El futuro de nuestras reservas energéticas: el conflicto tras la huelga de Ferroatlántica

10 Mar 2017
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Daniel Carralero
Observatorio Crítico de la Energía

Hemos oído la historia muchas veces: un país en crisis y paralizado por la deuda externa, cuyas políticas económicas están bajo la supervisión del FMI. Una élite extractiva corrupta que controla el poder económico y político y se enriquece malvendiendo los recursos naturales. Una gran corporación transnacional que irrumpe en zonas empobrecidas y destruye el modo de vida local para apropiarse de esos recursos, a menudo sofocando las protestas con ayuda del Gobierno local. También hemos oído muchas veces cómo acaba esa historia: más corrupción, más deuda, más pobreza… Sin embargo, este esquema –que probablemente el lector habrá asociado con América Latina o con África- no parece aplicable a nuestro país a primera vista. Tal vez nuestras élites políticas o económicas no sean mucho mejores, pero al menos España no tiene recursos naturales ni reservas energéticas que puedan atraer ese tipo de transnacionales…

Y sin embargo no es así: aunque en nuestro país no hay yacimientos significativos de petróleo o gas, y el poco carbón autóctono que queda es de baja calidad, sí existe un recurso energético de gran rentabilidad que puede interesar (y, como veremos, interesa) a las grandes transnacionales: la infraestructura hidroeléctrica. En efecto, una central hidroeléctrica es típicamente una instalación que requiere una gran inversión inicial –principalmente debido a la gran obra civil que hay que acometer-, pero una vez esta ha sido recuperada, resulta un negocio muy atractivo: no requiere casi personal, tiene un bajo coste de mantenimiento y, con el mantenimiento adecuado, una vida útil muy larga (en algunos casos, por encima de los cien años). Al mismo tiempo representa la forma de generación más versátil para ajustar la generación a la demanda y permite ofertar cuando los precios de la electricidad son mayores. Así, el sistema de fijación de precios del sistema eléctrico español, basado en un mercado marginalista, hace que este tipo de centrales puedan cobrar sistemáticamente precios muy superiores al coste real de producción, lo que ha producido unos “beneficios caídos del cielo” para las grandes eléctricas de unos 15.000 M€ en los últimos doce años. En definitiva: una hidroeléctrica ya construida es una de las inversiones más rentables y al mismo tiempo seguras que uno pueda imaginar.

Sobre todo, porque estamos pasando por alto un detalle: el agua que mueve las turbinas es gratis. El descenso del caudal río abajo es gratis. Incluso el valle inundado durante la construcción del embalse es prácticamente gratis. Y sin embargo, a diferencia de lo que sucede con otras fuentes renovables como el viento o el sol, el agua, el río y el valle son de alguien, que no está siendo retribuido por su uso, ni por las externalidades negativas que este genera. El caso del valle es evidente, pero ¿de quién son el agua y el río? De acuerdo con la legislación española, todas las aguas continentales pertenecen al dominio público hidráulico. Así, cualquier uso privado que se dé a estos recursos es sólo en régimen de concesión, que debe ser otorgado por la Administración correspondiente. En otros términos: la infraestructura hidroeléctrica española es un inmenso recurso natural [1] cuya importancia estratégica para nuestro abastecimiento no hará sino crecer a medida que los hidrocarburos comiencen a encarecerse en el futuro cercano. Y, aunque sea explotado por empresas privadas a las que les ha sido otorgada una –injustificablemente larga- concesión temporal [2], es un recurso natural que pertenece a todos los ciudadanos. Y ahora, como sucede a menudo con los recursos naturales gestionados por élites extractivas sin un control efectivo por parte de la ciudadanía, nuestra infraestructura hidroeléctrica corre el riesgo de ser vendida a empresas transnacionales. De momento, hay cientos de puestos de trabajo en Galicia y Aragón que pueden ser las primeras víctimas de este proceso.

Como todo lo anterior puede tal vez sonar tremendista, veamos los detalles: la compañía metalúrgica Ferroglobe cuenta con dos centros de producción de ferroaleaciones en Huesca y A Coruña. Además, la compañía dispone también de once centrales hidroeléctricas repartidas entre ambas zonas con un total de 210 MW de potencia y una generación anual de unos 650 GWh. Esta segunda actividad, que factura unos 20 millones de euros al año, es muy importante para la primera, ya que la energía barata que proporciona es clave para asegurar la viabilidad económica de las fábricas, que son muy electrointensivas. En definitiva, esto significa que la alta rentabilidad de las hidroeléctricas descrita antes se reparte, permitiendo a la actividad industrial resultar competitiva y sostener 400 empleos directos en Galicia y 225 en Huesca. De hecho, la concesión de las centrales se otorgó para fomentar el empleo y está condicionada a la generación de energía para la actividad industrial. A pesar de todo ello, e ignorando sentencias del Tribunal Supremo de Xustiza de Galicia y el Supremo que avalan la inseparabilidad de las dos actividades, recientemente Ferroglobe anunció que pretendía vender las centrales por separado, prácticamente condenando las fábricas al cierre. Los trabajadores de ambos centros se opusieron a esta decisión y, aunque el comité de empresa de Monzón terminó aceptando las condiciones de la dirección en Febrero, la central gallega rechazó al plan y anunció una huelga para hoy, 10 de Marzo.

Obviamente, esta situación es muy grave para los cientos de familias que verán desaparecer sus ingresos si la venta finalmente se lleva a cabo (quizá miles, si se tienen en cuenta los empleos indirectos e inducidos). De hecho, esta destrucción de empleo puede ser crítica en comarcas deprimidas como la Costa da Morte, que ya pierde cien habitantes al mes en la actualidad. Sin embargo, los motivos que llevan a una empresa como Ferroglobe a vender así sus activos y cerrar fábricas competitivas tienen implicaciones más profundas: Ferroglobe pertenece al grupo Villar Mir (VM), que entró en crisis en 2016 arrastrado por su constructora OHL. Esta, tras anunciar a comienzos de 2015 un plan estratégico para duplicar su tamaño en 2020, sufrió un desplome en la bolsa del 40% que llevó a su salida del IBEX 35, en mitad de una serie de escándalos de corrupción. Así, VM alcanzó una deuda de más de 5000 M€, procedente de un alto apalancamiento originado por una agresiva expansión bursátil. Desde entonces, con el fin de reducir sus pasivos y recuperar su calificación financiera, VM está procediendo a vender sus activos más importantes a grupos de inversión internacionales. En primer lugar fueron activos clave de OHL como su participación del 50% en el complejo Canalejas –vendida al empresario del juego online israelí Mark Scheinberg– o la emblemática Torre Espacio de Madrid –vendida al grupo filipino Alliance Global– donde se situaba la sede de la empresa. Sin embargo, ahora son otros miembros del grupo los que tienen que contribuir a la operación de saneamiento, y la venta de las presas de Ferroglobe ha sido acordada con el fondo de inversión canadiense Brookfield  por unos 250 millones de euros.

Esta situación, lejos de ser excepcional, sintetiza de manera paradigmática las raíces de la crisis económica y las consecuencias del capitalismo clientelar tan implantado en nuestro país: Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo que lleva su nombre, es un ejemplo de manual del concepto de élite extractiva adaptado al contexto sociopolítico español: procede de la clase dirigente del tardofranquismo (fue Ministro de Hacienda en 1975) y es un miembro destacado de la aristocracia social y económica [3] del país (incluso literalmente desde que fue nombrado marqués por Juan Carlos I en 2011). Construyó su conglomerado empresarial gracias a un considerable apoyo de las Instituciones Públicas , incluyendo las concesiones hidroeléctricas de Ferroglobe [4], que después devolvió en forma de puertas giratorias y de donaciones ilegales que le llevaron a ser imputado en la trama Gurtel. Finalmente, como tantos empresarios españoles, participó del floreciente negocio de la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria y se lanzó a una expansión internacional desequilibrada, que dejó a sus empresas en una grave situación de endeudamiento y ahora le obliga a acometer una descapitalización masiva para mantenerse a flote.

Así, la búsqueda del beneficio financiero cortoplacista de una élite se acaba traduciendo en la destrucción de la economía real productiva, con la consecuente socialización de las pérdidas y el expolio del patrimonio colectivo. Y es que, volviendo a la perspectiva más global con que comenzaba el artículo, podemos ver en este caso un ejemplo más de cómo las expectativas de rentabilidad de la economía financiarizada conducen a la desindustrialización y a la asimilación del tejido empresarial y productivo nacional por los grandes grupos de inversión internacional. Y más aún: en el conflicto concreto de Ferroglobe vemos cómo la élite nacional vende de manera irresponsable algunos de los mejores recursos naturales de nuestro país (en este caso, parte de la lucrativa infraestructura hidroeléctrica) al capital internacional. Y es que el señor marqués de Villar Mir, que parece muy preocupado por otras cuestiones como la amenaza marxista-leninista que se cierne sobre nuestro país, no parece ver ningún problema en que un recurso crucial para la soberanía energética e imprescindible para la gestión de un futuro sistema eléctrico 100% renovable pase a estar en manos de una multinacional que maneja activos por valor de un 25% del PIB español y que sólo responde a los intereses de sus accionistas. Tendremos que ser los ciudadanos, como ya lo están haciendo los vecinos de Cee y Dumbría, los que le recordemos que los ríos son nuestros y que las centrales no se venden.
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[1] La generación hidroeléctrica está muy desarrollada en España: en 2015 supuso un 15% del total de la electricidad generada, frente a un 12% en Francia, un 6% en EEUU, un 3.2% en Alemania o un 1.5% en Reino Unido.

[2] Históricamente, las concesiones se han otorgado por periodos de 75 años, que es el máximo contemplado por la actual Ley del Agua de 1985.

[3] También fue vicepresidente del Real Madrid en 1995, y tiene fuertes vínculos con la Casa Real: es suegro de Javier López Madrid -el “compi-yogi” de la Reina Letizia- y su amistad personal con Juan Carlos I fue seguramente fundamental para  la participación de OHL en el proyecto de AVE a la Meca en Arabia Saudí.

[4] Para completar la imagen, algunas de esas concesiones fueron ilegales, estuvieron salpicadas de esperpénticos abusos, como el cierre de la Cascada de Ézaro, o produjeron desastres ecológicos.


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