Álvaro Chueca Gómez
Estudiante del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la UCM

Desde que en el año 2008 estallase a nivel mundial la crisis económica y financiera, se han ido llevando a cabo durísimos ajustes presupuestarios (conocidos popularmente como los "recortes" del gasto público) en los países de la periferia europea, tales como Portugal, España, Grecia o Chipre (incluso ya no sólo en la "periferia", sino que también en el "centro", particularmente en Alemania), y que han afectado a pilares tan indispensables para una sociedad como la sanidad o  educación públicas. Éstos fueron impulsados por la Troika, aquella denominación dada a la triada formada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, cuyo principal objetivo declarado era el de hacer frente a la galopante deuda pública que estos países sufrían.

Sin embargo, a nivel nacional (e internacional) los resultados no han sido los que se esperaban en un principio, ya que la oleada de privatizaciones o externalizaciones y recortes no solamente se ha mostrado incapaz de evitar que la deuda pública siguiera aumentando durante los años de crisis (tal y como podemos observar en el gráfico de abajo), sino que además ha tenido unas consecuencias sociales devastadoras, incrementando por ejemplo los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social (el Índice de AROPE en 2015 alcanzaba al 28,6% de la sociedad española, mientras que a nivel de la UE se situaba en el 24,4%) o el propio Índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en una sociedad, que se disparó durante el período 2008-2015, llegando a situarse en 2011 en un 36,1% (siendo España el país más desigual de la UE tras Rumania y Serbia).

Fuente: Ministero de Economía a través de datos publicados por el Banco de España

Tal y como mencionaba previamente, la educación en el caso español no ha sido ajena a todos estos recortes del gasto público, por lo que la calidad y el acceso a ésta se han visto seriamente afectados. La inversión en educación ha caído notablemente en estos años de recesión, ya que en 2009 las administraciones públicas destinaban 53.895 millones de euros, por los 44.947 millones empleados en 2013, según un informe realizado por CCOO, que también afirma que hay entre 28.000 y 32.000 docentes menos, así como una menor cantidad de becas ofertadas y en particular, la reducción de su monto.

Desgraciadamente, la Universidad Complutense de Madrid ha venido siguiendo este patrón de comportamiento, basado en la reducción de los recursos necesarios para poder desarrollar una labor de enseñanza digna y de calidad, que ha provocado que desde el año 2007 ésta haya perdido más de 1.100 trabajadores (500 de personal docente e investigador y 618 de personal de administración y servicios), aproximadamente el 11% de la plantilla total.

En esta línea, el pasado 29 de noviembre el Rectorado de la UCM, a través del Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, presentó su Plan Director de Reordenación de las Estructuras de la Universidad Complutense de Madrid, que pretende eliminar 115 de los 185 departamentos actuales que posee la universidad, dejando un total de 70 (una supresión de más del 60%), además de suprimir también 4 facultades (hoy día son 22) aunque con la opción de suprimir hasta 15, quedando así únicamente 11. En el documento presentado figura un apartado de "impacto esperado" de unas diez páginas, las cuales nueve aluden al "impacto económico y de recursos humanos", y la que queda a "impactos académicos y sociales", por lo que es un fiel reflejo de a qué intereses responde realmente dicha reestructración (el ahorro obtenido se calcula que sería superior a los 7 millones de €), la cual supondría la destrucción nuevamente de 199 empleos, 126 del PDI y 73 del PAS, y en consecuencia el deterioro de la propia enseñanza.

Esta actitud hostil del Rectorado hacia la universidad pública, hacia nuestra universidad pública, se debe exclusivamente al hecho de limitarse a ser correa de transmisión de las políticas que quieren imponerse desde el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a su vez títere de organismos superiores como en este caso es la Unión Europea, sin atender a criterios académicos ni científicos de los resultados tan devastadores que este plan pueda tener para la calidad de la enseñanza. Ni que decir tiene que, por esto mismo, éste se ha realizado de espaldas a la comunidad universitaria, sin previa consulta a los propios departamentos, facultades, sindicatos, órganos representativos ni desde luego, al alumnado que allí estudiamos.

Por todo ello, por la gravedad de la cuestión, desde la UCM nos hemos organizado para hacer frente a este ataque directo a algo tan fundamental como es nuestro derecho a la educación pública, gratuita, feminista y de calidad, organizando numerosas asambleas sobre qué dirección seguir y así evitar que entre en vigor.

l próximo miércoles, 1 de marzo a las 15:00 horas, habrá una asamblea de campus en la Facultad de Ciencias Políticas – Sociología (localizada en el Campus de Somosaguas) a la que se anima a todo el mundo a acudir, para preparar las posteriores movilizaciones fechadas para los días 7 y 9 de marzo.

7 de marzo: Concentración frente al Rectorado a las 15:00 y entrega de firmas recogidas en contra del Plan.

9 de marzo: Huelga estudiantil y participación en la manifestación por la educación pública.

NO AL PLAN DE REESTRUCTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID