permitirá que los negocios de bajo carbono sean cada vez más business-as-usual.

Por cierto, la declaración sigue abierta y pueden continuar adhiriéndose las empresas, ciudades y gobiernos que lo deseen. Gran parte de las empresas españolas más contaminantes de CO2 están en esta lista, a pesar de que en su día se opusieron al mercado de emisiones por todos los medios posibles, anunciando incluso el "desierto industrial" que supondría para la economía nacional la "puesta en marcha de ese mercado".

Un sencillo cálculo para las 10 mayores empresas emisoras de CO2 en España y que suponen el 65% de las emisiones (para el año 2009 que se puede considerar como medio de las emisiones en España en el último periodo de asignaciones 2008-2012) arrojaría los siguientes datos:

Coste de cada empresa para el año 2009, con un precio de 20 y de 35 euros por tonelada emitida (para las emisiones de CO2):

En anteriores artículos ya avisamos de que no existía bala de plata para solucionar el problema del cambio climático... de que el clima es un "global common"... y de la importancia de reducir por todos los medios las emisiones. Pero sería absurdo despreciar la oportunidad de enviar señales claras al mundo empresarial y empezar a aplicar soluciones de mercado.