José María Mella
Expresidente de la Asociación Madrileña de Ciencia Regional, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de econoNuestra

Los retos de futuro vienen marcados por los determinantes (Léase el anterior artículo del autor, relacionado con éste, titulado "Determinantes de la Economía de Madrid").

Los retos en transportes y logística- frente a la exigencia de una mayor inter-modalidad y la onerosa herencia de sobreinversión en infraestructuras (las radiales, por ejemplo)-, se requiere revisar y actualizar el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Logísticos, evaluar proyectos -y megaproyectos- con criterios sociales y apostar por la movilidad sostenible (promover el cambio modal, reducir las distancias recorridas, elevar la eficiencia del transporte).

En formación y empleo, deben enfrentarse los problemas en dos planos. Por un lado, frente al incremento del desempleo, la precariedad y la caída de los salarios es necesario un Pacto por el empleo, basado en la estabilidad en el puesto de trabajo, el aumento de la contratación indefinida, la reducción de las tasas de temporalidad, la negociación sindical, las políticas activas de empleo y las mejoras salariales.

Y por otro, frente a la desinversión en educación, la desatención de la educación infantil de 0 a 6 años, el fracaso escolar, la desconexión educación-empresa-cultura, el decreto 3+2 (o mejor, hagamos memoria, 5-2) sin garantías de calidad y acceso, los retrasos en idiomas, la falta de debate, negociación y acuerdo, se requiere un Pacto por la educación, basado en una inversión prioritaria en educación pública, la coordinación funcional de los sub-sistemas educativos (reglado, ocupacional y continuo), la calidad educativa, la supresión de la anacrónica evaluación de la asignatura de religión catequética, la alfabetización digital, el aprendizaje lingüístico y la formación en la empresa.

En innovación y tecnología -frente a la falta de cooperación con el sistema productivo, la sub-inversión en I + D + i por parte tanto de la Administración central como autonómica y la insuficiencia de resultados-, se precisa una política de financiación suficiente del sistema de innovación (subvenciones, capital riesgo, créditos participativos, contratación pública), el fomento de la cooperación público-privada, la coordinación entre instituciones y organismos de investigación, la potenciación de los sectores intensivos en conocimiento y la internacionalización por medio de socios y redes empresariales.

En inversiones y empresas -frente al potencial económico de los competidores de los países centrales europeos , los obstáculos para un entorno favorable para las empresas y la falta de diversidad productiva- se necesita reforzar la centralidad madrileña dada su localización periférica en el mapa económico de Europa, desarrollar las posiciones exportadoras e inversoras, crear un entorno regulador más adecuado y flexible, reforzar el tamaño empresarial, la atracción de empresas extranjeras de carácter tecnológico, el desarrollo de la economía social y las formas de gobierno empresarial basadas en la cogestión y la responsabilidad social corporativa. Porque sin democracia ni participación no hay política o, sí la hay, pero en beneficio de unos pocos.

En especializaciones productivas -frente a las pérdidas de producción y empleo, la obsolescencia tecnológica y la contaminación ambiental- es preciso apostar por sectores industriales ligados a la serv-industria (Tecnologías de la información y la comunicación, seguridad y domótica, automoción, aeronáutica y aeroespacial), el comercio (Recuperar mercados municipales, impulsar áreas comerciales por peatonalización, atraer marcas, desarrollar la Marca Madrid en diseño y moda, impulsar el comercio electrónico) y el turismo (Actualizar el Plan estratégico de turismo y revalorizar la gestión del Instituto Ferial de Madrid-IFEMA). A su vez, conviene consolidar los servicios avanzados a las empresas: Atraer nuevos servicios a escala internacional, fomentar una mayor presencia exterior, reforzar los factores de atracción de sedes centrales.

En vivienda, se necesita una política de reserva de suelo público para la promoción de vivienda protegida (en alquiler y en propiedad), con ayudas para la rehabilitación de las áreas más degradadas, la recuperación del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y de las empresas municipales de la vivienda de su papel de gestores y promotores públicos y la modificación de los requisitos de acceso a una vivienda de protección oficial que excluye a las personas más necesitadas y permite el acceso a personas con más de un piso en el territorio nacional.

Además, habrá que terminar con la falta de transparencia en la gestión del Plan 2013-16 y proceder a su revisión, basándose en una política de vivienda con objetivos claros: acceso para los hogares de menores ingresos y alojamiento para los hogares desahuciados anticipándose a la ejecución hipotecaria. Los instrumentos se podrían basar en ayudas directas al alquiler, la creación de parques públicos de viviendas de alquiler a partir de las que tienen los bancos, la homologación de la normativa sobre desahucios a la existente en otros países europeos, el crédito del Instituto de Crédito Oficial para el alquiler y la rehabilitación, el impulso de la eficiencia energética de los edificios públicos y las viviendas protegidas y acabar con la venta de viviendas públicas a fondos de inversión.

En medio ambiente, hay que poner en marcha un Plan contra la contaminación atmosférica (que sigue empeorando, sin que el ahorro energético y la conciencia sobre el uso exagerado del transporte privado afecte a la sensibilidad ambiental de los responsables municipales y autonómicos), un Plan de residuos que fomente la separación en origen de los residuos sólidos urbanos para facilitar su tratamiento y reciclaje y una estrategia de gestión del ciclo del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) que debe acompañarse de una política de precios que incorpore los costes ambientales y de gestión del recurso.
Deberán aplicarse asimismo las directivas de electricidad y gas de la UE para paliar situaciones de pobreza energética y mejorar el actual bono social, para que tenga en cuenta las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares, además del uso de gas.

Adicionalmente, habrá que luchar contra la contaminación por ruido- problema serio, tanto dentro como fuera de las ciudades- y poner al día el Plan Estratégico de Cambio Climático para un mejor aprovechamiento del potencial energético de los vehículos-que deben ser cada vez más eléctricos e híbridos-, la biomasa y la instalación de placas solares, a través del uso de redes inteligentes. Sin olvidar que el apoyo a la calidad de los alimentos, a la agricultura ecológica, al turismo rural y a los productos de calidad con denominación de origen forma parte consustancial de una estrategia ambiental sostenible.

En desigualdad social -frente a unas políticas ineficaces para la salida de la crisis, el logro de la cohesión social y el reequilibrio territorial- se necesitan proyectos de inversión pública descentralizada, desarrollos productivos, rentas mínimas de inserción y servicios sociales sin olvidar que se está entrando en un periodo de declive demográfico. Al tiempo, habrá que revertir la privatización de la sanidad, y poner en marcha un Plan de estrategia territorial orientado por estructuras poli-céntricas más compactas y menos dispersas, y un urbanismo basado en derechos de propiedad del suelo que tengan en cuenta el bien común y el respeto de los recursos naturales.

Todo ello requiere financiación y hacer frente al grave problema de la deuda, no con reducciones impositivas después de subidas previas, "sesgos" privados en las asignaciones presupuestarias y "ajustes" en servicios. Urge revisar el Plan de ajuste de la deuda (2012-2022) del ayuntamiento de Madrid y la estructura presupuestaria de la Comunidad para proceder a una reforma impositiva progresiva, una auditoría de concesiones y contratos, una priorización de inversiones y una reestructuración de la deuda con el objetivo de que ésta no supere el 10% del gasto. Y diseñar una Agencia pública de financiación -a semejanza de los länder alemanes- para canalizar las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los emprendedores y pymes.

Deberán revisarse también las privatizaciones de los servicios públicos locales (por si es preferible, desde un criterio de interés público, re-municipalizarlos), pues hay estudios que muestran que-en algunos casos- han llevado a la pérdida de calidad de la prestación, al encarecimiento del servicio y a un inexistente supuesto ahorro económico para las arcas públicas.

Como decía Galdós, Madrid es futuro, claro que sí. Pero un Madrid de oportunidades para todos, proyectada al resto de España y al mundo por su iniciativa y creatividad, con estrategias capaces de superar el desempleo y la deuda, con equidad social y derechos ciudadanos.