Mario Rísquez
Miembro de la asociación econoNuestra.

Atenas, Madrid y Barcelona. Tres ciudades donde se están deshilachando las costuras de aquello que llaman democracia. Cabe preguntarse qué sentido adquiere esa palabra en escenarios donde solo una forma de gestión de lo económico y lo político está permitida. En Grecia y España estamos asistiendo, ya no solo al bloqueo de otra forma de gestionar lo existente, sino a un asedio ante posibilidades aún no realizadas. Pues está en juego, dicen, la supervivencia del propio sistema democrático occidental.

Y es que la vía institucional, ese espacio de toma de decisiones que poco a poco fuerzas progresistas están haciendo suyo, llevando un poco más allá la frontera de lo políticamente posible, está resultando ser una forma de desenmascarar lo que ya sabíamos. Las decisiones que emanan de los aparatos del Estado no dejan de reflejar la correlación de fuerzas que subyace en la sociedad que las legitima, pero el verdadero poder no dirime sus decisiones en el terreno de lo político, al menos no somete dichas decisiones a ese juego de consensos y disensos que cristalizan en el arco parlamentario.

A principios del siglo XX, el famoso hombre de negocios J.P. Morgan increpaba a su asesor jurídico, que le objetaba que la ley no le permitía comprar una compañía en apuros, de la siguiente manera: "Yo no le pago a usted para que me diga lo que puedo hacer, sino para que me explique cómo puedo hacer lo que yo quiero hacer". Morgan entendía muy bien el ejercicio del poder, y de la misma manera entendía que éste se puede ejercer sin filtro. Sin pedir permiso. Tampoco perdón.

Un marco adecuado para analizar lo que está ocurriendo, más allá de la mera observación de la forma que toma una correlación de fuerzas determinada en el ámbito del Estado, consiste en resituar la cuestión en términos de economía política. Y es que la realidad material en Atenas, Madrid y Barcelona no es solo fruto de una correlación, más bien de debilidades, que se ha dilatado y asentado con el paso del tiempo, sino de un proyecto de fondo y de largo, el europeo, que ha sido construido y conducido por tipos como Morgan. El proceso de mercantilización de cada vez más ámbitos y espacios ha caminado y camina a la par que la desdemocratización de los mismos, de manera que lo político se subordina y se desliga de lo económico. No podemos hablar, por tanto, de déficit democrático en la articulación institucional que vertebra la Unión Europea, sino de un entramado institucional diseñado y acomodado a las necesidades de unos actores determinados que, por supuesto, no tenían intención de refrendar dicho modelo bajo ningún esquema democrático.

Siendo esto así, el verdadero contrapoder no reside en unas instituciones que, en la materialización de todo este proceso, se han constituido como democráticamente disfuncionales, aunque desde éstas se puedan avanzar algunas luchas. Las negociaciones de tratados como el TTIP o el TiSA reflejan la inoperancia democrática del modelo, y avisan de que el mismo camina con paso firme.

De esta manera, el eje fundamental está en ese movimiento pendular entre economía y política, entre mercantilización y democracia. Por desgracia, a lo que estamos asistiendo es a una desdemocratización de la economía; a una mercantilización de la política. La economía, el mercado, y valores como la ética y la justicia social son difícilmente conciliables. Como gustaba señalar a José Luis Sampedro, el ajuste de la oferta y la demanda a un precio de mercado no garantiza que los artículos de primera necesidad vayan a parar a las manos más desamparadas.

Es a través de procesos de repolitización de esos espacios y de esos ámbitos y nodos de decisión, de la subordinación de lo económico a lo político, como los distintos actores sociales pueden comenzar a cambiar el actual orden de cosas. Sin embargo, los tiempos políticos y los procesos sociales difícilmente discurren a ritmos acompasados. En España, el 15-M supuso la destitución moral y la deslegitimación de un determinado orden de cosas. El reflejo de este hecho puede verse condensado en aquel "No nos representan". Al mismo tiempo, esa aparición de conflicto en la epidermis de la sociedad puso las bases para la repolitización y la construcción de una nueva legitimidad, de la posibilidad de crear nuevas realidades, nuevos modelos, un nuevo "sentido común". No obstante, esto último es algo que para que llegue a buen puerto no deben tomarse atajos. Se requiere de mucha pedagogía, en el discurso y en la práctica. En ese sentido, no tomar atajos significa que el discurso debe articularse en torno a la protección y democratización de la sociedad frente a la mercantilización de la misma, sobre la defensa de los bienes comunes. El discurso contra la corrupción suma votos, el que defiende y, sobre todo, explica los porqués de la defensa de los derechos de la ciudadanía y de la subordinación de lo económico a lo político suma mucho más, y mucho mejor.

En la construcción y la articulación de actores sociales, en ese tejido social constituido como sujeto político, se encuentra el germen para empezar a remendar esas costuras hoy deshilachadas en Atenas, Madrid y Barcelona.