Opinion · EconoNuestra

La decrépita justicia social en España

Víctor Reloba López
Vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE) y responsable del Área Socioeconómica

Cada 20 de febrero, desde 2008, se celebra el Día de la Justicia Social para seguir reclamando y visibilizando los esfuerzos internacionales -ahora con la nueva Agenda 2030- por la erradicación de la pobreza, el pleno empleo y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y justicia para todos. Las noticias sobre la desigualdad contienen cifras contradictorias: hay tanto avances como retrocesos. Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas en extrema pobreza (con menos de 1,9 dólares al día) se redujo a la mitad, y este descenso ha continuado. En cambio, por primera vez en 15 años, el hambre aumenta en el mundo y afecta ya a 815 millones de personas. A día de hoy, 8 hombres tienen más dinero que la mitad de la población del mundo, lo que constituye una evidencia del desigual reparto de la renta en el mundo.

El problema de la “desigualdad obscena” también afecta a nuestro país: somos el tercero más desigual de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria, y empatamos con Lituania. Además, la respuesta de nuestras instituciones y de nuestra sociedad no ha sido suficiente, ya que España es el país en el que más ha crecido la desigualdad durante la crisis, pese a haber recuperado el Producto Interior Bruto (PIB) anterior a la crisis, como recuerda un reciente informe de Intermón Oxfam.

El indicador más conocido para medir la desigualdad es el “Coeficiente de Gini”. Es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta. La crisis ha provocado un aumento importante de la desigualdad, que sólo ahora con la “recuperación” desciende ligeramente, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Fuente: INE, elaboración propia.

Entre las causas que hacen empeorar la situación, está nuestro Estado del Bienestar, infradotado si lo comparamos con los países de nuestro entorno, como podemos observar:

Fuente: Hispabarómetro, a partir de los datos de Eurostat. Elaboración propia.

Los Estados del Bienestar como el español se configuraron como “Workfare”, es decir, la integración social aparecía vinculada a la integración laboral; lo cual durante décadas significó apuntalar el papel doméstico y subordinado de las mujeres en nuestro país. ¿Qué ha pasado desde entonces? Las transformaciones en el mundo del trabajo y las reformas laborales lesivas para el conjunto de la clase trabajadora han tenido un efecto mayor en aquellas posiciones de entrada al mercado laboral (mayoritariamente ocupadas por jóvenes) más desprotegidas, al ir ligadas a modalidades contractuales menos protectoras y a menores tasas de sindicación.

Además, la conquista de derechos por parte de las mujeres y su incorporación al mercado de trabajo volvía insostenible un modelo de bienestar patriarcal, basado en la búsqueda del pleno empleo masculino y en la dependencia económica de la mujer. Porque, si bien las mujeres accedían cada vez más al empleo (y a la protección por desempleo y pensiones que implica), la España que salía de la Transición no era capaz de integrar una nueva fuerza laboral tan numerosa, en pleno proceso de desindustrialización y terciarización de nuestra economía, lo que dejaba un paro estructural mayor que el de cualquier otro país de Europa, y que estudios recientes sitúan en torno al 16%. El objetivo constitucional del pleno empleo pasaba a dormir el sueño de los justos, mientras las generaciones que entraban al mercado laboral, sobre todo a partir de los 90, ya nunca más tendrían las mismas oportunidades de inserción y estabilidad.

Esta situación ha producido una anomalía en nuestro país frente al conjunto de Europa: la tendencia internacional ha consistido en una reducción progresiva de la pobreza en la tercera edad y un aumento paulatino en la pobreza en la infancia; en cambio, en España la juventud es aún más pobre de lo que lo es la infancia, encontrándose el 37,6% de la juventud en riesgo de exclusión social.

La incapacidad o dejadez de los sucesivos Gobiernos ante la nueva situación de la juventud ha provocado que más de la mitad se sienta “ciudadanía de segunda”. Y es que, como argumenta el colectivo Politikon en su libro “El muro invisible”, nuestro Estado del Bienestar es especialmente poco redistributivo hacia la infancia y la juventud. Sin embargo, la crisis de las pensiones evidencia que sin solidaridad intergeneracional, sin jóvenes cotizando plenamente en vez de estar en paro o en empleos precarios, no puede sostenerse el actual modelo a largo plazo. Hemos pasado de preocuparnos por la precariedad de los “mileuristas” a tener un salario medio de la juventud por debajo de los 900 euros, ¿alguien cree que podemos vivir con eso o mantener las pensiones de nuestros abuelos y abuelas?

El Consejo de la Juventud de España (CJE) trabaja con colectivos como la Alianza contra la Pobreza o la Plataforma por la Justicia Fiscal para buscar soluciones a esta situación. Desarrollar un sistema fiscal más progresivo y que acabe con la evasión permitiría reforzar nuestro menguante Estado del Bienestar e invertir en políticas de infancia y de juventud, que no son necesarias por “nuestra cara bonita” o porque los jóvenes estemos discriminados (que lo estamos), sino porque la intervención en edades más tempranas es la que tiene efectos más profundos en la reducción de la desigualdad. Ir a la raíz del problema, impulsando una red pública de escuelas infantiles y dotando de recursos suficientes al refuerzo educativo y a la atención a la diversidad en las aulas (en vez de la política de la repetición de curso, desacreditada internacionalmente por su ineficacia) permitiría que el futuro de los niños y niñas de nuestro país dependa cada vez menos del tamaño de la cartera o de los títulos en la pared de sus progenitores.

Teniendo en cuenta nuestro “Workfare”, otra vía de acción eficaz para reducir la pobreza juvenil sería la reforma de la Garantía Juvenil, para que sus resultados empiecen a coincidir con sus promesas. No sólo eso, hay un margen de acción enorme para desarrollar planes ambiciosos de empleo público: el 42,3% de la plantilla de los Ministerios tiene más de 50 años y sólo el 6,3% es menor de 30, ¿vamos a empezar a contratar jóvenes desde lo público o dejaremos que nuestro Estado del Bienestar vaya perdiendo personal por las jubilaciones y se muera, literalmente, de viejo? Otros nuevos yacimientos de empleo podrían ser, además de la educación infantil, el cuidado de nuestros bosques (que cada año sufren más incendios), el desarrollo y aplicación real de la actual Ley de Dependencia, la urgente transición energética o el desarrollo de una agricultura ecológica y de cercanía que cumpla con un triple objetivo: la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate del mundo rural.

Tanto las escuelas infantiles como la atención a la dependencia suponen hacernos cargo de la vulnerabilidad de nuestros semejantes. Es una apuesta: que sea el Estado, que somos todos y todas, quien cuide a las personas vulnerables, para que no tengan que hacerlo sólo las mujeres (de forma gratuita y con un perjuicio enorme en sus trayectorias laborales). Estas reformas son claramente viables y asumibles, sólo falta voluntad política.

Si más jóvenes tienen trabajo, si se reducen las desigualdades educativas, si la igualdad de género está cada vez más cerca, si cuidamos nuestro entorno ambiental…se puede reducir la pobreza y la desigualdad. Es el momento de que los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no sean papel mojado, y que en el 20 de febrero posterior a la Agenda 2030 podamos estar orgullosos y orgullosas de que nuestro país sea líder internacional en justicia social.