Lucía Vicent
Investigadora del ICEI-UCM y miembro de Fuhem Ecosocial
María Eugenia Ruíz-Gálvez Juzgado
Investigadora del ICEI UCM
Fernando Luengo,
Economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

El balance de las políticas de austeridad salarial y presupuestaria ha sido claramente negativo. No han sacado a las economías europeas de la crisis y mucho menos se ha avanzado en el terreno de la equidad y la cohesión social; tampoco han corregido las insuficiencias y sesgos institucionales de la zona euro.

La crisis económica –o, para ser más exactos, la gestión que de la misma han realizado las oligarquías económicas y las élites políticas- está suponiendo en la Unión Europea una notable redistribución del ingreso desde las rentas salariales hacia las del capital, y desde la mayor parte de los trabajadores hacia los altos ejecutivos y directivos de las empresas.

La creación de empleo es a todas luces insuficiente, pues todavía persisten altas tasas de desempleo, se generaliza el infraempleo, aumenta el número de trabajadores pobres, la negociación colectiva se degrada y se ejerce una presión sistémica y sistemática sobre los salarios. Además, los gobiernos perseveran en las políticas de ajuste presupuestario, que han incidido muy especialmente sobre las partidas sociales, que suponen un importante complemento –salario indirecto-, sobre todo para los trabajadores que perciben retribuciones más bajas. Un proceso que bien puede calificarse de ajuste estructural cuyos efectos sociales no han impedido al gobierno central seguir insistiendo en medidas que intensifican las desigualdades, que se ha institucionalizado en los últimos años, a pesar de los contundentes efectos sociales que se derivan del mismo.

La desigualdad se ha instalado en las economías de la UE. Tanto las políticas llevadas a cabo en los años de crisis como las que se tiene intención de aplicar en el futuro están focalizadas en la represión salarial. Su mantenimiento sólo se puede entender, además de por el enorme peso de la ideología y la inercia en el discurso convencional, por los todopoderosos intereses de los grupos minoritarios cuyos privilegios han permanecido intactos o se han acrecentado.

Por todo ello, se impone un viraje sustancial en el diseño y ejecución de las políticas comunitarias; viraje que debe situar en el centro de la acción pública la equidad en los ingresos. Urge detener las políticas de austeridad salarial y presupuestaria, e imprimir un cambio en la dirección de las denominadas políticas estructurales. Poner encima de la mesa otra agenda, en la que las mayorías sociales tengan voz en los asuntos públicos, requiere debilitar las posiciones oligárquicas que mantienen y refuerzan los grupos dominantes.

Algunas propuestas para otra política económica en materia de salarios/igualdad:

• Diseñar otro mix de políticas económicas, donde las medidas fiscales y de rentas ocupen el privilegiado lugar que hasta ahora han tenido las monetarias.
• Dotar al presupuesto comunitario de la capacidad financiera necesaria para desempeñar una función redistributiva, función que no puede descansar en las necesidades y la volatilidad de los mercados. Esto conlleva aumentar el presupuesto gestionado desde Bruselas hasta situarlo, al menos, en el 4% del PIB comunitario. Además de los actuales instrumentos de financiación, será imprescindible la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas, las grandes fortunas y la contaminación.
• Aplicar una legislación garantista en materia sociolaboral. Algunas de las medidas a adoptar son: a) fijar un salario mínimo europeo, que no puede ser inferior al 60% del medio; b) establecer un seguro de desempleo comunitario, complementario al nacional y financiado con los beneficios del Banco Central Europeo, el impuesto a las transacciones financieras y una fracción del impuesto de sociedades; c) garantizar la negociación colectiva.
• Dar prioridad al aumento de los salarios en la configuración de la demanda agregada, al empoderamiento de los trabajadores y a la reducción del poder de las elites empresariales. Los salarios en las economías comunitarias deben crecer, recuperando su nivel de precrisis, con el compromiso de alcanzar en los próximos años el peso relativo, en términos de PIB, que tenían cuando se implantó la moneda única; en paralelo, urge mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos, los que han perdido más capacidad adquisitiva y los que han sido excluidos del mercado laboral.
• Activar un plan de emergencia destinado a las economías periféricas. Este plan se financiaría con recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones y con emisiones de títulos de deuda respaldados por esta institución. Tendría como objetivos prioritarios dar cobertura y reforzar los proyectos de ahorro y eficiencia energética, la puesta en marcha de actividades social y ecológicamente sostenibles que apuesten por principios de colaboración y justicia social, promover la igualdad de género y la creación de empleo juvenil y entre los desempleados estructurales.
• Establecer criterios de condicionalidad a la hora de recibir o acceder a los recursos públicos: límites en las retribuciones de los altos ejecutivos y equipos directivos, cumplimiento de las exigencias medioambientales y el pleno ejercicio de los derechos laborales, aplicación de planes de igualdad encaminados a mejorar la conciliación desde la perspectiva de género, y el compromiso por parte de las instituciones financieras para garantizar que una parte de los recursos llegan a familias y empresas.

Si la cumbre de Gotembürg, que se celebra el día 17, pasa de puntillas sobre estos asuntos, si no se cierra con el compromiso de las instituciones comunitarias de llevar a cabo una agenda social y laboral que responda a los intereses de la mayoría social, si queda reducida a declaraciones vagas y retóricas..., en definitiva, si supone un punto y seguido respecto a lo que ya conocemos, estaremos ante otro fracaso que hará más necesaria todavía la exigencia de Otra Europa; empujada por una ciudadanía dispuesta a vencer los privilegios y el inmovilismo de las elites políticas y económicas que lideran por y para ellas el actual proyecto de la Unión Europea.