Austeridad presupuestaria, investidura y políticas de cambio (1)

11 Mar 2016
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Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,
miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos.

En el debate de investidura, antes y después del mismo, siempre, sobrevuela, amenazante, una obligación presentada como inexorable a la que se tendrá que enfrentar el nuevo gobierno: el imperativo de cuadrar las cuentas públicas, siguiendo los requerimientos de la Comisión Europea (CE). Y más allá de esa exigencia, pero muy relacionada con ella, las instituciones comunitarias y los medios de comunicación insisten en la necesidad de seguir colocando la disciplina presupuestaria en el centro de las políticas de los gobiernos.

Camisa de fuerza, en el primer caso, y (supuesta) pura lógica económica, en el segundo. Como mucho, los más atrevidos apelan a negociar con Bruselas plazos más flexibles para cumplir los compromisos de déficit y deuda públicos, o a la conveniencia, dados los altos umbrales de desempleo y el limitado empuje del sector privado, de estimular la demanda agregada con programas de gasto público, como prescriben las recetas keynesianas. Y poco más.

En las reflexiones que siguen quiero ofrecer otra mirada, otro ángulo desde el que considerar la actuación de los gobiernos en materia presupuestaria.

En el corazón del relato dominante (y también en la réplica realizada desde buena parte de los que pretenden criticar ese relato) está la “austeridad presupuestaria”, sus bondades y exigencias. El discurso dominante ha colado el mensaje de que el desorden de las finanzas públicas explica la crisis y que conseguir un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos asegura su superación, al tiempo que un correcto funcionamiento de la actividad económica.

Empezando por el lenguaje. No estamos ante un asunto menor, pues en torno al lenguaje se construye el referido discurso dominante; en realidad todos los discursos, de ahí la importancia de ser cuidadosos y rigurosos.

¿Quién alzaría la voz en contra de la austeridad y del uso racional (razonable) de los recursos, tanto los privados como, sobre todo, los públicos? Ser austeros, evitar el despilfarro debería formar parte de nuestro código moral más íntimo, permanente e inexpugnable. Quizá por esa razón sea imposible encontrar un vocablo más usado (y también más desgastado) que el de “austeridad”.  Es en ese contexto, deliberadamente equívoco, donde se invocan, se proponen y se imponen las políticas de austeridad sobre las finanzas de los gobiernos.

El lenguaje del poder, usado y aceptado coloquial, política y mediáticamente, que impera también en la academia, cargado de lógica intuitiva, nos traslada a un espacio conceptual y analítico donde la crisis económica es el resultado del despilfarro público, y donde, en justa correspondencia, la salida pasa por poner orden en las finanzas gubernamentales. No queda otra alternativa, en consecuencia, si se quiere retornar a la senda del crecimiento, que recorrer el camino de la disciplina presupuestaria.

Con un apoyo mediático sin precedentes, se repiten una y otra vez las mismas expresiones: “todos somos culpables y, en consecuencia, todos tenemos que arrimar el hombro”, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora toca apretarnos el cinturón”, “el Estado es como una familia, no puede gastar más de lo que ingresa” “la austeridad es una virtud que, si la practicamos con convicción y firmeza, nos permitirá salir de la crisis”. Tan sólo son algunos ejemplos, de uso bastante frecuente, de un discurso simple (simplista), directo y, por qué no decirlo, muy efectivo; nos entrega palabras y conceptos fácilmente manejables, que proporcionan un diagnóstico de quiénes son, o mejor dicho somos, los responsables y cuáles son las soluciones.

Según ese mismo lenguaje, ampliamente aceptado, todos somos culpables y el mayor de todos es el Estado, despilfarrador por naturaleza. Por esta razón toca adelgazarlo, y de esta manera liberar (literalmente) recursos atrapados y mal utilizados por el sector público, para que la iniciativa privada, paradigma de la eficiencia, los pueda utilizar.

Una precisión adicional, también referida al lenguaje. Continuamente se invoca la autoridad de los mercados, como si estuvieran gobernados por una racionalidad indiscutible y como justificación de que no hay alternativas. Los Estados son el problema y los mercados la solución. Este es uno de los grandes iconos de la economía convencional, al que se acude con más frecuencia, y que pretende ser tan obvio que no precisa mayores comentarios o explicaciones.

Pero el lenguaje nunca es inocuo, presenta una evidente intencionalidad. Por esa razón, es imprescindible cuestionarlo desde la raíz misma, porque su aceptación y utilización ha supuesto una gran victoria cultural de las políticas neoliberales y de las elites.

Estos razonamientos y su lógica, implacables e inexorables en apariencia, nos alejan de una reflexión sobre la complejidad, sobre las causas de fondo de la crisis; causas que apuntan a las contradicciones de la dinámica económica capitalista, a la problemática asociada a la integración europea, al funcionamiento de los mercados y a los intereses que los articulan.

El lenguaje del poder oculta que, en realidad, el término “los mercados” refleja los intereses de operadores financieros, inversores institucionales, fondos de alto riesgo, empresas transnacionales y grandes fortunas que, cada vez con más desparpajo, fijan la agenda de gobiernos e instituciones. Estas son las “las manos visibles” a las que nuestros dirigentes han entregado las riendas de la actividad económica.

Ese  mismo lenguaje omite una cuestión clave: la operativa de los mercados ha estado gobernada por la ineficiencia. Dos ejemplos al respecto: la deficiente función de arbitraje realizada por los intermediarios financieros, por un lado, y el mecanismo de formación de los precios y la consiguiente estructura de estímulos que se deriva del mismo, por otro. En ambos casos, hemos asistido a una asignación ineficiente de recursos (que, como la economía convencional nos recuerda continuamente, son escasos) que ha supuesto una enorme destrucción de riqueza; no solamente cuando la crisis hizo su aparición, sino mucho antes, al penalizar la inversión productiva y social y favorecer, de este modo, el bucle financiero.

Todos estos asuntos han quedado fuera de foco. Un horizonte de transformación económica y social necesita hacer valer otro lenguaje que abra las puertas y sostenga otro marco conceptual e interpretativo.


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