Álvaro Gaertner Aranda
Miembro del Círculo 3E y es estudiante de Ingeniería Física en Oldenburgo, Alemania.

Nos encontramos en un momento crucial para nuestro continente y para el mundo. A ambos lados del Atlántico y el Pacífico las élites neoliberales de muchos países han considerado que la mejor manera de frenar a los BRICS y la decadencia de EEUU como potencia hegemónica y con ello la de sus subalternos era crear una OTAN de la economía, que fijase el marco en el cual se llevarían a cabo a partir de ese momento las relaciones económicas y comerciales en el mundo, haciendo uso de aquel viejo dicho que dice que aquel que pone las reglas del juego sale con ventaja para ganarlo. En esta OTAN de la economía estarían incluidos a priori tratados como el TTIP y el TPP (Estados Unidos y distintos países del Pacífico), pero también tratados como el CETA (Canadá-UE), que, aunque, tal y como confesaba Susan George que le pasó a ella, en un primer momento pueda pueda parecer un tratado comercial con un país menor, en la práctica su firma significaría para los países de la UE lo mismo que firmar el TTIP, ya que todas las grandes empresas norteamericanas que se podrían beneficiar del TTIP tienen filiales en Canadá y pueden hacer uso de las disposiciones del CETA. De todos estos tratados y de sus consecuencias se ha hablado ya bastante, aunque en España tengamos el dudoso honor de ser uno de los países en los que menos se ha debatido sobre estos tratados, y se ha probado que suponen una amenaza para la democracia, concebida como un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo y no en unos oligarcas que, a través de instrumentos como el Consejo de Cooperación Reguladora o el ISDS (tribunales privados de arbitraje), puedan cambiar las decisiones de los Parlamentos, o una amenaza para las aspiraciones de justicia social de los pueblos, a los que se les pretende quitar los pocos servicios públicos que aún nos quedan a través de herramientas que faciliten las privatizaciones y las hagan irreversibles, como la lista negativa de servicios no privatizables, en la que países como España no han incluido demasiados elementos. Todas estas amenazas y muchas otras han sido discutidas ampliamente en muchos artículos, como este de mis compañeros Eduardo y Ricardo, y por ello me quiero centrar en una que aunque también se ha mencionado, se ha tratado menos: La amenaza que suponen estos tratados para el mundo, nuestra casa común.

En diciembre del año pasado, los líderes mundiales llegaron en París a un acuerdo para evitar que el daño continuo al que ahora estamos sometiendo a nuestra casa común haga que esta se derrumbe y se nos lleve por delante. Llegaron a un acuerdo para limitar el crecimiento de la temperatura a 1,5ºC, por debajo de los 2ºC que se manejan siempre como el punto límite que indica el máximo riesgo asumible, aunque no establecieron mecanismos ni cuotas vinculantes para llegar a este objetivo. Los tratados que actualmente se están discutiendo no sólo no ayudarán a lograr este objetivo, sino que son un instrumento que priva a las sociedades de las herramientas necesarias para conseguirlo. Por ejemplo, nadie duda que para no provocar más calentamiento global hace falta que todos los países realicen una transición energética que sustituya el uso de fuentes de electricidad de origen no renovable por otras de origen renovable, pero estos tratados limitan las posibilidades de llevarla a cabo de varias formas. En primer lugar, tal y como se vio en la demanda contra la ley de Ontario que intentaba promover una transición energética hacia un modelo de generación renovable procurando que un 60% de las piezas fueran fabricadas allí que la UE y Japón interpusieron y ganaron contra Canadá ante la OMC (Organización Mundial del Comercio), los tribunales de arbitraje (privados) de resolución de conflictos como los contenidos en el mecanismo ISDS impiden la transición energética siempre que ésta beneficie a los locales (la ley de Ontario generó miles de empleos en la región) y no a las grandes multinacionales que prefieren que las piezas recorran medio mundo contaminando con tal de ganar unos euros extra. Pero estos tribunales no impiden solo la construcción de un nuevo modelo energético, también impiden la destrucción del viejo. Para cumplir con el objetivo de limitar el crecimiento de la temperatura a 1,5ºC, el 80% de las reservas de carbón del planeta deberían quedarse bajo tierra, y eso implica que las centrales térmicas que lo usan se deben cerrar, pero si un país decidiese ordenar su cierre se enfrentaría a numerosas demandas de las empresas que pedirían indemnizaciones multimillonarias en base a unos beneficios futuros estimados (muy al alza) por las propias empresas, lo cual haría que todos los países que no pudiesen hacer frente a las indemnizaciones dejaran de tomar una decisión absolutamente necesaria para la sociedad, para el mundo y probablemente incluso para la supervivencia de los dueños de las centrales térmicas y de sus familias.

En segundo lugar, la homologación a la baja de las normativas entre los distintos bloques hará que cuestiones como el principio de precaución, que está contemplado por la UE pero no por Canadá ni por EEUU, desaparezcan, con las enormes consecuencias que eso puede tener para el cuidado de nuestra casa común. Este principio hace que en caso de duda las empresas tengan que demostrar que su producto no es dañino antes de comercializarlo, protegiendo a la población y al medio ambiente de daños posibles, pero no seguros. Si este principio desaparece, la carga de la prueba pasa a estar del lado de la administración, que, en primer lugar, no tiene recursos suficientes para probar todos los productos que entran al mercado, y, en segundo lugar, no tiene la posibilidad de efectuar esas pruebas antes de que un producto dañino haga daño. Esto haría, por ejemplo, que la UE no pudiese prohibir preventivamente el uso de los transgénicos y que solo los pudiese llegar a prohibir en el momento en el que hubiesen exterminado a las variedades locales, hubiesen hecho que ciertas bacterias se volviesen resistentes a los antibióticos o cualquier otra amenaza que podemos intuir que puede pasar pero que no podremos probar hasta que el daño esté hecho.

Éstas amenazas son solo ejemplos, pero hay miles más de como estos tratados pueden afectar muy negativamente a nuestra casa común y a la salud pública, como el permiso para importar alimentos en los que se hayan utilizado químicos prohibidos en la UE como los pollos lavados con cloro, la utilización de químicos prohibidos en la UE, el permiso a la importación de petróleos tan contaminantes como los de las arenas bituminosas y muchos más. Por eso, llegados a este punto, todos los que amamos nuestra casa común debemos plantearnos qué podemos hacer para que esto no llegue a pasar nunca. En primer lugar, la semana que viene habrá una semana de lucha contra los tratados que culminará con manifestaciones en muchos puntos de España el 15 de octubre. Estas campañas han conseguido hasta ahora que la opinión pública en muchos países de la UE, como Alemania, se posicione nítidamente en contra de estos tratados, y han hecho que los dirigentes que los apoyan, como Sigmar Gabriel del SPD, tengan que apoyar el CETA mintiendo y diciendo que es lo contrario al TTIP, cuando en realidad son muy parecidos. La presión de la sociedad civil ha conseguido que parlamentos como el de Valonia se hayan opuesto al CETA y que la unanimidad requerida para la aprobación del CETA en el Consejo Europeo de octubre esté en peligro, y en nuestras manos está hacer que en España también se vuelva políticamente insostenible para partidos como el PSOE, el PNV o CDC apoyar el tratado cuando pase por el parlamento. Los cañones de la OTAN de la economía están cargados y listos para disparar contra nuestra democracia y contra nuestra casa común, y en España este 15-O tenemos la oportunidad de empezar a hacer nuestra parte para destruirlos.

Consulta aquí los actos de la semana de lucha que habrá en tu ciudad o en tu provincia:

http://www.noalttip.org/otono16enresistencia/