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Claves para una ley de eficiencia electoral

Agustín Franco Martínez
Profesor universitario. Cáceres.

El debate sobre la reforma electoral en España se suele centrar habitualmente en el mayor coste de obtener representación parlamentaria para los partidos minoritarios de ámbito nacional. El caso de IU es paradigmático. Cada escaño conseguido por esta formación ha implicado un mayor número de votos con respecto al resto de partidos, como si los votantes de la izquierda tuvieran menos valor que los de la derecha, podríamos afirmar si fuéramos malpensados –afortunadamente recordar nuestra modélica transición a la democracia nos disuade de tales pensamientos–.

Sucesivas propuestas para reformar la ley electoral y hacerla más proporcional y justa fueron vetadas en el Parlamento por los dos partidos mayoritarios. La irrupción de los partidos del cambio ha reactivado el debate, así como el número de modelos posibles para equilibrar la representación parlamentaria, corrigiendo así lo que podemos denominar como el ‘coste territorial’ debido al uso de la circunscripción como unidad de reparto.

Sin embargo, no se ha prestado atención a otro coste mucho más grave que el anterior, se trata del coste de eficiencia. Tenerlo en cuenta no sólo supondría re-equilibrar un poco más el arco parlamentario. Significaría que la mayoría social tuviera realmente su reflejo democrático en una mayoría parlamentaria acorde, alterando así sustancialmente la ilegítima correlación de fuerzas vigente. Curiosamente, a este coste de eficiencia no apelan los campeones del recorte y la austeridad. Podemos sospechar que su posición pseudoliberal es más oportunista y cínica que de convicción ideológica.

¿Es algo más que una sospecha?, ¿por qué?, ¿cómo se podría minimizar el coste de eficiencia?, ¿en qué consiste tal coste de eficiencia? Bien, tomemos un ejemplo sencillo: el gasto electoral y número de escaños obtenidos por los partidos en las elecciones generales del 20-D de 2015. Hagamos algunas cuentas que cualquier escolar podría repetir. En EEUU este tipo de estudios está más normalizado, llegando a la conclusión ‘lógica’ (dentro de lo que podríamos llamar ‘lógico’ en una sociedad zombi, mediática, consumista e idiotizada como la occidental) que el partido que más gasta en campaña electoral, más votos consigue. ¿Será así en España?

El Escenario 1 de la figura siguiente recoge el coste por escaño de cada partido, asumiendo que todos se han financiado legalmente (32,9 millones €). Nos interesa destacar qué partidos tienen un coste por encima de la media y cuáles por debajo. ¿Adivinan cuáles? El PP está un 16% por encima de la media, mientras que Podemos-IU está casi un 30% por debajo. El paso siguiente sería recalcular el reparto de escaños asumiendo como base el coste medio total por escaño para todos los partidos, 101.543 euros. De manera que, por ejemplo, el PSOE ganaría un 2,6% más, pasando de 91 a 93 escaños.

El Escenario 2 considera un supuesto adicional: incluir toda la financiación, regular e irregular. Tomando para ello una estimación muy conservadora: añadimos un millón de euros a la financiación del PP (según los diversos procesos judiciales abiertos sobre la corrupción y financiación ilegal del partido gobernante). Recalculando el coste por escaño y el nuevo reparto del arco parlamentario, se observa una representación bastante pareja entre PP, PSOE y Podemos-IU (97, 96 y 93 escaños respectivamente).

Y de aquí obtenemos un primer resultado importante y obvio: La financiación adicional irregular supone un incremento del coste total por escaño (unos 3 mil euros más en promedio), que en el caso del PP es superior en 4 puntos porcentuales respecto a la situación de legalidad y transparencia absoluta, de 16,24% a 20,64%.

Sin embargo, pese a lo relevante de lo expuesto hasta aquí, no hemos llegado aún al meollo de la cuestión. Hasta ahora hemos hecho karaoke. Es el momento de cantar: ¿Se puede tener un sistema electoral eficiente, sabiendo que la corrupción y el fraude electoral pueden estar operando en la opacidad, en la cara B?

Dicho de otro modo: un sistema electoral será eficiente si reparte bien y penaliza o anula el fraude electoral. Para ello será necesario incluir en la ley no sólo una reforma de la moción de censura, sino incluso el revocatorio y el reajuste del arco parlamentario una vez extirpada la corrupción.

Claves para una ley de eficiencia electoral

El Escenario 3 propone un sistema eficiente basado en reajustar el reparto de escaños según el mínimo coste por escaño, que en nuestro caso corresponde a la formación Podemos-IU, con una cifra de casi 72 mil euros por escaño. En buena lógica cabe pensar que aquel partido con amplia base social necesitará gastar menos en propaganda que otros con menos apoyo social. Operando así obtenemos una nueva representación parlamentaria más democrática/eficiente y dos opciones:

1) Una Cámara más reducida (podemos mandar a casa a 148 diputados) y un ahorro potencial de 10,6 millones de euros en gasto electoral. En jerga económica es lo que podríamos denominar como ‘beneficio de oportunidad’ (la ganancia que podríamos obtener siendo más eficientes).

2) Ya que el proceso electoral se ha realizado, lo que queda es repartir proporcionalmente (según la proporción de los 176 ya repartidos) el número de escaños restantes, 148.

Se consiguen así varias cosas: penalizar al partido corrupto, desincentivar no sólo la corrupción sino el gasto electoral excesivo y representar más fielmente las demandas e intereses de la sociedad (el partido corrupto pierde –poseía ilegítimamente– casi la mitad de los escaños respecto al Escenario 1, mientras que Podemos-IU casi duplican –recuperan– los suyos).

Y por último recordemos cómo un pequeño porcentaje de corrupción (en nuestro caso un 3% es el porcentaje que representa la financiación irregular sobre el total) tiene efectos tan devastadores sobre el reparto democrático de los votos. La kriptonita de la democracia es la corrupción, basta una pequeña dosis para desvirtuarla y quitarle todo su poder.

En conclusión, hemos dado un pequeño paso para un votante, pero un gran paso para la democracia. ¡Ojalá se atrevan a darlo, aunque sea mínimamente hacia adelante, quienes de continuo se dan golpes en el pecho asegurando que son constitucionalistas y demócratas!

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