José Antonio Nieto Solís
Profesor titular de Economía Aplicada en la UCM y miembro de econoNuestra

Lucía Vicent Valverde
Investigadora en el ICEI (UCM) y miembro de FUHEM Ecosocial 

La brecha de la desigualdad no ha dejado de crecer desde que se inició la crisis. España es el país de la UE donde más familias se están empobreciendo. Nuestra tasa de paro juvenil supera desde hace tiempo el 50%. Y el problema del desempleo –no solo entre los jóvenes– se agrava con la precariedad de los que trabajan y con el olvido de los que ni siquiera quedan recogidos en las estadísticas oficiales.

La marginación, el paro estructural, la emigración, la falta de oportunidades... contribuyen a crear un panorama cada vez más preocupante. Los jóvenes son mayoritariamente una generación bien formada, aunque sin acceso al trabajo ni a la vivienda. Y cada vez ven más difícil participar en una sociedad en quiebra: en quiebra social y laboral, y también en quiebra política.

La quiebra social, visible en la desigualdad, la creciente indignación y los obstáculos para el desarrollo de la vida personal en sociedad, se hizo más visible con los ataques al Estado de Bienestar. Y ha cobrado fuerza con los recortes en las políticas sociales. Pese a su inconsistencia, siguen vivos dos argumentos que ya se esgrimían hace décadas para atacar a las políticas públicas. Siguen más vivos que nunca, aunque en realidad son meros revestimientos ideológicos que encubren la defensa de intereses privados.

Primer argumento. Las políticas sociales son responsables de los déficits públicos; hay que recortarlas para salir de la crisis; no podemos seguir sufragándolas. Todo eso es falso. Las políticas sociales tienden a autofinanciarse, como se aprecia en las comparaciones internacionales que recogen los Presupuestos de la Seguridad Social española: en los países de la UE, incluido España, la recaudación en concepto de políticas sociales es similar, e incluso superior, a los gastos en políticas sociales. Las cotizaciones de empresarios y trabajadores aportan más a las arcas públicas que los gastos que implican las políticas sociales.

Las cifras medias de la UE-27 en los últimos años reflejan que los ingresos sociales rondan el 30% del PIB, mientras los gastos sociales representan alrededor del 29% del PIB. Así ha sucedido también en las últimas décadas, cuando lo habitual era registrar superávits en la Seguridad Social, incluso en España. Solo ahora esas cifras empiezan a cambiar, por razones demográficas y por el espectacular aumento del desempleo. Eso demuestra también la importancia de estimular la creación de empleos de calidad, que contribuirían, además, a incrementar la recaudación fiscal ahora y en el futuro.

Aunque en estricta lógica presupuestaria no sean comparables los ingresos y los gastos sociales, no se puede acusar a estos últimos de ser los causantes de la crisis fiscal, ni de la crisis. Además, aunque no siempre se diga, el gasto social es proporcionalmente menor en nuestro país.

Segundo argumento. Las políticas públicas son ineficientes; el sector privado asigna mejor los recursos; hay que reducir el tamaño del Estado para facilitar el crecimiento, la competitividad y el empleo. Tal razonamiento carece de soporte empírico: ni está demostrado que el sector privado es necesariamente más eficiente, ni hay fundamentos para afirmar que las políticas públicas influyen negativamente sobre la actividad económica y el bienestar. Más bien sucede lo contrario.

Sin embargo, sí existe la certeza de que cuando el Estado y las políticas públicas dejan su lugar a las empresas privadas, éstas tienen más margen de maniobra y mayor facilidad para incrementar sus beneficios, aunque no necesariamente mejoren los niveles de eficiencia, ni las prestaciones a los ciudadanos, ni el desarrollo económico.

Hay múltiples ejemplos de ello, pero quizá uno de los más claros se encuentra en los reiterados intentos de privatizar la sanidad pública madrileña, que no han avanzado más por dos motivos: la movilización ciudadana y la lucha de los profesionales del sector. Además de las protestas, el acierto de la marea blanca consistió en emprender demandas judiciales sólidamente fundadas, y en pedir a la Comunidad de Madrid que demostrase con números el pretendido beneficio de las privatizaciones. Las autoridades madrileñas fueron incapaces de hacerlo: carecían de cálculos reales, y no era políticamente correcto admitir que las privatizaciones solo beneficiaban a algunas empresas y personas.

A la debilidad de estas argumentaciones se ha unido otra mentira más, aunque gracias a su simplicidad también ha calado profundamente en gran parte de la población, insuflando una ilusión que no es más que eso, una falsa ilusión. Se trata de los impuestos. En concreto, de un viejo mensaje que escuchamos con énfasis renovado: ¡Los impuestos están bajando! También es falso, al menos en España, donde la imposición indirecta no ha dejado de crecer.

De hecho, el IVA es el impuesto que más ha aumentado. Y esa tendencia hacia una menor equidad continuará, como se refleja en los presupuestos de 2015. Pero la estrategia resulta coherente con el objetivo de privar al Estado de sus funciones de legitimación social, aunque se refuercen otras funciones orientadas a preservar el orden interno y externo vigente.

En este escenario de recortes del bienestar y creciente regresividad fiscal, las políticas sociales son cada vez más insuficientes para combatir las desigualdades y la precariedad. Pero queda muy bien decir que los impuestos bajan, aunque la presión fiscal suba, y aunque suba sobre todo para las rentas del trabajo y los sectores de población con menores ingresos. Por el contrario, las grandes fortunas y las grandes empresas protagonizan el grueso del fraude fiscal y proporcionalmente pagan menos impuestos, aunque sus tipos impositivos nominales sean más elevados. Son factores que ayudan a explicar el paulatino deterioro de las rentas del trabajo en la renta nacional; lo contrario de lo que está sucediendo últimamente con las rentas del capital.

Ante tal panorama, parece muy moderno atacar sistemáticamente al Estado y sus políticas. Y es más complejo defender los valores de la cohesión y la solidaridad, aunque pensemos que las políticas públicas pueden y deben ser más eficientes y transparentes, además favorece la estabilidad y la equidad. Todo esto resulta paradigmático en el caso de las políticas sociales, dado que entre sus misiones figuran, precisamente, facilitar la igualdad de oportunidades y combatir la exclusión. Más aún en situaciones de crisis, desempleo y merma continuada de los salarios y las condiciones laborales.

A diferencia del sector financiero, las políticas sociales sufren recortes continuados, impulsados por una austeridad mal entendida. Una austeridad que las instituciones de la UE han convertido en su desafortunada bandera. Con ello, las políticas sociales se están convirtiendo en residuales, dentro de un Estado de Bienestar agónico. De un Estado (a secas) que está renunciando a su capacidad de actuar frente la desigualdad y la precariedad crecientes. De unos gestores públicos que se decantan por facilitar la acumulación privada de capital, en lugar de reforzar los vínculos entre ciudadanos e instancias gubernamentales (incluidas las instituciones europeas).

Los jóvenes son parte de las víctimas de la quiebra social que vivimos. De una quiebra que se ha acentuado con el dominio de las finanzas sobre el conjunto de la economía y con el estallido de la crisis y la gestión que se está haciendo en Europa para afrontarla. Vivimos una crisis convertida en profunda recesión y transformada, a su vez, en depresión social. Los jóvenes no son los únicos estafados e indignados. Pero, por su horizonte vital, pueden ser la avanzadilla de una protesta legítima que debería culminar con la presentación de alternativas rigurosas y adecuadas para transformar la situación actual.

Algunas de estas propuestas están siendo debatidas por jóvenes europeos, en unas jornadas internacionales que se celebran en Madrid los días 24 y 25 de octubre. Bajo el título Precarity and Youth (véase Programa), el encuentro lo promueven, entre otras organizaciones, FUHEM Ecosocial y econoNuestra.