Beatriz Gimeno
Escritora y activista

La semana pasada, y coincidiendo con la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Podemos presentó un documento escrito por dos feministas especializadas en economía y fiscalidad: Bibiana Medialdea y María Pazos. El documento se titula Reorganizar el sistema de Cuidados: condición necesaria para la recuperación económica y el avance democrático. Con la presentación de este documento se pretende, según han declarado las autoras, llevar este debate, hasta ahora muy secundario, al primer plano de la política. Independientemente de la opinión que cada una tenga de Podemos, que un partido ponga sobre la mesa la cuestión no resuelta de qué hacer con los cuidados, es una buena noticia para cualquier feminista. Todos los partidos incluyen en sus programas medidas para favorecer (o hacer como que favorecen) la igualdad de género. La novedad del documento presentado por las feministas de Podemos es que aquí no se trata de medidas sueltas, sino de abordar esta cuestión de manera trasversal y de proponer un cambio profundo del sistema de cuidados, pensando que este cambio va a impulsar la igualdad de género.

De manera muy sucinta, el documento hace un diagnóstico de la situación actual para llegar a la conclusión de que el hecho de que sean las mujeres las que, de manera abrumadoramente mayoritaria, se ocupen de los cuidados de niños y niñas y personas dependientes es uno de los motivos, posiblemente el más importante, de que estén profundamente discriminadas en el mercado de trabajo: más precarias, peor pagadas y más explotadas. Como solución propone reorganizar todo el sistema y propone que el trabajo de cuidados sea asumido, al menos en parte, de manera colectiva por toda la sociedad, puesto que estamos hablando de la reproducción y el bienestar de esta misma sociedad.

Si alguien duda de lo que supone que las mujeres sigan siendo las responsables de este trabajo, puede leer otros informes que también se han publicado esta misma semana. En ellos comprobamos cómo a estas alturas, y a pesar de las muchas normas que se aprueban para combatir la discriminación en el empleo, ésta no cede. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha publicado un análisis sobre la brecha salarial para medir qué parte de esta brecha responde a lo que llama "factores explicables" (diferencias en experiencia laboral, nivel educativo o sector industrial que podrían determinar distintos niveles salariales entre dos colectivos) y qué parte se debe a "factores no explicables" y, por tanto, se puede atribuir netamente a la discriminación. Y los resultados son muy reveladores: en España, las mujeres cobran un 17% menos de media que los hombres, pero si se eliminasen esos "factores no explicables", tendrían que cobrar un 2% más debido a su mayor nivel de estudios y mejor rendimiento académico en general.

En realidad esos factores no explicables deberían más bien llamarse factores injustos, porque explicarse se explican bien: se trata del trabajo gratuito e invisibilizado del cuidado y de la adscripción cultural a este ámbito de todas las mujeres. Lo que muchas feministas venimos diciendo es que es urgente reorganizar este trabajo y colectivizarlo, en parte como hicieron los países nórdicos hace décadas. Lo que el documento propone es, en todo caso, una reivindicación feminista mayoritaria y básica: que los cuidados no recaigan exclusivamente sobre las mujeres, sino que lo hagan entre hombres y mujeres en igualdad por una parte, y en forma de servicios públicos por la otra.

Esta propuesta, sin embargo, ha sido criticada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Dependencia. La mayoría de la gente apoya la lucha de esta Coordinadora para mantener viva lo poco que queda de la Ley de Dependencia y para defender los derechos de estas personas, minados por las políticas del Partido Popular. Los derechos de las personas dependientes tienen que ser necesariamente protegidos en una sociedad decente y las propuestas, en este sentido, de esta Coordinadora tienen que ser atendidas por cualquier partido que defienda una idea mínima de justicia y bienestar.

Sin embargo, leyendo la noticia y las declaraciones del presidente de dicha Coordinadora yo, como feminista, percibo algunas cuestiones que identifico en seguida, como la ausencia absoluta de la necesaria perspectiva de género. Por ejemplo, a pesar de que de manera muy mayoritaria son mujeres las encargadas del cuidado de las personas dependientes, este hecho queda invisibilizado y se habla constantemente del "cuidador". Quizá el hecho de que "el cuidador" sea en realidad "cuidadora" ayude también a entender por qué esta figura se convierte casi en una herramienta al servicio de, en este caso, la persona dependiente.

Se dice, asimismo, que "eliminar la figura del cuidador en el entorno familiar significaría dejar en el más absoluto desamparo y abandono a los grandes dependientes que necesitan un cuidado y atención continua las 24 horas del día". Se deduce entonces que se considera normal que este cuidador (cuidadora en realidad) debe estar al cuidado de esta persona las 24 horas del día. Se dice también que ser cuidado en familia es un derecho de las personas dependientes, pero no se dice nada de los derechos de las personas que cuidan que, casualmente, son mujeres.

No se dice nada de sus deseos, de sus expectativas de vida, de su cansancio, de las enfermedades de todo tipo, físicas y mentales, que el cuidado de una persona dependiente (y más si es un gran dependiente) suele llevar aparejado. No se dice nada de la situación en la que puede quedar la cuidadora que ha renunciado a tener un salario digno, por ejemplo, al final de su vida; nada de su pensión, nada acerca de quién va a cuidarla a ella; nada acerca de su protección, derechos o bienestar.

Ser cuidado en familia no quiere decir, necesariamente, que ese cuidado exija el sacrificio de las mujeres de esa familia. Profesionalizar una parte del cuidado no quiere decir que las personas dependientes tengan que vivir en instituciones, quiere decir que el cuidado no recaiga en exclusiva sobre las mujeres. Profesionalizar ese cuidado no puede ser tan malo cuando la realidad es que eso es lo primero que hace cualquier familia con dinero, y aun algunas con menos dinero, con tal de permitir que las madres, hermanas, abuelas o esposas (o los hombres que cuidan) puedan tener vidas más allá del cuidado necesario de sus seres queridos. Pagar a estas mujeres una paga escasa, muy alejada de un salario real (que es lo que hacía la Ley de Dependencia) es, desde luego, mejor que nada. Pero es, al mismo tiempo, un factor que fortalece la discriminación de todas las mujeres (todas potenciales cuidadoras y por tanto trabajadoras menos rentables) y que a las mismas cuidadoras tampoco les permite llevar vidas con el mínimo bienestar exigible.

Nadie quiere que las personas dependientes no estén con sus familias si así lo quieren estas personas y las propias familias; obviamente tampoco se puede, ni se debe, impedir a nadie que cuide a un ser querido. Pero lo justo es también pensar en las mujeres que cuidan y ofrecerles la posibilidad de elegir y las opciones para no tener que sacrificar sus vidas. Lo justo es que hombres y mujeres se corresponsabilicen por igual del cuidado de niños/as y dependientes. Y lo justo es que la sociedad entera asuma también parte de ese trabajo y de esa responsabilidad porque es una cuestión de todos y todas.

Las personas dependientes tienen unos derechos irrenunciables por los que tenemos que velar, pero las mujeres también los tienen y, generalmente, son siempre los últimos en ser atendidos. Reorganizar el sistema de cuidados es básico para la igualdad y la plena participación democrática de las mujeres y me parece que es un acierto haber sacado a la luz este debate.