EconoNuestra

Austeridad presupuestaria, investidura y políticas de cambio (y 3)

Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,
miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos.

Además de poner de manifiesto que las políticas de ajuste presupuestario han tenido un efecto de "bola de nieve" (ver el artículo anterior), hay que tener en cuenta tres aspectos adicionales, cuya consideración es crucial si queremos que la reflexión crítica alcance el calado necesario.

En primer lugar, las políticas de "austeridad expansiva" han fracasado a la hora de alcanzar los objetivos que, supuestamente, las justificaban. No han servido para sacarnos de la crisis, pero, desde la perspectiva de los poderosos, han sido un éxito rotundo: han dado lugar a una creciente ocupación de lo público por parte de los grupos económicos privados y a una histórica redistribución de la renta y la riqueza hacia las elites y las oligarquías. Al postular la ineficiencia intrínseca de lo público, de nuevo a vueltas con el lenguaje, no sólo se pretendía reducir al mínimo la intervención del Estado, sino también aplicar criterios de mercado en los espacios y las decisiones públicas.

En segundo lugar, ampliando el foco para situarlo más allá de la crisis, no son pocos los autores y los estudios de economía que cuestionan, teórica y empíricamente, que el pack de políticas de oferta —consistentes, sobre todo, en la contención de los costes laborales y la liberalización y privatización de activos públicos— y de políticas de demanda, sustentadas en la disciplina presupuestaria, tengan efectos positivos sobre el crecimiento económico.

Convertir la corrección de los desequilibrios presupuestarios en un objetivo "per se" y acometer políticas de reducción del gasto productivo y social público, lejos de reforzar la capacidad de crecimiento potencial de las economías, la deteriora. Téngase en cuenta, además, que los recursos "liberados" por los ajustes fiscales son capturados, en buena medida, por actores y mercados que operan con lógicas financieras.

Este diseño de política económica -justificado, sobre todo, para combatir la inflación-, cobró carta de naturaleza en la década de los ochenta del pasado siglo y ha sido responsable, junto a otros factores, del deterioro de la productividad del trabajo, la degradación de los salarios, la creciente regresividad del sistema tributario, la progresiva deriva del proyecto europeo hacia el mercado y el evidente cambio en la relación de fuerzas a favor del capital.

Tampoco podemos olvidar, en tercer lugar, que el surgimiento y el funcionamiento de la zona euro descansa, antes que nada, en la estabilidad nominal, una de cuyas piezas más importantes es justamente la reducción y la moderación de los niveles de déficit y deuda públicos. Con esos mimbres, se ha levantado un edificio monetario frágil e inestable, incapaz de corregir los desequilibrios provocados por la liberalización de los mercados financieros y por las asimetrías productivas y comerciales de los países que han decidido formar parte de la zona euro. Las políticas económicas de austeridad fiscal no han producido los mismos efectos en economías estructural e institucionalmente diferenciadas. Han tenido consecuencias diversas dependiendo de las características de las economías donde se aplican y, de hecho, han acentuado las disparidades existentes dentro de la Unión Económica y Monetaria.

Por todo lo anterior, es urgente romper con la lógica de la austeridad presupuestaria. Tenemos que defender con convicción que, por supuesto, tiene que aumentar el gasto público, social y productivo, no sólo y no tanto como herramienta para reactivar la demanda, que también, sino como un vector clave para reducir la pobreza y promover la equidad social y la igualdad de género, y para impulsar la transición ecoenergética de nuestras economías. La intervención del sector público es asimismo imprescindible para asegurar que los intereses de la mayoría social, sobre todo los de los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis sean visibles y se puedan expresar.

Privar al estado de recursos y deslegitimarlo apelando a una supuesta ineficiencia impide avanzar en la consecución de estos objetivos, que, digámoslo con claridad, no los garantiza, no los puede garantizar, la iniciativa privada. Mucho menos en la actualidad, cuando los poderosos han roto los consensos sociales y los puentes institucionales que articulaban las políticas redistributivas.

¿Hay recursos para andar este camino? Sí, los hay. Se pueden obtener de una reforma fiscal progresiva, de la persecución del fraude, de la aplicación de límites a las desorbitadas (e injustificadas) retribuciones de los altos directivos y ejecutivos, y de una decidida actuación de las instituciones comunitarias. La pregunta correcta es otra: ¿hay voluntad política para movilizarlos? Este es el verdadero nudo gordiano, el santo y seña de un gobierno verdaderamente comprometido con el cambio.

Mi última reflexión tiene que apuntar necesariamente a Europa. A esta Europa que nos avergüenza por el trato dado a los inmigrantes que huyen de las guerras y del hambre, a esta Europa que no dudó en humillar a Siryza y al pueblo griego, a esta Europa que está enrocada en la aplicación de políticas contra la mayoría social y a favor de los poderosos... a esta Europa que está rota.

¿Impugnar los estrictos plazos fijados por la CE para cumplir los objetivos de déficit? Sí, por supuesto. Seguir los designios de Bruselas significa, necesariamente, introducir nuevos recortes, y también dar una vuelta de tuerca a las reformas estructurales, en la línea de las aplicadas durante estos años. Pero no basta con exigir a Bruselas más flexibilidad, más tiempo. Un gobierno de cambio tiene que seguir una hoja de ruta más ambiciosa, aun sabiendo que es necesario acumular fuerzas a escala europea para llevarla a cabo.

Ha llegado el momento, es imprescindible cuestionar la lógica de la estabilidad presupuestaria sobre la que se ha diseñado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (conocido como Pacto Fiscal Europeo). Por las razones que he señalado en los dos primeros artículos, y porque supone una intolerable cesión de soberanía a favor de unas instituciones carentes de la necesaria legitimidad democrática, que han sido capturadas por las oligarquías y los grupos de presión.

Es necesaria una intervención de emergencia encaminada a reducir la deuda pública, una losa insoportable sobre los presupuestos de los gobiernos más endeudados, y movilizar recursos hacia las economías de la periferia. Y esta actuación debe abordarse a escala europea. Pero, además, frente a la lógica de la estabilidad presupuestaria, urge reivindicar y promover otra muy distinta, basada en la equidad y la sostenibilidad, la cual rompe las costuras del Pacto Fiscal. Otros objetivos que sostengan otras políticas, y otros parámetros desde los que valorar la viabilidad de las finanzas públicas.

Es mucho lo que está en juego. ¿Estarán las fuerzas del cambio a la altura de este desafío?

 

Puedes leer también: 

Austeridad presupuestaria, investidura y políticas de cambio (1)

Austeridad presupuestaria, investidura y políticas de cambio (2)

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